Antonio Mendoza Hernández

Expediente 758/2016 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 9 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
758/2016
Año
2016
Actuaciones
9
Última actuación
24/04/2019

Partes del expediente

  • Antonio Mendoza Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Finalmente, tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, atento a lo establecido en el Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General 2/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias, y conservarse sólo la demanda de garantías y la sentencia, tal como lo señala la fracción III del referido punto.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, así como que con el mismo se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (foja 98), habiéndolo hecho la segunda de los mencionados (fojas 103 a 165). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de veintiséis de abril de dos mil dieciocho, este órgano colegiado resolvió conceder a Antonio Mendoza Hernández, la protección constitucional solicitada, en los siguientes términos (foja 58 y vuelta): ".1) Deje insubsistente la sentencia reclamada.- 2) Dicte otra en la cual proceda en los siguientes términos: a) Reitere la condena impuesta por prima vacacional y aguinaldo, así como la absolución de horas extras y prima por haber laborado sábados y domingos de cada semana; en la inteligencia que deberá subsanar el error de redacción que se advierte en el resolutivo tercero, para lo cual basta con suprimir la parte donde se indica absolver por concepto de prima vacacional y aguinaldo.- b) Tomando en cuenta lo establecido en esta ejecutoria en el sentido de que la carga de la prueba corresponde al Ayuntamiento demandado para acreditar que el actor dejó de presentarse a laborar, resuelva lo que en derecho corresponda, así como respecto a las prestaciones consistentes en indemnización constitucional y salarios caídos o vencidos, las cuales se hacen depender del referido cese o despido..." Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia, que: En proveído de once de mayo de dos mil dieciocho, dejó insubsistente la sentencia de veinticinco de abril de dos mil dieciséis (fojas 66 a 68), y dictó una nueva el veintidós de mayo de dos mil dieciocho (fojas 75 a 96), en la que realizó lo siguiente: I. Reiteró la condena impuesta por prima vacacional y aguinaldo (fojas 93 vuelta a 94 vuelta), así como la absolución de horas extras y prima por haber laborado sábados y domingos de cada semana (fojas 92 vueltas a 93 vuelta). II. Subsanó el error de redacción en que incurrió al dictar la sentencia anterior, específicamente en el resolutivo tercero, pues suprimió lo relativo a absolver por concepto de prima vacacional y aguinaldo (95). III. Determinó que la carga de la prueba corresponde al Ayuntamiento demandado para acreditar que el actor dejó de presentarse a laborar, pues dicho Ayuntamiento, al rendir informe, negó lisa y llanamente que hubiera sido despedido el trabajador, incluso, afirmó que el enjuiciante siguió prestando los servicios de seguridad pública con posterioridad al treinta y uno de agosto de dos mil quince; de ahí que tal negativa contiene implícita una afirmación, por tal motivo resolvió conforme al principio general de derecho que reza "quien afirma está obligado a probar" (fojas 80 vuelta y 81 frente). IV. Con base en lo anterior determinó declarar la nulidad absoluta del acto reclamado por el actor, por contravenir lo dispuesto en el artículo 12, fracción I de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, toda vez que el Ayuntamiento, Presidente Municipal y Secretario, todos del Municipio de Calpulalpan, Tlaxcala, carecen de facultades legales para emitir el despido injustificado del que se duele el recurrente (fojas 82 vuelta a 87 frente). V. En consecuencia, condenó al pago de indemnización constitucional y parte proporcional a veinte días por cada año laborado (fojas 87 vuelta a 90 vuelta). VI. Finalmente, por cuanto hace a salarios caídos o vencidos, determinó que esta prestación está inmersa en el campo del derecho del trabajo y su fundamento no se encuentra en la Constitución Federal, sino en la ley laboral, y que resulta una prestación aplicable para los miembros de instituciones policiales del Estado, por ser de naturaleza administrativa, sin que ello exima al Estado de la obligación de "resarcir al servidor público en el pago de las demás prestaciones a que tenga derecho", estatuyéndose entonces, el deber del Estado de pagar la remuneración diaria ordinaria, pues es consecuencia inmediata y directa del despido injustificado y constituye una prestación accesoria que sigue la suerte de la principal, por tal motivo, condenó al Ayuntamiento al pago de remuneración diaria ordinaria (fojas 91 vuelta a 92 vuelta). VII. Enseguida, se analiza lo expuesto por los terceros interesados Presidente, Secretario y Síndico del Ayuntamiento de Calpulalpan, Tlaxcala, en sus respectivos escritos presentados el veinte de junio de dos mil dieciocho, al desahogar la vista, en el cual expone que la autoridad responsable incurrió en exceso en el cumplimiento a la sentencia de amparo, por lo siguiente: a) La responsable condena al Ayuntamiento demandado al pago de diversas prestaciones y establece que el salario quincenal que percibía el quejoso era de diez mil pesos ($10,000.00), sin la debida retención de impuestos, lo que arroja un salario diario de seiscientos sesenta y seis pesos ($666.66); sin embargo, dicho salario debió de ser calculado a razón de quinientos sesenta y un pesos con veintiséis centavos ($561.26) diarios, mismo que ya tiene la deducción correspondiente del impuesto sobre la renta; por tanto, la condena impuesta le causa un detrimento. b) Al actor no le asiste el derecho a reclamar el pago de salarios caídos, pues se desempeñó como servidor público de confianza. c) El pago de prima vacacional y aguinaldo, debe ser cuantificada conforme al salario real percibido de quinientos sesenta y un pesos con veintiséis centavos ($561.26) diarios. Sin embargo, tales argumentos expuestos por la quejosa son tendentes a controvertir aspectos de fondo, mismos que no fueron materia de análisis en la ejecutoria de amparo. En efecto, este órgano colegiado concedió la protección constitucional para que la responsable reiterara la condena impuesta por prima vacacional y aguinaldo, en la inteligencia que deberá subsanar el error de redacción que se advierte en el resolutivo tercero, para lo cual basta con suprimir la parte donde se indica absolver por concepto de prima vacacional y aguinaldo; sin embargo, lo relativo al monto del salario diario no fue motivo de estudio. Por otro lado, con motivo de diverso lineamiento establecido en el fallo protector, la responsable quedó constreñida a determinar que la carga de la prueba corresponde al Ayuntamiento demandado para acreditar que el actor dejó de presentarse a laborar y, con base en ello, resolver lo que en derecho corresponda, así como respecto a las prestaciones consistentes en indemnización constitucional y salarios caídos o vencidos, las cuales se hacen depender del cese o despido. En ese contexto, la responsable contaba con plenitud de jurisdicción para resolver lo relativo al reclamo de indemnización constitucional y salarios caídos o vencidos, en tanto que el aspecto inherente a si el actor se desempeñó o no como servidor público de confianza, tampoco fue un tema abordado en la ejecutoria de amparo. De ahí que los planteamientos de los terceros interesados resultan novedosos y, por ende, ajenos a la ejecutoria de amparo y a este medio de impugnación. En apoyo a esta decisión se cita la tesis de jurisprudencia 1a./J. 76/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 12, noviembre de 2014, tomo I, página 605, que dice: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO. El artículo 107, fracción XVI, párrafo último, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que no podrá archivarse juicio de amparo alguno sin que la sentencia relativa quede enteramente cumplida; por ello, el análisis que se emprenda en el recurso de inconformidad para determinar si fue correcta o no la determinación que la tuvo por cumplida, no debe limitarse a los argumentos planteados por el recurrente, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuenta con facultades amplias para analizar oficiosamente si la ejecutoria de amparo fue o no acatada. Ahora, si bien es cierto que en la legislación de amparo abrogada, para dicho análisis bastaba con realizar un estudio comparativo general o básico entre lo ordenado en la ejecutoria y lo ejecutado por la autoridad responsable, también lo es que ello obedecía a que en esa legislación se contemplaba al recurso de queja como un medio para combatir el exceso o defecto en el cumplimiento; de ahí que para tener por cumplida la sentencia protectora, era suficiente con que la autoridad acreditara haber realizado lo ordenado, sin que al respecto debiera analizarse si había incurrido en exceso o defecto pues, de ser así, las partes podían interponer el recurso de queja; no obstante, éste ya no se contempla para ese fin en la Ley de Amparo vigente, en tanto que ahora el exceso o defecto puede combatirse a través del recurso de inconformidad. En efecto, aunque el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, sólo señala que el recurso de inconformidad procede contra la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, sin especificar que en él puedan combatirse los excesos o defectos en que incurra la responsable en el cumplimiento, de una interpretación armónica de ese numeral con los artículos 192, párrafo primero, 196 y 197 de la propia ley, se concluye que en este medio de impugnación pueden combatirse esos vicios, pues para que una ejecutoria pueda declararse cumplida es preciso que la responsable acate puntualmente lo ordenado sin incurrir en exceso o defecto. Atento a ello, si la materia del recurso de inconformidad, vista en relación con la anterior Ley de Amparo, ha sido ampliada, entonces para resolver este recurso ya no basta con realizar un examen comparativo general o básico entre las conductas señaladas por el órgano jurisdiccional como efecto de la concesión del amparo y las adoptadas por la autoridad responsable, pues ahora, en adición a ese examen, también debe verificarse que en el cumplimiento de la ejecutoria no haya habido exceso o defecto, para lo cual deberá tenerse presente que hay exceso, cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria y que, por el contrario, habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; sin embargo, al hacer ese análisis, debe tenerse presente el límite señalado en la ejecutoria donde se otorgó la protección de la Justicia Federal, así como la libertad de jurisdicción que, en su caso, se haya otorgado a la responsable, pues a pesar de la ampliación en su materia, no es factible que a través de este medio se analice la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable, ni mucho menos introducir aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo." Asimismo, es oportuno citar la tesis de jurisprudencia 2a./J. 14/2016 (10a.), que sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 27, febrero de 2016, tomo I, Décima Época, página 717, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. SON INEFICACES LOS AGRAVIOS QUE COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO QUE NO FUERON OBJETO DE ANÁLISIS EN EL AMPARO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 60/2014 (10a.) (*), sostuvo que al no existir, además del recurso de inconformidad, otro medio de defensa para garantizar la efectividad de la sentencia protectora o corregir los posibles excesos o defectos en su observancia, corresponde al juzgador vigilar, a través de ese medio de impugnación, la satisfacción de los deberes impuestos a las autoridades responsables, dejando a salvo del estudio únicamente las consecuencias derivadas del propio cumplimiento. En ese sentido, la materia de análisis en el recurso de inconformidad debe atender a los alcances fijados por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó el amparo, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo, pues si bien es cierto que el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional puede analizar el exceso en que incurra la responsable al dictar la resolución en cumplimiento, también lo es que ello lo obliga a estudiar si las consecuencias generadas con motivo del cumplimiento pueden ser objeto de estudio en el recurso de inconformidad, para lo cual, deben tomarse en cuenta los lineamientos precisados en la concesión del amparo. Por tanto, no puede analizarse el cumplimiento de la autoridad responsable sobre cuestiones respecto de las cuales no estaba vinculada; de ahí que los agravios formulados para impugnar dichos argumentos resulten ineficaces." De lo anterior se concluye que, en el caso concreto, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo.

  3. Juicio de Amparo Directo

    TENGASE POR RECIBIDO LOS ESCRITOS DE LOS TERCEROS INTERESADOS, MEDIANTE EL CUAL REALIZAN DEVERSAS MANIFESTACIONES RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LS SENTENCIA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. SE TIENE COMO DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EL QUE SEÑALA Y POR AUTORIZADO A LA PERSONA QUE MENCIONA. SE DESPRENDE QUE HA TRANSCURRIDO EL TERMINO DE DIEZ DIAS, CONCEDIDO A LAS PARTES QUEJOSA Y TERCERO INTERESADA, PARA QUE MANIFESTARAN LO QUE A SU INTERES CONVINIERA, HACIENDOLO LOS TERCEROS INTERESADOS; PROCEDASE A DICTAR LA RESOLUCION CORRESPONDIENTE.

  4. Juicio de Amparo Directo

    TENGASE POR RECIBIDO EL OFICIO SIGNADO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE, MEDIANTE EL CUAL REMITE COPIA CERTIFICADA DE LA SENTENCIA EMITIDA. DESE VISTA A LAS PARTES QUEJOSA Y TERCERO INTERESADA PARA QUE DENTRO DEL TERMINO DE DIEZ DÍAS EXPRESEN LO QUE A SU INTERES CORRESPONDA.

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