Antonio Mario Dávila Villar

Expediente 1722/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 19 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
1722/2017
Año
2017
Actuaciones
19
Última actuación
01/12/2020

Partes del expediente

  • Antonio Mario Dávila Villar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, a uno de diciembre de dos mil veinte. Circular. Vista la circular número SECNO/23/2020, de la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, aparece que la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en respuesta al índice de contagios de la enfermedad provocada por el virus SARS-CoV2, adoptó diversas medidas en relación con los órganos jurisdiccionales del Octavo Circuito, con residencia en el Estado de Coahuila, entre las cuales destaca la suspensión temporal de los plazos y términos procesales, por un lapso de catorce días comprendido del veintiocho de octubre al diez de noviembre de dos mil veinte. Documento que constituye un hecho notorio para este juzgado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Reactivación. Ahora bien, en virtud de que concluyó la vigencia de la medida en cuestión, cuyas consecuencias implicaron la suspensión temporal del presente juicio de amparo, entre el periodo antes mencionado; por tanto, en cumplimiento a los lineamientos que se precisan en la mencionada circular, concretamente en el punto décimo primero, se reanudan los plazos y términos procesales, conforme a las condiciones previstas en los artículos 2 y 32 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Comunicación a las partes. En virtud de lo anterior, comuníquese a las partes que se reactiva la recepción, radicación y tramitación de promociones presentadas físicamente, así como el desahogo de diligencias que requieran la presencia de los interesados, aunque con ciertas medidas que prevé el mencionado acuerdo para controlar la presencia física en los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, lo que, desde luego, deriva de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2. Asimismo, se les informa que los plazos únicamente se suspendieron y no se interrumpieron, de manera que, el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Inconformidad. Visto lo de cuenta, se tiene que ya transcurrió el término legal previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la resolución en la que se dilucidó en torno al cumplimiento del fallo protector, por lo cual lo conducente en el caso es declarar que ha quedado consentida para todos los efectos legales. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de depuración, conforme al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Incidente. No se solicitó. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Archivo. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.

  2. Principal

    Estado de autos. Visto el estado de autos, del cual se advierte que transcurrió el plazo de tres días, concedido a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, por el Administrador Local de Recaudación de esta ciudad, sin que lo hiciera; por tanto, este órgano jurisdiccional, de oficio, se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria, tomando en consideración, en su caso, las constancias que obran en autos. Efectos de la sentencia. Previo al análisis del cumplimiento dado por la autoridad responsable, es necesario establecer que los efectos y alcances de la ejecutoria de amparo fueron los siguientes: "1. Desincorpore de la esfera jurídica del quejoso, los artículos 79, fracción II, 79-A, 82, fracción IV y 82-A, todos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza. 2. En relación a los actos de aplicación de los ordinales 79, fracción II y 79-A, ambos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, contenidos en el recibo oficial con número de referencia 759090654, se devuelvan al quejoso las cantidades realmente erogadas por haber sido beneficiario de subsidio, a las cuales se deberá restar la cantidad fija mínima a pagar por el concepto de inscripción de documento en el Registro Público de la Propiedad, es decir, la cantidad de $1,648.00 (mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional); y, se le reintegre el excedente. 3. Respecto a la aplicación de los artículos 82, fracción IV y 82-A, ambos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, contenida en el recibo oficial con número de referencia 759090666, se devuelvan al quejoso las cantidades realmente erogadas por haber sido beneficiario de subsidio, a las cuales se deberá restar la cantidad fija mínima a pagar por el concepto de inscripción de documento en el Registro Público de la Propiedad, es decir, la cantidad de $71.00 (setenta y un pesos 00/100 moneda nacional) por hoja; y, se le reintegre el excedente. 4. Igualmente, se pongan a disposición de la parte quejosa las cantidades erogadas, respecto a lo que cubrió por los conceptos de: "fomento a la educación y a la seguridad" e "impuesto adicional", dado que dichos cobros fueron determinados como consecuencia directa e inmediata de la aplicación de los mencionados numerales 79, fracción II, 79-A, 82, fracción IV y 82-A, todos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, normas que, como ya se dijo, son contrarias al artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin que deba devolverse el importe que aparece en los citados recibos como "CEPROFI" (certificado de promoción fiscal), ya que no fue pagado por el quejoso por tratarse de estímulos fiscales, en términos del numeral 38, fracción III, del Código Fiscal para el Estado de Coahuila." Impugnación. Inconformes con la sentencia, el quejoso y las autoridades responsables Congreso y Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, interpusieron recurso de revisión, de los cuales correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito de esta ciudad, el cual modificó la sentencia recurrida, para los efectos que a continuación se transcriben: "1. Se desincorporen de la esfera jurídica de la quejosa los artículos 79, fracción II, 79-A, 81, fracción I, 82, fracción IV, y 82-A de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal de 2017. 2. Se devuelvan a la quejosa, debidamente actualizadas las cantidades que pagó por concepto de derechos por servicios registrales, restando la cuota mínima que establece el artículo 79-B, es decir, $1,648.00 (mil seiscientos cuarenta y ocho pesos, 00/100, moneda nacional), por cada registro de compraventa; así como las cantidades que pagó por concepto de impuesto para el "FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y SEGURIDAD" e "IMPUESTO ADICIONAL". Tan pronto como fue recibida la ejecutoria de amparo, mediante proveído de veinticuatro de enero de dos mil veinte, se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable. Pronunciamiento. De lo anterior se desprende, que a fin de determinar si en el presente caso la autoridad responsable cumplió o no con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones complementarias hayan sido correctamente cumplidas, pues incluso, es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Análisis de las constancias. En tal virtud, este juzgador estima que en el caso se cumplieron los anteriores efectos de la ejecutoria de amparo, ya que de las constancias remitidas por la autoridad responsable las cuales gozan de valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, aparece que dicha autoridad recaudadora realizó la devolución de los pagos por concepto de derechos por servicios registrales, restando la cuota mínima que establece el artículo 79-B, es decir, $1,648.00 (mil seiscientos cuarenta y ocho pesos, 00/100, moneda nacional), por cada registro de compraventa; así como las cantidades que pagó por concepto de impuesto para el "FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y SEGURIDAD" e "IMPUESTO ADICIONAL; además, desincorporó de su esfera jurídica los artículos 79, fracción II, 79-A, 81, fracción I, 82, fracción IV, y 82-A de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal de 2017, tildados de inconstitucionales. Vista con cumplimiento. Con dichas constancias, en auto de seis de octubre del año en curso, se dio vista a la parte quejosa. Desahogo de la vista. Sin que las partes hubieren hecho manifestación alguna al respecto. Se declara cumplido el fallo protector. Así pues, del examen realizado a las constancias obrantes en autos, se colige que en el caso se cumplieron todos los lineamientos señalados en el fallo protector, dado que la autoridad responsable realizó la devolución de los pagos por concepto de derechos por servicios registrales, restando la cuota mínima que establece el artículo 79-B, es decir, $1,648.00 (mil seiscientos cuarenta y ocho pesos, 00/100, moneda nacional), por cada registro de compraventa; así como las cantidades que pagó por concepto de impuesto para el "FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y SEGURIDAD" e "IMPUESTO ADICIONAL; además, desincorporó de su esfera jurídica los artículos 79, fracción II, 79-A, 81, fracción I, 82, fracción IV, y 82-A de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal de 2017, tildados de inconstitucionales. Vista a las partes. Por todo lo anterior, no hay duda de que se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado con el acto atacado en este juicio, en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo, por lo cual, dese vista a las partes por el plazo de quince días, contado a partir de su legal notificación, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Apercibimiento. Con el apercibimiento que, de no hacer manifestación alguna, se tendrá por consentida esta determinación y se ordenará el archivo del presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo previsto en el numeral 214 de la ley de la materia. Anotaciones. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese y personalmente.

  3. Principal

    Oficio. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio que remite la autoridad responsable, mediante el cual informa respecto al cumplimiento de la sentencia de amparo. Vista. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes, con el oficio de cuenta, así como con el diverso de veintidós de septiembre de dos mil veinte, por el término de tres días, para que manifiesten lo que a su interés convenga. Transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin ella, éste juzgado federal dictará resolución fundada y motivada en que declarará si la sentencia está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Vía para la rendición de promociones. Atento a lo establecido en los acuerdos emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal 4/2020, 12/2020, 21/2020, y demás relativos, que establecen los lineamientos esenciales a seguir para el trámite de los diversos asuntos de la competencia de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación ante la actual contingencia sanitaria mundial virusSARS-CoV2 (COVID-19)-, dentro de los cuales se ha 14/05/21 12:52:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.96.2c ERNESTO RUBIO HERNÁNDEZ 2 adoptado para ello un esquema de distanciamiento social y de prioridad al trabajo a distancia como elementos centrales para mantener la continuidad de las labores y salvaguardar la salud de los servidores públicos, se hace del conocimiento que cualquier tipo de promoción que pretenda presentar, habrá de efectuarlo -mientras sea viable- al correo oficial 1jdo8ctot@correo.cjf.gob.mx, sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria pertinente. Exhortación para mejorar la comunicación con las partes. De conformidad con los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que, de ser posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueda entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Notifíquese y personalmente.

  4. Principal

    Se tiene por recibido el oficio signado por el secretario de acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que dicha superioridad continuará con las etapas procesales, del recurso de revisión 621/2018 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, a fin de resolver el citado medio de impugnación interpuesto por el licenciado... y autoridades responsables Secretario de Gobierno del Estado, en representación del Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila y Director de Asuntos Jurídicos del Congreso Constitucional de Coahuila, con residencia en la ciudad de Saltillo, mismo que registró como amparo en revisión 777/2018. Notifíquese.

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