Antonio Lozano Trejo

Expediente 914/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
914/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
15/10/2020

Partes del expediente

  • Antonio Lozano Trejo

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo y específicamente el contenido de la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término establecido por el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese recurrido el proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, mediante el cual este Juzgado de Distrito desechó por improcedente la demanda de amparo que dio origen a esta instancia constitucional.En consecuencia, con fundamento en los artículos 2, 22 y 31, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes.Ante esa virtud, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido.Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transparencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se instruye lo siguiente:Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis contenida en el inciso d), del artículo 21, del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo donde se desechó la demanda de amparo; lo cual deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes transcurridos tres años contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente susceptible de destrucción la cual deberá ser remitida a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo dispone el tercer párrafo del numeral antes precisado. Notifíquese

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por Antonio Lozano Trejo, contra actos de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y otras autoridades. Integración del expediente. Fórmese el expediente 914/2020 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Determinación inicial. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, una vez analizada la demanda, este órgano jurisdiccional concluye que debe desecharse de plano, toda vez que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso numeral 5, fracción I, párrafo cuarto y 6, párrafo primero, de la Ley de Amparo como más adelante se analizará. Para justificar lo anterior, es importante precisar que en el artículo 113 referido se establece lo siguiente:... Dicho precepto faculta a los jueces de distrito para que, en los casos en los que adviertan la actualización de una causa de improcedencia, desechen de plano el escrito de demanda correspondiente, con la condición de que ello se desprenda de manera manifiesta e indudable. Sobre dichas condicionantes, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por "manifiesto" se debe entender aquello que es patente, notorio y absolutamente claro y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho; es decir, que es evidente. No obstante, para poder arribar a la conclusión de que una causa de improcedencia se advierte de ese modo, se debe tomar en cuenta la demanda de amparo, a efecto de que esté debidamente probada y no sea inferida con base en presunciones, de forma tal que resulte innecesaria la substanciación del juicio, en virtud de que no sería posible arribar a una determinación diversa. En ese mismo sentido, el Pleno del Alto Tribunal ha sostenido que cuando de la sola lectura de la demanda se advierte que existen cuestiones de derecho que impiden la procedencia del juicio, que por sus características propias no son desvirtuables con su tramitación, debe desecharse de plano por notoriamente improcedente, ya que sin importar lo que se alegue o las pruebas que se alleguen esa cuestión no se superaría. Ahora bien, en relación con el examen que se debe realizar de la demanda de amparo, es importante tener presente que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que aquélla debe ser interpretada en su integridad con la finalidad de establecer con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que la conforman con el fin de dictar una resolución que contenga la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Asimismo, el Pleno del Máximo Tribunal del País ha señalado que para lograr la fijación clara y precisa de los actos reclamados debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. De igual manera, ha establecido que los juzgadores de amparo deberán armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Así, al fijar los actos reclamados, el Juez debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se puede lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto... Del estudio del acto reclamado, se desprende que se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación a los numerales 5, fracción I, párrafo cuarto y 6, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Los preceptos citados disponen textualmente lo siguiente:... Los preceptos invocados establecen que el juicio de amparo bi-instancial resulta improcedente contra aquellos actos de autoridad que no produzcan una afectación real a la esfera jurídica de la parte quejosa, comprendiendo por ello que esa afectación producida por actos positivos o de naturaleza negativa se produzca, modifique o extinga una situación jurídica en torno a los derechos fundamentales del gobernado. La afectación al interés jurídico del gobernado no puede sustentarse en la realización de un acontecimiento futuro incierto o improbable, pues el acto de autoridad que se reclame en el juicio de derechos fundamentales debe incidir de forma real y cierta en los derechos que se encuentran incorporados a la esfera jurídica del quejoso, y además, deben producir afectación a la misma... Conforme a lo anterior, el juicio de amparo resulta improcedente si no se reúnen alguno de los siguientes requisitos: La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, Que el acto de autoridad afecte ese derecho, de donde deriva el agravio que se haga valer. Conforme a lo anterior, el enfoque de afectación con el que serán analizados los efectos que produce el acto reclamado no puede ser otro que el atinente a la causación de un agravio personal y directo a un derecho subjetivo (presupuestos del interés jurídico) con motivo de la aplicación de una norma de carácter general (norma autoaplicativa) o de un acto jurídico derivado de ella (heteroaplicativa). Lo anterior, ya que la parte quejosa en su carácter de prestador del servicio de transporte público, refiere que le resulta excesivo el pago de derechos para la renovación de la licencia tipo tarjetón tipo "B" para el servicio de transporte de pasajeros público individual taxi. Ahora bien, la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada a que el directo quejoso hubiese acreditado ser titular de un derecho público subjetivo y que sobre este se produjera una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, lo que no se actualiza. Pues, el quejoso incluso refiere en su escrito de demanda que no ha realizado el pago correspondiente para la obtención de la renovación de la licencia tarjetón tipo "B" para el servicio de transporte de pasajeros público individual taxi, y no se advierte que este sea su voluntad, ni tampoco hace mención que las autoridades responsables le hubieren requerido el pago correspondiente por dicho concepto. En efecto, no es suficiente lo referido por el quejoso para que la demanda que intenta en la presente vía sea procedente, sino que es menester que demostrara que el pago de los derechos que aduce le resultan excesivos, modificara, extinguiera o creara una situación jurídica en su agravio, lo que no sucedió en el particular, máxime que no ha realizado el mismo, ni tampoco se encuentra obligado o requerido por las autoridades responsables para realizar tal pago. ..De ahí que si la parte quejosa no demostró que el cobro de los derechos de renovación de la licencia tarjetón tipo "B" del servicio de transporte público tipo taxi, le causa perjuicio a su esfera jurídica, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación a los numerales 5, fracción I, párrafo cuarto y 6, párrafo primero, de la Ley de Amparo. De ahí que, procede decretar el desechamiento de plano de la presente demanda de amparo promovida por Antonio Lozano Trejo. Máxime que el ordenamiento legal y en particular las disposiciones legales que regulan el pago de derechos para la renovación de la licencia tarjetón tipo "B" (cuyo monto refiere el quejoso le es excesivo), contenidas en la fracción III, del artículo 229 del Código Fiscal de la Ciudad de México, no fue reclamado en este juicio constitucional como una norma auto aplicativa. No obstante ello, de ser el caso, la presentación del juicio de amparo en su contra resultaría extemporánea, dado que las reformas al artículo 229, fracción III, del Código Fiscal de la Ciudad de México (que contiene el pago de derechos de renovación de la licencia tarjetón tipo "B" que reclama el quejoso), contenidas en el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal, y se adiciona un párrafo segundo al artículo 7 de la Ley de Justicia Administrativa, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve, entró en vigor el primero de enero dos mil veinte, por lo que, a la fecha, su impugnación resultaría inoportuna en términos de lo dispuesto por la fracción I, del artículo 17 de la Ley de Amparo... Notifíquese personalmente.

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