Antonio Manuel Martínez Daza
Expediente 342/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 342/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 15/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Antonio Manuel Martínez Daza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase por hecha la certificación que precede, de la que se advierte que por decisión de los titulares de los órganos jurisdiccionales que se ubican en los Edificios sedes del Poder Judicial de la Federación, ubicados en Privada de Aldama número 106, en esta localidad, Avenida Juárez, número 709, y Avenida Independencia número 1608, Centro, Oaxaca, por causa de fuerza mayor, derivada del paro de labores organizado por las y los trabajadores de los órganos jurisdiccionales, a través del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, en atención a las acciones acordadas por los servidores públicos con el Sindicato, fueron declarados inhábiles los días dieciocho de octubre, del diecinueve al veinticuatro y del veinticinco al veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, determinándose la suspensión de labores y que no transcurrirían los plazos procesales en dicho periodo, a excepción del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa y el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo, por lo que respecta a los días mencionados en último término, a fin de salvaguardar los derechos procesales de las partes, en términos del Aviso de Suspensión Labores firmado electrónicamente por los Coordinadores de Magistrados de Circuito y de Jueces de Distrito, del Décimo Tercer Circuito; lo que se hace constar para todos los efectos legales a que haya lugar. Estado de autos En ese orden, visto el estado de autos, se advierte que en proveído de trece de octubre del año en curso, se requirió a la autoridad responsable Presidente Ejecutor de la Junta Especial Número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, cumpla con la sentencia de amparo, sin que a la fecha hubiere informado sobre el particular, a pesar de haber quedado notificado de dicha determinación el dieciséis de octubre del presente año. En consecuencia, en términos del artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la autoridad responsable Presidente Ejecutor de la Junta Especial Número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, para que en el plazo de tres días, siguiente al que reciba el comunicado respectivo, cumpla con la ejecutoria de amparo, la cual se concedió para los siguientes efectos: Acuerde de forma fundada y motivada el escrito de veintidós de marzo de dos mil veintidós presentado el veintisiete de junio siguiente en el expediente laboral ****2005 por el apoderado de ****** La anterior precisión, se realiza en estricto acatamiento a la jurisprudencia P.J. 59/2014 (10a.), aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el seis de noviembre de dos mil catorce, publicada en la página 5, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Décima Época, que es del tenor siguiente: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal, si la autoridad es omisa en el cumplimiento de una sentencia de amparo, ello conduciría de manera automática a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a la separación del titular de la autoridad responsable y a su consignación ante el juez penal. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de su respectiva competencia, regulado en una ley o un reglamento, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que den lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impida la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir, a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, de encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que, con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo." Apercibida expresamente que de no cumplir sin causa justificada (informe el impedimento legal o material que tenga para ello), se le impondrá a su titular una multa de cien unidades de medida y actualización, que es la cantidad equivalente a diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, cero centavos ($10,374.00), a razón de 103.74 como valor diario, conforme a lo establecido en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo. Asimismo, se podrá remitir el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda para seguir el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. No se soslaya que el artículo 192 de la Ley de Amparo, párrafo tercero, establece que al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquella para que le ordene cumplir con la ejecutoria y el numeral 194 de la propia ley dispone que se entiende por superior jerárquico de la autoridad responsable el que de conformidad con las disposiciones correspondientes ejerza sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, o bien para cumplir esta última por sí misma. Empero, en el caso, el Presidente Ejecutor de la Junta Especial Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, al pertenecer a un organismo jurisdiccional plenamente autónomo en el ámbito jurídico, que realiza funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, está desvinculada de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional, ya que aquél no podría ejercer poder o mando sobre dicho órgano que despliega una función jurisdiccional para que emita una determinación a fin de cumplir con una sentencia de amparo ni cumplir por sí mismo dicha sentencia, pues ello implicaría una invasión de esfera competencial; por tanto, dicha Presidenta carece de superior jerárquico, de ahí que el requerimiento al cumplimiento de la sentencia solo se realiza a ella. Se invoca en apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 36/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 3515, Tomo 4, Libro IV, Enero de 2012, Materia Común, Laboral, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 2000099, de rubro y texto: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo. Notifíquese.
- Principal
SECCIÓN II. MESA VI B. PRAL. 342/2023 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de octubre de dos mil veintitrés. Se recibe ejecutoria Agréguese a los autos el oficio suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con el que devuelve los autos originales del juicio de amparo en que se actúa, y la ejecutoria dictada en el amparo en revisión 183/2023, de su índice; al respecto, acúsese recibo. Glósese el cuaderno de antecedentes formado a partir de la remisión de los autos originales al Tribunal de Alzada. Así también, hágase del conocimiento de las partes que el citado Tribunal, al resolver el recurso de revisión interpuesto por la parte tercera interesada Servicios de Salud de Oaxaca, modificó la sentencia recurrida en los siguientes términos: Ante lo fundado del agravio, con fundamento en el artículo 93 de la Ley de Amparo, procede modificar la sentencia recurrida sólo en cuanto a los efectos de la concesión de amparo, para que el Presidente Ejecutor de la Junta Especial Número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca realice lo siguiente: -Acuerde de forma fundada y motivada el escrito de veintidós de marzo de dos mil veintidós presentado el veintisiete de junio siguiente en el expediente laboral ***/2005 por el apoderado de A**** Por lo anterior, remítase a la autoridad responsable Presidente Ejecutor de la Junta Especial Número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, copia certificada de la ejecutoria emitida por el Tribunal de Alzada, y en términos del artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, requiérasele para que en el plazo de tres días, siguiente al que reciba el comunicado respectivo, cumpla con la misma. Para lo cual dentro del plazo concedido, deberá remitir a este Juzgado, copia certificada legible y completa de las determinaciones que al efecto adopte. La anterior precisión, se realiza en estricto acatamiento a la jurisprudencia P./J. 59/2014 (10a.), aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el seis de noviembre de dos mil catorce, publicada en la página 5, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Décima Época, que es del tenor siguiente: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal, si la autoridad es omisa en el cumplimiento de una sentencia de amparo, ello conduciría de manera automática a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a la separación del titular de la autoridad responsable y a su consignación ante el juez penal. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de su respectiva competencia, regulado en una ley o un reglamento, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que den lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impida la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir, a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, de encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que, con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo." Apercibida expresamente que de no cumplir sin causa justificada (informe el impedimento legal o material que tenga para ello), se le impondrá a su titular una multa de cien unidades de medida y actualización, que es la cantidad equivalente a diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, cero centavos ($10,374.00), a razón de 103.74 como valor diario, conforme a lo establecido en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo. Asimismo, se podrá remitir el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda para seguir el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. No se soslaya que el artículo 192 de la Ley de Amparo, párrafo tercero, establece que al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquella para que le ordene cumplir con la ejecutoria y el numeral 194 de la propia ley dispone que se entiende por superior jerárquico de la autoridad responsable el que de conformidad con las disposiciones correspondientes ejerza sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, o bien para cumplir esta última por sí misma. Empero, en el caso, el Presidente Ejecutor de la Junta Especial Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, al pertenecer a un organismo jurisdiccional plenamente autónomo en el ámbito jurídico, que realiza funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, está desvinculada de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional, ya que aquél no podría ejercer poder o mando sobre dicho órgano que despliega una función jurisdiccional para que emita una determinación a fin de cumplir con una sentencia de amparo ni cumplir por sí mismo dicha sentencia, pues ello implicaría una invasión de esfera competencial; por tanto, dicha Presidenta carece de superior jerárquico, de ahí que el requerimiento al cumplimiento de la sentencia solo se realiza a ella. Se invoca en apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 36/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 3515, Tomo 4, Libro IV, Enero de 2012, Materia Común, Laboral, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 2000099, de rubro y texto: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo." Notifíquese.
- Principal
SECCIÓN II. MESA VI B C. ANTEC. PRAL. 342/2023 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, por el que acusa recibo del diverso 13028/2023, del índice de este órgano jurisdiccional, y comunica que se admitió el medio de impugnación interpuesto por la parte tercera interesada S*****, por conducto de su apoderado legal, contra la sentencia dictada en el juicio de amparo que deriva de este cuaderno de antecedentes, el cual quedó radicado bajo el número 183/2023, de su índice. Notifíquese.
- Principal
SECCIÓN II. MESA VI B. PRAL. 342/2023 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de junio de dos mil veintitrés. Se remite recurso integrado Visto el estado de autos, se advierte que este asunto se encuentra integrado respecto del recurso de revisión interpuesto por ********************apoderado legal de la parte tercera interesada ********************, contra la sentencia dictada en autos; por ende, con fundamento en el artículo 89 de la Ley de Amparo, remítase el original del escrito de expresión de agravios, la copia para el agente del ministerio público adscrito a dicho Tribunal y los autos originales, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, en turno, -dada la naturaleza de los actos reclamados-; así como, el expediente electrónico de este juicio, ello -con apoyo en los ordinales 251 inciso a), 252, 253 y por analogía el 265 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, para la substanciación del aludido recurso, mismo que ya se ordenó vincular en auto de siete de junio del actual. Remisión de acta y sentencia Además como se estableció en el referido auto de siete de junio de la presente anualidad, no obstante que la sentencia se encuentra visible en el expediente electrónico, el cual en esa propia actuación ya se ordenó hacer disponible al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, en turno, para su consulta, conforme a lo establecido en el artículo 3º de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y que conforme al Decreto que reforma dicho Acuerdo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, en vigor a partir del siete de noviembre siguiente, el Artículo Sexto Transitorio establece que a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, los expedientes físicos deberán contener únicamente aquellos documentos recibidos por esa vía, por lo que en el presente caso la sentencia dictada el diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, ya no fue integrada al expediente físico; en ese sentido, imprimase del expediente electrónico dicho fallo con sus evidencias criptográficas correspondientes, a fin de que se consideren copias certificadas, conforme a lo establecido en el artículo 36 del citado Acuerdo General 12/2020; y remítasele al Tribunal Colegiado, para los fines legales a que haya lugar. Solicitud de acuse Solicítese atentamente a la superioridad, tenga a bien ordenar se acuse recibo a este juzgado. Notifíquese.
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