Antonio Montes de Oca Ramirez

Expediente 1426/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 18 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1426/2021
Año
2021
Actuaciones
18
Última actuación
08/12/2022

Partes del expediente

  • Antonio Montes de Oca Ramirez
  • Leonardo Antonio Montes de Oca Rodriguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, ocho de diciembre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, -a quien en dado caso le pudiera perjudicar las determinaciones que aquí se dicten-, haya interpuesto recurso de revisión conforme a los diversos numerales 88 y 89 de la citada legislación, en contra de la sentencia engrosada el quince de noviembre de dos mil veintidós, dictada por este juzgado de Distrito, en la cual se determinó negar el amparo en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, con apoyo en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido y glósese el incidente de suspensión original para que obre como corresponda. De conformidad con los artículos 18, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales s/n, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; este expediente es susceptible de depuración, pues se trata de un asunto en el que se negó el amparo solicitado. Por tanto, consérvese este asunto por el término de tres años, contados a partir de esta fecha, y una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, procédase a su depuración, conservando la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto y la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; en el entendido de que en el presente expediente no existen documentos que se hayan determinado como información reservada, con motivo de una solicitud de acceso a la información, ni es considerado de relevancia documental. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Ahora, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, acorde al artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo procédase a la destrucción del duplicado. Sin que haya lugar a ordenar notificar de manera personal el presente acuerdo, acorde al segundo párrafo del artículo 21 del acuerdo en cita, en razón de que no hay documentos originales en este expediente, por tanto, se ordena su notificación por lista. Finalmente, agréguese a los autos el escrito signado por el autorizado de los terceros interesados, mediante el cual solicita se declare firme la sentencia dictada en el presente juicio y se notifique a la responsable a fin de continuar el procedimiento penal de origen; al respecto, dígase al promovente, que deberá estarse a lo acordado en párrafos que anteceden. Notifíquese. Así lo acordó y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Rosa María Luna Mercado, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Quejoso: ************************************************************Jueza: Nadyelly López Guevara********************Secretario: Mac Quetzin Murillón Duarte************************************************************S E N T E N C I A****************************************Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos ha tenido vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto ********************; y********************R E S U L T A N D O********************Remisión de la demanda de amparo a este órgano jurisdiccional. El Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, mediante oficio ********************, de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, remitió los autos del juicio de amparo ******************** de su índice, al declinar competencia a favor de este órgano jurisdiccional, por conocimiento previo; tales documentos fueron recibidos por este Juzgado de Distrito, el tres de noviembre siguiente, entre los cuales, se aprecia el escrito de demanda de******************** por propio derecho, en el que solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra ********************, Juez de Primera Instancia Especializado de Control del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos, por el acto reclamado siguiente:******************** "IV. ACTO RECLAMADO. Lo constituye la RESOLUCIÓN de fecha 04 de octubre de 2021, dictada por la autoridad responsable dentro de la causa penal ********************mediante la cual DICTA EN MI CONTRA AUTO VINCULACIÓN (sic) A PROCESO, por el delito de INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ASISTENCIA ALIMENTARIA." (sic)****************************************2. Preceptos constitucionales que se estiman violados. Artículos 1, 14, 16 y 19 de la Constitución Federal.******************** 3. Acepta competencia, avoca al conocimiento, admisión de la demanda y trámite del juicio. Por auto de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, este juzgado aceptó la competencia declinada por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, por conocimiento previo, se avocó al conocimiento del asunto y lo registró con el número de expediente ********************.********************En consecuencia, admitió a trámite la demanda de amparo, solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, ordenó emplazar a los terceros interesados ********************y******************** así como a la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Delitos Diversos -quienes fueron emplazados el diez de noviembre y veintitrés de diciembre, ambos de dos mil veintiuno, respectivamente-, le hizo saber a las partes su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, determinando que resultaban aplicables las disposiciones para la protección de los datos personales y sensibles que en su caso se integren al expediente, sin que las partes realizaran manifestación alguna al respecto; y, señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional.********************Asimismo, mediante auto de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, ordenó hacer del conocimiento de las partes que mediante oficio SEADS/1072/2021 de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, signado por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, informó que, en sesión ordinaria de veinte de octubre de mismo año, el Pleno del citado órgano determinó la adscripción de la Jueza Nadyelly López Guevara, designándola como titular de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno.********************Por escrito recibido el catorce de diciembre de dos mil veintiuno, los terceros interesados ********************y******************** se apersonaron al juicio, sin que formularan alegatos, por cuanto a la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Delitos Diversos, no se apersonó a juicio ni formuló alegatos.********************Posteriormente, el cinco de enero de dos mil veintidós, tuvo verificativo la audiencia constitucional, y el cuatro de abril del mismo año, este juzgado dictó sentencia, en la que negó el amparo solicitado. ********************Inconforme con la anterior determinación el quejoso interpuso recurso de revisión, el cual fue sustanciado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, dentro del amparo en revisión 228/2022, el cual lo resolvió en sentencia de ocho de septiembre de dos mil veintidós, en la que revocó la sentencia recurrida y ordenó reponer el procedimiento para el efecto de que antes de la celebración de la audiencia constitucional se realizará el ejercicio de verificación de credenciales, para corroborar que la abogada defensora pública que asistió al aquí quejoso en la audiencia inicial, contaba en ese momento con la calidad de licenciada en derecho. ********************Por lo cual en auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, este juzgado tuvo por recibidos los autos del juicio del presente juicio amparo, y en estricto cumplimiento al fallo precitado, repuso el procedimiento en los términos anotados, por lo que en proveídos de once y catorce de octubre del presente año, se tuvieron por recibidos los informes requeridos al Juez Especializado de Control del Único Distrito Judicial del Estado, con sede en Xochitepec, Morelos, y al Director General del Instituto de la Defensoría Pública en el Estado de Morelos, en los que hicieron de conocimiento que la defensora pública ********************, al momento de asesorar al quejoso en la causa penal de origen sí contaba con título y cédula profesional, para ejercer la profesión de derecho, agregando copia de tales documentos, por lo cual la audiencia constitucional se celebró el veintisiete de octubre de dos mil veintidós, con el resultado asentado en el acta de antecede.********************C O N S I D E R A N D O********************I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como con el acuerdo general número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, toda vez que el acto reclamado fue emitido por una autoridad judicial con residencia en el lugar en que ejerce jurisdicción este juzgado federal.********************II. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado en este juicio, consiste en:****************************************Autoridad responsable****************************************[1] Juez Especializado de Control del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos, con sede en Xochitepec Morelos****************************************Acto reclamado ****************************************a) El auto de vinculación a proceso, dictado en contra de ********************-aquí quejoso-, el cuatro de octubre de dos mil veintiuno, en la carpeta técnica ********************por su probable responsabilidad en la comisión del hecho que la ley señala como delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia alimentaria, previsto y sancionado en el artículo 201, en relación con los diversos 14, 15, párrafo segundo, 16, fracción I y 18, fracción I, todos del Código Penal para el Estado de Morelos, cometido en agravio de las víctimas ********************y************************************************************ III. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Juez Especializado de Control del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos, con sede en Xochitepec Morelos, pues así lo manifestó en su informe justificado.********************Además, remitió [a] copias certificadas de la carpeta técnica ******************** de su índice, y [b] un medio electrónico consistente en un disco compacto en el que obra copia certificada de los registros de audio y video de las audiencias públicas celebradas en dicha carpeta técnica, entre ellas, la relativa a la formulación de imputación e imposición de medidas cautelares, así como la de vinculación a proceso, sin que se inadvierta que dicho disco tiene valor de documental pública; por lo que en esas condiciones se les confiere pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, aseveraciones y documentales que se estiman suficientes para acreditar la existencia del acto reclamado.********************IV. Oportunidad de la demanda de amparo. El juicio de amparo se promovió oportunamente pues el quejoso, acorde al artículo 63 del Código Nacional de Procedimientos Penales, quedó notificado de la determinación reclamada en la misma fecha en que fue dictada, esto es, el cuatro de octubre de dos mil veintiuno; notificación que, conforme al artículo 82 del citado ordenamiento legal, surtió efectos el día hábil siguiente en que fue practicada, esto es el cinco de octubre siguiente y en ese mismo día empezó a contar el plazo, en términos del artículo 94 del referido Código Nacional de Procedimientos Penales; así, el plazo de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, transcurrió del cinco al veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, descontando el nueve, diez, doce, dieciséis, diecisiete, veintitrés y veinticuatro de octubre del mismo año, por ser inhábiles de conformidad con los artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; por tanto, si la demanda de amparo se presentó el veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, decimosegundo día del plazo, es concluyente su oportunidad.********************V. Procedencia del juicio de amparo. Las causas de improcedencia del juicio de amparo son una cuestión de orden público y estudio preferente al fondo del asunto, lo aleguen o no las partes.********************En el caso, no se hizo valer alguna de ellas, y de oficio no se advierte su actualización, por tanto, se procede al estudio del asunto.********************Sin que se inadvierta que el presente juicio de amparo resulta procedente dado que se reclama la determinación mediante la cual se vinculó a proceso al aquí quejoso; lo anterior, en términos de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, fracción XVIII, inciso d), y 107, fracción V, de la Ley de Amparo.********************VI. Estudio de los conceptos de violación. Son infundados los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, sin que se advierta deficiencia de la queja que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, por lo que debe negarse la protección constitucional solicitada, como se explica a continuación.********************En una parte de los conceptos de violación el quejoso señala que el auto de vinculación a proceso reclamado, vulnera en su perjuicio lo previsto en los artículos 14 y 19 constitucionales, pues para formularle imputación, se dejó de observar los requisitos del artículo 311 de Código Nacional de Procedimientos Penales, pues desde dicha imputación, la fiscalía no cumplió con su deber, al no hacerle saber la fecha exacta en que el impetrante dejó de cumplir con la obligación alimentaria.********************Además, señala el quejoso que la imputación fue deficiente, pues no dice a cuánto asciende el adeudo que según tiene con sus hijos, incluso no existe congruencia con los datos de prueba incorporados por el órgano acusador y mucho menos con la vinculación a proceso, al no hacerle del conocimiento las circunstancias del modo de comisión del hecho delictivo que se le imputa.********************De igual forma refiere el quejoso que en la resolución de vinculación a proceso no se tiene certeza del monto de lo reclamado, pues incluso refiere el juzgador que, pudiera existir una inconsistencia en el monto, pero a su consideración sí se acreditaba el hecho delictivo, así como la probabilidad de que el imputado participó en éste; lo que aduce el quejoso, lo deja en estado de indefensión, ya que en la formulación de imputación tampoco se le hizo del conocimiento cuál es el monto del adeudo, siendo este tema la base toral del hecho delictivo.********************Lo anterior, porque si bien se incorporó por la fiscalía un informe en materia de contabilidad actualizado en el mes de junio de dos mil veintiuno, donde según el quejoso adeuda la cantidad de $********************(********************pesos ********************moneda nacional), ese monto no se encuentra justificado, pues aduce el impetrante que la fiscalía sólo se ocupó de incorporar la resolución judicial donde se decretó el monto de pensión alimenticia que tenía que otorgar a sus hijos, sin ocuparse de acreditar aunque sea de manera indiciaria si la obligación subsiste.********************Son infundados los conceptos de violación reseñados, pues tomando en cuenta el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los ordinales 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y la jurisprudencia 1a./J.35/2017 (10a.), con registro digital 2014800, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para resolver sobre la vinculación a proceso de un imputado, no deben examinarse los elementos del delito, sino que sólo se exige contar con datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en tal hecho por el cual se seguirá la investigación, evitando la presentación de pruebas formalizadas durante la primera etapa de investigación del procedimiento.********************Con lo anterior se busca que se mantenga la objetividad e imparcialidad dentro de la etapa de investigación; pues la norma constitucional no exige que en el auto de vinculación a proceso se deban acreditar los elementos objetivos, normativos o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, ya que es en esa etapa donde el juzgador decide si el delito quedó o no acreditado.********************Criterio que es acorde a la naturaleza procesal del auto que resuelve sobre la vinculación a proceso, puesto que, para su dictado, solo se requiere que de la imputación que formule la representación social se aprecien datos -no pruebas-, que establezcan -no que comprueben-, que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. ********************La jurisprudencia de referencia es del contenido siguiente: ********************"AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley."********************En ese sentido, se considera que la actuación del Juez responsable en el auto de vinculación a proceso fue correcta, toda vez que si bien el quejoso afirma que no consideró que desde la formulación de la imputación la fiscalía no cumplió los requisitos del artículo 311 de Código Nacional de Procedimientos Penales, al no hacerle saber la fecha exacta en la cual dejó de cumplir con la obligación alimentaria para con sus hijos -víctimas y aquí terceros interesados-, dicha afirmación se considera infundada.********************Lo anterior, porque del auto de vinculación a proceso se advierte que el juzgador, tomando en consideración precisamente la imputación formulada al quejoso, así como los datos de prueba aportados por la fiscalía, determinó que sí existía la obligación del imputado de proporcionar alimentos a sus hijos, a partir del mes de junio de dos mil catorce, considerando que en el expediente ********************, del índice del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, se estableció la obligación de pago por la cantidad de $********************(********************pesos ********************moneda nacional) a favor de las víctimas, que el deudor alimentario debía pagar desde la fecha antes citada.********************Es decir, contrario a lo afirmado por el quejoso, el Juez responsable sí tomó en consideración lo señalado por el órgano acusador en la formulación de la imputación, pues en ésta precisamente se hizo del conocimiento del quejoso que mediante sentencia emitida el veintiocho de mayo de dos mil quince, en el expediente relativo a la controversia familiar sobre alimentos ********************, del índice del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, en el resolutivo tercero de tal resolución se fijó por concepto de alimentos definitivos, única y exclusivamente a favor de los entonces menores de edad ********************y******************** la cantidad de $********************(********************pesos ********************moneda nacional), pagaderos por quincenas adelantadas, la cual debía ser consignada ante el juzgado familiar mediante certificado de entero que expidiera el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado de Morelos; y que, ante el incumplimiento, es que la progenitora de los acreedores alimentarios, demandó en la vía incidental al imputado -aquí quejoso- en el citado expediente de controversia familiar sobre alimentos; incidente que fue resuelto el veintidós de septiembre de dos mil quince, y que en el resolutivo tercero de la sentencia interlocutoria, se determinó lo siguiente: ********************".por conducto del actuario de la adscripción, requiera al ciudadano******************** para que al momento de la diligencia de requerimiento de pago, cubra la cantidad de ********************pesos por concepto de pensiones alimenticias provisionales desde el quince de agosto de dos mil catorce al veintiocho de mayo de dos mil quince, además de la cantidad de ********************pesos por concepto de pensión alimenticia definitiva y sea entregada a la promovente ******************** en representación de sus menores ********************y******************** por concepto de pensión alimenticia vencida y no pagada".********************De lo anterior se advierte que tanto en la formulación de imputación como en el auto de vinculación a proceso en el que se tomó en consideración tal imputación, sí se estableció la fecha exacta a partir de la cual el imputado -aquí quejoso-, dejó de cumplir con la obligación alimentaria a su cargo y a favor de sus hijos -víctimas y aquí terceros interesados-; de allí que se considere infundado el concepto de violación en ese aspecto alegado.********************Ahora bien, también se considera infundado que la imputación que el juzgador responsable tomó en consideración para emitir el auto de vinculación a proceso reclamado, no establece a cuánto asciende el adeudo que tiene el aquí quejoso para con sus hijos y que no existe congruencia con los datos de prueba incorporados por el órgano acusador; lo anterior, porque el Juez responsable consideró en el auto reclamado, que existe un adeudo por la cantidad de $********************(********************pesos ********************moneda nacional), la cual se encontraba corroborada hasta ese momento, por un perito que analizó el expediente, las resoluciones, así como las constancias que fueron aportadas a la investigación; entonces, contrario a lo afirmado, sí se estableció a cuánto asciende el adeudo del quejoso en concepto de pensiones alimenticias.********************De igual forma por cuanto a la afirmación del impetrante de que tampoco se le hicieron del conocimiento las circunstancias del modo de comisión del hecho delictivo que se le imputa, se tiene que es infundada esa afirmación.********************Es así, toda vez que el juzgador precisó que sí existía la obligación del imputado de proporcionar alimentos a las víctimas, lo que se desprendía del proceso jurisdiccional ********************, del índice del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, que se robustecía con las actas de nacimiento de los hijos del imputado, por lo que existía dicha obligación de pago a partir del mes de junio de dos mil catorce, sin que se advirtiera que en algún momento el imputado hubiere realizado pago o depósito alguno para cumplir con su obligación, lo que se corroboraba con el informe contenido en el oficio ********************rendido por ********************, Administradora del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado de Morelos, concatenado con el informe pericial en materia de contabilidad realizado por ********************, que concluyó que existe un adeudo de $********************(********************pesos ********************moneda nacional); incumplimiento por parte del imputado que además surgía de los propios señalamientos de la denuncia presentada por quien en su momento representaba a las víctimas y posteriormente, ratificada por las víctimas en su calidad de mayores de edad.********************Es decir, contrario a lo afirmado, al imputado ********************-aquí quejoso-, sí se le hicieron saber las circunstancias de comisión del hecho delictivo, pues de lo antes reseñado se desprende que se estableció que existe una obligación alimentaria a su cargo y a favor de sus hijos, a partir del mes de junio de dos mil catorce, sin que hasta la fecha haya sido cubierta, pues incluso del informe de la Administradora del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado de Morelos, se advierte que el imputado no ha realizado depósito o pago alguno a favor de las víctimas. ********************Asimismo, por cuanto al argumento de que en la resolución de vinculación a proceso no se tiene certeza del monto de lo reclamado, pues incluso refiere el juzgador que, pudiera existir una inconsistencia en el monto, pero a su consideración sí se acredita el hecho delictivo, así como la probabilidad de que el imputado participó en éste, lo que aduce el quejoso, lo deja en estado de indefensión, ya que en la formulación de imputación tampoco se le hizo del conocimiento cuál es el monto del adeudo, siendo este tema la base toral del hecho delictivo; dicha afirmación es infundada.********************Es así, toda vez que como ya se dijo, sí se estableció el monto de lo adeudado, tomando en consideración el informe en materia de contabilidad aportado por la fiscalía, que determinó un adeudo por la cantidad de $********************(********************pesos ********************moneda nacional) en concepto de pensión alimenticia.********************No obstante, es inexacto lo afirmado por el impetrante de que el tema toral del hecho delictivo es que se establezca el monto de lo adeudado, toda vez que, de conformidad con el artículo 201 del Código Penal para el Estado de Morelos, el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia alimentaria, se sustenta en que sin motivo justificado, no se proporcionen los recursos indispensables para la subsistencia de las personas con las que se tenga ese deber legal, y no radica en el monto del adeudo de dicha obligación; sin embargo, en el auto de vinculación a proceso sí se estableció esencialmente que existe esa obligación alimentaria del imputado para con sus hijos -determinada por una autoridad jurisdiccional en materia familiar- y que éste en ningún momento ha realizado depósito o pago alguno en tal concepto.********************Sin que se inadvierta que el quejoso señala que si bien se incorporó por la fiscalía un informe en materia de contabilidad actualizado en el mes de junio de dos mil veintiuno, donde según adeuda la cantidad de $********************(********************pesos ********************moneda nacional), ese monto no se encuentra justificado, pues la fiscalía sólo se ocupó de incorporar la resolución judicial donde se decretó el monto de pensión alimenticia que el quejoso tenía que otorgar a sus hijos, sin ocuparse de acreditar aunque sea de manera indiciaria si la obligación subsiste; pues al respecto el Juez responsable consideró que si bien pudiera existir alguna inconsistencia en el lapso de tiempo durante el cual las víctimas dejaron sus estudios, eso no desaparece la existencia del delito, toda vez que ello probablemente incida por cuanto al monto de la reparación del daño, pero el delito sigue existiendo, pues incluso esa cantidad puede ser determinada en la investigación complementaria, porque de seguir estudiando las víctimas, dicha cantidad va a seguir aumentando, empero se actualiza un incumplimiento.********************Es decir, como se dijo, con independencia del monto señalado, el cual sí se determinó atendiendo al informe en materia de contabilidad aportado por la fiscalía, el juzgador precisó que es innegable la existencia del delito porque se corroboró la obligación que tiene el imputado de pagar alimentos a sus hijos, y existe la probabilidad de que el imputado cometió el hecho denunciado, puesto que no acreditó haber realizado pago alguno en ese concepto.********************Lo que se considera adecuado, toda vez que el artículo 202, párrafo segundo, del Código Penal para el Estado de Morelos, señala que se extinguirá la pretensión persecutoria o la potestad de ejecutar la sanción impuesta por el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia alimentaria, si el agente suministra los recursos que dejó de proveer y otorga garantía de cumplimiento futuro de dichas obligaciones alimentarias a su cargo, sin que se advierta que el imputado -aquí quejoso-, haya aportado algún dato de prueba para acreditar tal circunstancia; de allí lo infundado de los argumentos en estudio.******************** En otra parte de los conceptos de violación el quejoso señala que al dictarse el auto de vinculación a proceso se dejó de observar por el Juez responsable que la Fiscalía no cumplió con los requisitos previstos en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues debió considerar que el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia alimentaria, se configura cuando el sujeto activo, sin motivo justificado, no proporcionó los recursos indispensables para la subsistencia de las personas para con las que tenga ese deber legal; sin embargo, la fiscalía no demostró con indicios y razonamientos jurídicos que el imputado haya cometido el delito.********************Lo anterior, aduce el quejoso, porque la fiscalía únicamente se ocupó de hacer valer que existe una resolución de un Juez de diversa materia que resuelve que se tiene la obligación de otorgar alimentos; sin embargo, no hace del conocimiento si el activo tiene el deber legal de proporcionarlos, pues de las propias actas de nacimiento incorporadas, se advierte que ********************a la fecha de presentación de la demanda de amparo contaba con veintitrés años de edad y adquirió la mayoría de edad desde diciembre de dos mil quince y******************** tenía veinte años y en agosto de dos mil diecinueve, alcanzó la mayoría de edad, por lo que el quejoso dejó de tener esa obligación de proporcionarles alimentos, tomando en consideración que sus hijos -víctimas-, ya son mayores de edad, y no quedó acreditado que actualmente continúen estudiando, sino que por el contrario, quedó demostrado que causaron baja de sus estudios, lo que tiene sustento en los artículos 43 y 55 del Código Familiar para el Estado de Morelos, que establecen que la obligación de proporcionar alimentos subsiste hasta los veinticinco años si el acreedor se encuentra estudiando y no causa baja; y que cesa, cuando deja de necesitar los alimentos o por no continuar estudiando.********************Es infundado el concepto de violación, toda vez que en el auto de vinculación a proceso reclamado, el juez responsable sí verificó que se cumplieran con los requisitos que señala el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistentes en:********************Que el ministerio público haya solicitado la vinculación a proceso.********************Que se haya formulado la imputación.********************Que de los antecedentes de investigación expuestos por el ministerio público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión.********************Que no se encuentre demostrada una causa de extinción de la acción penal o excluyente de incriminación.********************Al respecto el juzgador responsable señaló que el veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, el agente del ministerio público, formuló imputación en contra de ********************-aquí quejoso-, por la probable comisión del delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia alimentaria, previsto y sancionado por el artículo 201, en relación con los arábigos 14, 15, párrafo segundo, 16, fracción I, y 18, fracción I, todos del Código Penal para el Estado de Morelos, en agravio de ********************y******************** con base en los hechos que fueron expuestos al formular la imputación.********************De igual forma que, se dio la oportunidad al imputado para declarar y se acogió al beneficio de no hacerlo, por lo que la ministerio público solicitó su vinculación a proceso y el imputado se acogió al plazo de ciento cuarenta y cuatro horas para resolver su situación jurídica, motivo por el cual se emitió el auto de vinculación a proceso reclamado.********************Ahora bien, por cuanto a lo referido por el quejoso de que la fiscalía no demostró con indicios y razonamientos jurídicos que el imputado haya cometido el delito, porque únicamente se ocupó de hacer valer que existe una resolución de un Juez de diversa materia que resuelve que se tiene la obligación de otorgar alimentos, pero no hace del conocimiento si el activo tiene el deber legal de proporcionarlos, porque de las propias actas de nacimiento incorporadas, se advierte que ********************a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, contaba con veintitrés años de edad y adquirió la mayoría de edad desde diciembre de dos mil quince y******************** tenía veinte años y en agosto de dos mil diecinueve, alcanzó la mayoría de edad, por lo que el quejoso dejó de tener esa obligación de proporcionar alimentos; lo cual refiere, tiene sustento en los artículos 43 y 55 del Código Familiar para el Estado de Morelos, que establecen que la obligación de proporcionar alimentos subsiste hasta los veinticinco años si el acreedor se encuentra estudiando y no causa baja; y que cesa cuando deja de necesitar los alimentos o por no continuar estudiando.********************Esa afirmación del impetrante es infundada, pues como ya se señaló en párrafos que anteceden, el juez responsable precisó al momento de analizar que existe un adeudo por la cantidad establecida en el informe de contabilidad de veintidós de junio de dos mil veintiuno, que si bien puede existir alguna inconsistencia en el lapso de tiempo durante el cual las víctimas dejaron sus estudios, esto no desaparece el delito, porque incluso en el caso de seguir estudiando las víctimas, esa cantidad podría seguir aumentando, pero que resultaba innegable que existía un incumplimiento.********************Lo anterior se considera acertado, toda vez que también el juez responsable precisó que ese adeudo se desprendía del proceso jurisdiccional ********************, del índice del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, de los señalamientos de la propia denuncia presentada por quien en su momento representaba a los entonces menores de edad y que posteriormente fue ratificada por las víctimas en su calidad de mayores de edad, lo que se robustecía con las actas de nacimiento de los hijos del imputado, por lo que existía dicha obligación de pago a partir del mes de junio de dos mil catorce, sin que se advirtiera que en algún momento el imputado hubiere realizado pago o depósito alguno para cumplir con su obligación, lo que se corroboraba con el informe contenido en el oficio ********************rendido por ********************, Administradora del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado de Morelos, concatenado con el informe pericial en materia de contabilidad realizado por ********************, que concluyó que existe un adeudo de $********************(********************pesos ********************moneda nacional), por concepto de pensiones alimenticias.********************Es decir, del auto de vinculación a proceso se advierte que el juzgador responsable consideró la existencia del delito, porque quedó demostrada la obligación de pago de pensión alimenticia a cargo del deudor alimentario -lo que se advertía de las resoluciones emitidas en el proceso jurisdiccional ********************, del índice del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos-, que existía un adeudo -corroborado con el informe pericial en materia de contabilidad y la denuncia presentada por la representante de las víctimas, y por las propias víctimas una vez que alcanzaron la mayoría de edad-, y que el imputado no había realizado pago o depósito alguno de la pensión -lo cual se corroboró con el informe de la Administradora del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado de Morelos-, cantidad que incluso, podría aumentar en el caso de quedar acreditado que las víctimas, ahora mayores de edad, continúan estudiando; pero esa circunstancia, así como el monto, podía ser determinada en la investigación complementaria.********************De allí que, contrario a lo afirmado por el quejoso, no se advierte que haya dejado de tener la obligación de proporcionar a las víctimas los recursos indispensables para su subsistencia, pues no se tiene que haya realizado algún depósito o pago para cumplir con la obligación a que fue condenado en el proceso jurisdiccional de controversia familiar de alimentos, ni que, en su caso, al haber alcanzado las víctimas -hijos del quejoso-, la mayoría de edad, esa obligación haya cesado.********************Es decir, como lo explicó el juez responsable, el delito no desaparece por el hecho de que por un lapso de tiempo las víctimas hayan dejado sus estudios ni porque alcanzaron la mayoría de edad, porque no se advierte que el imputado -aquí quejoso-, haya dado cumplimiento a la obligación alimentaria a la que se le condenó en las sentencias emitidas en el proceso jurisdiccional ********************, que es el argumento principal de la autoridad responsable para vincular a proceso al imputado; pues fue enfático el juzgador en establecer que el hecho de que las víctimas hayan dejado de estudiar por determinado lapso de tiempo, tal vez pudiera modificar el monto de la reparación del daño, pero el delito sigue existiendo, porque no se ha hecho el pago del adeudo en concepto de pensión alimenticia.********************Lo cual como se dijo, se considera acertado porque en términos del artículo 202, párrafo segundo, del Código Penal para el Estado de Morelos, se extinguirá la pretensión persecutoria o la potestad de ejecutar la sanción impuesta por el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia alimentaria, si el agente suministra los recursos que dejó de proveer y otorga garantía de cumplimiento futuro de dichas obligaciones alimentarias a su cargo; lo que el Juez responsable no consideró justificado por el imputado -aquí quejoso-.********************En consecuencia, al resultar infundados los conceptos de violación expuestos por el quejoso, se niega el amparo solicitado.********************Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74 a 76 de la Ley de Amparo, se********************R E S U E L V E:********************Único. Se NIEGA EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL a******************** contra el acto reclamado a la autoridad responsable, por las razones precisadas en el considerando último de esta resolución.********************Notifíquese personalmente, y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).********************Así lo resuelve y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistida de Mac Quetzin Murillón Duarte, Secretario que autoriza y da fe, hoy quince de noviembre de dos mil veintidós, en que las labores de este juzgado así lo permitieron.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, catorce de octubre de dos mil veintidós. Acuerdo vía remota. Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 21/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Director General del Instituto de la Defensoría Pública en el Estado de Morelos, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado y remite las constancias solicitadas en autos de veintiocho y treinta de septiembre del presente año; con su contenido, dese vista a las partes para que procedan en los términos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Rosa María Luna Mercado, quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, once de octubre de dos mil veintidós. Acuerdo vía remota. Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 21/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Juez Especializado de Control del Único Distrito Judicial del Estado, con sede en Xochitepec, Morelos, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado y remite las constancias solicitadas en autos de veintiocho y treinta de septiembre del presente año; con su contenido, dese vista a las partes para que procedan en los términos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Rosa María Luna Mercado, quien autoriza y da fe.

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