Antonio Lozano Pineda
Expediente 918/2013 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 1 actuación registrada, la última del 18 de marzo de 2014.
Datos del expediente
- Expediente
- 918/2013
- Año
- 2013
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 18/03/2014
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Antonio Lozano Pineda
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el telegrama de cuenta, que remite la Directora Contenciosa de la Oficina del Abogado General de la Secretaria de Salud, en representación del Secretario de Salud y Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, con residencia en la Ciudad de México; atento a su contenido, se tiene por interpuesto el recurso de queja que hace valer en contra del proveído de cinco de octubre pasado, en el que se concedió la suspensión provisional de los actos reclamados a la parte quejosa; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 97 fracción I, inciso b), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto dicho medio de impugnación, lo cual deberá notificarse por lista a todas las partes y esta determinación debe ser cumplida y respetada por todos hasta que por los recursos legales se deje sin efectos; por tanto, remítase de inmediato el original del presente incidente de suspensión a la superioridad, para la substanciación del medio de impugnación hecho valer, enviándose al efecto el original del escrito de expresión de agravios, así como el informe sobre la materia de la queja, para lo que a bien tenga determinar la superioridad. Sin que sea necesario para la integración del expediente que se remite para resolver dicho recurso, que obren los oficios de notificación de este acuerdo a las autoridades responsables, en atención a que este juzgador como rector del proceso y atendiendo a la naturaleza sumaria que se le debe dar al recurso ya ordenó que se notifiquen por lista a todas las partes, entre ellas a las responsables, lo cual resulta legal según se desprende de las siguientes consideraciones: Al respecto cabe precisar, que el recurso de queja contra las resoluciones que concedan o nieguen la suspensión de plano o la provisional, constituye un medio de defensa de sustanciación urgente, como se advierte de los artículos 98, fracción I y 101, segundo y quinto párrafos, que establecen breves plazos para su interposición -dos días hábiles-, para la remisión de las constancias al Tribunal Colegiado resolutor -de manera inmediata una vez que se haya notificado a las partes- y para su resolución, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la recepción de las constancias respectivas. La naturaleza sumarísima de su tramitación atiende a que resulta imperioso para el recurrente, que la determinación adoptada por el juzgador de distrito respecto de la suspensión de plano o la provisional, que en parte o de manera total frustró la protección anticipada que perseguía con la solicitud de la suspensión del acto reclamado, sea sujeta a un control formal y material de legalidad por el Tribunal Colegiado, de manera inmediata, con la finalidad de que se dé pronta respuesta sobre si la concesión o negativa de la medida cautelar estuvo ajustada a derecho y evitar así que sus derechos queden irreparablemente consumados; de ahí que en el trámite y resolución de la conocida queja de cuarenta y ocho horas, impere un principio de celeridad y urgencia en su tramitación y resolución. Lo anteriormente expuesto, encuentra también justificación en los derechos de acceso a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, en su vertiente de acceso a la doble instancia, previstos en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25, numeral 1 y 8, numeral 2, inciso h), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que anular la tramitación sumarísima del recurso de queja en comento y soslayar su naturaleza urgente, mengua su eficacia en función del principio de peligro en la demora y frente al hecho de que, dictada la suspensión definitiva -de ser el caso-, dicho medio de defensa quedaría sin materia y, por ende, inservible para su objeto (que la suspensión provisional o de plano sea revisada en una segunda instancia). En ese contexto, se ve con claridad que la razón subyacente de la regla general prevista en el artículo 101, párrafo primero, de la Ley de Amparo, relativa a que el juzgador de distrito notifique a las demás partes diferentes del recurrente, el auto en que se tiene por interpuesto el recurso de queja, tiene como exclusiva finalidad que en el plazo de tres días señalen las constancias que estimen necesarias para agregar en copia certificada al testimonio que se remitirá al tribunal revisor. De esa misma manera en la queja urgente, la notificación a las partes respecto de su interposición, también tiene como finalidad que señalen las constancias que el juzgador habrá de remitir al órgano colegiado para su resolución, aunque por su tramitación sumarísima, dicho señalamiento no se sujeta al plazo de tres días, pues la remisión de las constancias debe efectuarse inmediatamente, como lo dispone el segundo párrafo del citado numeral 101 de la ley de la materia. En virtud de lo anterior, atendiendo al principio de celeridad y urgencia que rige la tramitación sumarísima e inmediata del recurso de queja, contra la suspensión de plano o la provisional y a fin de que las partes no queden en estado de indefensión, se ordena la remisión del original del presente incidente de suspensión al Tribunal Colegiado para que resuelva el citado medio de defensa, con lo cual queda plenamente satisfecha la finalidad prevista en el precepto 101, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, pues resulta innecesario que las partes efectúen el señalamiento de las constancias que estimen pertinentes remitir al órgano resolutor, porque le serán enviadas la totalidad de las que integran el original del presente incidente. Así, al quedar colmada plenamente la finalidad que persigue la disposición contenida en el numeral 101, párrafos primero y segundo, del ordenamiento legal en cita, se ordena la notificación por lista a las partes, incluidas las autoridades responsables, del proveído en el que se tiene por interpuesto el recurso de queja planteado en términos del artículo 97, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo y, de manera inmediata, la remisión de dichas constancias al Tribunal Colegiado respectivo, con lo cual queda satisfecha la integración adecuada del expediente y se posibilita la resolución sumarísima por parte del órgano revisor en el plazo de cuarenta y ocho horas que establece la ley; evitando con ello que disminuya su eficacia ante el peligro en la demora. Además de que tal proceder se ajusta a la jurisprudencia 1a./J. 26/2017 (10a.), con registro digital 2014429, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO. SU TRÁMITE ESTÁ SUPEDITADO A QUE EL JUEZ DE DISTRITO REMITA INMEDIATAMENTE LAS CONSTANCIAS RESPECTIVAS AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, ACOMPAÑANDO LOS COMPROBANTES DE NOTIFICACIÓN A LAS PARTES DEL AUTO EN EL QUE SE TUVO POR INTERPUESTO AQUÉL.", porque en dicho criterio la Primera Sala determinó que constituye una formalidad insoslayable notificar a las partes el auto en el que se tiene por interpuesto el recurso de queja urgente, cuyo cumplimiento se corrobora con los comprobantes de dicha notificación a las demás partes, diferentes del recurrente, constancias que deberán ser remitidas de manera inmediata; empero, en modo alguno prohíbe que la notificación a las partes se efectúe mediante lista, de ahí que la determinación de este juzgador en el sentido de notificar la interposición del recurso por lista a las partes -incluidas las autoridades responsables-, constancia de notificación que le será remitida, lo cual no constituye desacato al criterio jurisprudencial en mención. Además, cabe precisar que si bien es cierto que en términos del artículo 26, fracción II, de la Ley de Amparo, las notificaciones a las autoridades responsables se practicarán por oficio, esto no significa que todas las notificaciones en el expediente deben ser notificadas por ese medio, toda vez que tal artículo debe interpretarse en relación con los numerales 29, 30 y 31 de la misma ley y tal interpretación sistemática y armónica permite concluir que le corresponde al juzgador determinar la forma en que ordenará la notificación de los acuerdos de trámite en el juicio de amparo, atendiendo a su trascendencia; resultando relevante para el caso en concreto privilegiar la naturaleza urgente y tramitación sumarísima del recurso de queja, en función del principio de celeridad en su tramitación y resolución, por lo que a fin de respetar los derechos de acceso a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, se ordena que la notificación a todas las partes se haga por lista, máxime que la finalidad de tal notificación (integración del testimonio que se remita al tribunal revisor) está satisfecho al ordenar remitir en su totalidad el original del incidente de suspensión en que se actúa. De tal manera que la orden de la notificación por lista tiene su apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), con registro digital 2002576, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, página 1253, de contenido siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.- Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. En caso de que el Tribunal Colegiado no comparta estas razones, se le pide atenta y respetuosamente se expongan los motivos por los cuales dichas razones son inexactas para poder entender como un recurso de cuarenta y ocho horas no se le debe dar el trámite sumarísimo que la Ley de la Materia exige. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Téngase a la autoridad en cita, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, así como designando como delegados las personas que refiere en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo.
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