Antonio Morales Díaz de la Vega

Expediente 31/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
31/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
07/02/2018

Partes del expediente

  • Antonio Morales Díaz de la Vega
  • Secretario de Seguridad Pública del Gobierno de la Ciudad de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Del estado de autos y de la certificación de cuenta se deduce que ha transcurrido el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa en proveído de veintinueve de enero de dos mil dieciocho, asimismo, que por escrito con registro de correspondencia 2124 señaló las constancias que consideró se deben remitir al Tribunal Colegiado que corresponda conocer de los recursos de queja interpuestos por las autoridades responsables, en contra del proveído de dieciocho de enero pasado; en tales condiciones, envíense a la superioridad los oficios originales de expresión de agravios, una copia para el agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, copia certificada de lo actuado en el expediente, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo vigente. Se rinde informe con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo en el sentido de que ES CIERTO que este Juzgado Federal emitió el acuerdo impugnado. Se solicita el acuse de recibo correspondiente. Por otra parte, comuníquese a la superioridad que previamente al medio de impugnación que se tramita se advierte que con antelación a esta fecha se interpusieron recursos de queja de los que conoció el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en los tocas Q.A. 22/2017 y Q.A. 6/2018. En otro orden, no se suspende el procedimiento de ejecución, en razón de que la determinación relativa al medio de impugnación interpuesto no interfiere en éste. Finalmente, agréguese a los autos el oficio de cuenta, mediante el cual el Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, informa que se encuentra realizando los trámites para dar cumplimiento a la ejecutoria. En consecuencia y como lo solicita, de conformidad con el artículo 192, último párrafo de la Ley de Amparo, se le concede prórroga de diez días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, para que remita copia certificada de la documentación con la que acredite haber dado cumplimiento a la ejecutoria, en el entendido de que subsiste el apercibimiento decretado en autos. Notifíquese.

  2. Principal

    De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no desahogó la prevención formulada en auto de quince de enero del año en curso; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en esa fecha y se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida por Antonio Morales Díaz de la Vega, de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Amparo. En consecuencia, se deja sin efectos la suspensión de plano del acto reclamado concedida, la cual se decretó para que la parte quejosa fuera puesta en libertad por la autoridad que materialmente ejecutó la orden de arresto. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables esta determinación, a efecto de que provea lo que en derecho corresponda. Notifíquese por lista a la parte quejosa.

  3. Principal

    Visto el estado de autos de los que se advierte que la parte quejosa no ha dado cumplimiento al requerimiento formulado en autos, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, requiérase de nueva cuenta al peticionario de amparo, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, exhiba en este Juzgado de Distrito copia completa y legible de los comprobantes de pago por concepto de pensión que complemente los ya aportados en autos, así como de los correspondientes al periodo comprendido de abril a diciembre de dos mil diecisiete. Se le apercibe que de no desahogar este requerimiento o no manifestar la imposibilidad que tenga para ello, se le impondrá multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización conforme a lo dispuesto en los numerales 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo segundo transitorio del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de cuenta de la parte quejosa, mediante el cual manifiesta inconformidad con la cantidad determinada en la planilla de cuantificación emitida por la autoridad y dado que existe discrepancia entre la parte quejosa y las autoridades solicita se aperture el incidente innominado. Atento a lo anterior, es preciso señalar que el objetivo principal de un incidente innominado es determinar las cantidades exactas que se le adeudan al quejoso por un periodo previamente establecido, en el cual tendrán intervención las partes en el que cada una exhibirá sus respectivas propuestas así como peritos en materia de contabilidad; sin embargo, en el caso que nos ocupa el impetrante del amparo manifiesta su inconformidad únicamente con relación a la retención por concepto de pensión alimenticia provisional, la cual ordenó el Juzgado Trigésimo de lo Familiar de la Ciudad de México, por lo que no ha lugar a apertura l incidente innominado que solicita toda vez que dicha cuestión no es materia de la Litis como se le informó mediante proveído de veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete. Por tanto, y dado que el cumplimiento constituye una cuestión de orden público, respecto del cual las autoridades responsables están constreñidas indefectiblemente a cumplir sin dilaciones ni pretextos en los términos perentorios de los que dispone, sin que puedan discutir en forma alguna sus alcances, debido a que lo ordenado en la sentencia es cosa juzgada y no admite oposición alguna, y que en el caso particular uno de los efectos de la concesión del amparo es el pago correspondiente a indemnización y demás prestaciones, que en su caso, se hayan generado a favor de la quejosa; en consecuencia, con fundamento en los artículos 192, 193 y 194 de la actual Ley de Amparo, a fin de dar celeridad al proceso de ejecución de la resolución concesoria, se requiere al Director General del Consejo de Honor y Justicia, al Director General de Administración de Personal, al Director de Asuntos Jurídicos y a la Dirección General de Recursos Financieros, todos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, para que dentro del término de diez días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído y dentro de sus facultados, remita las constancias con las que acredite el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, lo que implica: Otorgar la suficiencia presupuestal por la cantidad liquida de $626,297.26 (seiscientos veintiséis mil doscientos noventa y siete pesos 26/100 moneda nacional) por el periodo de treinta y uno de mayo de dos mil seis al quince de agosto de dos mil diecisiete. Acreditar que el impetrante del amparo fue reinstalado en el empleo, cargo o comisión que venía desempeñando dentro de la secretaría de Seguridad Pública local. Apercibidas que de no hacerlo así, se les impondrá multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en turno, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, con fundamento en los ordinales 192, párrafo segundo, y 258 de la Ley de Amparo vigente. Con independencia de lo anterior, requiérase al Titular y al Oficial Mayor, ambos de Seguridad Pública de la Ciudad de México para que en su carácter de superior jerárquico de la autoridades obligadas, les ordenen a su subalternos acatar el fallo constitucional, apercibidos que de no demostrar que dieron tal mandato, se harán acreedores a las mismas medidas de apremio e incurrirán en igual responsabilidades que las autoridades directamente obligadas. Notifíquese.

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