Antonio Medina Paniagua
Expediente 901/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 5 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 901/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 31/08/2023
Partes del expediente
- Antonio Medina Paniagua
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Tijuana, Baja California, treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que la totalidad de las partes fueron notificadas de la sentencia de veinticinco de julio de dos mil veintidós y del proveído de veintinueve de julio de dos mil veintidós, en el que se tuvo a la parte quejosa interponiendo recurso de revisión. Por tanto, envíese oficio vía correo electrónico institucional para solicitar el turno del Tribunal Colegiado al que le corresponderá conocer de dicho medio de impugnación; lo anterior, de acuerdo a lo establecido en la circular DGGJ/12/2020 de diez de julio de dos mil veinte, de la Dirección General de Gestión Judicial. Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Gabriela Romana Castorena Gutiérrez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Tijuana, Baja California, quince de agosto de dos mil veintitrés. Vista la constancia actuarial que antecede de la que se advierte que no fue posible notificar el contenido del auto de veinticinco de julio del año en curso, a la parte tercero interesado Rodolfo Real Becerra, por los motivos expuestos. Por tanto, se ordena notificarle por lista en los estrados de este Juzgado el auto antes precisado y las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio para tal efecto, ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27 fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintisiete de julio de dos mil veintitrés AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Tijuana, Baja California, siendo las nueve horas con cincuenta minutos del veintisiete de julio de dos mil veintitrés, Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, asistido de Marlene Hernández Pimentel, Secretaria con quien actúa, declara abierta la audiencia constitucional señalada para esta hora y fecha en el juicio de amparo 29/2022-VI, sin la comparecencia personal de las partes. Acto seguido, la Secretaria procede a relacionar las constancias que obran en autos siendo éstas: a) escrito inicial de demanda; b) constancia de notificación a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado; c) informe justificado rendido por las autoridades responsables; y, d) primera notificación a juicio de la parte tercero interesada. A lo que el Juez acuerda: se tiene por hecha la relación de constancias. Enseguida, el Juez declara abierto el periodo probatorio en el que se hace constar que obran las pruebas documentales ofrecidas en autos. A lo que el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia naturaleza las pruebas mencionadas con anterioridad, en virtud de que no requieren de preparación para tal efecto, las que se tomarán en consideración al momento de emitir la resolución correspondiente en este asunto, con lo que se cierra la etapa probatoria. Agotada la fase probatoria, se abre la de alegatos, en la que la Secretaria hace constar que los formuló la parte quejosa. A lo que la Jueza acuerda: ténganse por reproducidos los formulados por la parte quejosa y precluido el derecho de las demás partes a formular alegatos, por lo que se declara cerrado este periodo. Concluidas las etapas de referencia se levanta la presente acta para constancia, procediéndose a dictar la sentencia respectiva en los términos siguientes. Vistos, para resolver el juicio de amparo indirecto 29/2022-VI, promovido por Roberto Falcón Guerrero, por propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número Cincuenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. R E S U L T A N D O Primero. Por escrito presentado el once de enero de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad -antes Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California- y finalmente, recibido el doce de enero siguiente en este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, -antes Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California-, Roberto Falcón Guerrero, por propio derecho solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto reclamado a las autoridades responsables que a continuación se precisan: Autoridades responsables Junta Especial Número Cincuenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, Presidente y Actuario ambos adscritos a dicha Junta Laboral. Acto reclamado "Reclamo de la JUNTA ESPECIAL NUMERO 59 DE LA FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, la radicación y sustanciación de todo el procedimiento o juicio seguido por el actora MARÍA MAGDALENA PEREZ LÓPEZ, en contra del INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, dentro del expediente 1016/2013, particularmente el dictado del laudo de 19 de marzo de 2021, por el que en su considerandos y puntos resolutivo1 se estableció que MARIA MAGDALENA PEREZ LÓPEZ, acreditó su acción de reinstalación y se condenó al INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO a reinstalarlo en la categoría que venía desempeñando de SUPERVISOR "B" DE AREA ADMINISTRATIVA clave HA01700 ,en la clínica hospital Fray Junípero Serra de esta ciudad del INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, DELEGACION BAJA CALIFORNIA reclamando también el auto o acuerdo por el que se señala fecha para llevarse a cabo la reinstalación en ejecución del laudo. En si reclamo todas las actuaciones llevadas a cabo dentro del expediente laboral 1016/2013 por el que se vieron y se ven afectados mis derechos a seguir ocupando el cargo de como SUPERVISOR "B" DE AREA ADMINISTRATIVA clave HA01700 ,en la clínica hospital Fray Junípero Serra de esta ciudad del INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, DELEGACION BAJA CALIFORNIA y que se traduzcan en la remoción, cancelación del pago de mi sueldo y de todos mis beneficios inherentes derivados del cargo que actualmente ostento como SUB-DIRECTOR DE HOSPITAL GENERAL, en el INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, DELEGACION BAJA CALIFORNIA adscrita al Hospital General Fray Junípero Serra de Tijuana B.C. Reclamo del PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL NUMERO 59 DE LA FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, la radicación y sustanciación de todo el procedimiento o juicio seguido por el actora MARÍA MAGDALENA PEREZ LÓPEZ, en contra del INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, dentro del expediente 1016/2013, particularmente el dictado del laudo de 19 de marzo del 2021 por el que en su considerandos y puntos resolutivos se estableció que MARÍA MAGDALENA PEREZ LÓPEZ, acreditó su acción de reinstalación y se condenó al INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO a reinstalarlo en la categoría que venía desempeñando de SUPERVISOR "B" DE AREA ADMINISTRATIVA clave HA01700 ,en la clínica hospital Fray Junípero Serra de esta ciudad del INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, DELEGACION BAJA CALIFORNIA reclamando también el auto o acuerdo por el que se señala fecha para llevarse a cabo la reinstalación en ejecución del laudo. En si reclamo todas las actuaciones llevadas a cabo dentro del expediente laboral 1016/2013 por el que se vieron y se ven afectados mis derechos a seguir ocupando el cargo de como SUPERVISOR "B" DE AREA ADMINISTRATIVA clave HA01700 ,en la clínica hospital Fray Junípero Serra de esta ciudad del INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, DELEGACION BAJA CALIFORNIA y que se traduzcan en la remoción, cancelación del pago de mi sueldo y de todos mis beneficios inherentes derivados del cargo que actualmente ostento como SUB-DIRECTOR DE HOSPITAL GENERAL, en el INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, DELEGACION BAJA CALIFORNIA adscrita al Hospital General Fray Junípero Serra de Tijuana B.C. Reclamo del C. ACTUARIO ADSCRITO A LA JUNTA ESPECIAL NUMERO 59 DE LA FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, la no notificación o no emplazamiento a la suscrita respecto del juicio laboral 1016/2013, así como la ejecución del laudo dictado con fecha 19 de marzo de 2021, dentro del expediente laboral 1016/2013, como del auto en el que se señala fecha para la 'reinstalar a MARIA MAGDALENA PEREZ LOPEZ, en contra del INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO en el puesto que es precisamente el cargo que vengo desempeñando y por el cual vengo recibiendo mi sueldo. Reclamo del INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, las órdenes verbales o por escrito giradas a sus áreas o jefaturas de Recursos Humanos en esta Delegación Baja California para que en acatamiento y cumplimiento dentro del expediente 1016/2013, se ejecute en todos sus términos el laudo de 19 de marzo de 2021,por el que en su considerandos y puntos resolutivos se estableció que MARIA MAGDALENA PEREZ LOPEZ, acreditó su acción de reinstalación y se condenó a la reinstalación en la categoría que venía desempeñando de SUPERVISOR "B" DE AREA ADMINISTRATIVA clave HA01700, en la clínica hospital Fray Junípero Serra de esta ciudad del INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, DELEGACION BAJA CALIFORNIA, así como las ordenes internas para ya no me sea pagado mi sueldo quincenal y se dé por terminada mi relación de trabajo perdiendo la seguridad social a que tengo derecho, con la advertencia de que al día de hoy sigo trabajando para esta autoridad responsable." Segundo. La parte quejosa señaló infringidos los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes, los cuales no se transcriben, sin que ello cause agravio alguno, dado que no existe disposición que obligue a este órgano de control constitucional a realizar su transcripción. Tercero. El trece de enero de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda relativa quedando registrada bajo el expediente 29/2022-VI; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado; se emplazó a la parte tercero interesada; y, se fijó hora y fecha para el desahogo de la audiencia constitucional respectiva. C O N S I D E R A N D O Primero. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103 y 107 constitucionales; 1º, 33, 35 y 37, de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa los actos reclamados que constituyen la litis efectivamente planteada por la parte quejosa en este juicio de derechos fundamentales, por lo que del análisis integral del escrito de demanda se aprecia que sustancialmente el acto reclamado en esta vía consiste en: La ejecución del laudo emitido el diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, en el juicio laboral 1016/2013, en el que se ordenó la reinstalación ordenada a favor de la tercero interesada María Magdalena Pérez López. Tercero. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Junta Especial Número Cincuenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, Presidente y Actuario ambos adscritos a dicha Junta Laboral, ya que así se desprende del análisis conjunto de los informes que obran en autos, pues de ellos se obtiene que el diecinueve de marzo de dos mil veintiuno se dictó laudo en el juicio laboral 1016/2013, en el que se condenó al demandado Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a reinstalar a la actora María Magdalena Pérez López, en la categoría de Supervisor "B" de Área Administrativa de dicho Instituto, entre otras prestaciones, lo que quedó corroborado con las documentales exhibidas en autos, consistentes en copia certificada de las actuaciones que integran el juicio laboral 1016/2013, de su índice, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Cuarto. No obstante la certeza del acto reclamado, no se analizará su constitucionalidad, ya que el presente juicio deviene improcedente, al actualizarse la causal prevista en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, al haber cesado sus efectos, en virtud de la emisión de la ejecutoria dictada en el juicio de amparo directo 256/2021 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, como a continuación se verá. En principio, es pertinente destacar que -como lo reconoció el Máximo Tribunal del País al analizar la Ley de Amparo abrogada- de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 de la ley de la materia, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia invocada se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Esto es así, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y ocho, tomo IX, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, registro 193758, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Ahora bien, en el caso concreto, el Instituto quejoso reclama la ejecución del laudo emitido el diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, en el juicio laboral 1016/2013, en el que se ordenó la reinstalación ordenada a favor de la tercera interesada María Magdalena Pérez López. Luego, de las constancias que obran en autos, previamente valoradas, se desprende que en sesión de tres de febrero de dos mil veintidós, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, resolvió el juicio de amparo directo 256/2021, promovido por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en contra del laudo de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno y determinó otorgar la protección constitucional solicitada. Del aludido fallo que se terminó de engrosar el dieciséis de febrero de dos mil veintidós, se desprende que la protección constitucional se concedió para los efectos siguientes (énfasis añadido): Juicio de amparo directo 256/2021 "Por lo expuesto, y con apoyo, además, en los artículos 107, fracción V, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 77 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, y 38, fracción I, inciso d), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se; RESUELVE: PRIMERO. La justicia de la unión ampara y protege al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, contra el laudo de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el juicio laboral 1016/2013, por la Junta Especial Número Cincuenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, por los motivos y para los efectos precisados en el considerando séptimo de esta ejecutoria. SEGUNDO. De conformidad con lo establecido por los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que cumpla con esta ejecutoria dentro del plazo de tres días, contado a partir de aquél en que le surta efectos la notificación de la presente resolución, con el apercibimiento señalado en el considerando octavo. TERCERO. El presente asunto no tiene relevancia documental, por lo que es innecesaria la conservación del expediente en su totalidad, en términos de lo establecido en el último considerando de esta ejecutoria. Notifíquese; [.]." De las reproducciones que anteceden se desprende que, en acatamiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo directo aludido, la Junta responsable dejó insubsistente el laudo dictado el diecinueve de marzo de dos mil veintiuno en el juicio laboral de origen y procedió a emitir otro en estricto cumplimiento a la ejecutoria de amparo para quedar como sigue: "SEGUNDO.- La parte actora NO acreditó su acción y la demandada INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO acreditó sus defensas y excepciones. TERCERO.- Se ABSUELVE al INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, de las prestaciones reclamadas por la parte actora en su escrito inicial y ampliación de demanda, por los motivos expuestos en el considerando último de la presente resolución. - - - " Circunstancia que, implica que lo actuado en la etapa de ejecución dejó de surtir efectos, precisamente, con motivo del acatamiento dado a ese fallo, por lo que debe concluirse que han cesado los efectos del acto reclamado. Ello es así, en virtud de que la etapa de ejecución, en la que se emitió el acto aquí reclamado, depende totalmente del laudo de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, de manera que tal fase no puede subsistir jurídicamente al haber quedado insubsistente dicho laudo condenatorio. De ahí que, como se anticipó, se colige que han cesado los efectos del acto reclamado consistente en la ejecución del laudo emitido el diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, en el juicio laboral 1016/2013, en el que se ordenó la reinstalación ordenada a favor de la tercera interesada María Magdalena Pérez López, pues el referido laudo ha quedado insubsistente y, por ende, también las actuaciones subsecuentes. En tales condiciones, ante la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63 fracción V del propio ordenamiento legal. De ahí que, se insiste, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de derechos fundamentales. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Roberto Falcón Guerrero, por propio derecho, contra el acto reclamado a las autoridades responsables, por las razones expuestas en el último considerando de este fallo. Notifíquese.Así lo resolvió y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Marlene Hernández Pimentel, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/Mhp
- Principal
Tijuana, Baja California, veinticinco de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guarda el presente sumario se advierte que la audiencia constitucional se encuentra señalada para el día de hoy; sin embargo, se aprecia que no obran los informes justificados de diversas autoridades responsables foráneas, ni los acuses de recibo de los oficios mediante los cuales se les solicitó dichos informes. Por tanto, en obvio de mayores dilaciones rexpídanse los oficios 6219/2021 y 6260/2021, Director de Centros Penitenciarios del Estado de Nayarit y Subsecretario del Sistema Estatal Penitenciario del Estado de Guanajuato a los que se le deberá anexar copia del escrito inicial de demanda, a fin de que las autoridades responsables, se impongan de su contenido y se encuentren en posibilidad de rendir sus respectivos informes con justificación. Al margen de lo anterior, requiérase nuevamente a las autoridades responsables mencionadas, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, informen la fecha en que recibieron los oficios relativos al acuerdo de cuatro de febrero de dos mil veintiuno, en el que se les solicitó su respectivo informe justificado, o bien manifiesten la imposibilidad que tenga para ello. En el entendido que podrá enviar la información requerida al correo electrónico de este juzgado 10jdo15cto@correo.cjf.gob.mx. Se apercibe a las potestades requeridas, que de no dar cumplimiento a lo anterior, se les impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 237, fracción I, en relación con el numeral 259, ambos de la Ley de Amparo. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las diez horas con cincuenta minutos del veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo. Notifíquese.
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