Antonio Martínez Espinoza
Expediente 1373/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1373/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 12/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- Antonio Martínez Espinoza
- Antonio Martínez Espinoza y Otros.
Actuaciones
- Principal
Téngase por recibido el oficio del Actuario adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito con residencia en esta ciudad, por el que remite: a) El testimonio de la resolución pronunciada en sesión de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve dentro del recurso de queja civil 119/2018. Hágase del conocimiento de las partes, acúsese el recibo de estilo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno. De la ejecutoria de cuenta se desprende que el Tribunal Colegiado determinó lo siguiente: "PRIMERO. Se declara infundado el recurso de queja. SEGUNDO. Se confirma el auto recurrido. Notifíquese (.)" En consecuencia, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y envíese al archivo. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina lo siguiente: El expediente principal es destruible de conformidad con lo dispuesto en la fracción I, del artículo vigésimo primero, en razón de que el quince de noviembre de dos mil dieciocho, se desechó la demanda de amparo intentada. Asimismo, se hace constar que no obran documentos originales. Finalmente, de conformidad con el segundo párrafo del punto Décimo Primero, en relación con el último párrafo del punto Vigésimo Primero, ambos del Acuerdo General antes mencionado, al advertirse que el presente juicio no actualiza alguno de los supuestos previstos en el último de los puntos indicados, ni se observa que se trate de archivo de carácter histórico o se haya emitido alguna resolución de trascendencia jurídica, política, social o económica; por tanto, el presente asunto no es de relevancia documental.(II)
- Principal
Agréguese a los autos el oficio 11052/2018 de cuenta, por medio del cual el Actuario Judicial del Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito con residencia en esta ciudad, comunica el contenido del auto de treinta de noviembre de dos mil dieciocho, dictado en el recurso de queja civil 119/2018 del índice de dicho órgano colegiado, que se admite el recurso de queja interpuesto contra el acuerdo de quince de noviembre de dos mil dieciocho, que desechó de plano la demanda de amparo, y se acusa recibo del oficio 597/2018-E, mediante el que se remitió copia certificada de las constancias que integran el presente juicio de amparo.(II)
- Principal
Visto el escrito signado por la autorizada legal del quejoso y éste, mediante el cual interpone recurso de queja contra el auto que desechó de plano la demanda; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 101 de la Ley de Amparo, agréguese a este expediente una de las copias del escrito de agravios que se acompañan y en su oportunidad, remítase al Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito en turno, el original del escrito de agravios, copia certificada de la resolución recurrida, de su notificación, y ríndase el informe de ley correspondiente.(II)
- Principal
Se notifica por lista a los quejosos auto de quince de noviembre de dos mil dieciocho...Vista la demanda de amparo promovida por Antonio Martínez Espinoza, contra actos del Juez Segundo de lo Familiar del Estado; fórmese el expediente impreso y electrónico, asimismo anótese en el libro de gobierno respectivo con el número...- Protección de la privacidad e intimidad del menor- Teniendo en cuenta el interés superior del menor, acorde con el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y considerando el numeral IX de las Directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños, víctimas y testigos de delitos, a efecto de proteger la intimidad y bienestar físico y mental de las menores de edad, y evitar su victimización secundaria, este juzgador adopta las medidas de protección siguientes: 1. Deberá suprimirse de los diversos autos del juicio su nombre, dirección de su domicilio, el de sus padres y de cualquier información que pudiera conducir a su identificación. 2. Se asigna a las citadas menores de edad como seudónimo el de GAMM y MMMM, el cual deberá ser empleado en todas las actuaciones del juicio, precedida de la frase "menores de edad", incluyendo las listas de acuerdos de este juzgado; salvo que sea estrictamente necesario para las partes conocer su nombre. 3. Se prohíbe a las partes en el presente juicio revelen la identidad de las menores de edad que participan en este proceso, así como de la divulgación cualquier otro material o información derivada del mismo juicio, que conduzca a su identificación. -Desechamiento- Ahora bien, el análisis de la demanda, conduce a estimar que se actualiza de manera manifiesta e indudable una causa de improcedencia, que determina el desechamiento de la demanda, en términos del artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del dispositivo transcrito se advierte que el juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se presenta cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia I.1º.A.J/4, de los Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Común, visible en la página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE... En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del Juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En cuanto a la interpretación de los términos "manifiesta" e "indudable", también cobra aplicación la tesis XV.2o.2 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Febrero de 1996, página 403, novena época, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS.... De la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que el quejoso señaló como acto reclamado: ? La resolución de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho emitida en el incidente de regulación de alimentos en el juicio de divorcio 581/2017, del índice del Juzgado Segundo Familiar del Estado, que confirmó la negativa de revocar el proveído de siete de agosto del año en curso, que determinó no ordenar la práctica de exhortos para el desahogo de pruebas fuera de la jurisdicción de ese órgano por haber exhibido en forma extemporánea la garantía correspondiente...Este juzgador considera que respecto del acto reclamado en el presente juicio, se actualiza de manera notoria y manifiesta, la causal de improcedencia, relativa a que el acto reclamado no se trata de un acto en juicio que sea de imposible reparación, prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los numerales 107, fracción V, todos de la Ley de Amparo, los que señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (.)." Del examen relacionado de las disposiciones transcritas, se desprende que cuando se trate de actos dictados en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, procederá el juicio de amparo indirecto. A su vez, que se está en presencia de actos dentro del juicio que sean de imposible reparación, cuando se afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por su parte, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado el citado artículo 107, señalando que ahora el juicio de amparo indirecto sólo procede contra actos dictados dentro de juicio cuando se afecten "materialmente derechos sustantivos", lo que excluye la procedencia del amparo indirecto cuando solo se afecten derechos adjetivos, aun cuando dicha afectación pudiera considerarse en grado predominante o superior. Así se advierte de la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia P./J 37/2014 (10A), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 39, libro 7, junio de 2014, Tomo I, Décima Época, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo título y texto establece: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)... En tal virtud, para analizar si un acto produce consecuencias de imposible reparación dentro del juicio para efectos de decidir la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, el juzgador, de acuerdo con un criterio racional orientado en la jurisprudencia obligatoria emitida sobre el tema por la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe, en primer lugar, discernir si el acto afecta materialmente derechos sustantivos que prevén los derechos humanos contenidos en la Constitución General de la República y en los tratados internacionales; y en segundo término, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de 'sustantivos', expresión opuesta a los derechos de naturaleza 'formal o adjetiva' (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Con base en las anteriores premisas normativas, este juzgador estima que el acto reclamado no puede considerarse como un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, debido a que no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental contenido en la Constitución ni en los tratados Internacionales, sino que la eventual violación de derechos que pudieran producirse únicamente son de carácter formal dentro del proceso del que derivan. Partiendo de esa base, se estima que el acto reclamado no constituye un acto de imposible reparación en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, porque no se actualiza alguno de los supuestos anteriormente citados, es decir, aquél no afecta de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales (vida, integridad personal, libertad, propiedad, etcétera), sino que está relacionada con la prerrogativa contenida en el artículo 355, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, que prevé lo relativo al desahogo de pruebas que requieran practicarse fuera del Estado, sujetándose a los requisitos siguientes: I. Se solicite al ofrecerse las pruebas; II. Que indiquen los nombres y la residencia de los testigos que han de ser examinado, cuando la prueba sea testimonial; III. Que se designe, en caso de ser prueba instrumental, los archivos públicos o particulares donde se hallen los documentos que han de testimoniarse o de presentarse en originales. Asimismo establece el precitado numeral que el juez al calificar la admisibilidad de las pruebas, resolverá sobre la dilación y determinará el monto de la cantidad que el promovente debe depositar para asegurar el pago del máximo de una multa, en caso de no rendirse la pruebas, sin este depósito no surtirá efectos el término otorgado. En ese sentido, en el presente caso, la posible violación procesal no producirá de manera cierta e inmediata una afectación a los derechos fundamentales del quejoso, por lo que la resolución de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho emitida en el incidente de regulación de alimentos definitivos en el juicio de divorcio 581/2017, del índice del Juzgado Segundo Familiar del Estado, que confirmó la negativa de revocar el proveído de siete de agosto del año en curso, que determinó no ordenar la práctica de exhortos para el desahogo de pruebas fuera de la jurisdicción de ese órgano, por haber exhibido en forma extemporánea la garantía correspondiente, por sí mismo no le puede causar afectación y si le llegara a causar, podría desaparecer al obtener un fallo favorable, con lo que desaparecerían fácticamente los efectos de la violación procesal, dejando intacta su esfera jurídica al no alterarse ningún derecho sustantivo; por ende, será hasta que se dicte la resolución definitiva correspondiente en el juicio de origen, cuando pueda apreciarse si el proceder de la responsable vulneró o no las defensas del quejoso y en su caso, si la supuesta violación procesal trascendió al resultado del fallo, mientras tanto la parte quejosa tiene la posibilidad de combatirla conjuntamente con la resolución definitiva que resuelva el juicio, si ésta resultara desfavorable a sus intereses. Se afirma lo anterior, además, pues el acto reclamado al versar esencialmente sobre actos de naturaleza meramente adjetiva, relacionados con el desahogo de pruebas (ratificación de documentos), es decir, se confirmó el auto que determinó no ordenar la práctica de los exhortos previamente admitidos para el desahogo de esas pruebas, porque el quejoso exhibió de manera extemporánea el depósito que alude el artículo 355, último párrafo, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, por lo que se insiste no afecta de manera directa e inmediata los derechos fundamentales de la parte quejosa. Esto último es así, porque para que la afectación a derechos sustantivos se actualice, respecto de actos en juicio de imposible reparación, debe ser de manera evidente e inmediata, es decir que la afectación a los derechos sustantivos, verbigracia, libertad de trabajo, libertad personal, seguridad jurídica, legalidad, etcétera, deben verse afectados inmediatamente con el acto de autoridad, lo que en el caso no acontece, porque el acto que se reclama no está dirigido a afectar de manera directa ni inmediata alguna de las libertades del quejoso, sino que se trata de medidas procesales que permiten darle cause al juicio en el que se emitieron, de tal forma que tales actos no inciden en la esfera de derechos sustantivos del quejoso, sino que se erigen, como se ha insistido, en eventuales afectaciones procesales que de trascender en el resultado del procedimiento del que derivan, la quejosa estará en aptitud de reclamarlos como violaciones procesales. De lo anterior se sigue, que cuando un particular -como en el caso del quejoso- se duele de una afectación cometida dentro de un procedimiento formal o materialmente jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 14 y 16 de la Ley Suprema, los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una acción autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, que pretenda privarlo de dichos derechos, sino que se da justamente dentro del mismo. Ello, pese a que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa. Sin embargo, debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. En suma, si los actos que reclama no afectan sus derechos sustantivos, sino que se trata de actos procesales susceptibles de ser reparados por diversa vía constitucional, así como que no se trata de persona extraña al procedimiento de origen; por lo que subsiste la posibilidad de que la parte promovente del amparo obtenga satisfecha su pretensión de en caso de una resolución favorable a sus intereses en el procedimiento del que deriva el acto, o en su defecto, que haga valer las violaciones procesales que estima existentes al impugnar la resolución definitiva en el incidente. En las relatadas consideraciones, se impone desechar de plano la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. -Domicilio- Por otra parte, de conformidad con el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisa en su demanda de amparo. -Autorizados- Téngase como autorizados legales en términos del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, a Anette Alejandra Mejía Cerdio y María Guadalupe Macías Hernández, por haber acreditado encontrarse legalmente autorizadas para ejercer la profesión de licenciadas en derecho o abogadas, conforme al sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se tiene como autorizado únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, a Oscar Andrés Santana Ibarra, toda vez que no acreditó los extremos del párrafo anterior. -Habilitación de horas- Con apoyo en el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de la materia, este Juzgado habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación de este expediente. -Información reservada o confidencial- En caso de que las partes exhiban información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, exponiendo las razones por las que le hayan otorgado dicha clasificación, lo anterior sin perjuicio de que sean considerados como sujetos obligados, de conformidad con el artículo 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. -Consulta vía internet- De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, comuníquese a las partes que podrán consultar este expediente vía electrónica, previo trámite que al efecto realicen en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Del mismo modo, se les hace saber que podrán recibir notificaciones vía electrónica, previa manifestación expresa que al efecto realicen a este tribunal; solicitud que podrá ser revocada, si así lo manifiestan. -Transparencia- Finalmente, con fundamento en el artículo 1° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con el artículo 73, fracción II, y así como 73, fracción II, 111, 116 y Tercero Transitorio, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes que las resoluciones públicas que se dicten en el presente asunto, se publicarán con la supresión de sus datos personales, salvo que medie consentimiento expreso por escrito, de conformidad con el último párrafo del artículo 68 de la citada Ley General...(II)
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