Antonio Macedo Carvajal
Expediente 575/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 575/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 04/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Tribunal Estatal de Conciliacion Y Arbitraje del Estado de Morelos
- Antonio Macedo Carvajal
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, cuatro de enero de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo *****6 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido la sentencia terminada de engrosar el veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 34 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha resolución, en la que se determinó negar el amparo y protección a la parte quejosa; ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de amparo como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del año dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, tomando en consideración que en el presente juicio de amparo se negó el amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa; se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Séptimo, artículo 18, fracción b), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de depuración. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones de la Titular, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, por oficio CCJ/ST/4784/2021 de seis de diciembre de dos mil veintiuno, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, quien autoriza y da fe.
- Principal
Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 575/2021-IV, promovido por ANTONIO MACEDO CARVAJAL: y RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el seis de mayo de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, y turnado al día siguiente al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, ANTONIO MACEDO CARVAJAL, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Morelos. SEGUNDO. La demanda se registró bajo el expediente 458/2021, por auto de diez de mayo del año en curso el Juzgado Primero de Distrito en el Estado previno al promovente para aclarar la demanda; al subsanarla el quejoso refirió la existencia de un juicio de amparo (3038/2014) radicado ante este juzgado, por esa razón, el Juzgado Primero de Distrito en el Estado se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio y declinó competencia a este tribunal. TERCERO. Por auto de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno este juzgado recibió el expediente, se registró bajo el número 575/2021-IV, se admitió la demanda, por lo que se requirió el informe justificado, se emplazó al tercero interesado, se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación, se señaló día y hora para que tuviera verificativo el desahogo de la audiencia constitucional que se inició en términos del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo el lugar donde radican las autoridades responsables y se emitió el acto reclamado. SEGUNDO. Precisión del acto Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Al respecto, de la lectura íntegra de la demanda, debe decirse que el acto que se reclama en esta instancia constitucional, se trata de: La resolución de veinte de marzo de dos mil diecinueve dictada en el juicio burocrático 01/262/06, en virtud de la cual el tribunal responsable declara la imposibilidad física, jurídica y material de la aplicación de la sanción decretada al Presidente del Ayuntamiento de Temixco, Morelos en razón del cambio de titular de la administración pública de dicho municipio. TERCERO. Certeza del acto. Es cierto el acto reclamado al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Morelos ya que así lo refirió al rendir el informe justificado, lo que se corrobora, además, con la copia certificada del acuerdo reclamado dentro del juicio burocrático 01/262/06 que remitiera la responsable como complemento al informe. Documental que ameritan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo al tratarse de documental públicos expedidos por una autoridad en el ejercicio de sus funciones. CUARTO. Causas de improcedencia. El Tribunal responsable hizo valer la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo al referir que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos del quejoso. Sostiene que no existe un agravio personal y directo en la esfera jurídica del quejoso puesto que el acto reclamado no es violatorio de derechos fundamentales, al referir que el actuar del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje fue efectuado conforme a derecho, de ahí que no haya afectación al quejoso. Contrario a lo expuesto por la responsable, no se actualiza la causa de improcedencia invocada puesto que de la exposición realizada se tiene que para determinar si existe o no una afectación a la esfera jurídica del quejoso es necesario analizar la resolución combatida a la luz de los conceptos de violación expuestos; esto es, la responsable pretende que se decrete el sobreseimiento en el juicio de garantías, aduciendo cuestiones que más bien atienden al fondo del asunto, lo cual no es procedente. Resulta aplicable a lo anterior la jurisprudencia XXII. J/2 sustentada por el Tribunal Colegiado Del Vigésimo Segundo Circuito, visible en la página 53 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Agosto de 1995, correspondiente a la Novena Época registro digital 204721 de rubro: "IMPROCEDENCIA. NO ES PROCEDENTE ARGUMENTAR EN EL INFORME JUSTIFICADO QUE SE ACTUALIZA UNA CAUSA DE, ADUCIENDO CUESTIONES DE FONDO.". Al no haber diversa causa que las partes invoquen o que se advierta de oficio, se procede al estudio de los conceptos de violación. QUINTO. Estudio del asunto. Se procede a realizar el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, al tenor del concepto de violación. En esencia el quejoso refiere que la resolución combatida trasgrede en su perjuicio los artículos 1º y 17 de la Constitución General de la República pues afirma que el tribunal responsable omitió analizar que si bien la titularidad del ayuntamiento radica en una persona y que periódicamente son cambiados (elecciones), también es cierto que las obligaciones contenidas en la condena del juicio natural existen como organismo con independencia del titular del Ayuntamiento. Que al iniciar el encargo al frente del municipio, el Presidente adquiere las obligaciones preexistentes; que fue el Ayuntamiento de Temixco el demandado y condenado en el juicio de origen, el cual inició en el año dos mil seis, sin embargo, no se tiene que emplazar y notificar a los nuevos integrantes del municipio. Que en el caso, al no haber cumplido con el laudo, el Tribunal responsable debe aplicar al sanción que prevé el artículo 124, fracción I, del numeral 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado consistente en una multa. Que al no hacerlo en la resolución combatida debe el actor quejoso acudir de nueva cuenta asociado del Actuario a hacer del conocimiento del demandado la existencia del adeudo originado por el crédito laboral y requerirle de pago. Lo anterior deviene infundado, como se explicará en seguida. Para una mejor comprensión del asunto se estima conveniente hacer una relatoría de los antecedentes del acto reclamado, los cuales se obtienen de las documentales remitidas por al responsable como complemento al informe justificado. En el juicio laboral 01/262/06, la parte actora es el ahora quejoso ANTONIO MACEDO CARVAJAL y como demandada el AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO, MORELOS. El veintiséis de enero de dos mil once se dictó el laudo, a través del cual se condenó a la demandada al pago de diversas prestaciones. Motivo por el cual, una vez que quedó firme, se requirió el cumplimiento respectivo. Así, el doce de enero de dos mil diecisiete, el Presidente Ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje decretó auto de requerimiento de pago y comisionó al fedatario adscrito para que -asociado de la parte actora- se constituyera en el domicilio del Ayuntamiento Constitucional de Temixco, Morelos y requiriera al demandado el pago ahí contenido, precisando que el requerimiento debería ser efectuado por el Presidente y Tesorero Municipal, les apercibió que de no hacerlo se daría cuenta al pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje para que se hiciera efectiva la aplicación del artículo 124, fracción I de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos (multa por quince salarios mínimos vigentes en el Estado de Morelos). En dicho auto se precisó que el pago de la multa debería ser "sufragado" por el peculio del funcionario y no del erario público, dejando los autos a la vista de los actores ejecutantes para que en el término de tres días ejercieran lo que a su derecho conviniera. El veintiuno de marzo siguiente se llevó a cabo la diligencia de requerimiento de pago en el domicilio del Ayuntamiento de Temixco, Morelos, sin que estuviera presente el Presidente Municipal, ni se haya podido efectuar el cobro del crédito laboral, tras lo cual -haciendo uso de la voz- la parte actora solicitó a la fedataria que se hiciera efectivo el apercibimiento contendido en auto de doce de enero de dos mil diecisiete. Mediante escrito presentado ante al tribunal burocrático del origen el diecisiete de abril de dos mil diecisiete, el apoderado del aquí quejoso solicitó que se hiciera efectivo el apercibimiento consistente en una multa y se dictara nuevo auto de requerimiento contra la demandada contumaz. El dieciocho de mayo de dos mil dieciocho el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Morelos ordenó dar cuenta al Pleno sobre la aplicación del artículo 124, fracción I de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. Por escrito presentado el dieciséis de julio de dos mil dieciocho, el apoderado del aquí quejoso reiteró la solicitud de hacer efectivo el apercibimiento consistente en una multa al Presidente Municipal de Temixco, Morelos y se dictara nuevo auto de requerimiento contra la autoridad demandada. En respuesta a dicha solicitud, el veinte de marzo de dos mil diecinueve el Tribunal responsable resolvió sobre la procedencia de hacer efectivo el apercibimiento consistente en la imposición de una multa al Presidente Municipal por lo que invocó como hecho notorio el cambio de administración municipal derivado del proceso electoral del año dos mil dieciocho y, apoyándose en los diversos criterios sostenidos por los juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y los Tribunal Colegiados del Circuito en los que se ha precisado la necesidad de hacer del conocimiento del nuevo titular del Ayuntamiento el requerimiento de pago y en su caso, del auto de ejecución en su contra, debido a que el cumplimiento debe ser a cargo del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Temixco, declaró la imposibilidad física, jurídica y material de la aplicación de la sanción decretada al Presidente del Ayuntamiento de Temixco, Morelos en razón del cambio de titular de la administración pública de dicho municipio. Determinación que ahora constituye el acto reclamado en el presente juicio de derechos fundamentales. En ese contexto, como se adelantó, resulta inoperante el concepto de violación, debido a que contrario a lo que manifiesta la parte quejosa, la resolución reclamada no atenta contra la garantía de una pronta y debida administración de justicia, y que la autoridad responsable ante el incumplimiento total de laudo emitido en el expediente 01/262/06, debía hacer efectivo el apercibimiento contenido en la fracción I, del numeral 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado. Lo anterior se estima así, toda vez de las actuaciones remitidas por la responsable en apoyo a su informe justificado, se desprende que en la resolución reclamada ordenó requerir a la demandada a fin de que diera cumplimiento al laudo emitido en el juicio 01/262/06, con el apercibimiento que de no hacerlo se procedería en términos del numeral 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado, la cual establece: "Artículo 124.- Las infracciones a la presente Ley que no tengan establecida otra sanción y la desobediencia a las resoluciones del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, se castigarán: I.- Con multa hasta de 15 salarios mínimos; y II.- Con destitución del infractor sin responsabilidad para el Gobierno del Estado o de los Municipios. Estas sanciones serán impuestas en su caso, por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje." Determinó que es una obligación del Ayuntamiento de Temixco acatar los laudos dictados por el Tribunal de Arbitraje en la entidad en términos del artículo 45, fracción XIII de la Ley del Servicio Civil del Estado -además- precisó que tiene la obligación de proveer sobre la ejecución de los laudos de conformidad con el artículo 150 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado aplicada de manera supletoria a la legislación referida en primer término. Finalmente, dejó expedito el derecho de la parte actora para la diligencia de requerimiento de pago en contra de la demandada a fin de dar cumplimiento al laudo. Así, al referir la responsable a diversos criterios sostenidos por los juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y los Tribunal Colegiados del Circuito en los que se ha precisado la necesidad de hacer del conocimiento del nuevo titular del Ayuntamiento el requerimiento de pago y en su caso, del auto de ejecución en su contra, debido a que el cumplimiento debe ser a cargo del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Temixco aludió a la jurisprudencia 1a./J. 29/2007, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Marzo de 2007, página 80, correspondiente a la Novena Época, registro digital 173014 de rubro: "INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL CAMBIO DE TITULAR DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE HACE NECESARIO UN NUEVO REQUERIMIENTO." En dicha jurisprudencia, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que tratándose de incidentes de inejecución en un juicio de amparo, la materia lo constituye el análisis y determinación del incumplimiento a una ejecutoria de amparo y de la contumacia de las autoridades responsables para ello, a fin de aplicar las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: la separación inmediata del servidor público del cargo y su consignación ante el Juez de Distrito correspondiente, para que sea procesado por el delito de abuso de autoridad establecido en el artículo 215 del Código Penal Federal. Así, dichas sanciones están dirigidas, en su caso, a la persona que incurrió en desacato, en ejercicio de sus funciones oficiales, ya que no se puede desvincular el individuo que tiene encomendada la responsabilidad gubernamental. Aunado a ello, para que el máximo tribunal de Justicia en el país pueda pronunciarse respecto de la procedencia de su aplicación, previamente debe agotarse el procedimiento establecido en el Capítulo XII de la Ley de Amparo, el cual salvaguarda la garantía de audiencia, tanto de las responsables como de los superiores jerárquicos, habida cuenta que debido a dichos requerimientos estarán informadas de la ejecutoria que están obligadas a cumplir, lo cual les permitirá acatarla y evitar que se les apliquen las sanciones correspondientes. Finalmente, la Primera Sala concluyó que al funcionario asuma el cargo de la autoridad responsable en el juicio debido al cambio de titular, cuando no haya tenido presencia en el procedimiento de ejecución de una sentencia de amparo, deberá requerírsele del cumplimiento respectivo una vez asumida su función o encargo. Como se advierte, la jurisprudencia referida estableció -dentro de un juicio de amparo- la necesidad de requerir el cumplimiento de una ejecutoria al nuevo servidor público que ocupe el cargo, de manera personalizada, ello para que en vista de la conducta que asuma (de cumplir el fallo protector o dejar de hacerlo) se pueda iniciar el procedimiento respectivo en contra del contumaz. El referido criterio se estima aplicable al juicio de origen, puesto que la Ley del Servicio Civil que lo rige establece como sanción para quien desobedezca las resoluciones del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, una multa hasta de 15 salarios mínimos y la destitución del infractor. De ahí que para llevar a cabo dichas sanciones es necesario que se dé garantía de audiencia para informar el laudo obligado a cumplirse, para permitir acatarlo y sólo en caso de no hacerlo, aplicar las referidas sanciones. Como lo determinó la responsable en la resolución combatida, al renovarse el Ayuntamiento demandado, se tiene que los servidores públicos que asumen funciones, ciertamente reciben las facultades y obligaciones propias del cargo para el que fueron electos o designados, sin embargo, para hacer efectivo un apercibimiento -en su caso de multa o destitución- se tiene que debe ser a la persona que ocupa el cargo y no a la institución en general, por la justificación contenida en el multicitado criterio jurisprudencial. Así, de concederse el amparo para que el Tribunal responsable hiciere efectivo el apercibimiento a la autoridad que requirió en diligencia de veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, sería necesario que la persona a la que se requirió de pago y se apercibió con sancionar en caso de no cumplir continuara actualmente en el cargo; sin embargo, conforme al artículo 115, fracción I, párrafo tercero de la Constitución General de la República, el periodo del mandato de los ayuntamientos no puede ser superior a tres años. Como lo refirió la responsable en la resolución reclamada, en el Municipio de Temixco hubo elecciones locales en el año dos mil dieciocho, renovándose la Presidencia y regidurías de dicho municipio a partir del uno de enero de dos mil diecinueve (concluyendo el cargo el treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno), a las cuales -al dictar el acuerdo reclamado- no se les había requerido de pago ni se les ha apercibido con las sanciones previstas en la legislación burocrática aplicable en caso de contumacia en el cumplimiento del laudo. Por ello lo infundado del concepto de violación puesto que de las constancias que obran en autos no se advierte que se haya notificado el requerimiento de pago en el juicio de origen a las autoridades que asumieron funciones en el año dos mil diecinueve por lo que a nada práctico conduciría que el amparo se concediera para que se castigue a una autoridad que no ha sido oída en la fase ejecutiva del controvertido natural. Por tal motivo la responsable estuvo en lo correcto al no declarar procedente la aplicación de la medida de apremio prevista en el artículo 124 de la Ley del Servicio Civil en el Estado de Morelos tomando en consideración que el Presidente Municipal de Temixco, Morelos, electo para el periodo dos mil diecinueve-dos mil veintiuno no había sido notificado del requerimiento de pago y del apercibimiento en caso de incumplir. En tales condiciones, ante lo infundado del concepto de violación expresado, aún suplido en su deficiencia; lo procedente es negar a ANTONIO MACEDO CARVAJAL, el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado. SEXTO. Cambio de Titular del Juzgado. Hágase del conocimiento a las partes que mediante oficio SEADS/1114/2021, de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, signado por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, informó que en sesión ordinaria de veinte de octubre del presente año, el Pleno del citado órgano determinó la adscripción de la Jueza Ana Columba Contreras Martínez, designándola como titular de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno; lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar y en particular los previstos en el artículo 126 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Sin que obste a lo anterior el hecho de que la audiencia constitucional haya sido celebrada por el anterior titular del juzgado, el engrose de la sentencia lo haga la actual Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, y que al momento de la emisión del fallo se notifique a las partes el referido cambio de Titular puesto que su derecho de manifestar algún impedimento queda expedito al recurrir el presente fallo. Apoya lo anteiror, la jurisprudencia 2a./J. 104/2010 visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, Julio de 2010, página 312, número de registro digital 164217, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO". Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión No Ampara ni Protege a ANTONIO MACEDO CARVAJAL, contra el acto que reclamó del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Morelos por los motivos expuestos en el considerando quinto de la presente resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, hoy veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno en que las labores del juzgado lo permitieron quien actúa asistida de Manuel Alexander Vázquez Falcón, Secretario que da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, catorce de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta; atento a su contenido, téngase a la autoridad responsable rindiendo su informe justificado, con el mismo y con las constancias que a él se anexan, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga, asimismo, téngase por hechas las designaciones que refiere. Tomando en consideración el volumen de las constancias que remitió la responsable, se ordena formar el anexo I, el cual queda a disposición de las partes para su consulta en la Secretaría de este Juzgado, en el entendido que se seguirá actuando en el presente expediente. En relación con las pruebas que ofrece la responsable, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas las mismas, sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional. Por lo que respecta a la solicitud en el sentido de que se autorice la utilización de medios electrónicos para copiar y reproducir las constancias procesales y autos que se decreten en el presente juicio de amparo, en términos de la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; al respecto se acuerda: En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, se le autoriza la copia de actuaciones por medios electrónicos como escaners, cámaras digitales o cualquier otro dispositivo eléctrico o electrónico; no obstante a ello, dichas herramientas deberán ser utilizadas con lealtad procesal, sin que se puedan reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; asimismo, por seguridad jurídica, se deberá dejar constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del Secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados. Lo anterior, encuentra sustento en lo conducente, en la tesis I.3o.C.725C, localizada en la novena época, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIX, marzo de dos mil nueve, página 2847. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
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