Antonio Manuel Amezquita Robertos
Expediente 1088/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1088/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 02/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Antonio Manuel Amezquita Robertos
Actuaciones
- Principal
MESA VI. Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98, en relación con 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja contra el acuerdo de quince de agosto de dos mil diecinueve, pronunciado en este juicio de amparo, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto concluido. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se desechó la demanda de garantías; por ende, no se tramitó el incidente de suspensión y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción I del punto vigésimo primero del citado acuerdo general, por lo que es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo antes citado. En cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él.
- Principal
MESA VI. Vista la demanda de amparo promovida por Antonio Manuel Amézquita Robertos, contra el acto que reclama del Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, se acuerda: Regístrese la demanda en el libro de gobierno de este Juzgado como juicio de amparo VI-1088/2019. Ahora bien, se procede a proveer en relación con la procedencia del amparo instado, por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE MÉRITO por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio. Ahora bien, respecto al tema que ahora se analiza, este juzgador arriba a la conclusión de que en este asunto se actualiza la hipótesis prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con su diverso 107, fracción VI, aplicado en sentido contrario. Para arribar a la anterior conclusión, es necesario dejar sentado, que el quejoso reclamó su emplazamiento al juicio mercantil 1161/2017 seguido en su contra en el índice de la autoridad responsable; acto que, a su dicho, fue ejecutado en un domicilio diverso al que habita, por lo cual se ostenta como tercero extraño por equiparación respecto de dicho procedimiento. En primer término, debe precisarse que el emplazamiento es el acto procesal mediante el cual el juzgador da a conocer a una persona la admisión de una demanda enderezada en su contra y le concede un plazo para que pueda contestarla, de tal manera que sólo puede ser referido a la contraparte del actor, es decir, al demandado. Por otra parte, es menester determinar qué debe entenderse por persona extraña a juicio. La fracción VI del artículo 107 de la Ley de Amparo establece que procede el amparo indirecto "Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas." Así, tanto la doctrina como la jurisprudencia utilizan indistintamente la expresión de persona extraña y de tercero extraño al referirse a la procedencia del amparo indirecto previsto en la fracción VI del artículo 107 ya citado; sin embargo, acorde con las interpretaciones sustentadas por el Alto Tribunal de la Nación, el concepto de persona extraña al juicio es más amplio que el de tercero extraño, porque en aquél se incluye también al propio demandado cuando no es emplazado o cuando los vicios en el emplazamiento le impiden conocer los datos necesarios para defenderse. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 107 fracción VI, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluido en este concepto, asimismo, como ya se dijo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. Sobre el particular, resulta aplicable la tesis P./J. 7/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, perteneciente a la Novena Época y consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, enero de mil novecientos noventa y ocho, página cincuenta y seis, que a la letra dice: PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. Ahora bien, la quejosa se ostenta como persona extraña por equiparación al juicio del que emanan los actos reclamados, aduciendo al efecto no haber sido legalmente emplazado al mismo; sin embargo, en las propias manifestaciones realizadas bajo protesta de decir verdad en su demanda, precisa que, anteriormente ya se le había intentado emplazar al juicio mercantil del cual deriva el acto reclamado. Siendo que ese primer llamamiento a juicio fue invalidado debido a la resolución recaída a un incidente de nulidad de notificaciones promovido por él contra dicha diligencia. Razón por la cual, la autoridad responsable ordenó dejar insubsistente todo lo actuado en dicho asunto y volver a realizar el emplazamiento correspondiente. Ahora bien, el quejoso precisa en su demanda que el veinte de junio de dos mil diecinueve, al intentar realizar un contrato de comodato sobre su casa, se enteró de la existencia de un embargo trabado en autos del mismo juicio mercantil en el cual había promovido, en un primer momento, el incidente de nulidad respectivo; por lo cual instaba el amparo de la Justicia Federal. Así las cosas, el hecho de que el promovente del amparo hubiere interpuesto en un primer momento un incidente de nulidad de notificaciones en el juicio mercantil del cual deriva el emplazamiento ahora reclamado, es razón suficiente para desvirtuar su carácter de persona extraña al juicio en términos del artículo 107 fracción VI, de la Ley de Amparo, toda vez que bajo las circunstancias descritas, pierde el carácter de tercero extraño a juicio por equiparación, porque al haberse ostentado en una primera ocasión con ese mismo carácter en un incidente para combatir el indebido emplazamiento respecto del mismo procedimiento jurisdiccional, no es posible actualizar por segunda ocasión las prerrogativas que ofrece la impugnación y defensa de los intereses mediante la vía de amparo indirecta, porque dado que la procedencia del amparo bajo el supuesto de tercero extraño a juicio ofrece un privilegio que exenta uno de los principios elementales del juicio constitucional como lo es el de definitividad, solamente una vez es factible actualizar el carácter de tercero extraño a juicio equiparado, respecto del mismo juicio o procedimiento. A fin de sustentar este razonamiento, basta señalar que entre las reglas procesales aplicables a la persona extraña a juicio y, por equiparación, la ventaja de acudir al juicio de amparo indirecto, se encuentra la posibilidad de acudir al amparo sin necesidad de agotar los recursos ordinarios, esto es la excepción al principio de definitividad que rige el juicio constitucional, lo que deriva de la interpretación sistemática de los incisos a), b) y c) de la fracción III del artículo 107 constitucional, ya que como puede advertirse del texto de dichos incisos, incluso del vigente a partir del decreto en virtud del cual se reformaron, entre otros, el referido inciso a), publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de junio de dos mil once, en el caso del amparo promovido contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio así como de aquel en el que se impugnen actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, constitucionalmente se exige el agotamiento de los recursos ordinarios que resulten procedentes, salvo del amparo promovido por personas extrañas a juicio. Por tanto, el amparo promovido por quien se ostente como tercero extraño a juicio, en su equiparación a una persona extraña a juicio, le permite acudir a la vía indirecta para impugnar la constitucionalidad del juicio respectivo, en virtud de que en él no fue escuchado, por lo que el vicio que esencialmente se hace valer guarda relación con la ausencia o el indebido emplazamiento a juicio y no, propiamente, con lo determinado en la sentencia respectiva, ante lo cual se surte el supuesto de procedencia del amparo indirecto previsto en la fracción VI del artículo 107 de la Ley de Amparo, con el objeto de que en esta vía pueda ejercer sus defensas a plenitud y esté en posibilidad de ofrecer las pruebas necesarias para acreditar lo conducente respecto de los referidos vicios procesales, lo que no podría realizar en la vía directa ante la limitación probatoria por la naturaleza de la vía. De suerte que, acatando el criterio establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se determina que el privilegio de exceptuar el principio de definitividad para acudir al juicio de amparo, no se justifica aun con motivo de un segundo emplazamiento defectuoso, respecto del mismo juicio o procedimiento del cual ya se tenía conocimiento, porque si bien al impugnar el emplazamiento o llamamiento y decretarse su nulidad y reposición, técnicamente el justiciable no está aún vinculado al contradictorio precisamente por la falta de llamamiento a juicio, es inconcuso que éste, debido a los actos realizados en su defensa para inconformarse del primer emplazamiento, sí tiene conocimiento de la acción incoada en su contra y de la posibilidad de la instauración nuevamente del mismo juicio, su tramitación y el dictado de una sentencia que le perjudique, pues resulta evidente que conoce de los datos de identificación del juicio, así como la autoridad jurisdiccional ante la cual se tramita, incluso del nombre de la persona o personas que le reclaman, lo cual le otorga la posibilidad de preparar las acciones pertinentes para interponer los medios y recursos ordinarios de defensa para la protección de sus intereses, de ahí que no se justifica exceptuar la obligación de agotar el principio de definitividad antes de acudir al juicio de amparo. Dicho de otro modo, el conocimiento que una persona tiene de una demanda instaurada en su contra, a pesar que se impugne con éxito el emplazamiento y, por ello, se ordene la nulidad de la misma y en consecuencia la reposición de todo un procedimiento jurisdiccional, no lleva a la desvinculación total del afectado con el procedimiento jurisdiccional, porque si bien el juicio comienza de nuevo, destaca que ello ocurre como consecuencia y por los efectos de la nulidad decretada a su favor, no así de forma inesperada a como ocurre en una única y primera ocasión; de suerte que, es inconcuso que dados los efectos de la impugnación del primer emplazamiento, existe un vínculo del afectado con el juicio instaurado en su contra por el que debe estarse a la espera de un nuevo emplazamiento o llamamiento a juicio. Máxime que el conocimiento que tiene el justiciable en estas circunstancias del juicio instaurado en su contra, le confiere de la certeza de los datos de identificación del juicio, del tribunal o Juez ante el que se ventile, el nombre de la persona que lo demanda y otra información, que le otorgan la aptitud de efectuar y preparar todas las acciones necesarias para su defensa, o al menos de que una sentencia de la controversia no le tome por sorpresa. De ahí que, un segundo emplazamiento defectuoso o la falta de éste, no le infiere el carácter nuevamente de tercero extraño por equiparación, porque este carácter al estar imbricado estrechamente con la defensa del derecho de audiencia sólo puede ostentarse por una única ocasión con motivo de un mismo juicio o procedimiento jurisdiccional, ya que considerar lo contrario desvirtuaría la esencia de esta figura jurídica que se erige como bastión en la defensa del derecho de audiencia mediante el juicio de amparo indirecto, además que de existir la posibilidad de tener el carácter de tercero extraño equiparado respecto del mismo juicio postergaría las posibilidades del justiciable de encuadrar en dicho supuesto para interponer juicio de amparo indirecto, exceptuando la obligación de interponer los recursos ordinarios de defensa lo que a la postre significa obstaculizar el derecho de acceso a la justicia de quien pretende accionar en su contra y entorpecer la administración de justicia, porque se alargaría innecesariamente el pronunciamiento del fondo del asunto, al priorizarse el cumplimiento de formalidades para efectuar notificaciones y emplazamientos. Así las cosas, al actualizarse la aludida causal de improcedencia antes estudiada lo procedente es DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en la fracción VI del artículo 107 de la Ley de Amparo. La presente determinación se encuentra sustentada y encausada por el criterio contenido en la tesis P./J. 20/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto, son los siguientes: TERCERO EXTRAÑO EQUIPARADO A PERSONA EXTRAÑA. PIERDE ESE CARÁCTER PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO QUIEN IMPUGNA EL PRIMER EMPLAZAMIENTO O LLAMAMIENTO A JUICIO, MEDIANTE UN INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES O UN JUICIO DE AMPARO PREVIO. Carece del carácter de tercero extraño equiparado a persona extraña para efectos de la procedencia del amparo indirecto, quien se ostenta como tal no obstante haber impugnado previamente el primer emplazamiento al mismo juicio por medio de un incidente de nulidad de actuaciones ante el tribunal responsable, o bien mediante un diverso juicio de amparo, porque con dicha impugnación demuestra fehacientemente que tiene conocimiento de la acción judicial instaurada en su contra, al conocer de forma precisa el número y tipo de juicio respectivo, el juzgado o tribunal ante el cual se ventila, e incluso el nombre de quien le demanda, lo que le permite preparar actos de defensa a través de los medios y recursos ordinarios, o vigilar la caducidad procesal de la instancia, máxime que por efectos de la impugnación que le resultó favorable, está a la espera de un segundo emplazamiento o notificación con motivo de la reposición del procedimiento por la nulidad de actuaciones o del cumplimiento a la ejecutoria de amparo, lo que evidencia que en esas circunstancias no debe prevalecer la ficción equivalente a una ignorancia total de la demanda judicial instaurada en su contra, porque lo relevante para la procedencia del juicio de amparo indirecto y la defensa del derecho de audiencia reconocido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la situación de completo desconocimiento de un juicio en contra del justiciable, lo que sugiere la vulnerabilidad respecto al derecho fundamental referido, por lo que es inconcuso que al impugnarse el primer emplazamiento a juicio, ya tiene conocimiento de una acción o pretensión instaurada en su contra por lo que no puede ostentar el carácter de tercero extraño a juicio dado que éste se configura tratándose del mismo juicio o procedimiento, en una primera y única ocasión. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el indicado para tal efecto en su demanda, y como sus autorizados a Rafael Jesús Herrera Verde, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo y por lo que respecta a Francisco Eduardo Nah Ventura, Francisco Daniel Nah Tzuc y Marisol Reyes Rodríguez, con las limitaciones que establece el citado numeral, lo anterior, hasta que acrediten el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta a los Actuarios de la adscripción a efecto de que, en caso de ser necesario dada la carga de trabajo imperante en este órgano jurisdiccional, puedan realizar as notificaciones inherentes a este juicio en días y horas inhábiles.
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