Antonio Montelongo Ceseña

Expediente 617/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 32 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
617/2022
Año
2022
Actuaciones
32
Última actuación
12/04/2023

Partes del expediente

  • Antonio Montelongo Ceseña
  • Tribunal Unitario Agrario Distrito Cuarenta Y Cinco, Con Sede En Ensenada, Baja California
  • Ejido el Costeño, Municipio de San Quintín, Estado de Baja California

Actuaciones

Las 4 más recientes de 32.

  1. Principal

    Ensenada, Baja California, doce de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado ejecutoria el proveído que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, considerando que las partes legitimadas para hacerlo no interpusieron recurso de revisión en su contra. ANOTACIONES En consecuencia, se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. De conformidad con los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el expediente principal por haberse sobreseído respecto de todos los actos reclamados, es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso a), del referido Acuerdo General. El original del incidente de suspensión, al haberse concedido la medida cautelar, es susceptible de depuración, por encontrase en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General en cita. El duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez que cumplan de archivo como asuntos concluidos, atendiendo a la existencia del cuaderno original del incidente de suspensión, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General. Transferir original del incidente de suspensión, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el último párrafo del acuerdo normativo. Notifíquese.

  2. Principal

    Ensenada, Baja California, quince de marzo de dos mil veintitrés. Cúmplase.

  3. Principal

    Ensenada, Baja California, trece de marzo de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Patricia Aracely Alucano Barajas, actuaria judicial del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, notifico a la tercero interesada ************, el auto dictado el trece de marzo de dos mil veintitrés, con fundamento en los artículos 26, 27 y 29 de la Ley de Amparo, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, y por lista en una página electrónica del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, de conformidad a lo ordenado en auto de catorce de febrero de dos mil veintitrés, que dice: "Ensenada, Baja California, trece de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Unitario Agrario Distrito cuarenta y cinco, con sede en esta ciudad, mediante el cual envía copia certificada del proveído de veintiocho de febrero del año en curso, dictado en el juicio 174/2020, de su índice, del que se advierte que dejó insubsistente la medida precautoria concedida en proveído de catorce de octubre de dos mil veintidós (acto aquí reclamado). Ahora, vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que obra en autos agregado a fojas 161 a la 164, copia certificada del auto de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, en el que la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito 45, dejó insubsistente el proveído de veinte de octubre de dos mil veintidós, y que ahora reclama. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse como prueba de la citada autoridad, el mencionado medio de convicción. Cabe señalar que la parte quejosa hace consistir sus actos reclamados en: 1. El auto de catorce de octubre de dos mil veintidós, emitido en el juicio agrario 174/2020, donde se concedió la medida precautoria solicitada por la parte actora en el juicio de origen. 2. El acuerdo dictado en la audiencia de veinte de octubre de dos mil veintidós, en el juicio agrario 174/2020, donde la responsable se pronunció respecto de la medida precautoria solicitada por el codemandado aquí quejoso. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA Ahora, de las constancias que se agregan y vista la certificación de cuenta a la que se le confiere valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se advierte que en ambos actos reclamados sobrevino la causal de improcedencia, prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado" La citada causa de improcedencia requiere para su actualización que se despliegue una acción dirigida al acto reclamado de tal manera que destruya todos los efectos del mismo, como si se le restituyera a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales que alega le fueron violados. Esto es, que se haga en forma total e incondicional, y con ello produzca que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación de los derechos fundamentales del agraviado. De lo que se sigue que, en la cesación de efectos del acto reclamado, la actuación posterior debe equipararse a la concesión de amparo, en cuanto a que desaparecen los efectos del acto tachado de inconstitucional, como si éste nunca hubiera invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndola irrumpido, la cesación no deja ahí ninguna huella. Al efecto, tiene aplicación el siguiente criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Luego, para que se actualice una cesación de efectos, se requiere lo siguiente: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de amparo; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Como ya se estableció la parte quejosa hace consistir sus actos de reclamo en: 1. El auto de catorce de octubre de dos mil veintidós, emitido en el juicio agrario 174/2020, donde se concedió la medida precautoria solicitada por la parte actora en el juicio de origen. 2. El acuerdo dictado en la audiencia de veinte de octubre de dos mil veintidós, en el juicio agrario 174/2020, donde la responsable se pronunció respecto de la medida precautoria solicitada por el codemandado aquí quejoso. Sin embargo, de las documentales aportadas por la autoridad responsable, se desprende que el veintiocho de octubre de dos mil veintidós (fojas 161 a la 164), dejó insubsistente el proveído emitido en la audiencia de veinte de octubre de dos mil veintidós, donde se pronunció respecto de la medida precautoria solicitada por el codemandado aquí parte quejosa; asimismo, que en acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, dentro del juicio agrario 174/2020, dejó insubsistente la medida precautoria concedida a la parte actora en proveído de catorce de octubre de dos mil veintidós, y que constituyen precisamente los actos aquí reclamados por la parte quejosa. Por tanto, si los actos reclamados lo eran el auto de catorce de octubre de dos mil veintidós, emitido en el juicio agrario 174/2020, donde se concedió la medida precautoria solicitada por la parte actora en el juicio de origen; así como el acuerdo dictado en la audiencia de veinte de octubre de dos mil veintidós, en el juicio de referencia, donde la responsable se pronunció respecto de la medida precautoria solicitada por el codemandado aquí parte quejosa; mismos que, en la especie quedaron insubsistentes, como se advierte del proveído de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, donde el tribunal responsable se pronunció respecto a si resultaba procedente o no decretar dicha medida precautoria; lo cual, hizo del conocimiento al aquí quejoso hasta el siete de diciembre de dos mil veintidós (con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda), según se desprende de la constancia de notificación que obra a foja 171 en autos; así como también del acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, dentro del juicio agrario de referencia, donde dejó insubsistente la medida precautoria concedida a la parte actora en proveído de catorce de octubre de dos mil veintidós. En ese sentido, al haberse dejado insubsistente el acuerdo de catorce de octubre de dos mil veintidós, dentro del juicio agrario 174/2020, donde se concedió la medida precautoria solicitada por la parte actora en el juicio de origen; así como el acuerdo dictado en la audiencia de veinte de octubre de dos mil veintidós, donde la responsable se pronunció respecto de la medida precautoria solicitada por el codemandado aquí quejoso, se les restituyó en el goce de la garantía violada, en virtud de que cesó la incertidumbre en la que se encontraba; si bien es cierto que pudo existir el acto aquí reclamado por parte de la autoridad responsable, no menos cierto es que a la fecha ya no existe materia sobre la cual ésta pueda dar cumplimiento en caso de una sentencia en la que se conceda el amparo, pues los acuerdos aquí reclamados quedaron insubsistentes. Así, es dable concluir que los efectos de dichos actos reclamados han cesado dentro del juicio agrario de origen 174/2020, y, por tanto, que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo y como consecuencia procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el juicio de amparo de acuerdo a lo establecido por la fracción V del artículo 63 del ordenamiento legal citado. Al efecto, tiene aplicación la tesis número 415, sustentada por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 356, del Tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N., del epígrafe y contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que establezcan, de modo tal, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Sin que sea necesario para ello la celebración de la audiencia constitucional respectiva, pues el motivo de improcedencia en estudio, se encuentra demostrado de tal manera, que no podría ser desvirtuado por medio de convicción alguno que aportara alguna de las partes, resultando innecesario que se lleve a cabo. Por tanto, quedan sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (ONCE HORAS CON TREINTA Y DOS MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS). Sobre el particular es ilustrativa la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aparece publicada en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y contenido: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial."

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