Antonio Méndez Ordóñez

Expediente 792/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
792/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
03/08/2017

Partes del expediente

  • Antonio Méndez Ordóñez

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, tres de agosto de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a veinte de julio de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por ****, contra actos de la Delegada de Hacienda San Cristóbal de las Casas, Chiapas, consistentes en: "lV. PROVEIDO RECLAMADO :- REQUERIMIENTO DE PAGO Y/O EMBARGO que realiza la autoridad Responsable, el cual me fue notificado el dia viernes 07 Siete del mes de Julio del año 2017 dos mil diecisiete, por ende me han embargado mis propiedades de forma ilegal sin previo Juicio donde sea vencido, lo anterior violenta totalmente mis garantías de propiedad y la garantía de Legalidad, sin embargo no encuentra sustento en ninguna de las Fuentes Formales del Derecho, contraponiendo todo los principios constitucionales. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 792/2017-Il. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, textualmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior se deduce que los motivos de improcedencia que afecten la demanda de amparo deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto" significa claro o evidente, mientras que "indubitable", cierto, seguro, que no puede dudarse. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, ya que el requerimiento de pago y/o embargo, no constituye la resolución definitiva del procedimiento administrativo instaurado en su contra. Los citados preceptos legales establecen: ".Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." ".Artículo 107. El amparo indirecto procede: III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De lo anterior se colige que el juicio de amparo promovido contra actos relacionados con la ejecución de una sentencia, sólo será procedente contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo. Lo anterior se considera así, pues la finalidad primordial es el impedir la proliferación innecesaria de juicios constitucionales contra actos de ejecución de sentencias, los cuales podrán ser estudiados una vez que se haya emitido la resolución definitiva recaída a tal procedimiento de ejecución. Ahora bien, es importante destacar que la Jurisprudencia ha determinado que la resolución dictada en un procedimiento administrativo de ejecución relacionada con la imposición del cumplimiento de alguna obligación, como lo sería la existencia de un crédito, su liquidación e inmediata reclamación, contiene aspectos similares a una sentencia ejecutoriada. Por tanto, el juicio de amparo en el cual se reclamen actos relacionados con la ejecución de una resolución dictada en el procedimiento administrativo de ejecución, en todo caso sería improcedente, toda vez que la procedencia del mismo está condicionada a que se reclame sólo la última resolución en el procedimiento respectivo. En suma, de lo anterior se advierte que el juicio de amparo indirecto en materia administrativa es improcedente, contra cualquier acto que emane de un procedimiento administrativo de ejecución; esto es, únicamente es procedente contra la resolución definitiva que se dicte en ese procedimiento. Sobre esta hipótesis, conviene destacar que el procedimiento administrativo de ejecución es una serie coherente y concordante de actos tendientes a la obtención ejecutiva del cumplimiento de una obligación con base en la existencia de un crédito fiscal firme, susceptible de exigir su pago respectivo. Bajo ese contexto, el legislador advirtió la posibilidad de que el gobernado promoviera demandas de amparo contra los actos que conforman el procedimiento administrativo de ejecución, lo que obstaculizaría injustificadamente su secuencia ejecutiva. Por esta razón, decidió que el amparo únicamente procediera contra la resolución definitiva que lo culmine; pues es el momento idóneo para que el quejoso la ataque y, en su caso, alegue las violaciones causadas en el procedimiento y que todos estos planteamientos se analicen en un sólo juicio de amparo. No obstante, esta regla genérica admite dos excepciones, a saber: La primera consistente en que uno de los actos que provengan del procedimiento administrativo de ejecución (que no sea la resolución que lo concluya) produzca una irreparabilidad a los derechos sustantivos del agraviado. La segunda se enfoca a la calidad del quejoso en el procedimiento administrativo de ejecución; esto es, que sea tercero extraño (persona que no figuró materialmente como parte en dicho procedimiento y que sufre un perjuicio a sus derechos con motivo de la substanciación de éste o en la ejecución de su resolución sin haber gozado de la oportunidad de defensa). Pues bien el requerimiento de pago y/o embargo que le fue notificado el siete de julio del año en curso, no constituye la resolución final del procedimiento de ejecución fiscal, pues en términos del numeral 111 del Código de la Hacienda Pública del Estado, en el caso de que el contribuyente no efectué el pago del crédito, es entonces cuando se continuará en su contra vía procedimiento administrativo de ejecución, para obtener el pago del citado crédito. La anterior Jurisprudencia resulta de aplicación obligatoria para este Juzgado de Distrito en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo. Partiendo de esta base, es importante tener en cuenta que el procedimiento administrativo de ejecución como el que nos ocupa, es la actividad administrativa que desarrolla el Estado para hacer efectivos en vía de ejecución forzosa los créditos fiscales a su favor, también conocido como facultad económico-coactiva. De lo dispuesto en los artículos 111 al 168 del Código de la Hacienda Pública del Estado, se desprende que las autoridades fiscales exigirán el pago de los créditos fiscales que no hubieren sido cubiertos o garantizados dentro de los plazos señalados por la ley, mediante el procedimiento administrativo de ejecución. Para ello, a partir de la fecha de exigibilidad del crédito fiscal el ejecutor designado por el jefe de la oficina exactora puede constituirse en el domicilio del deudor para practicar la diligencia de requerimiento de pago y, en el supuesto de no hacerlo en el acto, se procederá al embargo de bienes suficientes para, en su caso, rematarlos o enajenarlos fuera de subasta o adjudicarlos en favor del fisco, o bien el embargo de negociaciones con todo lo que de hecho y por derecho les corresponda, a fin de obtener, mediante la intervención de ellas, los ingresos necesarios que permitan satisfacer el crédito fiscal y los accesorios legales. También se establecen las formalidades a que debe sujetarse la diligencia de embargo, indicando cuáles son las facultades del ejecutor, los derechos del ejecutado, los bienes exceptuados de embargo, etcétera, así como que al finalizar la diligencia se levante acta pormenorizada y se entregue una copia a la persona con la que se entendió la diligencia. En los mencionados artículos se comprende también que una vez trabado el embargo se procederá a la enajenación de los bienes, para lo cual debe fijarse la base para su enajenación, mediante los avalúos tanto de la autoridad exactora como del obligado y, en ciertos casos, el valor que fijen de común acuerdo la autoridad y el embargado en un plazo determinado. Se establece lo conducente para la convocatoria para el remate, la postura legal, las formalidades que deben observarse para realizar el remate, la venta fuera de subasta, la adjudicación al fisco, etcétera. Luego, fincado el remate y pagado el precio, se lleva a cabo la adjudicación y entrega de los bienes rematados al adquirente y la aplicación del producto de los bienes rematados para cubrir el crédito fiscal y sus accesorios legales. En conclusión, el procedimiento administrativo de ejecución es un conjunto de actos concatenados por medio de los cuales se pretende la obtención, por vía coactiva, del crédito fiscal debido por el deudor. Es cierto que el procedimiento de ejecución es administrativo, porque tanto el órgano que lo ejecuta es la administración pública, como porque, materialmente no tiene como finalidad la resolución entre partes contendientes, por lo que no teniendo como supuesto una controversia, no puede decirse, en rigor, que se trate de actos administrativos seguidos en forma de juicio, en los términos literales del artículo 107, fracción III, de la Ley de Amparo, pero igualmente resulta que de la interpretación relacionada de este párrafo con los incisos a) y b) de dicho precepto, acerca de que el amparo contra remates sólo procede contra la resolución definitiva que los apruebe o desapruebe, se advierte que el juicio de amparo será procedente contra violaciones cometidas en la resolución que adjudique los bienes embargados en remate y ordene librar las escrituras correspondientes, o la entrega material del bien, salvo que se trate de actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, lo cual en el caso no acontece, ya que el quejoso no se ostentó como tercero extraño al procedimiento administrativo de ejecución, y en el caso no se efectuó algún aseguramiento de cuentas bancarias o en su caso se designó interventor con cargo a la caja, es decir, en el caso justiciable sólo se requirió de pago y/o embargo al quejoso. En efecto, aún cuando en la hipótesis de los preceptos reclamados no se está en presencia de actos desarrollados en forma de juicio (como ya se indicó), sí existe una serie coherente y concordante de actos tendientes a la obtención ejecutiva del cumplimiento de una obligación con base en una liquidación firme, (determinación de un crédito fiscal) similar en esto a una sentencia ejecutoriada. Así como la sentencia es título ejecutivo, la liquidación fiscal firme constituye la prueba legal de la existencia del crédito, de su liquidez y de su inmediata reclamación, y como tal, dentro del procedimiento de ejecución por constituir un presupuesto formal de éste, debiendo precisarse que la ejecución forzosa brinda la posibilidad de hacer efectivos los créditos fiscales que se encuentren firmes y líquidos sin la necesidad de acudir a los tribunales para una previa aprobación. De acuerdo con el carácter ejecutorio de las resoluciones administrativas, en el procedimiento administrativo de ejecución, se justifica que el juicio de amparo sólo proceda hasta que se dicte en él la resolución definitiva en que se apruebe o desapruebe el remate, de lo cual se infiere que tratándose de actos administrativos dentro de un procedimiento de ejecución fiscal, sólo procede el amparo en contra de la resolución con que culmina dicho procedimiento, pudiéndose reclamar válidamente, en tal oportunidad, todas las violaciones cometidas dentro de dicho procedimiento. De lo contrario, si se estimara procedente el juicio de amparo contra cada uno de los actos procesales de modo aislado, se obstaculizaría injustificadamente la secuencia ejecutiva, lo cual no debe permitirse aunque se reclame la inconstitucionalidad de las leyes que a ese procedimiento rigen. Desde esa óptica, debe aceptarse la interpretación relacionada de la fracción II del artículo 107 de la Ley de Amparo, de la que se desprende que, en lo conducente, la intención del legislador ha sido la de que no se entorpezcan, mediante la promoción del juicio de amparo, los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas, a pesar de que éstas no deriven de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. En ese entendido, ya que se estableció que el juicio de amparo resulta improcedente en contra del requerimiento de pago y/o embargo, en los términos expresados en párrafos que anteceden, sólo resta verificar si se ubican en los supuestos de excepción mencionados. En cuanto a la primera excepción, este juzgador considera que el requerimiento de pago y/o embargo que le fue notificado el siete de julio del presente año, constituye el medio en que se informa al impetrante de amparo que se pretende exigir el cumplimiento de una obligación como es el pago de créditos fiscales, sin que eso implique la afectación de algún derecho sustantivo de la parte quejosa. Por lo tanto, no son actos irreparables y desde esta perspectiva el amparo es improcedente. Respecto a la segunda excepción, del contexto integral de la demanda se advierte que tal acto deriva de la observación que realizó el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, en relación a la revisión de la cuenta pública municipal del municipio de Mitontic, Chiapas, durante la administración de dos mil cinco a dos mil siete, en la que fungió como Síndico Municipal; esto es, se enteró de ello previamente al inicio del procedimiento que ahora reclama, lo cual resulta congruente, ya que el procedimiento administrativo de ejecución es la consecuencia de un crédito fiscal, por la observación relativa a la revisión de la cuenta pública municipal aludida en líneas que anteceden, situación que ocasiona que no se le considere como tercero extraño al requerimiento de pago y/o embargo. En efecto, por el hecho de que se hizo sabedor del procedimiento administrativo de ejecución incoado en su contra en caso del no pago del crédito fiscal determinado (ya que promovió el juicio de amparo dentro del término de quince días siguientes a su notificación) y que no se ha dictado la resolución que concluya dicho procedimiento, no está en la hipótesis de que su inicio le originó un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos. En tales condiciones, el amparo es improcedente contra el requerimiento de pago y/o embargo multicitado, al no constituir la resolución definitiva. Asimismo, resulta evidente que en el presente caso se actualiza la causa de improcedencia en estudio, en virtud de que el acto reclamado fue dictado dentro de un procedimiento administrativo de ejecución, por lo tanto, no se afecta algún derecho fundamental de la parte quejosa, en la medida que no produce una afectación que sea de imposible reparación en grado predominante o superior, toda vez, que como ya se anotó, sólo producirá efectos intraprocesales hasta que se dicte la última resolución y causará perjuicio si esa ilegalidad trascendiera al resultado de la resolución definitiva, lo cual no acontece en este momento; destacándose que se está únicamente ante actos que requieren el pago del crédito fiscal, sin que se advierta embargo o intervención en contra de la parte quejosa, que pudieran traducirse en afectación de derechos fundamentales. En consecuencia, dado que la parte quejosa reclama actos llevados a cabo dentro del procedimiento administrativo de ejecución iniciado en su contra a fin de hacer efectivos créditos fiscales, conforme a lo antes expuesto, debe esperar hasta el dictado de la última resolución dentro del procedimiento ejecutivo; es decir, la definitiva, para combatir en amparo tanto esta resolución como las violaciones cometidas durante dicho procedimiento, como no lo hizo así, debe estimarse actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción III del precepto 107 de la misma legislación, interpretada ésta en sentido contrario. Ello es así, toda vez que para que sea procedente la pretensión de la parte quejosa, en todo caso tendría que consistir en la última resolución que se dicte en el procedimiento administrativo de ejecución incoado en su contra, de ahí que si reclama actos intraprocesales, es claro que resulte improcedente el juicio de amparo. Aunado a lo anterior, debe destacarse que el requerimiento de pago y/o embargo, que es el acto reclamado, no constituye un acto de imposible reparación al no haberse llevado a cabo el embargo ni otras actuaciones que atenten contra los derechos fundamentales de la parte quejosa. En consecuencia, al haberse actualizado la causa de improcedencia que se deduce de la interpretación relacionada del artículo 61 fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción lll, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo vigente, con fundamento en el artículo 113, de la citada ley, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que señala en su escrito de demanda; como autorizados en términos amplios a que hace referencia el artículo 12 de la Ley de Amparo, a *****y en términos restringidos del citado precepto legal, a las diversas personas que designa, toda vez que no se encuentran inscritas en el registro de cédulas profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, en el entendido que una vez que se cumpla con tal requisito, podrá solicitar que se acuerde lo conducente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en la sentencia respectiva, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez · 10,116 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano