Antonio Martinez Calderon
Expediente 150/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 22 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 150/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 09/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Antonio Martinez Calderon
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Vistos los presentes autos y en especial la certificación que antecede, de la cual se desprende que a la fecha ha transcurrido el término de tres días hábiles concedido a la parte quejosa en proveído de veintiocho de noviembre del presente año, para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo, por parte del Magistrado Propietario de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, sin que hubiese hecho manifestación alguna. Por tanto, esta Juzgadora Federal procede a pronunciarse respecto de dicho cumplimiento, conforme lo establece el artículo 196 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis jurisprudencial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a./J.26/2000, consultable en la página 242 del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de marzo de 2000, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". Así, se tiene que el treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la cual se resolvió: ".ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***, contra los actos y autoridades que precisados quedaron en el considerando segundo, por los motivos señalados en el último considerando de esta sentencia." (foja 158 frente). Inconforme con dicha determinación el autorizado de la parte quejosa, interpuso recurso de revisión, el cual correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, quien en resolución de treinta de octubre de dos mil diecinueve, revocó dicha resolución respecto del acto reclamado al Magistrado responsable, consistente en la resolución de siete de febrero de dos mil diecinueve, dictada en el toca penal ***, para los efectos precisados en la sentencia recurrida. Por lo que en fecha trece de noviembre de dos mil diecinueve, se requirió al Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en Guanajuato, a fin de que dieran cumplimento a la citada ejecutoria. Motivo por el cual el citado magistrado envío oficio registrado bajo el número ***, mediante el cual informa remite copia certificada de la resolución de fecha veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, cuyos puntos resolutivos quedaron como sigue: "PRIMERO. Se deja insubsistente la resolución pronunciada por esta Novena Sala Penal, de fecha siete de febrero del año dos mil diecinueve, la cual constituyó el acto reclamado. SEGUNDO. Esta Novena Sala Penal para la aplicación del sistema penal acusatorio y oral, resultó jurídicamente competente para conocer y resolver el recurso de apelación planteado por el licenciado Ignacio Figueroa Escoto, Agente del Ministerio Público. TERCERO. Resultaron infundados y en esa misma medidas inoperantes los conceptos de agravio hechos valer por el Ministerio Público, por lo que se confirma la sentencia absolutoria del nueve de noviembre de dos mil dieciocho, dictada por el licenciado José Luis Argüello Uribe, Juez Penal de Oralidad de la Tercera Región del Estado, de la base Uriangato que pertenece a la sede de Acámbaro, Guanajuato, dentro de la causa penal número ***, que se siguió en contra de *** e ***, por el delito de homicidio calificado en agravio de quien en vida respondiera al nombre de ***. CUARTO. Remítase copia certificada de esta resolución al Tribunal de Origen, por conducto del Sistema de Gestión de Segunda Instancia, para que se proceda a dar cumplimiento de inmediato a lo aquí resuelto. Y, con fundamento en lo que disponen los artículos 82, 84 y 86 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se ordena notificar la presente resolución a las partes...". En base a lo anterior, este Órgano de Control Constitucional estima que el Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en Guanajuato, dejó insubsistente la resolución dictada el siete de febrero de dos mil diecinueve, dictando una nueva el veintidós de noviembre del presente año. Por tanto de conformidad con el artículo 196, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación CXIV/97, consultable en la página 414 del Tomo VI, octubre de 1997, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito, que es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentas las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como debido, exacto, cabal y otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la y incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación que en el supuesto de que se declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." En consecuencia, una vez que transcurra el término a que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 214 de la misma, se ordena archivar el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este Juzgado Federal. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Toda vez que en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la justicia de la Unión a la parte quejosa, será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordeno su archivo. En relación al cuaderno original del incidente de suspensión, será susceptible de DEPURACIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, toda vez que se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, por lo que se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el manual para la organización de archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicados en diciembre de 2012; por tanto, mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. Atendiendo a punto vigésimo, fracción III del Acuerdo General conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses. Finalmente, se hace del conocimiento a las partes para los fines conducentes, que a partir del uno de diciembre de dos mil diecinueve, la nueva Titular de este Órgano de Control Constitucional es la jueza ***, conforme al oficio ***, de trece de noviembre de dos mil diecinueve, firmando el Secretario Técnico de la Comisión de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal
- Principal
Por recibido el oficio signado por el Magistrado Propietario de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en Guanajuato, por medio del cual rinde su informe de cumplimiento en relación a la ejecutoria decretada en el presente juicio, anexando las constancias respectivas para acreditar su dicho. Por tanto, previamente a tener o no a las referida autoridad, por cumpliendo con el fallo protector emitido en el presente Juicio de Amparo, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el contenido del informe de cumplimiento de cuenta, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente hábil al en que surta efectos la notificación del presente auto, manifieste lo que a sus intereses convenga.
- Principal
Agréguese para que obre como corresponda el oficio signado por la encargada de Sala del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, con sede en Acámbaro, Guanajuato, por medio del cual acusa recibo del oficio 16757/2019-II.1 del índice de este órgano jurisdiccional, con el que se le notificó la ejecutoria pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, y se le devolvieron diez discos de video digital.
- Principal
Por recibido el oficio de cuenta signado por el secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, mediante el cual devuelve un tomo de prueba, diez discos de video digital, y los autos originales del juicio de amparo número 150/2019-II.1 y su acumulado 151/2019-III.1, del índice de este Juzgado Federal, promovido por ***, por medio del cual remite copia certificada de la resolución emitida el treinta de octubre de dos mil diecinueve, en el amparo en revisión 232/2019, cuyos puntos resolutivos son los siguientes: PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. Para los efectos precisados en el último considerando de esta ejecutoria, la justicia de la unión ampara y protege a Antonio Martínez Calderón e Iván Francisco Rodríguez Alcantar, contra los actos y autoridades que quedaron precisados en el punto primero de antecedentes de esta sentencia. Acúsese recibo de estilo, glósese el cuadernillo de antecedentes respectivo y háganse las anotaciones correspondientes en el libro condigno. Notifíquese a las autoridades responsables en términos del artículo 28, fracción II, de la Ley de Amparo, para lo cual se le envía copia del testimonio emitido por la superioridad. Luego, en acatamiento a la determinación emitida por la autoridad oficiante, el cumplimiento deberá consistir en los términos precisados en el último considerando de la resolución ejecutoria pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, esto es: Motivo por lo cual, lo conducente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a ***, para el efecto de que el magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, deje insubsistente la resolución de siete de febrero de dos mil diecinueve, que ordenó la reposición total de la audiencia de debate relativa a la causa penal ***, y emita otra en la que al analizar los agravios de índole procesal que hizo valer la fiscalía recurrente, específicamente, en lo atinente al llamado a la víctima indirecta *** a hacerse presente en la audiencia de debate (con ese carácter de víctima), prescinda del argumento de que el tribunal faltó a su obligación de notificarla ( pues como se vio, dicha omisión no aconteció). Hecho esto, resuelva la totalidad del recurso con libertad de jurisdicción. Sin que resulte factible para este tribunal colegiado pronunciarse en torno a los acontecimientos de la audiencia de debate y posteriores a la supuesta violación destacada (acontecida en la parte inicial de la diligencia cuando se individualizaron a los comparecientes, y previamente a decretar el inicio del debate), pues el criterio adoptado por la responsable se ciñó de manera muy concreta a lo sucedido en ese lapso; lo cual implica que dicho tribunal de apelación aún puede tomar postura en cuanto al agravio esgrimido por el fiscal recurrente, tomando como base acontecimientos posteriores a dicho momento en particular. Sin que desde luego ello implique decantarse por algún sentido en particular, sino que en dicha tarea corresponderá al tribunal responsable en pleno uso de su jurisdicción. Concesión que además debe hacerse extensiva a los actos de ejecución, al no combatirse por vicios propios. Por tanto, con fundamento en los artículos 192 y 193 ambos de la Ley de Amparo actual, requiérase al Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en Guanajuato, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, dé cumplimiento a la presente ejecutoria, y una vez hecho lo anterior, remita a este Órgano de Control Constitucional, las constancias que acrediten lo anterior. En el entendido de que en caso de no cumplir con dicho mandato sin causa justificada, o no exponer motivo legal que le impida hacerlo o bien acredite que se encuentra en vías de cumplimiento, dentro del lapso concedido para dicho efecto, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego, aunado a que se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación de la autoridad contumaz. Ahora bien, dado que el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con sede en capital del mismo nombre, ha informado a este Juzgado Federal, que no es Superior Jerárquico de los Jueces de Partido y Salas del Supremo Tribunal de Justicia, ya que dichas autoridades jurisdiccionales gozan de autonomía e independencia en su actuar. Envíesele copia del presente acuerdo para su conocimiento, en atención a su calidad de Órgano Administrativo de vigilancia y adscripción. Por último, toda vez que resulta innecesaria la retención de las copias certificadas del toca ***, del índice de la autoridad responsable Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en Guanajuato (constante de un tomo); así como diez discos de video digital remitidos por el Juez de Control Oral en Materia Penal de la Tercera Región del Estado, con sede en Acámbaro, actuando en la base de Uriangato; los cuales se ordena devolver a su lugar de origen, para los fines legales conducentes, solicitándoles el acuse de recibo correspondiente.
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