Antonio Medina González.

Expediente 321/2018 tramitado ante el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 7 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
321/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
15/07/2019

Partes del expediente

  • Antonio Medina González.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Al no existir diligencia pendiente de desahogo, archívese este asunto como concluido. Finalmente, de conformidad con lo ordenado en la fracción III, del punto Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, que estableció como susceptibles de depuración los expedientes relativos a juicios de amparo directo, en los que se haya negado o concedido la protección constitucional; por tal motivo, y en virtud de que carece de relevancia documental, ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN; por lo que únicamente deberá conservarse el escrito de demanda de amparo, así como la resolución dictada en el presente asunto, pues este expediente no contiene resolución que tenga especial trascendencia jurídica, política, social o económica a nivel nacional, estatal o municipal; lo anterior una vez que transcurra el plazo de más de cinco años de haberse ordenado su archivo.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Visto el escrito de cuenta, signado por el quejoso, mediante el cual interpone recurso de inconformidad en contra del proveído de nueve de mayo de dos mil diecinueve, dictado en el juicio de amparo directo D.A. 321/2018, por la presidencia de este órgano colegiado. Ahora, dado que el asunto referido se envió de manera directa a este Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito; previa copia certificada que obre en autos, remítase el ocurso signado por el quejoso referido, a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Vigésimo Noveno Circuito, para que le asigne el número de inconformidad que corresponda y lo devuelva a este órgano colegiado, a efecto de acordar lo que en derecho proceda.

  3. Juicio de Amparo Directo

    Vistos los autos del juicio de amparo directo administrativo 321/2018, para resolver sobre el cumplimiento de la sentencia de veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, que pronunció este tribunal colegiado, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que: Deje insubsistente la sentencia reclamada, y emita otra, en la que en atacamiento al principio de exhaustividad, proceda al estudio de los conceptos de anulación primero y segundo, contenidos en el escrito de veintidós de enero de dos mil dieciocho intitulado "Ampliación de demanda Ad Cautelam en tanto se resuelve el recurso de reclamación.", para resolver lo que en derecho corresponda sobre la causal de sobreseimiento planteada por la autoridad demandada. Con motivo del requerimiento respectivo a la autoridad responsable para que informara a este Órgano Colegiado sobre el cumplimiento de dicha ejecutoria, el Magistrado Presidente de la Sala Regional de Hidalgo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Pachuca de Soto, Hidalgo, remitió el oficio 27-1-2-13717-19, de doce de marzo de dos mil diecinueve, al que anexó por un lado, un acuerdo de esa misma fecha y, por otro lado, la sentencia que dictó en cumplimiento al fallo protector en la misma data, con lo que se dio vista a la parte quejosa y a las autoridades terceras interesadas, sin que ninguna de la partes realizara manifestaciones al respecto. Por tanto, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de la materia se analiza si la ejecutoria de amparo fue o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Proveído que corresponde dictar al Magistrado Presidente de este Tribunal Colegiado, en acatamiento al Acuerdo General número 5/2013, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, modificado por última vez mediante Instrumento Normativo del cinco de septiembre de dos mil diecisiete. De la sentencia dictada en cumplimiento a la ejecutoria que nos ocupa, se advierte lo siguiente: Efectos de la Concesión del Amparo. Cumplimiento a la ejecutoria. La sala responsable deje insubsistente la sentencia reclamada, y emita otra (.). Mediante acuerdo de doce de marzo de dos mil diecinueve, la Sala Regional de Hidalgo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dejó insubsistente la sentencia dictada el trece de julio de dos mil dieciocho, y ordenó girar oficio a este órgano colegiado, con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. .En la que en acatamiento al principio de exhaustividad, proceda al estudio de los conceptos de anulación primero y segundo, contenidos en el escrito de veintidós de enero de dos mil dieciocho intitulado "Ampliación de demanda Ad Cautelam en tanto se resuelva el recurso de reclamación", para resolver lo que en derecho corresponda sobre la causal de improcedencia planteada por la autoridad demandada. En la resolución dictada el doce de marzo de dos mil diecinueve, en la materia de concesión, realizó lo siguiente: .TERCERO. En acatamiento a la ejecutoria del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, por ser la procedencia del juicio de amparo un presupuesto procesal de necesaria revisión, este cuerpo colegiado se adentra al análisis de la ÚNICA causa de improcedencia invocada por la Administradora Desconcentrada Jurídica de Puebla "2" del Servicio de Administración Tributaria, en su oficio de contestación de demanda, en la que sustancialmente sostiene que procede el sobreseimiento de juicio, en virtud de que la resolución impugnada en este juicio fue notificada al actor el ocho de mayo de dos mil diecisiete(...). Al formular su ampliación de demanda mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes de la Sala Regional de Hidalgo.la parte actora contraviene las constancias de notificación traídas a juicio por la autoridad demandada aduciendo en sus conceptos de impugnación PRIMERO Y SEGUNDO(.). A juicio de los suscritos magistrados que integran esta Sala Regional de Hidalgo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, teniendo a la vista las constancias que integran el expediente que se resuelve, estiman infundados los argumentos del actor y, por ende, fundada la causal invocada por la autoridad [.]. Una vez contándose con esos documentos, este Tribunal a la luz de lo dispuesto en la fracción III (.) debe imponerse de los conceptos de impugnación que se expresen en contra de la notificación pues, de ser ilegales los actos noticieros se tendrá por conocedor al demandante en la fecha en que este Tribunal se los haya dado a conocer.- - -Así, se tiene que las formas en que las autoridades hacendarias deben efectuar sus notificaciones las encontramos en el artículo 134 del Código Fiscal de la Federación(.). De conformidad con el ordinal reproducido, las notificaciones de los actos administrativos, se deberán efectuar: (.) c) Por estrados, cuando la persona a quien deba notificarse no sea localizable en el domicilio que haya señalado para efectos del registro federal de contribuyentes, se ignore su domicilio o el de su representante, desaparezca, (.). De lo anterior se corrobora que contrario a lo aseverado por la parte actora, el acta de asunto no diligenciado de seis de marzo de dos mil diecisiete, sí se apegó a los lineamientos que para las notificaciones se establecen en los artículos 134, fraccion I y 137, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación (.). Por cuanto que la diligenciadora, sí circunstanció debidamente la diligencia, toda vez que en el caso precisó que se constituyó en el domicilio respectivo; que requirió la presencia de la persona a notificar y que la persona que lo atendió manifestó que no lo conocía y que ese no era su domicilio, hecho que el notificador corroboró preguntando por el contribuyente en dos negocios próximos al domicilio en donde las personas que atendieron al notificador, señalaron que tampoco lo conocían y que por tanto no sabían donde localizarlo. Con lo anterior, se corrobora que el acta de asunto no diligenciado (.), cumple con lo dispuesto en el artículo 137, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación (.). Del precepto legal citado, se precisa que es necesario se asienten en las constancias, el procedimiento que demuestre la forma en que se practicó toda la diligencia de notificación, requisito que se debe satisfacer para que una notificación se considere legalmente realizada (.). Ahora bien, en cuanto a los argumentos del actor en los que se duele de que en el acta circunstanciada (.) no precisa que el tercero con el que se entendió la diligencia se encontraba en el domicilio devienen infundados (.). Una vez analizadas las constancias de notificación, esta Sala Juzgadora concluye que, de conformidad con la Jurisprudencia 2ª./.J.82/2009 (.), en el caso a estudio encuadra dentro del supuesto descrito en el numeral 2) (.) toda vez que el tercero con quien se entendió las diligencias no se identificó, sin embargo, los elementos asentados en dichos actos noticieros brindan certeza de que la diligencia se practicó en el domicilio correcto. Asimismo, contrario a lo pretendido por el impetrante, no es requisito de las diligencias de notificación el que los notificadores se cercioren o se aseguren de la honorabilidad de las personas con quienes se entrevistan, y menos aún el cerciorarse de que son personas dignas de confianza, pues por una parte, no es requisito exigido (.). En conclusión, no existe motivo legal alguno para considerar como inviable un testimonio, por el hecho de que sea una persona ajena al contribuyente hoy actor (.). Tampoco asiste razón al actor cuando afirma que no se especifica cómo se cercioró la diligenciadora de que se encontraba en el domicilio correcto, pues del acta (.) se desprende que la notificadora hizo constar que se cercioró del domicilio ".ya que éste coincide con el último domicilio fiscal señalado por el contribuyente (.) además de coincidir con el domicilio señalado en el oficio (.), mismo domicilio que ostenta los siguientes datos externos: el domicilio fiscal se ubica, sobre la avenida Prof. Eduardo Vera Gutiérrez, entre las calles Centenario y Erasmo Cerón, se trata de un inmueble de aproximadamente 70 metros de largo por 120 metros de ancho, bardeado, la mitad con piedra y el otro tanto con malla ciclónica, la cual se encuentra tapada con láminas de asbesto.", así como por el dicho de ".una persona del sexo masculino que venía caminando dentro del inmueble, quien se asomó." (.). Circunstancias que conlleva a considerar que la notificadora efectivamente se constituyó en el domicilio del gobernado, dado que además de ello, en la diligencia se asentó que la persona que en ese momento rentaba el inmueble manifestó que era el domicilio correcto y que no conocía al actor, por lo que existe certeza de que el domicilio en el que constituyó la notificadora corresponde a aquel que el enjuiciante manifestó como su domicilio fiscal (.). Ahora bien, resulta insuficiente que el actor aduzca que la notificadora no se cercioró de encontrarse en el interior "B" del número 1170, para estimar como ilegal la motivación (.), pues del acta de asunto no diligenciado (.), se advierte claramente que no se le permitió el ingreso a la notificadora (.). De ahí, que resulte innecesario que la notificadora se constituyó en algún interior del inmueble, pues no está facultada para obligar a los particulares a permitirle el acceso a los inmuebles. De igual forma resulta infundado el argumento del actor en el que alega que el notificador no circunstanció la forma en la que se cercioró de que el contribuyente o su representante legal no se encontraban en el domicilio fiscal manifestado ante el Registro Federal de Contribuyentes (.). En ese orden de ideas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, si bien es obligación de la autoridad seguir el procedimiento establecido en dicho numeral, es al contribuyente al que le corresponde probar que en el domicilio donde se intentó llevar a cabo la diligencia de notificación, sí era localizable en la fecha en que se practicó la misma, lo que no se prueba con la mera afirmación de que en fecha distinta sí podía ser localizable, pues, se insiste, existe la posibilidad de que las circunstancias hayan cambiado (.). Ahora bien, contrario a lo afirmado por el impetrante la notificadora, en el acta de asunto no diligenciado (.), sí estableció con claridad y precisión que efectivamente se constituyó en el domicilio, la hora y la fecha en que se practicó la diligencia y los datos necesarios que revelen que desarrolló todas las gestiones necesarias para indagar y constatar que la persona buscada no fue localizada, así como la forma en que se percató de que en ese domicilio no era posible localizar al contribuyente (.). De igual forma, es inexacto lo aducido por el impetrante en el sentido de que el notificador no se cercioró de que las personas habitaran cotidianamente en el lugar; pues como se dijo con antelación los notificadores no se encuentran obligados a cerciorarse de la identidad de las personas que los atienden, en primera, porque no es un requisito que en materia de notificaciones personales exija ya sea el artículo 134, fracción I o el diverso 137 del Código Fiscal de la Federación, razón por la cual si la notificadora (.) asentó que la persona con la que atendió la diligencia (.) y que aquellas que entrevistó con posterioridad (vecina y transeúnte) se negaron a identificarse, a señalar su nombre, es suficiente para evidenciar que en el mismo el hoy actor no puede ser localizado (.). Asimismo, en lo que toca al argumento de la parte actora, en el que se duele que en el acta (.), no se precisa si las personas a las que la notificadora cuestionó sobre la localización del hoy actor, se encuentran de forma regular o eventual en los lugares, es infundado, porque si bien no señaló el nombre de las personas a quienes les preguntó, es también verídico que tal circunstancia se debió a que dichas personas se negaron a proporcionar su nombre e identificación, por lo que la notificadora no se encontraba obligada a asentar el nombre de las personas, si las mismas se negaron a proporcionárselos, así también, es inexacto por la parte actora en el sentido de que dicha diligenciataria no asentó las características de las personas a las que preguntó, dado que de la simple lectura que se hace al acta de asunto no diligenciado (.), se evidencia que el notificador señaló que la persona que la atendió en el domicilio no quiso identificarse, (.). Cabe precisar que si bien es cierto, las personas a las que el notificador preguntó por el contribuyente buscado se negaron a identificarse (.), ello no le resta legalidad a la diligencia de análisis, pues el notificador asentó en el acta la media filiación de cada una de las personas, lo que resulta legal, pues el notificador no puede obligar a las personas a identificarse sí estas no lo hacen en forma voluntaria a petición del diligenciario, máxime si las mismas no guardan ningún tipo de relación con la persona a notificar. En esta guisa, cabe puntualizar que el objeto del acta (.), era identificar si el hoy actor, era localizable en el domicilio (.), para lo cual, resulta suficiente que la notificadora haya preguntado en el lugar cercano como lo es el inmueble de enfrente (.), y además si el notificador acudió a preguntar a lugares cercanos al domicilio del contribuyente buscado, fue para corroborar que lo dicho por la persona que se encontraba en el domicilio en donde se pretendió realizar la diligencia de notificación era verídico, lo que implica que no puede y mucho menos debe cuestionar a terceros ajenos al contribuyente buscado, sobre las actividades que realizan o la razón por la que se encuentran en sus domicilios, pues no guardan ninguna relación con el contribuyente ni el acto a notificar es de su interés, de ahí que resulta excesivo obligar al notificador a cuestionarlos sobre sus actividades. En el mismo sentido contrario a lo aseverado por el actor, la notificadora no está obligada a preguntar en los lotes contiguos (.), máxime que en el caso según se observa del acta (.), el inmueble del lado izquierdo se trata de un terreno baldío, y el que se encuentra del lado derecho es un inmueble tipo fábrica (.). De ahí que contrario a lo expuesto por el accionante, por una parte el notificador no podía acudir a preguntar a un lote baldío, porque justamente no sería atendido y en el lado derecho al parecer se trata de un inmueble abandonado, al que la notificadora acudió a tocar sin que fuese atendida. Por otro lado el actor pierde de vista que independientemente de la forma en que la notificadora haya tocado la puerta, que dicho sea de paso, indicó que se ayudó de una piedra (.), en el domicilio (.), fue atendida por una persona, es decir, sí se entrevistó con alguien que se encontraba en el interior del domicilio (.),y que además manifestó desconocer al accionante, porque contrario a lo apreciado por el actor, en el caso, el acta en análisis se encuentra debida y suficientemente circunstanciada (.). Por último, no pasan desapercibidos por esta juzgadora los argumentos del actor expuestos, en su ampliación de demanda (.), toda vez que el hoy actor omitió en su ampliación de demanda controvertir las constancias de notificación traídas a juicio por la autoridad; pese a que en el escrito inicial, manifestó su desconocimiento y que además se le entregó un juego de copias de traslado del expediente administrativo y de los anexos exhibidos por la autoridad demandada en la que obran las referidas documentales (.), en la que consta la entrega al Licenciado Daniel Anaya Arriola, autorizado de la parte actora, la entrega del oficio de contestación de la demanda, copia simple de la resolución 500-46-00-06-01-2017-8382 de seis de marzo de dos mil diecisiete y de los cuatro anexos. Así, toda vez que el actor no desvirtúa la legalidad de las constancias de notificación correspondientes a la resolución contenida en el oficio 500-46-00-06-01-2017-8382 de seis de marzo de dos mil diecisiete que impugna en este juicio, las cuales hacen prueba plena (.), se concluye que el enjuiciante no cumplió con la carga probatoria que le impone el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles (.), para desvirtuar la legalidad de las constancias de notificación de dicho acto impugnado en este juicio (.).Sobre ese tenor de ideas, si la resolución determinante 500-46-00-06-01-2017-8382 de seis de marzo de dos mil diecisiete, fue notificada el ocho de mayo de dos mil diecisiete, entonces, tal notificación surtió sus efectos al día hábil siguiente, mientras que la demanda de nulidad fue promovida hasta el día veintidós de septiembre de dos mil diecisiete, resulta evidente que al día en que se promovió la demanda de nulidad transcurrieron ochenta y cinco días hábiles (.). Por tal motivo, resulta evidente que el actor se excedió del término de treinta días a que refiere el artículo 13, fracción I, inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para interponer demanda de nulidad ante este Tribunal (.). Por lo anterior, se considera que se actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento contempladas en los artículos 8, fracción IV, último párrafo y 9, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, procediendo decretar el sobreseimiento del presente juicio, toda vez que la multicitada resolución determinante impugnada por el actor, fue consentida por él, al no haber interpuesto dentro del término de ley, la demanda de nulidad. Por lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, el Magistrado Presidente de este Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, declara cumplida la ejecutoria de amparo, sin que se advierta exceso o defecto en la emisión de la nueva sentencia, toda vez que la responsable se apegó a lo estrictamente establecido en dicha ejecutoria. Consecuentemente, hágase del conocimiento de la parte quejosa y terceros interesados este proveído para los efectos de la fracción I del artículo 201 de la Ley de Amparo y, en su caso una vez transcurrido el término de quince días a que se refiere el numeral 202, primer párrafo del mismo ordenamiento, archívese el expediente como asunto concluido.

  4. Juicio de Amparo Directo

    Visto el oficio de cuenta, mediante el cual, se acusa recibo del diverso 41/2019, así como de las constancias que se enviaron; e informa que dejó insubsistente la sentencia de trece de julio del año próximo pasado; asimismo remite copia certificada de la sentencia de doce de marzo de dos mil diecinueve, dictada en el juicio de nulidad 1867/17-27-01-2, con la que dice dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo en que se actúa. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista al quejoso, así como a las autoridades interesadas, con copia de la referida sentencia, por el plazo de diez días, contado a partir del día siguiente en el que surta efectos la notificación de este acuerdo, para que expresen lo que a su derecho convenga en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; apercibidos que de ser omisos, este tribunal determinará lo procedente.

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