Antonio Manuel Rodríguez Junquera
Expediente 893/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 15 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 893/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 15/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Antonio Manuel Rodríguez Junquera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; quince de noviembre de dos mil veintidós. Declaratoria de ejecutoria Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la resolución de trece de octubre de dos mil veintidós que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante cinco años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es depurable una vez se haya cumplido el plazo de conservación de cinco años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que aunque se sobreseyó fuera de audiencia, se concedió la suspensión de plano, de conformidad con lo establecido en la fracción I, inciso a), del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá depurar el presente expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; este proveído en que se acuerda el archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere la titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. En atención a la certificación de cuenta, esta juzgadora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, se hace constar que, no obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Valoración de cuadernos incidentales Según lo dispuesto por la Circular de ocho de marzo de dos mil veintiuno CAP/DGAD/392/2021 de la Dirección General de Archivo y Documentación, en cuanto al original del incidente de suspensión es susceptible de depuración por haberse concedio la suspensión definitiva solicitada. Finalmente, el duplicado del incidente deberá ser destruido una vez que cumplan seis meses de archivo como asunto concluido. Notifíquese por lista. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
- Incidental
Interlocutoria Ciudad Juárez, Chihuahua; once de noviembre de dos mil veintidós. Vistos para resolver, los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 893/2022-IV, promovido por **********, y Resultando Primero. Recepción de demanda inicial. El Juez Segundo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, declinó su competencia para conocer del juicio de ampro en el juicio de amparo 2027/2020, el cual fue turnado a este Juzgado, donde se recibió el tres de octubre de dos mil veintidós y mediante auto de cuatro de octubre del mismo años, la competencia declinada se aceptó y se continuó la tramitación del juicio de amparo, promovido por **********, contra actos del Encargado de la Estancia Provisional Juárez, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades, de quienes reclama la privación ilegal de la libertad, incomunicación, malos tratos, la negativa de una visa humanitaria, así como la orden de deportación emitida en su contra. Segundo. Tramitación del incidente de suspensión. En auto de cuatro de marzo de dos mil veintidós, se admitió la demanda, se ordenó la tramitación de este incidente de suspensión, se solicitó informe previo a las autoridades responsables y se señalaron día y hora para celebrar la audiencia incidental, la cual se llevó a cabo el once de octubre del dos mil veintidós, por las autoridades que ya habían rendido su informe previo y por las demás se difirió el día de hoy. Considerando Primero. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos de los numerales 48 en relación con el 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 125 y 128 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que los actos reclamados tienen ejecución dentro del territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Existencia de los actos reclamados. El Representante Local Noroeste del Instituto Nacional de Migración adscrito a la Oficina de Representación en el Estado de Chihuahua y Representante Local del Instituto de Migración en Chihuahua, ambos con residencia en Chihuahua Capital, en su informe previo, fueron omisos en rendir su informe previo, no obstante que fueron oportunamente requeridos para ello, como se indicó en la audiencia incidental; por lo tanto, de conformidad con el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se le reclamó y se concede la suspensión definitiva con relación a la negativa a otorgarle una visa humanitaria, o bien, atender su trámite en ese sentido o alguno similar para regularizar su situación migratoria en el país. Tercero. Suspensión definitiva. Respecto a la suspensión definitiva que solicita la parte quejosa, esta Juzgadora Federal estima necesario, señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversos pronunciamientos,1 ha considerado que la eficacia de cualquier sistema jurisdiccional depende, en gran medida, de la posibilidad de emitir medidas cautelares que permitan mantener viva la materia del proceso. En ese orden, ha considerado que especialmente en los juicios de protección de derechos fundamentales, la importancia del sistema de medidas cautelares radica en que tienen por objetivo evitar, en gran medida, que aquellos actos posiblemente transgresores de derechos humanos no consumen sus efectos durante la tramitación del proceso y afecten la esfera jurídica del particular de manera irreversible o difícilmente reparable, ocasionando que el propio proceso instituido para su defensa terminara por resultar inútil a esos efectos. En tal virtud, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que, el derecho a la vida, a la igualdad (no discriminación), a la salud, a las libertades (trabajo, expresión, personales), los derechos de la personalidad, el derecho a la integridad física de las personas, el derecho a la inviolabilidad del domicilio, el derecho de alimentos, por ejemplo, serían letra muerta sin la existencia de un proceso adecuado y capaz de garantizar que no sean transgredidos, lo que debe necesariamente incluir, en cuanto debido proceso (artículo 14 constitucional), un sistema de medidas cautelares apto para la protección efectiva y completa (artículo 17 constitucional) de los intereses jurídicos involucrados, tomando en cuenta que la demora del procedimiento para obtener la salvaguarda de aquéllos no es un factor que justifique su lesión irreversible o grave. En suma, el Más Alto Tribunal del País ha considerado que de la prohibición prevista en el artículo 17 constitucional en el sentido de que "ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho", y de la exigencia constitucional a la administración de justicia "pronta, completa e imparcial", deriva el derecho a la tutela judicial efectiva, que comprende, como una de sus manifestaciones, el derecho a un sistema de medidas cautelares apto para la adecuada y oportuna protección de los intereses jurídicos controvertidos, tomando en cuenta que sólo a través de ellas se evita que la demora en la substanciación del juicio de amparo hasta el dictado de la sentencia consume las violaciones alegadas de manera irreparable, y se impida, consecuentemente, que resulte inútil el proceso principal instituido para la defensa y eficacia de los derechos defendidos. En relación con lo dispuesto por el artículo 128, fracción I, de la Ley de Amparo, la parte quejosa solicita la suspensión del acto reclamado consistente en la negativa de visa humanitaria. Ante ello, esta juzgadora federal considera necesario desarrollar un análisis simultáneo de la apariencia del buen derecho, el peligro en la demora, la no contravención al orden público y al interés social. El principio de apariencia del buen derecho y el peligro en la demora El principio de apariencia del buen derecho es un elemento que permite apuntar una credibilidad objetiva y seria que descarte una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable, lo que se logra a través de un conocimiento periférico, dirigido a alcanzar una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. El análisis que debe realizarse con base en dicho principio no prejuzga sobre la certeza del derecho, es decir, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que esto sólo puede resolverse en la sentencia de amparo con base en un procedimiento más amplio y con mayor información, teniendo en cuenta siempre que la determinación tomada en relación con la suspensión no debe influir en la sentencia de fondo, toda vez que aquélla sólo tiene el carácter de provisional y se funda en meras hipótesis, y no en la certeza de la existencia de las pretensiones. En ese sentido, el principio de apariencia del buen derecho es un elemento que incide sobre los requisitos de procedencia de la medida cautelar, pues se establece que para el otorgamiento de la suspensión es factible hacer una apreciación de carácter provisional de la inconstitucionalidad del acto reclamado, sin que dejen de observarse los requisitos de procedencia contenidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo. Es decir, el principio de la apariencia del buen derecho es un elemento que debe tomar en consideración el juzgador sólo para el otorgamiento de la suspensión, sin soslayar los requisitos de procedencia de la medida cautelar previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo. Por tanto, la verosimilitud del derecho es un presupuesto que condiciona la admisibilidad de la medida y apunta a una credibilidad objetiva y seria que descarta una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o muy cuestionable. Lo cual se justifica, en razón de que las medidas cautelares, más que destinarse a hacer justicia, se dirigen a dar tiempo a ésta para cumplir eficazmente su objetivo. En relación al tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que únicamente para el otorgamiento de la suspensión debe ponderarse de manera simultánea el principio de la apariencia del buen derecho con el perjuicio al interés social o al orden público. Lo anterior, se justifica con el propio contenido del artículo 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que exige como requisito analizar la naturaleza de la violación alegada ?con la reforma del seis de junio de dos mil se exige analizar la apariencia del buen derecho y el interés social?. Lo cual significa que el juzgador debe sopesar la naturaleza de la violación con el perjuicio al agraviado y a los terceros, si los hay, y con el interés social; por ello, las decisiones que se tomen dependerán del examen comparativo de dichos elementos, pues el análisis de la naturaleza de la violación alegada implica el de sus características, su importancia, su gravedad y, sobre todo, su trascendencia social. En consecuencia, el principio de la apariencia del buen derecho es un elemento que debe tomar en consideración el juzgador al momento de otorgar la suspensión, sin que deje de observar los requisitos del artículo 128 de la Ley de Amparo, por lo que debe ponderar simultáneamente el principio de la apariencia del buen derecho con el perjuicio al interés social u orden público para determinar su procedencia. Además, es de destacar que el estudio que debe realizarse, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, no se limita a considerar la aparente inconstitucionalidad o constitucionalidad del acto controvertido sino que conlleva, inclusive, a valorar si dicho acto que constituye en sí la violación alegada, se proyecta sobre un derecho incorporado en la esfera jurídica del quejoso, es decir, si con la solicitud de la suspensión se pretende preservar una prerrogativa de este último o, más bien, incorporar o constituir, a través de esa medida cautelar, un derecho cuyo ejercicio legalmente no se encontraba conferido al quejoso. Ante tal exigencia constitucional, al resolver sobre la suspensión debe corroborarse la existencia del derecho cuya preservación se pretende obtener a través de la suspensión del acto reclamado, ya que siendo el objeto de esta medida cautelar conservar derechos y no constituir prerrogativas a favor de los gobernados, el presupuesto lógico del cual debe partir el análisis de procedencia de la suspensión debe ser, precisamente, el fehaciente acreditamiento de que el derecho afectado por el acto que se reclama, se ubica dentro de la esfera jurídica del quejoso pues, de lo contrario, de no constar tal circunstancia, la medida cautelar tendría por efecto constituir el derecho cuya tutela se pretende. Dicho en otras palabras, tomar en cuenta la naturaleza del acto reclamado en términos del artículo 107, fracción X, constitucional, implica ?inclusive? verificar si la prerrogativa cuya existencia se busca preservar mediante el otorgamiento de la suspensión se encuentra inserta en el patrimonio jurídico del quejoso. Otro requisito específico de la medida cautelar es el peligro en la demora, esto es, que en razón del transcurso del tiempo los efectos de la decisión final resultan prácticamente inoperantes. El requisito de mérito se basa en el temor fundado en la configuración de un daño a un derecho cuya protección se persigue y que, de no hacerlo en forma inmediata, se corre el riesgo de que, en el supuesto de recaer sentencia definitiva favorable, ésta permanezca incumplida. Además, para su estudio sigue la misma suerte que el de apariencia del buen derecho. El orden público y el interés social Ahora, respecto a la determinación de las acepciones de "orden público" e "interés social", cabe mencionar que éstos se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición unívoca, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad. En efecto, al delimitar tales conceptos se deben observar las circunstancias especiales del caso, para así explicar ?de manera fundada y motivada? si el orden público o el interés social pueden verse afectados por la concesión de la medida cautelar. Esto es, los conceptos de orden público e interés social, son indeterminados jurídicamente. En todo caso, para darles significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con dicha institución. Pues bien, en el particular esta juzgadora considera que no se afecta el interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público con el otorgamiento de la suspensión ya que, como fue dicho en el apartado anterior, organismos nacionales e internacionales han emitido diversos pronunciamientos que señalan la responsabilidad del Estado de garantizar en la mayor medida posible el acceso a los derechos fundamentales correspondientes a todo individuo. Por otra parte, en el caso particular la concesión de la suspensión provisional a la aquí quejosa no trasciende más allá de su esfera jurídica y no existen mayores repercusiones que puedan considerarse gravosas a derechos subjetivos de terceros, existiendo a su vez el interés de la sociedad y la comunidad internacional de que los principios mínimos de protección convencional sean respetados y garantizados por el Estado. Dado el análisis sobre la procedencia de la medida cautelar recién efectuado, se concede la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa. Efectos de la suspensión En términos del artículo 147 de la Ley de Amparo, los efectos de la suspensión deben fijarse, lo cual implica requerir a las autoridades responsables a efecto de que den acceso a la quejosa para el inicio de los trámites migratorios, ya sea de visa humanitaria o reconocimiento de condición de refugiados o de algún otro que proceda y para que en el caso de que el quejoso hayan realizado alguna solicitud relativa a la obtención de algún permiso o trámite para regularizar su estancia en el país, deberá resolverse sobre dicha solicitud dentro del plazo que establece la ley que rige dicho acto; lo anterior a virtud que la quejosa refiere haberlo solicitado y que no se le ha permitido el acceso a ese derecho. Para efectos de lo anterior, se requiere al Instituto Nacional de Migración para que un término de setenta y dos horas contado a partir de que quede notificado de esta determinación, deberá expedir al quejoso la constancia de trámite respecto a la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiada y remitir dicha solicitud a la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados la que en el plazo de cinco días, a partir de que la resuelva y en virtud de las características especiales del quejoso sobre la solicitud del reconocimiento de la condición de refugiado de **********, velando porque se cumplan en todo momento las garantías del debido proceso consistentes en: 1. Que sea notificada de la existencia de un procedimiento y la decisión que se adopte en el marco del proceso migratorio. 2. El proceso migratorio sea llevado por un funcionario o juez especializado. 3. En caso de ser necesario se le proporcione un traductor y/o intérprete. 4. Se garantice el acceso efectivo de la quejosa a la comunicación y asistencia consular. 5. Se garantice el acceso a la asistencia de un representante legal y a comunicarse libremente con dicho representante. 6. Se informe a la quejosa la posibilidad de recurrir la decisión ante un juez o tribunal superior con efectos suspensivos. 7. El proceso migratorio se efectúe plazo razonable de duración del proceso. Similar criterio sostuvo el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, con sede en Chihuahua, dictada dentro de la queja administrativa 20/2020 de diez de enero del año próximo anterior; lo cual constituye un hecho notorio para quien resuelve. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Único. Se concede a **********, la suspensión definitiva que solicitó, en relación con los actos reclamados y autoridades responsables precisados en el considerando segundo de esta resolución. Notifíquese por lista y por oficio a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; tres de noviembre de dos mil veintidós. Informes justificados como antecedente Agréguense a los autos para que consten como simple antecedente, los informes justificados rendidos por las autoridades responsables Titular de la Oficina de Representación en Chihuahua y Jefe de Departamento de Asuntos Jurídico, ambos del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad; en virtud, de que en auto de trece de octubre del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia. Cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe. YMR/MJHC
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veinte de octubre de dos mil veintidós. Informes justificado y sobre la suspensión de plano como antecedente Agréguense a los autos para que consten como simple antecedente, los informes justificado y sobre la suspensión de plano rendidos por la autoridad responsable Representante Local del Instituto Nacional de Migración adscrito a la Oficina de Representación en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad y en Chihuahua capital; en virtud, de que en auto de trece de octubre del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia. Cúmplase. Lo proveyó y firma la licenciada **********, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por licencia de la titular, autorizada por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, relación con el numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo, que reglamenta la Carrera Judicial, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe. YMR/MJHC
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