Antonio Lozano Loya
Expediente 90/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 90/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Antonio Lozano Loya
- Congreso del Estado de Chihuahua
Actuaciones
- Principal
CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A VEINTISÉIS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación que antecede, así como con el estado que guardan los presentes autos, y toda vez que en fecha doce de febrero este juzgado consideró no admitir la competencia y devolvió los autos; no obstante ello, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Chihuahua, no ha acusado el recibo de estilo correspondiente, pero del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se desprende que dicha autoridad, no promovió conflicto competencial y con fecha diecinueve d febrero del año en curso, admitió a trámite el juicio de amparo relativo y señaló como fecha para la celebración de la audiencia constitucional el veintinueve de marzo del año en curso. Sin perjuicio de que de recibirse con posterioridad el acuse de recibo correspondiente se agregue al Expediente. Por lo que, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, dicho expediente, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por no haberse admitido la competencia de referencia, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Conforme a lo ordenado en el numeral 35 (treinta y cinco), primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, como también que es destruible. Por otro lado, hágase conforme a lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, la compulsa del expediente electrónico y físico y acorde a las reglas y acuerdos generales emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal. NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Félix Santillanes Cruz, Secretario de Acuerdos, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, DOS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto lo de cuenta, agréguense a sus autos para que obren como legalmente correspondan. Visto el oficio con el oficio 140/2021-1 AGCN, remitido por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Chihuahua, residente en Chihuahua, Chihuahua, y anexos, agréguense sin mayor proveído, toda vez que con fecha doce de febrero del año en curso, este Órgano Jurisdiccional no aceptó la competencia planteada por el Juez declinante. CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Félix Santillanes Cruz, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, DOCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto el oficio 140/2021-1 AGCN, remitido a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, residentes en la localidad, por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Chihuahua, residente en Chihuahua, Chihuahua, así como los autos del juicio de amparo 211/2021 y anexos, promovido por Antonio Lozano Loya, en contra de actos del Congreso y Gobernador del Estado de Chihuahua, a través del cual se declara incompetente para conocer de dicho asunto. Regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo con el número 90/2020-III-B, y fórmese expediente electrónico e impreso. Del contenido integral del citado oficio se aprecia que el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en Chihuahua capital, se declaró incompetente para resolver dicho juicio de amparo al considerar que las las documentales allegadas a la demanda de amparo, concretamente de los certificados de pago de número 1130996 y 1130941, con fecha de operación del veintinueve de enero de dos mil veintiuno, expedido por la oficina de Recaudación de Rentas de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua, de Ciudad Juárez, Chihuahua, de las que se desprende que la parte quejosa realizó dos pagos por la inscripción traslativa de dominio de propiedad cada uno por la cantidad de $15,759.00 (quince mil setecientos cincuenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), y por ello argumenta el juez declinante que resultan incuestionables los certificados de pago para acreditar que la ejecución de la ley impugnada, se llevó a cabo en Ciudad Juárez, Chihuahua, esto es, se realizó el pago respecto a la inscripción traslativa del dominio de propiedad de inmuebles, por lo que ese órgano de control constitucional carece de competencia legal para conocer del presente asunto, atendiendo a las reglas previstas por el artículo 37 de la Ley de Amparo, en especial a la prevista en su primer párrafo y que por ello, es competente para conocer del juicio de garantías el juez de distrito en cuya jurisdicción deba ejecutarse, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; en esa virtud, debe convenirse que atendiendo a que el acto impugnado tiene ejecución en Ciudad Juárez, Chihuahua. virtud por la cual remitió la demanda de amparo con sus anexos y por cuestión de turno le correspondió a este juzgado. Sin embargo, este juzgador no acepta la competencia, y no comparte las razones expuestas por el juez declinante, toda vez que para fijar la competencia por territorio sostuvo que el acto reclamado consistente en: "IV.-ACTOS RECLAMADOS 1.- DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, se le reclama la aprobación y expedición del Decreto No. LXVI/APLIE/0952/2020 I P.O., que contiene la Ley de Ingresos para el Estado de Chihuahua y su tarifa anexa, que contiene el apartado IV en la que se establece el cobro de derechos por los servicios prestados por la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado, específicamente, el numeral 11, que contiene la tarifa de $15.000.00 pesos (QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N.), por las inscripciones traslativas de dominio de propiedad de inmueble o garantías constituidas sobre estos. 2.- DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, se le reclama la promulgación de cada uno de los ordenamientos legales expedidos por el H. Congreso del Estado de Chihuahua". Atento a lo anterior, es claro que el acto reclamado en el amparo indirecto, se encuentra claramente identificado, pues el propósito de la demanda de amparo lo constituye la aplicación de los ordenamientos legales reclamados, pero en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, por lo siguiente: Así, en el caso a estudio la redacción del artículo aplicable, que es el 37 de la Ley de Amparo, establece de manera textual, lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Ahora bien, del contenido del precepto legal transcrito con antelación se desprenden las reglas que deben observarse para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda. Atento a lo anterior, si como se precisó en párrafos precedentes, el propósito subyacente en el amparo indirecto lo constituye la aplicación de los ordenamientos legales reclamados, que según conceptos de los certificados de pago consisten en pagos por CANCELACIÓN DE CRÉDITOS OTORGADOS POR INSTITUCIONES DE CRÉDITO VIVIENDA SECTOR PÚBLICO Y CON NOTA MARGINAL EN LIBROS Y INSCRIPCIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE PROPIEDAD DE INMUEBLE O GARANTÍAS CONSTITUIDAS, por las que pagó el quejoso los derechos por los servicios prestados por la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado, específicamente, el numeral 11, que contiene la tarifa de $15.000.00 (quince mil pesos 00/100 moneda nacional), y que a su parecer dicha cantidad es exorbitante, por ello recurre a esta vía constitucional. Ahora, por el simple hecho de haberse pagado la cantidad mencionada en esta Ciudad Juárez, Chihuahua, no puede fincarse competencia a este órgano jurisdiccional, pues bien puso haberse pagado en distintos lugares del Estado de Chihuahua, donde existe Recaudación de Rentas por cualquier circunstancia, ya sea porque en esa fecha, ahí se encontrara el quejoso, contrariamente a la aseveración que hace el juez declinante, no se acredita que los actos reclamados tengan ejecución material en esta Ciudad Juárez, Chihuahua, tan es así que en la demanda de amparo establece claramente el quejoso Antonio Lozano Loya, en el capítulo de Autoridades Responsables, que en el presente caso no existen autoridades ejecutoras, y que impugna estas normas de carácter de heteroaplicativas, con motivo de su primer acto de aplicación, lo que aconteció al momento de que realizó el pago del derecho, lo que constituye un pago que no es atribuible a ninguna autoridad, ni siquiera aquella que fungió como exactora de la contribución reclamada en esta vía Constitucional, tal y como lo establece la jurisprudencia que el promovente menciona, del rubro: "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOUQUIDACÍÓN DE UN TRIBUTO NO ES ACTO DE APLICACIÓN IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS". Y complementando lo anterior, se indica que la autoliquidación del pago realizado, si bien constituye un acto de aplicación de la ley solamente sirve de base para demostrar el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley y a partir de ahí, empieza a correr el plazo para promover el amparo, mas no es determinante para establecer actos de ejecución material como lo pretende el juez declinante. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 153/2007, Registro digital 171860, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Materia Común, Tomo XXVI, Agosto de 2007, página 367, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual aparece bajo los siguientes rubro y texto: "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora". Igualmente resulta ilustrativa la Jurisprudencia 1a./J. 17/2014 (10a.), de Registro digital 2006529, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, Materia Común, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, página 500, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, la cual aparece bajo los siguientes rubro y texto: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo". Por tanto, dicho acto reclamado se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 37, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, esto es, puede tener ejecución en más de un distrito y, por ello, el competente para conocer del juicio de amparo es el juez ante el cual se presentó la demanda. Y ello se afirma por las siguientes circunstancias que de la propia demanda de amparo y anexos se desprenden a saber: --- El quejoso presentó su demanda de amparo en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en aquella localidad. --- En el contexto de su demanda de amparo, también subrayó: BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO A USTED, C. JUEZ DE DISTRITO EN TURNO CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA, POR SER EL COMPETENTE LEGALMENTE PARA CONOCER SUBSTANCIAR Y RESOLVER ESTA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO, QUE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE CONSTITUYEN LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO SON CIERTOS, ASÍ COMO EL CONCEPTO DE VIOLACIÓN. --- En su capítulo de pruebas inciso 1), refiere: "1. DOCUMENTALES PÚBLICAS. - Respecto a las facturas electrónicas con números de operación 1130996 y 1130941 a nombre del suscrito contribuyente de fecha veintinueve de enero de dos mil veintiuno, emitido por la Secretaria de Hacienda de Gobierno del Estado de Chihuahua, por concepto de pago de derechos para el registro e inscripción de los instrumentos referidos en la Oficina del Registro Público de la Propiedad y del Notariado del Distrito Judicial Morelos". --- Además en el mismo capítulo de pruebas pidió al juez receptor de la demanda de amparo, considerara la ejecutoria del Juicio de Amparo 1090/2016, del índice del Juzgado Tercero de Distrito residente en Chihuahua, Chihuahua (de lo cual por cierto no dijo nada en su resolución declinante). Manifestaciones las anteriores a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 95, 96 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2o. Sirve de apoyo la tesis, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 857, Tomo XII, Diciembre de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESION EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). Siendo disposición del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; el que los hechos expresados por el promovente en la demanda constituyen una confesión expresa, es evidente que las aseveraciones que el peticionario formula en su demanda de amparo, prueban plenamente en su contra sin necesidad de ofrecerse como prueba, por constituirse una confesión expresa.". Y por todo lo anterior, se concluye que el registro e inscripción de los instrumentos referidos en la Oficina del Registro Público de la Propiedad y del Notariado, por los que se realizó el pago por el quejoso, de manera libre, voluntaria y nunca por mandato o exigencia de alguna autoridad, son del Distrito Judicial Morelos. Y no del Distrito Judicial Bravos. En ese sentido, las exactoras de donde deriva el pago de los derechos realizado por el quejoso tienen su asiento en Chihuahua, Chihuahua y será aquel Juez el competente para conocer de la demanda de amparo, a prevención, en términos del segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable en lo atingente al caso, la tesis VI.2o.20 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, la que puede ser consultada en la página 395, del Tomo III, del mes de febrero de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo texto es el siguiente: "COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO, NO DERIVA DEL DOMICILIO SEÑALADO POR EL QUEJOSO, SINO DEL LUGAR DONDE RESIDAN LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO EJECUTORAS. El primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, establece que la competencia de los jueces de Distrito para conocer de un juicio de garantías, cuando el acto reclamado requiera de ejecución material, se surtirá en favor de aquel en cuya jurisdicción deba de tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Luego, es inconcuso que lo que define la competencia del juez de Distrito para conocer del amparo contra esa clase de actos, no deriva del domicilio de trabajo o particular señalado por el quejoso en su demanda, sino del lugar de residencia de las autoridades señaladas como ejecutoras". Asimismo, para determinar el tema de la competencia, debe estarse a las consecuencias jurídicas del acto reclamado, tal y como lo estableció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la tesis visible en la página mil doscientos noventa y nueve, Tomo XIV, agosto de dos mil uno, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente señala: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora". En el anterior orden de ideas, si del sello que aparece en la demanda de amparo se desprende que fue presentada el cuatro de febrero de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en Chihuahua capital, y fue turnada al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad del mismo nombre, el suscrito Juez de Distrito considera que no existe obstáculo legal para que dicho órgano jurisdiccional conozca del juicio de amparo que nos ocupa por lo que no se acepta la competencia planteada, ello con fundamento en lo dispuesto por los artículos los artículos 37, párrafo segundo y 48, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. A mayor abundamiento, cabe decir que en el supuesto inadmitido de que el pago efectuado del impuesto verse sobre inmuebles de los que se desconoce su ubicación física dentro del Estado de Chihuahua, debe atenderse que el quejoso la presentó en el Juzgado de Distrito que le fue más accesible; por ello, si se toma en cuenta que el juicio de amparo es un medio de control de constitucionalidad y principal precursor en salvaguardar los derechos fundamentales, de una interpretación del artículo 36 de la Ley de Amparo, conforme al principio de acceso a la justicia pronta y expedita previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al diverso 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, para efectos de celeridad, la competencia se surte a favor del Juez de Distrito que de primer momento recibió la demanda. Sirve de sustento a lo anteriormente determinado, la Jurisprudencia I.16o.A.9 K (10a.), Registro digital 2010698, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Materia Común, Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo II, página 1223, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, la cual aparece bajo los siguientes rubro y texto: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE SEÑALE UNA PLURALIDAD DE ACTOS RECLAMADOS, ENTRE LOS CUALES SE ENCUENTRE UNO QUE DEBA TENER EJECUCIÓN MATERIAL, QUE INCLUSO YA SE EJECUTÓ, ASÍ COMO OTROS QUE NO LA REQUIERAN, SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA. El artículo 37 de la Ley de Amparo establece tres reglas de competencia por territorio de los Jueces de Distrito para conocer del juicio en la materia, en razón del acto reclamado, a saber: a) si requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado; b) si puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el Juez ante el que se presente la demanda; y, c) si no requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora bien, acorde con el contenido integral, armónico y coherente del precepto citado, aunado al principio de continencia de la causa, se colige que cuando en el amparo indirecto se señale una pluralidad de actos reclamados, entre los cuales se encuentre uno que deba tener ejecución material, que incluso ya se ejecutó, por ejemplo, la orden de bloqueo de una cuenta bancaria y su materialización, así como otros que no la requieran, en principio, serán competentes para conocer del asunto, en su integridad, tanto el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde se ejecutó el acto reclamado, como aquel en cuya jurisdicción se presentó la demanda, respecto de los actos reclamados que no requieren ejecución material. Sin embargo, ante la falta de regulación expresa para ese tipo de supuestos, en observancia del principio pro persona, contenido en el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esa Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y al encontrarse involucrado en la especie el derecho humano de acceso a la justicia, consagrado en el diverso numeral 17 de la referida Carta Magna, se concluye que la competencia se surte en favor del Juez en cuya jurisdicción se presentó la demanda, porque de acuerdo con el sentido y alcance del derecho humano mencionado, la circunstancia de que el quejoso haya presentado su escrito ante la autoridad de amparo con competencia en uno de los territorios relacionados con el asunto, permite presumir fundadamente que ese juzgador federal es el de más fácil acceso material para dicha justiciable, respecto del otro, dado que el promovente optó por acudir ante él y no con el otro". Por consiguiente, devuélvase el juicio de amparo remitido por el juez declinante, para que esté en aptitud de proveer lo conducente; solicitándole tenga a bien acusar recibo de su recepción. Con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, se ordena al oficial administrativo la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboren, así como toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo, o en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, procédase a su impresión a efecto de ser incorporados al expediente, y en cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar todas aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; en tanto que el Secretario deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. Cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, asistido del licenciado Félix Santillanes Cruz, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe. FSC.
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