Antonio Manuel Ahuatzi Reyes

Expediente 10/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 5 actuaciones registradas, la última del 1 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
10/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
01/07/2019

Partes del expediente

  • Antonio Manuel Ahuatzi Reyes
  • Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Por recibido el oficio de cuenta de la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito en el Estado de Tlaxcala, mediante el cual remite copia autorizada de la ejecutoria pronunciada el veinte de junio último, en el recurso de queja civil 24/2019, relativo al recurso interpuesto por Antonio Manuel Ahuatzi Reyes, contra el auto mediante el cual se desechó su demanda de amparo, y devuelve los autos originales del juicio de amparo 10/2019-V, acúsese el recibo correspondiente; glósese el cuaderno de antecedentes formado con motivo de su envío; y apareciendo que la superioridad resolvió: "PRIMERO: modifico el auto recurrido.SEGUNDO: Por los motivos expuestos en esta ejecutoria, se desecha la demanda de amparo." hágase del conocimiento de la parte quejosa tal circunstancia, y archívese este expediente como asunto concluido. Finalmente, en cumplimiento en lo dispuesto en el punto Vigésimo del Acuerdos General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo fijado en dicho ordenamiento. Notifíquese.

  2. Principal

    A sus autos el oficio número 793/2019 de cuenta, signado por la Actuaria Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual acusa de recibo el oficio 3029, en el que se anexo el escrito de agravios de ******************** por el cual interpone recurso de queja y el expediente en el que se actúa; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  3. Principal

    Agréguese a los autos, el escrito del quejoso ANTONIO MANUEL AHUATZI REYES; en su atención, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a), 98 y 99, de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja que hace valer contra del auto de siete de enero de dos mil diecinueve, dictado en el presente juicio de amparo; glósese una copia del escrito mediante el cual interpone el aludido recurso a este expediente y remítanse éstos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, para la substanciación del recurso interpuesto. Fórmese cuaderno de antecedentes. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo con que se da cuenta, por medio del cual la parte quejosa ******************** solicita el Amparo y Protección de la Justicia Federal; se ordena asignarle el número de registro de amparo 10/2019-V; asimismo, regístrese en el libro de gobierno correspondiente, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes, para su control respectivo. Ahora bien, tomando en consideración que el artículo 112, primer párrafo y 113 de la Ley de Amparo impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de garantías para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS." La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia "manifiesta" e "indudable", lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. El quejoso reclama en su escrito de demanda, lo siguiente: La resolución dictada el treinta de noviembre del año dos mil dieciocho, notificada el tres de diciembre de dos mil dieciocho, en el toca civil de queja numero 482/2018. Asimismo, del escrito de cuenta el promovente manifiesta que tuvo conocimiento del acto reclamado el tres de diciembre de dos mil dieciocho. Ahora bien, el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en lo que aquí interesa, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "(.) "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. "(.)." Por su parte, los artículos 17 y 18 de la ley de la materia, establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: "(.) "IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13 así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la interpretación sistemática de los artículos transcritos, se aprecia que el término para la interposición de la demanda de garantías, por regla general es de quince días contados desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. De no instaurarse el juicio de garantías dentro de ese plazo, se entiende que el acto reclamado se ha consentido y, por eso, se surte la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XIV de la ley de la materia. En razón de lo anterior, se advierte que el promovente tuvo conocimiento de los actos que reclama, el tres de diciembre de dos mil dieciocho, pues en esa fecha se le notificó la resolución dictada el treinta de noviembre de dos mil dieciocho, dentro del toca civil 482/2018; por tanto, el plazo para interponer la demanda de garantías ha fenecido, toda vez que a la fecha de presentación de la misma, transcurrieron en exceso los quince días que establece el precepto legal que regula el plazo para solicitar el amparo, pues éstos transcurrieron del cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, descontándose de dicho cómputo los días ocho, nueve, quince, dieciséis, veintidós y veintitrés de diciembre de dos mil dieciocho. Tiene aplicación al caso que nos ocupa, el criterio sustentado en la tesis de jurisprudencia por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable a foja 165, tomo VI, Apéndice 2000, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación cuyo rubro y texto establece: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la Justicia Federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda." En las relatadas circunstancias, al existir un motivo manifiesto e indudable de la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 de la ley en mención SE DESECHA DE PLANO la demanda de garantías promovida por ******************** lo anterior en virtud de que no existe duda para formarse un criterio distinto, ya que, con las razones apuntadas, está plenamente acreditada la causal de improcedencia invocada. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y artículo 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, indíquese a las partes el derecho que les asiste, hasta antes de dictarse sentencia, para oponerse de manera expresa, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos. Notifíquese personalmente.

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