Antonio Martínez Ruiz

Expediente 277/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
277/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
07/09/2021

Partes del expediente

  • Antonio Martínez Ruiz

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de septiembre de dos mil veintiuno. Vistos los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que mediante proveído de veintiséis de marzo del año en curso, se desechó la demanda de amparo origen del presente asunto, sin que la parte promovente haya interpuesto recurso de queja, dentro del plazo de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con apoyo en el numeral 288, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia por disposición expresa de su ordinal 2º, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, tomando en consideración que no existen documentos originales exhibidos por las partes por devolver, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 3°, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Con apoyo en el artículo 21 del referido Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que se desechó la demanda de amparo; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en cita; hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Consecuentemente, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del expediente, en términos de los artículos 21, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General antes citado. Para los efectos a que alude el citado Acuerdo General, se instruye al Secretario judicial encargado del presente expediente, a verificar que, tanto en el expediente electrónico generado en el SISE como en el impreso, sea incorporada cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese; y también publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A NOTIFICARSE DENTRO DE LOS DOS DÍAS SIGUIENTES AL EN QUE SE LE DEJÓ AVISO, SE LE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE VEINTISÉIS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, EN EL CUAL SE ACORDÓ: San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de marzo de dos mil veintiuno. I. Recepción de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por Antonio Martínez Ruiz, por propio derecho, contra actos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Vigésimo primero; regístrese en libro de gobierno de este Órgano Jurisdiccional bajo el número 277/2021, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y fórmese el expediente electrónico e impreso respectivo. II. Análisis integral de la demanda de amparo. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". 29/07/21 11:00:06 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.f0.9b JOSE ALFREDO LEON ORTEGADel numeral transcrito en esencia, se aprecia que, es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Lo anterior, conforme a la tesis de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." En ese sentido, del análisis de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa reclama del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Vigésimo primero, lo siguiente: "(.)Se Reclama a la enjuiciada Magistrado del Tribunal agrario del Distrito 21, el acuerdo de fecha Veintitrés de febrero de 2021, emitido en atención a mi escrito de fecha Diecinueve de Febrero de Dos Mil Veintiuno, recibido en fecha Veintitrés de Febrero de Dos Mil Veintiuno, acuerdo mediante el cual en el punto segundo se me dice que se me expide copias certificadas a mi costo (correcto numeral 278 del Código Federal de procedimientos Civiles), y previo pago de derechos (incorrecto), ya que el numeral 5 de la Ley federal de derechos no es aplicable supletoriamente a la ley agraria, acto que se traduce en su negativa de expedir las copias solicitadas y a condicionar la expedición de las mismas.". Asimismo, la parte promovente señaló bajo protesta de decir verdad que la resolución reclamada fue notificada por estrados el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, según se advierte de la página dos de su demanda. Conforme a lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que, con fundamento en lo previsto en los artículos 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda que se atiende. Dichos preceptos legales prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: 29/07/21 11:00:06 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.f0.9b JOSE ALFREDO LEON ORTEGASECCIÓN AMPARO MESA V PRAL. 277/2021. (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinaria en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de legalidad." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De acuerdo con el numeral 61, fracción XIV de la ley en consulta, el juicio constitucional es improcedente en los casos en que se intente fuera de los plazos establecidos en la ley de la materia; supuesto en que los actos serán considerados como tácitamente consentidos. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional, en la presunción de conformidad o asentimiento que se sigue cuando una persona sufre una afectación por un acto de autoridad quien teniendo la posibilidad legal de impugnarlo en el juicio de amparo, dentro de un plazo perentorio determinado, no presenta la demanda en dicho plazo. En ese sentido, de acuerdo a lo establecido en los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo, se logra apreciar que contempla tres supuestos para computar el término de quince días para la presentación de la demanda de 29/07/21 11:00:06 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.f0.9b JOSE ALFREDO LEON ORTEGAamparo, los que son excluyentes entre sí y no guardan orden de preferencia alguno, y son: 1. Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. 2. Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución. 3. Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Asimismo, es el caso que del artículo 17 de la ley de la materia se deduce que el plazo de quince días para promover el juicio de amparo es, por regla general, de quince días, salvo que se reclamen normas generales por su entrada en vigor, el procedimiento de extradición, sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal (en la que se imponga pena de prisión), actos que afecten derechos agrarios y cuando el acto implique privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, destierro, deportación o expulsión, desaparición forzada o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea. En esta instancia constitucional, la parte quejosa reclama acuerdo de fecha veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, emitido en atención a su escrito de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, proveído respecto del cual manifestó bajo protesta de decir verdad, fue notificado por estrados el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. Notificación que surtió sus efectos al día hábil siguiente (uno de marzo de la presente anualidad), de conformidad con el artículo 321 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que dispone lo siguiente: "Toda notificación surtirá sus efectos el día siguiente al en que se practique", de aplicación supletoria a la Ley Agraria, de conformidad con su artículo 167, que establece: "El Código Federal de Procedimientos Civiles es de aplicación supletoria, cuando no exista disposición expresa en esta ley, en lo que fuere indispensable para completar las disposiciones de este Título y que no se opongan directa o indirectamente". Por lo que, para empezar a contar el término con el que cuenta la parte quejosa para la presentación de la demanda de amparo, debe tomarse en cuenta la primera hipótesis prevista en el artículo 18 de la Ley de Amparo, consistente en que el plazo se computara desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. 29/07/21 11:00:06 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.f0.9b JOSE ALFREDO LEON ORTEGASECCIÓN AMPARO MESA V PRAL. 277/2021. Del análisis de lo manifestado por la parte promovente, insístase se aprecia que el acto reclamado fue notificado por estrados desde el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. De ahí que, el término de quince días que establece el trascrito artículo 17 de la Ley de Amparo, para promover la demanda de amparo, transcurrió del dos al veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, descontando los sábados y domingos, así como el quince de marzo de dos mil veintiuno, por ser inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por tanto, si la parte promovente presentó su demanda de amparo, hasta veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, según lo revela el sello de recepción estampado por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en san Bartolo Coyotepec, en el escrito de demanda, se advierte que transcurrió el término señalado por el numeral 17 de la ley de la materia y, por ende, se estima que el puntualizado acto fue tácitamente consentido, actualizándose el supuesto de improcedencia previsto por el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo; en tales condiciones, SE DESECHA DE PLANO POR SER NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de que se trata. III. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, para los casos en los que se deban realizar notificaciones personales, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios, para que el Actuario Judicial adscrito, logre llevarlas a cabo. IV. EXHORTO PARA LA PROMOCIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA. Se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema del juicio e línea, de conformidad con el artículo 28, del "ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19". V. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el que indica, y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Quiroz Cortes, en razón de que sí tiene registrada su cédula profesional en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; de igual forma, se tiene autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a las diversas personas que refiere, por encontrarse en el supuesto contrario. 29/07/21 11:00:06 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.f0.9b JOSE ALFREDO LEON ORTEGAApoya a lo anterior, la Tesis XXI.1o.P.A.50K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 1384, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "PROFESIONALES DEL DERECHO. PARA TENERLOS COMO AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, BASTA QUE HAYAN REGISTRADO DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE GARANTÍAS, LA CÉDULA CORRESPONDIENTE EN EL SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO, ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O JUZGADOS DE DISTRITO". VI. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Se comunica a las partes, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los numerales 1 a 16, 68, 71, 110, y 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 5, fracción XVI, 14 y 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, los diversos 1, 7, 9 y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal), que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en el artículo 110 de la ley Federal citada. En la inteligencia que, de existir alguna oposición expresa a que se publiquen los datos, de conformidad con los artículos 93 y 94 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, dicha oposición, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos del artículo 113 de la mencionada Ley. VI. GRATUIDAD EN EL SERVICIO. Hágase saber a las partes que acorde con el artículo 17 de la Carta Magna, los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Síntesis creada automáticamente desde Determinaciones Judiciales

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