Antonio Martinez Valencia
Expediente 1593/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1593/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Antonio Martinez Valencia
Actuaciones
- Principal
Mexicali, Baja California, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que no se interpuso recurso de queja contra el auto de siete de octubre del presente año, en el cual se desechó la demanda de amparo promovida por Antonio Martínez Valencia, contra actos de los Magistrados de la Tercera Sala Penal del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad. En consecuencia, se declara que queda firme dicho auto, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo en relación con el artículo 97, fracción I, inciso a), del mismo ordenamiento legal. Atento a lo anterior, bajo la supervisión del Secretario encargado del trámite, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívese como asunto totalmente concluido. Por último, con fundamento en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, hágase constar que el presente expediente no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos contemplados en el numeral 15 del citado acuerdo y es susceptible de destrucción, conforme a lo dispuesto en el artículo 21, fracción b), del mismo ordenamiento. Notifíquese.
- Principal
Mexicali, Baja California, siete de octubre de dos mil veintidós. Demanda Vista la demanda de amparo promovida por Antonio Martínez Valencia, contra actos de los Magistrados de la Tercera Sala Penal del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 1593/2022-5. Desechamiento Ahora, es oportuno señalar que la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad a efecto de determinar con exactitud la pretensión de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. En torno a ello es aplicable la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo XI, abril de 2000, página 32 (registro 192097), que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese orden, la lectura de la demanda de amparo permite colegir que la acción de amparo se plantea respecto de la resolución de uno de septiembre de dos mil veintidós, dictada por los Magistrados Integrantes de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dentro del toca penal N-0303/2022 en la que se confirma en apelación la resolución del Juez de Control del Partido Judicial de Mexicali dentro de la causa penal 977/2020, con número único de caso 0202-2019-27811, en la que excluyó dos testimonios ofrecidos por el Agente del Ministerio Público y Asesor Jurídico de la parte ofendida, dentro de la audiencia intermedia. Desechamiento Puntualizado lo anterior, se estima que en el caso sobreviene de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, del propio ordenamiento legal, teniendo en cuenta que el acto reclamado, no es de aquellos que tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo por vía indirecta. Los invocados numerales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" La aplicación sistemática de las porciones normativas trascritas hace patente la improcedencia del juicio de amparo en vía biinstancial, tratándose de actos que no tengan una incidencia de imposible reparación sobre los derechos fundamentales reconocidos al gobernado tanto en la Constitución Federal como en tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano. De manera que la procedencia del medio de control constitucional por vía indirecta, conforme la legislación vigente al juicio de amparo, debe partir de que para ello se colme el requisito ineludible de afectación directa e inminente a derechos fundamentales o sustantivos tales como el patrimonio, la vida, posesión o libertad entre otros, y que no sea susceptible de ser reparado aún si la parte a quien se lesiona o afecta la esfera jurídica obtuviera resolución favorable a sus intereses. Cabe abundar que la distinción entre un derecho sustantivo y uno de carácter adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versa en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. Así, el amparo indirecto no procede cuando se trata de cuestiones adjetivas reparables; es decir, respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener una sentencia favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar lesión en su esfera jurídica. Al respecto, cobra vigencia el criterio contenido en la tesis 2a. XLVIII/2015 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 19, junio de 2015, tomo I, Décima Época, página 1070 (registro 2009478), que establece: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE LOS DEFINE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD POR LO QUE SE REFIERE AL DERECHO AL RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. La porción referida no eliminó un derecho ni restringió el nivel de protección alcanzado en la regulación de la Ley de Amparo abrogada, debido a que en ésta no se reconocía expresamente la posibilidad de que dentro de los "actos de imposible reparación" se entendiera a los procesales que afectan en grado predominante o superior, ya que ni siquiera existía disposición alguna que definiera ese concepto para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, antes bien constituía un aspecto indeterminado. Y aun cuando la Ley de Amparo vigente, construida bajo un nuevo esquema de protección a los derechos humanos, en su artículo 107, fracción V, define lo que debe entenderse por tal enunciado, ello responde a un rediseño del juicio de amparo que permite al gobernado controvertir, a través de la vía indirecta, únicamente los actos cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente, dejando para la directa los actos que impliquen alguna violación procesal, con el fin de consolidar la efectividad de la institución del juicio de amparo y evitar el abuso de su promoción con el consecuente retraso u obstaculización del dictado de la resolución de fondo del asunto de origen." Bajo ese contexto normativo, como se adelantó, la demanda de amparo deviene improcedente toda vez que el acto que a través de ella se reclama no incide ni tiene repercusión inminente o directa sobre derecho fundamental alguno reconocido en favor de la parte quejosa, ya sea en la Carta Magna o en convención internacional adoptada como parte del bloque de constitucionalidad. Por el contrario, la resolución reclamada de uno de septiembre de dos mil veintidós, dictada por los Magistrados Integrantes de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dentro del toca penal N-0303/2022 en la que se confirma en apelación la resolución del Juez de Control del Partido Judicial de Mexicali dentro de la causa penal 977/2020, con número único de caso 0202-2019-27811, en la que excluyó dos testimonios ofrecidos por el Agente del Ministerio Público y Asesor Jurídico de la parte ofendida, dentro de la audiencia intermedia, solo tiene efectos intraprocesales, sólo trasciende a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, por lo que hasta este momento es inconcuso que no causa afectación sobre derecho fundamental alguno, dado que se trata de un acto de índole adjetiva -intraprocesal- que sirve como herramienta para formar el plexo probatorio que será discutido y valorado en el juicio oral (mediante la exclusión o no inclusión de algunos medios de prueba), de ahí que de ser detenido por la procedencia del amparo indirecto trastocaría de manera desnaturalizante los principios del proceso penal de corte acusatorio que llaman al equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la eficacia en la resolución de los procesos. Aunado a lo anterior, de resultar ilegal dicho exclusión reclamado, puede enmendarse con posterioridad, ya sea porque se obtenga una sentencia favorable a la parte quejosa; por tanto, dichas violaciones residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal. De ese modo, para efectos de la procedencia de este juicio que se pretende, el auto que se reclama únicamente produce efectos intraprocesales, lo que hace inviable admitir a trámite la demandada de amparo pues, se insiste, no se configura la afectación a derecho fundamental. En consecuencia, como se adelantó, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 107, fracción V de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, se desecha de plano la demanda que se trata, conforme a lo dispuesto por el artículo 113 del mismo ordenamiento legal. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 23/2021 (11a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 8, Diciembre de 2021, Tomo II, página 1319, Registro digital 2023906, Undécima Época, de rubro y texto: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DERIVADO DE UN PROCESO PENAL ACUSATORIO. POR REGLA GENERAL ES IMPROCEDENTE, EN CONTRA DE LA EXCLUSIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito que participaron en la contradicción de tesis, en ejercicio de sus arbitrios judiciales realizaron un análisis interpretativo que los llevó a conclusiones distintas al resolver si la exclusión de medios de prueba en la etapa intermedia -su no admisión en el auto de apertura a juicio- constituye un "acto de imposible reparación" y, por tanto, si es o no procedente el juicio de amparo indirecto en su contra. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, por regla general, debe tenerse por actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, cuando se impugne la exclusión de medios de prueba. Al ser una regla general, no es absoluta, por lo que para que sea procedente, por excepción será necesario que afecte materialmente derechos sustantivos. Justificación: Se arriba a esta conclusión de conformidad con el parámetro legal regulado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, referente a que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de "actos de imposible reparación", entendiéndose por éstos aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos. Para verificar la actualización del parámetro legal en tratándose de la exclusión probatoria, debe partirse de la relación paralela existente entre el proceso penal y el juicio de amparo indirecto. Si bien ambos juicios guardan puntos de toque inexorables, a su vez cada uno corre por cuerda separada y se actualiza a partir de hechos y finalidades generadas en distintos planos. En ese contexto debe ser entendido el acto que excluye pruebas y el auto de apertura a juicio que no las incluye. Éste es un acto de índole adjetiva -intraprocesal- que sirve como herramienta para formar el plexo probatorio que será discutido y valorado en el juicio oral (mediante la exclusión o no inclusión de algunos medios de prueba). Herramienta que está ya protegida de manera sustancial por la normativa procesal y orgánica, y que de ser detenido por la procedencia del amparo indirecto trastocaría de manera desnaturalizante los principios del proceso penal de corte acusatorio que llaman al equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la eficacia en la resolución de los procesos. Además, debe tomarse en consideración que cualquier ilegalidad relacionada con la exclusión del medio de prueba puede enmendarse con posterioridad, bien porque existe otro medio que prueba el mismo hecho, porque no era relevante para la teoría del caso, o bien porque se obtenga una sentencia favorable a la parte quejosa pudiendo ser éste el caso si el Juez o tribunal de juicio oral considera que no se cumple con el estándar de prueba requerido debido a la deficiencia del cúmulo probatorio (generada por la exclusión de medios de prueba). En esa tesitura, el amparo, por regla general, es improcedente. Por tanto, una posible violación a los principios informadores de la prueba en la exclusión de los medios de prueba, como pueden ser los principios que deben regir las audiencias (verbigracia, los principios de contradicción, inmediación, oralidad, igualdad de armas), el principio de necesidad de la prueba, el principio dispositivo, el principio de libertad de la prueba, el de pertenencia, o los de idoneidad y utilidad -por nombrar algunos-, haría improcedente el juicio de amparo indirecto a la luz de la doctrina de "actos de imposible reparación". Lo anterior, pues efectivamente dichas violaciones residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal. Sin embargo, existen supuestos excepcionales en los que, estudiados caso por caso, la exclusión de medios de prueba constituye un "acto de imposible reparación", pues puede implicar cargas injustificadas al imputado, de ejecución inmediata, que trastoquen derechos sustantivos. Escenario en el que el amparo sí debe ser procedente. Domicilio y autorizado. Se tiene a la parte quejosa designando como domicilio procesal el señalado en su escrito de demanda; asimismo, autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Jorge Alberto Caloca Quiroz. Exhortación al uso de medios electrónicos No obstante, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, dada la contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, se exhorta a las partes del que de ser posible realicen las gestiones y solicitudes conducentes con el objeto de que el presente expediente continúe su tramitación mediante el esquema de "juicio en línea", a fin de que puedan promover, consultar y notificarse electrónicamente, es decir, utilizando los medios electrónicos, debido a la situación de emergencia de salud pública por el citado virus. Asimismo, para que propongan formas expeditas de contacto, como números telefónicos, correos electrónicos o servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales sea posible entablar comunicaciones no procesales que serán susceptibles de registro. Habilitación de días y horas inhábiles Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban de realizarse notificaciones personales a las partes, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el diligenciario de la adscripción efectúe las mismas. Transparencia Asimismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 6°, fracción II, y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3° fracción XXI, 5, 73, 113 y 116 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 7°, 20 y 43 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes el derecho que tienen entre otros, a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales (incluidos los sensibles), así como que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información. Aunado a lo anterior, que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos; la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos personales (incluidos los sensibles que puedan contener.
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