Antonio Martínez Sánchez

Expediente 1890/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1890/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
24/10/2022

Partes del expediente

  • Antonio Martínez Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, a veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase rindiendo su informe justificado al Presidente de la Junta Especial Número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite entre otras constancias del laudo dictado en el juicio natural, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes. Ahora bien, de las constancias que adjunta la autoridad responsable al informe de cuenta, se advierte que se actualiza una causa de improcedencia en este juicio. En mérito de lo anterior, en el presente asunto resulta innecesario analizar la constitucionalidad del acto reclamado, ya que no se entrará al estudio de tal cuestión, toda vez que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, con relación al numeral 62, ambos de la Ley de Amparo, lo que constituye una cuestión de orden público y estudio preferente, atento al numeral citado en último término y en la jurisprudencia 814, publicada en la página 553, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, cuyos rubro y texto son los siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". Lo que obliga a sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En efecto, la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [...].". La anterior causa de improcedencia consiste en que el juicio de amparo deviene improcedente cuando el acto de autoridad dejó de producir consecuencias y, por ende, de afectar al gobernado, ya sea porque la autoridad lo revocó o porque el tiempo por el cual ese acto debía crear consecuencias jurídico-fácticas ha transcurrido y, ya no lesiona la esfera jurídica del gobernado. En efecto, la actualización de la causa de improcedencia invocada, se surte en el presente caso, en atención a que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable la omisión de dictar laudo en el juicio laboral 989/2018; y de las constancias allegadas a los autos, se advierte que la junta responsable el veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, emitió la resolución de trato; documental a la cual se le otorga pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser expedida por un funcionario público revestido de fe pública, en uso de las facultades que la ley le concede, dentro de los límites de su competencia. Bajo esa tesitura, es indudable que en la especie han cesado jurídicamente, en forma total e incondicional, los efectos del acto reclamado en estudio, pues si bien es cierto, al momento de la presentación de la demanda de amparo (veintinueve de agosto de dos mil veintidós) la autoridad responsable había sido omisa en dictar el laudo en el juicio laboral de origen, también es verdad, como quedó asentado en el párrafo precedente, que el veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, emitió la resolución de trato, por lo que es procedente determinar que en el caso, cesaron los efectos de la omisión reclamada. Asimismo, la aludida restitución es equivalente a la que hubiese obtenido la parte quejosa en el supuesto de haber conseguido sentencia favorable en el presente juicio de amparo, pues en ese evento se hubiese ordenado a la autoridad responsable que en cumplimiento a la misma, dictara el laudo en el juicio laboral de origen; razón por la cual, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia, con apoyo en los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Por tanto, se ordena dejar sin efecto la fecha y hora señaladas para que tuviera verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo. En mérito de lo anterior, y en cumplimento a lo ordenado en auto de once de abril del año en curso, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara la firmeza del presente proveído. En consecuencia, archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido.

  2. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, veinte de octubre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por recibida la intervención ministerial 547/2022 de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado; sin perjuicio de que se relacione en la audiencia constitucional y al resolver este expediente. Asimismo, una vez que se emita resolución, en su caso, expídasele copia certificada de la misma, como lo solicita, en términos del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la invocada ley.

  3. Principal

    En treinta de agosto de dos mil veintidós, la Secretaria da cuenta al Juez, con la certificación que antecede. Conste. Reynosa, Tamaulipas, treinta de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, de la cual se advierte que a la fecha no se ha logrado la comparecencia de los quejosos directos EVELIN IANNELLY HERNÁNDEZ VILLARREAL y MARIO ALBERTO LICEA JR, a efecto de que ratifiquen la demanda de amparo promovida en su favor por Alberto Licea. Bien, en el caso, resulta oportuno atender el contenido del artículo 15 de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Procurador General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona.". Del precepto transcrito, se evidencia que en caso de que no se logre la comparecencia del quejoso directo, en el juicio de garantías promovido contra los actos previstos por el artículo 15 de la Ley de Amparo, se mandará suspender el procedimiento en lo principal, y se consignarán los hechos al Ministerio Público, y una vez que transcurra el plazo de un año sin que nadie se apersone en representación de éste, se tendrá por no interpuesta la demanda. En la especie, debe decirse que, el dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional dictó providencia suspendiendo el procedimiento en el presente juicio de garantías, atento a que no se había logrado la comparecencia de los quejosos directos y se mandó dar la vista correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, como lo dispone el párrafo cuarto del numeral transcrito, tal y como consta en el sumario. En esa tesitura, en el caso ha transcurrido el término de un año que prevé el párrafo quinto del referido numeral 15 de la ley de la materia, sin que se hubiere logrado la comparecencia de los quejosos directos, o de persona alguna en su representación, no obstante las medidas adoptadas por este juzgado de distrito a efecto de que se ratificara la demanda de garantías que motivó la integración del presente asunto, por tanto, procede levantar la suspensión del procedimiento. En consecuencia, y toda vez que sin la ratificación de la demanda de garantías, no existe la manifestación de voluntad de parte agraviada para la continuación del trámite en el juicio de amparo, que es necesaria para cumplir con el principio de iniciativa de parte o instancia de parte agraviada, que prevé la fracción I, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 6° de la Ley de Amparo, con fundamento en lo establecido en el numeral 15 de la ley de la materia, SE TIENE POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA de que se trata. Finalmente, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado, y en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, ante Nora Hilda Luna Lugo, Secretaria quien autoriza y da fe.

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