Antonio López López
Expediente 1606/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1606/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/12/2019
Partes del expediente
- Antonio López López
- Cupertino Morales López
- CUPERTINO MORALES LÓPEZ y Otros.
Actuaciones
- Principal
En razón de que los quejosos ***, no recurrieron dentro del término legal el proveído en el que se tuvo POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE AMPARO (foja 9), se declara que HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes. Por otra parte, destaca que a la fecha, transcurrió el término legal de cinco días a que hace referencia el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, para que los quejosos *** dieran cumplimiento a la prevención efectuada en el auto aludido en párrafos precedentes (foja 9 vuelta). En ese sentido, tomando en consideración que dicho plazo transcurrió del nueve al trece de diciembre del año en curso (foja 19); sin que los promoventes cumplieran la aludida prevención; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el mismo, y se tiene POR NO PRESENTADA la demanda de amparo.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA AL QUEJOSO: En razón de que los quejosos ***, no recurrieron dentro del término legal el proveído en el que se tuvo POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE AMPARO (foja 9), se declara que HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes. Por otra parte, destaca que a la fecha, transcurrió el término legal de cinco días a que hace referencia el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, para que los quejosos *** dieran cumplimiento a la prevención efectuada en el auto aludido en párrafos precedentes (foja 9 vuelta). En ese sentido, tomando en consideración que dicho plazo transcurrió del nueve al trece de diciembre del año en curso (foja 19); sin que los promoventes cumplieran la aludida prevención; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el mismo, y se tiene POR NO PRESENTADA la demanda de amparo.
- Principal
Vista; la demanda de amparo promovida por ***** contra actos del Gobernador del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad y otras autoridades; fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, con el número de expediente 4-C-1606/2019. DIGITALIZACIÓN De conformidad con los artículos 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial Federación, 89, 90, 91, 92 y 95 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, procédase a la digitalización oportunamente y de manera legible de las constancias que en su caso se presenten de manera impresa y de la impresión de las que se presenten de forma electrónica, de conformidad con el artículo 3, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo; en el entendido que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o a datos personales o que no formen parte del expediente electrónico, quedarán a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado o, en su caso, se ordenará la integración de cuadernos auxiliares con dichos documentos que no se agregarán al expediente impreso respectivo ni a su versión electrónica. NO INTERPUESTA Al tomar en consideración que el escrito de demanda carece de la firma autógrafa de ****, y toda vez que es un requisito que resulta indispensable para la procedencia del juicio de amparo, porque la firma no constituye un elemento de forma, sino un requisito esencial para dar validez a un documento; de donde resulta indispensable que conste en original la firma de quien promueve, toda vez que, sin ella no puede considerarse ejercida la acción constitucional, en virtud, de que sólo así se acredita la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos. Por ende, se tiene por no interpuesta la demanda, única y exclusivamente por lo que respecta a *****. Apoya la anterior disposición la tesis aislada I.15º.A.17 K, sustentada por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1613, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Agosto de 2007, Novena Época, que la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE TENERSE POR NO INTERPUESTA CUANDO EL ESCRITO RELATIVO NO SE ENCUENTRE FIRMADO POR EL QUE APARECE COMO PROMOVENTE, SIN TENER QUE PREVENIRLO PARA QUE LA FIRME. El artículo 4o. de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías puede promoverse sólo por la parte a quien perjudique el acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña, en los casos en que la ley lo permita expresamente. En esos términos, si el escrito de demanda no contiene la firma de la persona que aparece como promovente, debe considerarse que la acción constitucional no se ha ejercitado, pues la firma es el conjunto de signos manuscritos a través de los cuales las personas expresan su voluntad de realizar determinado acto en forma escrita y con ella se acredita la autoría del documento, siendo indispensable para dar validez a cualquier actuación escrita. Por consiguiente, la ausencia de firma en el escrito de demanda equivale a la falta de voluntad para promover el juicio de amparo y, entonces, no debe, incluso, prevenirse al señalado como promovente para que estampe su firma, pues, además, ésta no entraña uno de los requisitos de forma a que se refiere el artículo 116 de la legislación de la materia, que pueda regularizarse en términos del diverso 146, sino un presupuesto de existencia del ejercicio de la acción, cuya ausencia no conduce siquiera a desechar por improcedente la demanda, pues no puede desecharse lo que no existe, sino a tenerla por no interpuesta ante la falta de expresión de la voluntad del que aparece como promovente." ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE LA DEMANDA. A efecto de acordar si procede o no su admisión, se analizará si la parte quejosa cumplió las premisas previstas en los artículos 108 y 114 de la Ley de Amparo. PREVENCIÓN Y REQUERIMIENTO A LAS PARTES. Ahora, tomando en consideración que se aprecia que los amparistas no narran la totalidad de los antecedentes del acto o actos reclamados; es decir, omiten hacer una narración precisa de todos aquellos acontecimientos positivos o negativos ocurridos con antelación al acto o actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías; esto, porque así lo exige la fracción V, del artículo 108, de la ley de la materia, pues es necesario que los impetrantes amplíen los antecedentes del acto reclamado, esto es, manifiesten bajo protesta de decir verdad, porqué concretamente señalan al 1) Gobernador del Estado de Chiapas, 2) Secretario General de Gobierno del Estado de Chiapas, 3) Dirección de Asuntos Agrarios del Gobierno del Estado de Chiapas, 4) Fiscalía General del Estado, todos con sede en esta ciudad, 5) Fiscalía de Distrito Fraylesca, residente en Villaflores, Chiapas, 6) Fiscalía del Ministerio Público Investigador de Ángel Albino Corzo, Chiapas, 7) Dirección General de la Policía Especializada, con residencia en esta ciudad, 8) Director Regional de la Policía Especializada, domiciliado en Villaflores, Chiapas, 9) Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas, residente en esta ciudad y, 10) VII Región Militar en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y no únicamente a autoridades del lugar donde refieren se encuentra el predio del que dicen serán desalojados, siendo inverosímil que todas las autoridades señaladas como responsables emitan y ejecuten los actos que reclaman. Lo anterior, a fin de realizar un estudio integral de la demanda de amparo. Resulta aplicable a lo anterior la tesis I.7o.A.100 K, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, página 990, Tomo XXIII, Abril de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley." Máxime que, en el capítulo de antecedentes señalan que el cinco de noviembre de dos mil diecinueve, se presentó una persona que dijo ser del gobierno y les dijo que debían abandonar las tierras que aducen son de su propiedad, ya que en los siguientes días los desalojaran las corporaciones policiacas por órdenes del Fiscal General del Estado ***y de la Secretaría General de Gobierno a cargo de ***. Por otro lado, en el apartado relativo al acto reclamado refieren la orden de desalojar el predio rústico ***** Además, solicitan se les conceda el amparo y protección de la Justicia Federal, ordenando la revocación total de la resolución y que sean oídos y vencidos en un juicio. Del mismo modo, mencionan que ha pretendido sacarlos por medio de la fuerza ****, apoderado legal de los anteriores propietarios, sin antes llevar un procedimiento legal ante la autoridad civil. Por otra parte, señalan como autoridad responsable a la Fiscalía de Distrito Fraylesca, con residencia en Villaflores, Chiapas, sin embargo de la página de internet de la Fiscalía General del Estado (https://www.fge.chiapas.gob.mx/Informacion/Directorio/Organo?id=56), se advierte que en dicha fiscalía se encuentran adscritos diversos Fiscales del Ministerio Público y Unidades de Investigación, sin que precise a qué autoridad se refiere. De igual manera, mencionan como responsable al Director Regional de la Policía Especializada, con residencia en Villaflores, Chiapas, pero en la página de internet de la Dirección General de la Policía Especializada (https://www.fge.chiapas.gob.mx/Informacion/Directorio/Organo?id=25), no se advierte la existencia de dicha autoridad. Finalmente, señalan a la VII Región Militar en Tuxtla Gutiérrez, con sede en esta ciudad, sin precisar a qué autoridad de dicha región militar designan como responsable. Por lo que, no se advierte con claridad cuál es el acto o actos que reclaman y a qué autoridad o autoridades responsables atribuyen cada uno; ya que la correcta fijación del acto reclamado resulta indispensable para que en el momento procesal oportuno este juzgador pueda pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo. Tiene aplicación la tesis XX. 57 k, del entonces único Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, página 871, Tomo III, Marzo de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS". En otro aspecto, en el capítulo de suspensión del acto reclamado refieren: "trae graves daños irreparables a nuestras familias que ahí vivimos desde hace más de diez años y que dependen de lo que se produce en la finca", sin precisar si también promueven en representación de diversas personas de su comunidad. Por otra parte, en el proemio de la demanda aparece el nombre de ***, pero al calce de la demanda aparece la firma de *****, por lo que deberán precisar su nombre correcto. Así también, se observa que la última hoja de la demanda de amparo, es en la que se encuentran plasmadas únicamente las firmas de los quejosos, sin que contenga texto de la demanda (foja 7), aunado a que todo el escrito inicial carece de folio, lo que hace dubitativa la voluntad de los promoventes de instar el presente juicio constitucional. En tal virtud, con fundamento en los numerales 108, fracciones IV y V, y 114, fracciones II y IV, de la Ley de Amparo, requiérase a los promoventes para que dentro del término de cinco días, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, manifiesten lo siguiente: A) Por qué concretamente señalan al 1) Gobernador del Estado de Chiapas, 2) Secretario General de Gobierno del Estado de Chiapas, 3) Dirección de Asuntos Agrarios del Gobierno del Estado de Chiapas, 4) Fiscalía General del Estado, todos con sede en esta ciudad, 5) Fiscalía de Distrito Fraylesca, residente en Villaflores, Chiapas, 6) Fiscalía del Ministerio Público Investigador de Ángel Albino Corzo, Chiapas, 7) Dirección General de la Policía Especializada, con residencia en esta ciudad, 8) Director Regional de la Policía Especializada, domiciliado en Villaflores, Chiapas, 9) Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas, residente en esta ciudad y, 10) VII Región Militar en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y no únicamente a autoridades del lugar donde refieren se encuentra el predio del que dicen serán desalojados, siendo inverosímil que todas las autoridades señaladas como responsables emitan y ejecuten los actos que reclaman. B) Si en realidad se duelen únicamente de la orden de desalojo del predio rústico ***, de ser así, deberán indicar a qué autoridad en específico le atribuyen dicha orden, si ésta se emitió de manera verbal o escrita, la fecha en que ello aconteció, cuándo se les notificó, el tipo de procedimiento del que deriva, así como todos los antecedentes al respecto y, en su caso, si los demás actos que mencionan son sólo antecedentes o consecuencias del referido en primer término o las violaciones que le atribuyen. C) De igual manera, deberán precisar la ubicación exacta del predio que refieren, esto es, su denominación, dirección, dimensión, así como medidas y colindancias, a efecto de que las autoridades responsables se encuentren en aptitud de rendir sus informes con relación al acto reclamado y este juzgado pueda pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo. D) Luego, en atención a que piden se ordene la revocación total de la resolución y que sean oídos y vencidos en un juicio, precisen si reclaman de manera destacada la falta de emplazamiento a un procedimiento, indicando a qué procedimiento se refieren, quienes son las partes, si son parte en el mismo, en qué estado procesal se encuentra y a que autoridad se lo atribuyen o por qué razón lo mencionan. E) Para qué efecto especifico solicitan la suspensión del acto reclamado. F) Manifiesten la fecha exacta y la forma en la que tuvieron conocimiento de cada uno de los actos que reclamen. G) Indiquen el nombre correcto de la parte quejosa, esto es, ***. H) Señalen a qué autoridad designan como responsable con la denominación Fiscalía de Distrito Fraylesca, con residencia en Villaflores, Chiapas, esto es, precisen a qué Fiscal del Ministerio Público o Unidad de Investigación se refieren o si en realidad pretenden señalar únicamente al Titular de dicha fiscalía. I) Manifiesten la denominación correcta de la autoridad que señalan como Director Regional de la Policía Especializada, con sede en Villaflores, Chiapas o si en realidad señalan al Comandante Regional de la Policía Especializada, con sede en dicha localidad. J) Indiquen a qué autoridad señalan con la denominación VII Región Militar en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, esto es, señalen a qué autoridad de dicha región militar designan como responsable, precisando su cargo y denominación completa. Además, deberán manifestar: K) Si actualmente están en posesión del predio que refieren, si viven en el mismo o sólo lo poseen y con qué carácter lo hacen. L) Si son los únicos poseedores y, en caso de existir más, mencionen quiénes son. M) Desde cuándo tienen en posesión el predio. N) Si han promovido algún juicio o medio de defensa diverso contra los actos reclamados o alguno relacionado con ellos; en su caso, deberán precisar cuál fue éste, ante qué autoridad se promovió, en qué estado se encuentra, el número de expediente y todos los datos que permitan identificar ese juicio o medio de defensa. Asimismo, deberán dar cumplimiento estricto a lo requerido por este Juzgado, absteniéndose de formular conceptos de violación distintos de los ya planteados en el escrito de demanda y manifestaciones ajenas a lo requerido en la prevención. Además, a efecto de corroborar la voluntad de los quejosos de promover la presente demanda, requiéraseles para que en el término señalado: Ñ) Comparezcan, a este Juzgado de Distrito en día y hora hábil, debidamente identificados con documento oficial vigente que contenga su fotografía, a efecto de que en diligencia formal, con el apercibimiento de ley, manifiesten lo que a su interés legal convenga sobre el reconocimiento de las firmas que contiene el escrito de demanda. Asimismo, en el acto de la diligencia, bajo protesta de decir verdad, manifestarán si es su voluntad promover la presente demanda. Por otra parte, requiérase a los promoventes para que en el término indicado: O) Aclararen si únicamente promueven la demanda por propio derecho, o si también lo hacen en representación de diversas personas de su comunidad, en su caso, deberán exhibir el documento idóneo con el que de manera fehaciente acrediten la personalidad que ostentan. P) En su caso, precisen qué acto reclaman en representación de dichas personas. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia P/J.43/96, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, Julio de 1996, Novena Época, página 48, que es del contenido siguiente: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO.- Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISIÓN DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo". Así como, la Jurisprudencia P./J. 23/2009, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Abril de 2009, Novena Época, página 7, del rubro y texto siguiente: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY RELATIVA REQUIERE QUE, PREVIAMENTE A LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, EL PROMOVENTE EXHIBA LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN EL RECONOCIMIENTO DE DICHO PRESUPUESTO PROCESAL ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El artículo 13 de la Ley de Amparo dispone que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad será reconocida en el juicio de amparo para todos los efectos legales, siempre que compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas. Del análisis de dicho precepto puede arribarse a la conclusión de que la exhibición de las referidas constancias debe realizarse al momento de presentar el escrito inicial de demanda, en el entendido de que, de no hacerlo así, el juez o tribunal del conocimiento deberán requerir al promovente en términos de lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, para que en el plazo de tres días exhiba las constancias referidas, apercibido que de no hacerlo así, se tendrá por no interpuesta la demanda en aquellos casos en que se afecten únicamente intereses patrimoniales, o bien se dará vista al Ministerio Público en los demás casos. Lo anterior es así, pues las únicas excepciones a la regla de acreditar la personalidad previamente a la admisión de la demanda se encuentran referidas a las materias penal y agraria, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 215 de la Ley de Amparo, ya que en términos del primer numeral citado, bastará la simple manifestación del quejoso en el sentido de tener el carácter de defensor del quejoso para que se admita la demanda, sin perjuicio de que se solicite al juez o tribunal la certificación correspondiente; mientras que el segundo de los preceptos citados dispone que cuando no se hayan acompañado los documentos que justifiquen la personalidad, el juez o tribunal que conozca del juicio de amparo, con independencia del requerimiento que formule a los promoventes, solicitará por separado a las autoridades agrarias para que le informen si efectivamente cuentan con la personalidad con que se ostentaron, sin perjuicio de conceder la suspensión provisional de los actos reclamados. Sostener una interpretación distinta de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Amparo, esto es, que la exhibición de las constancias que acrediten el reconocimiento de la personalidad ante la autoridad responsable puede realizarse en cualquier etapa del procedimiento, podría generar la posibilidad de que se tramitara un juicio de amparo iniciado por quien carece de representación para promoverlo, lo que implicaría una labor estéril por parte del tribunal del conocimiento en la tramitación y decisión del asunto, además de que se causarían perjuicios a las partes del proceso, con el consecuente menoscabo de sus intereses, porque se ven sometidos no sólo a las molestias impuestas por los trámites, medios de apremio y diligencias de desahogo de pruebas, sino también a otros efectos, como los que derivan de la suspensión del acto reclamado, del otorgamiento de garantías para su ejecución e incluso de las sanciones en que puedan incurrir por su desacato." En la inteligencia que el desahogo deberá ser coherente con las manifestaciones contenidas en el escrito de demanda que se estudia. Hágase del conocimiento de la parte quejosa y su autorizado que el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado. Se apercibe a la parte quejosa que de no dar cumplimiento a lo anterior, en la forma y términos antes indicados, se tendrá por NO PRESENTADA LA DEMANDA, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 114 de la ley de la materia, o se acordará lo conducente, dependiendo la irregularidad que subsista. En el entendido que deberá exhibir dieciséis copias del escrito aclaratorio y del documento que exhiban para acreditar su personalidad, para correrle traslado a cada una de las partes, toda vez que diez son para las autoridades responsables, una para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, tres para los terceros interesados y dos más para tramitar el incidente de suspensión, ya que de conformidad con el artículo 110, párrafo primero, de la ley de la materia, son necesarias para tramitar la demanda. Cobra aplicación la jurisprudencia P./J. 36/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 79, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Así como la jurisprudencia 2a./J. 124/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1449, Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. QUIEN LO PROMUEVE EN REPRESENTACIÓN DEL QUEJOSO DEBE EXHIBIR, ANEXO A LA DEMANDA, COPIAS DEL DOCUMENTO CON EL QUE LA ACREDITE PARA QUE SE CORRA TRASLADO A LAS PARTES. La personalidad constituye un presupuesto procesal que debe satisfacerse desde la presentación de la demanda en términos del artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que de no presentarse el documento con que se acredite o porque el exhibido sea insuficiente, dará lugar a que el juzgador prevenga al quejoso para que subsane esa deficiencia en términos del numeral 114, fracción III, del mismo ordenamiento, lo que de no ocurrir, provocará que se tenga por no presentada la demanda. Por tanto, el documento con el que se demuestre la representación de quien promueve a nombre del quejoso es parte integrante de la demanda y, en este sentido, para satisfacer la carga procesal prevista en el artículo 110 de la legislación aludida, debe exhibir no sólo las copias de la demanda, sino también las del documento con que acredita su personalidad para que se corra traslado a las demás partes, salvo en los casos en que corresponda al Juez de Distrito ordenar de oficio la expedición de las copias. Ello, además de facilitar al juzgador el cumplimiento de sus atribuciones, permite a las partes preparar su defensa en tanto tienen derecho a conocer si quien se ostenta como representante de otra persona para iniciar la acción constitucional realmente cuenta con esa atribución, sin que constituya un obstáculo para el acceso a la justicia ya que se trata de una formalidad procesal y no de una carga arbitraria o caprichosa." SUSPENSIÓN DE PLANO No se soslaya que la parte quejosa solicitó la suspensión de los actos reclamados en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, sin embargo, no procede conceder la suspensión de plano de los actos reclamados, pues no se encuentra en ninguna de las hipótesis contempladas en dicho numeral. NOTIFICACIÓN A LAS PARTES, DESIGNACIÓN DE DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señalan y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al profesionista que mencionan. REPRESENTANTE COMÚN Con fundamento en el artículo 13 de la ley de la materia, se tiene como representante común de los quejosos a ***. MEDIOS ELECTRÓNICOS Por otro lado, hágase del conocimiento de las partes que, a fin de garantizar la adecuada defensa y preservar la eficacia de los derechos fundamentales de defensa efectiva y de oposición a la publicidad de datos personales, así como de los bienes constitucionales que justifican la reserva de información, garantizados en los artículos 6, apartado A, fracción I, y 16, párrafo segundo, de la Constitución Federal, y derivado de una interpretación armónica de aquello derechos y bienes, se les autoriza desde este momento, para que hagan uso de cualquier medio digital, fotográfico o cualquiera que resulte apto para reproducir el contenido de las actuaciones existentes en el presente juicio de amparo, excepto las de carácter confidencial o reservado que no resulten necesarias para el ejercicio de una adecuada defensa y sólo tiene como finalidad brindar la oportunidad de defensa. En relación con lo anterior, se apercibe a las partes, que en caso de incumplimiento del deber de secrecía o del mal uso que puedan dar a la información que reproduzca por la utilización de los medios electrónicos autorizados, se procederá de conformidad con lo establecido en las disposiciones aplicables de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que dicho deber se incorporará a la esfera jurídica, tanto de la parte respectiva, como de la o de las personas que en su nombre tengan acceso a la información contenida en este expediente y sus constancias afectas, a través de los medios electrónicos cuyo uso se autoriza, aun cuando hubieran sido aportadas al medio de control de constitucionalidad sin indicar su naturaleza confidencial o reservada. Esto, de conformidad con los artículos 5 y 12 de la Ley de Amparo, así como 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En otro contexto, con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. PROTECCIÓN DATOS PERSONALES Con fundamento en los artículos 68, 110, y 113 y demás relativos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los diversos artículos 6 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley citada, hágase del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, lo cual podrán hacer en cualquier momento del juicio y, que en caso de allegar constancias que consideren reservadas o confidenciales, aporten los elementos con los que demuestren tales circunstancias.
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SE NOTIFICA POR LISTA A LOS QUEJOSOS: Vista; la demanda de amparo promovida por ***** contra actos del Gobernador del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad y otras autoridades; fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, con el número de expediente 4-C-1606/2019. DIGITALIZACIÓN De conformidad con los artículos 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial Federación, 89, 90, 91, 92 y 95 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, procédase a la digitalización oportunamente y de manera legible de las constancias que en su caso se presenten de manera impresa y de la impresión de las que se presenten de forma electrónica, de conformidad con el artículo 3, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo; en el entendido que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o a datos personales o que no formen parte del expediente electrónico, quedarán a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado o, en su caso, se ordenará la integración de cuadernos auxiliares con dichos documentos que no se agregarán al expediente impreso respectivo ni a su versión electrónica. NO INTERPUESTA Al tomar en consideración que el escrito de demanda carece de la firma autógrafa de ****, y toda vez que es un requisito que resulta indispensable para la procedencia del juicio de amparo, porque la firma no constituye un elemento de forma, sino un requisito esencial para dar validez a un documento; de donde resulta indispensable que conste en original la firma de quien promueve, toda vez que, sin ella no puede considerarse ejercida la acción constitucional, en virtud, de que sólo así se acredita la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos. Por ende, se tiene por no interpuesta la demanda, única y exclusivamente por lo que respecta a *****. Apoya la anterior disposición la tesis aislada I.15º.A.17 K, sustentada por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1613, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Agosto de 2007, Novena Época, que la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE TENERSE POR NO INTERPUESTA CUANDO EL ESCRITO RELATIVO NO SE ENCUENTRE FIRMADO POR EL QUE APARECE COMO PROMOVENTE, SIN TENER QUE PREVENIRLO PARA QUE LA FIRME. El artículo 4o. de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías puede promoverse sólo por la parte a quien perjudique el acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña, en los casos en que la ley lo permita expresamente. En esos términos, si el escrito de demanda no contiene la firma de la persona que aparece como promovente, debe considerarse que la acción constitucional no se ha ejercitado, pues la firma es el conjunto de signos manuscritos a través de los cuales las personas expresan su voluntad de realizar determinado acto en forma escrita y con ella se acredita la autoría del documento, siendo indispensable para dar validez a cualquier actuación escrita. Por consiguiente, la ausencia de firma en el escrito de demanda equivale a la falta de voluntad para promover el juicio de amparo y, entonces, no debe, incluso, prevenirse al señalado como promovente para que estampe su firma, pues, además, ésta no entraña uno de los requisitos de forma a que se refiere el artículo 116 de la legislación de la materia, que pueda regularizarse en términos del diverso 146, sino un presupuesto de existencia del ejercicio de la acción, cuya ausencia no conduce siquiera a desechar por improcedente la demanda, pues no puede desecharse lo que no existe, sino a tenerla por no interpuesta ante la falta de expresión de la voluntad del que aparece como promovente." ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE LA DEMANDA. A efecto de acordar si procede o no su admisión, se analizará si la parte quejosa cumplió las premisas previstas en los artículos 108 y 114 de la Ley de Amparo. PREVENCIÓN Y REQUERIMIENTO A LAS PARTES. Ahora, tomando en consideración que se aprecia que los amparistas no narran la totalidad de los antecedentes del acto o actos reclamados; es decir, omiten hacer una narración precisa de todos aquellos acontecimientos positivos o negativos ocurridos con antelación al acto o actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías; esto, porque así lo exige la fracción V, del artículo 108, de la ley de la materia, pues es necesario que los impetrantes amplíen los antecedentes del acto reclamado, esto es, manifiesten bajo protesta de decir verdad, porqué concretamente señalan al 1) Gobernador del Estado de Chiapas, 2) Secretario General de Gobierno del Estado de Chiapas, 3) Dirección de Asuntos Agrarios del Gobierno del Estado de Chiapas, 4) Fiscalía General del Estado, todos con sede en esta ciudad, 5) Fiscalía de Distrito Fraylesca, residente en Villaflores, Chiapas, 6) Fiscalía del Ministerio Público Investigador de Ángel Albino Corzo, Chiapas, 7) Dirección General de la Policía Especializada, con residencia en esta ciudad, 8) Director Regional de la Policía Especializada, domiciliado en Villaflores, Chiapas, 9) Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas, residente en esta ciudad y, 10) VII Región Militar en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y no únicamente a autoridades del lugar donde refieren se encuentra el predio del que dicen serán desalojados, siendo inverosímil que todas las autoridades señaladas como responsables emitan y ejecuten los actos que reclaman. Lo anterior, a fin de realizar un estudio integral de la demanda de amparo. Resulta aplicable a lo anterior la tesis I.7o.A.100 K, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, página 990, Tomo XXIII, Abril de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley." Máxime que, en el capítulo de antecedentes señalan que el cinco de noviembre de dos mil diecinueve, se presentó una persona que dijo ser del gobierno y les dijo que debían abandonar las tierras que aducen son de su propiedad, ya que en los siguientes días los desalojaran las corporaciones policiacas por órdenes del Fiscal General del Estado ***y de la Secretaría General de Gobierno a cargo de ***. Por otro lado, en el apartado relativo al acto reclamado refieren la orden de desalojar el predio rústico ***** Además, solicitan se les conceda el amparo y protección de la Justicia Federal, ordenando la revocación total de la resolución y que sean oídos y vencidos en un juicio. Del mismo modo, mencionan que ha pretendido sacarlos por medio de la fuerza ****, apoderado legal de los anteriores propietarios, sin antes llevar un procedimiento legal ante la autoridad civil. Por otra parte, señalan como autoridad responsable a la Fiscalía de Distrito Fraylesca, con residencia en Villaflores, Chiapas, sin embargo de la página de internet de la Fiscalía General del Estado (https://www.fge.chiapas.gob.mx/Informacion/Directorio/Organo?id=56), se advierte que en dicha fiscalía se encuentran adscritos diversos Fiscales del Ministerio Público y Unidades de Investigación, sin que precise a qué autoridad se refiere. De igual manera, mencionan como responsable al Director Regional de la Policía Especializada, con residencia en Villaflores, Chiapas, pero en la página de internet de la Dirección General de la Policía Especializada (https://www.fge.chiapas.gob.mx/Informacion/Directorio/Organo?id=25), no se advierte la existencia de dicha autoridad. Finalmente, señalan a la VII Región Militar en Tuxtla Gutiérrez, con sede en esta ciudad, sin precisar a qué autoridad de dicha región militar designan como responsable. Por lo que, no se advierte con claridad cuál es el acto o actos que reclaman y a qué autoridad o autoridades responsables atribuyen cada uno; ya que la correcta fijación del acto reclamado resulta indispensable para que en el momento procesal oportuno este juzgador pueda pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo. Tiene aplicación la tesis XX. 57 k, del entonces único Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, página 871, Tomo III, Marzo de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS". En otro aspecto, en el capítulo de suspensión del acto reclamado refieren: "trae graves daños irreparables a nuestras familias que ahí vivimos desde hace más de diez años y que dependen de lo que se produce en la finca", sin precisar si también promueven en representación de diversas personas de su comunidad. Por otra parte, en el proemio de la demanda aparece el nombre de ***, pero al calce de la demanda aparece la firma de *****, por lo que deberán precisar su nombre correcto. Así también, se observa que la última hoja de la demanda de amparo, es en la que se encuentran plasmadas únicamente las firmas de los quejosos, sin que contenga texto de la demanda (foja 7), aunado a que todo el escrito inicial carece de folio, lo que hace dubitativa la voluntad de los promoventes de instar el presente juicio constitucional. En tal virtud, con fundamento en los numerales 108, fracciones IV y V, y 114, fracciones II y IV, de la Ley de Amparo, requiérase a los promoventes para que dentro del término de cinco días, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, manifiesten lo siguiente: A) Por qué concretamente señalan al 1) Gobernador del Estado de Chiapas, 2) Secretario General de Gobierno del Estado de Chiapas, 3) Dirección de Asuntos Agrarios del Gobierno del Estado de Chiapas, 4) Fiscalía General del Estado, todos con sede en esta ciudad, 5) Fiscalía de Distrito Fraylesca, residente en Villaflores, Chiapas, 6) Fiscalía del Ministerio Público Investigador de Ángel Albino Corzo, Chiapas, 7) Dirección General de la Policía Especializada, con residencia en esta ciudad, 8) Director Regional de la Policía Especializada, domiciliado en Villaflores, Chiapas, 9) Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas, residente en esta ciudad y, 10) VII Región Militar en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y no únicamente a autoridades del lugar donde refieren se encuentra el predio del que dicen serán desalojados, siendo inverosímil que todas las autoridades señaladas como responsables emitan y ejecuten los actos que reclaman. B) Si en realidad se duelen únicamente de la orden de desalojo del predio rústico ***, de ser así, deberán indicar a qué autoridad en específico le atribuyen dicha orden, si ésta se emitió de manera verbal o escrita, la fecha en que ello aconteció, cuándo se les notificó, el tipo de procedimiento del que deriva, así como todos los antecedentes al respecto y, en su caso, si los demás actos que mencionan son sólo antecedentes o consecuencias del referido en primer término o las violaciones que le atribuyen. C) De igual manera, deberán precisar la ubicación exacta del predio que refieren, esto es, su denominación, dirección, dimensión, así como medidas y colindancias, a efecto de que las autoridades responsables se encuentren en aptitud de rendir sus informes con relación al acto reclamado y este juzgado pueda pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo. D) Luego, en atención a que piden se ordene la revocación total de la resolución y que sean oídos y vencidos en un juicio, precisen si reclaman de manera destacada la falta de emplazamiento a un procedimiento, indicando a qué procedimiento se refieren, quienes son las partes, si son parte en el mismo, en qué estado procesal se encuentra y a que autoridad se lo atribuyen o por qué razón lo mencionan. E) Para qué efecto especifico solicitan la suspensión del acto reclamado. F) Manifiesten la fecha exacta y la forma en la que tuvieron conocimiento de cada uno de los actos que reclamen. G) Indiquen el nombre correcto de la parte quejosa, esto es, ***. H) Señalen a qué autoridad designan como responsable con la denominación Fiscalía de Distrito Fraylesca, con residencia en Villaflores, Chiapas, esto es, precisen a qué Fiscal del Ministerio Público o Unidad de Investigación se refieren o si en realidad pretenden señalar únicamente al Titular de dicha fiscalía. I) Manifiesten la denominación correcta de la autoridad que señalan como Director Regional de la Policía Especializada, con sede en Villaflores, Chiapas o si en realidad señalan al Comandante Regional de la Policía Especializada, con sede en dicha localidad. J) Indiquen a qué autoridad señalan con la denominación VII Región Militar en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, esto es, señalen a qué autoridad de dicha región militar designan como responsable, precisando su cargo y denominación completa. Además, deberán manifestar: K) Si actualmente están en posesión del predio que refieren, si viven en el mismo o sólo lo poseen y con qué carácter lo hacen. L) Si son los únicos poseedores y, en caso de existir más, mencionen quiénes son. M) Desde cuándo tienen en posesión el predio. N) Si han promovido algún juicio o medio de defensa diverso contra los actos reclamados o alguno relacionado con ellos; en su caso, deberán precisar cuál fue éste, ante qué autoridad se promovió, en qué estado se encuentra, el número de expediente y todos los datos que permitan identificar ese juicio o medio de defensa. Asimismo, deberán dar cumplimiento estricto a lo requerido por este Juzgado, absteniéndose de formular conceptos de violación distintos de los ya planteados en el escrito de demanda y manifestaciones ajenas a lo requerido en la prevención. Además, a efecto de corroborar la voluntad de los quejosos de promover la presente demanda, requiéraseles para que en el término señalado: Ñ) Comparezcan, a este Juzgado de Distrito en día y hora hábil, debidamente identificados con documento oficial vigente que contenga su fotografía, a efecto de que en diligencia formal, con el apercibimiento de ley, manifiesten lo que a su interés legal convenga sobre el reconocimiento de las firmas que contiene el escrito de demanda. Asimismo, en el acto de la diligencia, bajo protesta de decir verdad, manifestarán si es su voluntad promover la presente demanda. Por otra parte, requiérase a los promoventes para que en el término indicado: O) Aclararen si únicamente promueven la demanda por propio derecho, o si también lo hacen en representación de diversas personas de su comunidad, en su caso, deberán exhibir el documento idóneo con el que de manera fehaciente acrediten la personalidad que ostentan. P) En su caso, precisen qué acto reclaman en representación de dichas personas. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia P/J.43/96, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, Julio de 1996, Novena Época, página 48, que es del contenido siguiente: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO.- Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISIÓN DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo". Así como, la Jurisprudencia P./J. 23/2009, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Abril de 2009, Novena Época, página 7, del rubro y texto siguiente: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY RELATIVA REQUIERE QUE, PREVIAMENTE A LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, EL PROMOVENTE EXHIBA LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN EL RECONOCIMIENTO DE DICHO PRESUPUESTO PROCESAL ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El artículo 13 de la Ley de Amparo dispone que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad será reconocida en el juicio de amparo para todos los efectos legales, siempre que compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas. Del análisis de dicho precepto puede arribarse a la conclusión de que la exhibición de las referidas constancias debe realizarse al momento de presentar el escrito inicial de demanda, en el entendido de que, de no hacerlo así, el juez o tribunal del conocimiento deberán requerir al promovente en términos de lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, para que en el plazo de tres días exhiba las constancias referidas, apercibido que de no hacerlo así, se tendrá por no interpuesta la demanda en aquellos casos en que se afecten únicamente intereses patrimoniales, o bien se dará vista al Ministerio Público en los demás casos. Lo anterior es así, pues las únicas excepciones a la regla de acreditar la personalidad previamente a la admisión de la demanda se encuentran referidas a las materias penal y agraria, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 215 de la Ley de Amparo, ya que en términos del primer numeral citado, bastará la simple manifestación del quejoso en el sentido de tener el carácter de defensor del quejoso para que se admita la demanda, sin perjuicio de que se solicite al juez o tribunal la certificación correspondiente; mientras que el segundo de los preceptos citados dispone que cuando no se hayan acompañado los documentos que justifiquen la personalidad, el juez o tribunal que conozca del juicio de amparo, con independencia del requerimiento que formule a los promoventes, solicitará por separado a las autoridades agrarias para que le informen si efectivamente cuentan con la personalidad con que se ostentaron, sin perjuicio de conceder la suspensión provisional de los actos reclamados. Sostener una interpretación distinta de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Amparo, esto es, que la exhibición de las constancias que acrediten el reconocimiento de la personalidad ante la autoridad responsable puede realizarse en cualquier etapa del procedimiento, podría generar la posibilidad de que se tramitara un juicio de amparo iniciado por quien carece de representación para promoverlo, lo que implicaría una labor estéril por parte del tribunal del conocimiento en la tramitación y decisión del asunto, además de que se causarían perjuicios a las partes del proceso, con el consecuente menoscabo de sus intereses, porque se ven sometidos no sólo a las molestias impuestas por los trámites, medios de apremio y diligencias de desahogo de pruebas, sino también a otros efectos, como los que derivan de la suspensión del acto reclamado, del otorgamiento de garantías para su ejecución e incluso de las sanciones en que puedan incurrir por su desacato." En la inteligencia que el desahogo deberá ser coherente con las manifestaciones contenidas en el escrito de demanda que se estudia. Hágase del conocimiento de la parte quejosa y su autorizado que el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado. Se apercibe a la parte quejosa que de no dar cumplimiento a lo anterior, en la forma y términos antes indicados, se tendrá por NO PRESENTADA LA DEMANDA, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 114 de la ley de la materia, o se acordará lo conducente, dependiendo la irregularidad que subsista. En el entendido que deberá exhibir dieciséis copias del escrito aclaratorio y del documento que exhiban para acreditar su personalidad, para correrle traslado a cada una de las partes, toda vez que diez son para las autoridades responsables, una para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, tres para los terceros interesados y dos más para tramitar el incidente de suspensión, ya que de conformidad con el artículo 110, párrafo primero, de la ley de la materia, son necesarias para tramitar la demanda. Cobra aplicación la jurisprudencia P./J. 36/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 79, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Así como la jurisprudencia 2a./J. 124/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1449, Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. QUIEN LO PROMUEVE EN REPRESENTACIÓN DEL QUEJOSO DEBE EXHIBIR, ANEXO A LA DEMANDA, COPIAS DEL DOCUMENTO CON EL QUE LA ACREDITE PARA QUE SE CORRA TRASLADO A LAS PARTES. La personalidad constituye un presupuesto procesal que debe satisfacerse desde la presentación de la demanda en términos del artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que de no presentarse el documento con que se acredite o porque el exhibido sea insuficiente, dará lugar a que el juzgador prevenga al quejoso para que subsane esa deficiencia en términos del numeral 114, fracción III, del mismo ordenamiento, lo que de no ocurrir, provocará que se tenga por no presentada la demanda. Por tanto, el documento con el que se demuestre la representación de quien promueve a nombre del quejoso es parte integrante de la demanda y, en este sentido, para satisfacer la carga procesal prevista en el artículo 110 de la legislación aludida, debe exhibir no sólo las copias de la demanda, sino también las del documento con que acredita su personalidad para que se corra traslado a las demás partes, salvo en los casos en que corresponda al Juez de Distrito ordenar de oficio la expedición de las copias. Ello, además de facilitar al juzgador el cumplimiento de sus atribuciones, permite a las partes preparar su defensa en tanto tienen derecho a conocer si quien se ostenta como representante de otra persona para iniciar la acción constitucional realmente cuenta con esa atribución, sin que constituya un obstáculo para el acceso a la justicia ya que se trata de una formalidad procesal y no de una carga arbitraria o caprichosa." SUSPENSIÓN DE PLANO No se soslaya que la parte quejosa solicitó la suspensión de los actos reclamados en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, sin embargo, no procede conceder la suspensión de plano de los actos reclamados, pues no se encuentra en ninguna de las hipótesis contempladas en dicho numeral. NOTIFICACIÓN A LAS PARTES, DESIGNACIÓN DE DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señalan y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al profesionista que mencionan. REPRESENTANTE COMÚN Con fundamento en el artículo 13 de la ley de la materia, se tiene como representante común de los quejosos a ***. MEDIOS ELECTRÓNICOS Por otro lado, hágase del conocimiento de las partes que, a fin de garantizar la adecuada defensa y preservar la eficacia de los derechos fundamentales de defensa efectiva y de oposición a la publicidad de datos personales, así como de los bienes constitucionales que justifican la reserva de información, garantizados en los artículos 6, apartado A, fracción I, y 16, párrafo segundo, de la Constitución Federal, y derivado de una interpretación armónica de aquello derechos y bienes, se les autoriza desde este momento, para que hagan uso de cualquier medio digital, fotográfico o cualquiera que resulte apto para reproducir el contenido de las actuaciones existentes en el presente juicio de amparo, excepto las de carácter confidencial o reservado que no resulten necesarias para el ejercicio de una adecuada defensa y sólo tiene como finalidad brindar la oportunidad de defensa. En relación con lo anterior, se apercibe a las partes, que en caso de incumplimiento del deber de secrecía o del mal uso que puedan dar a la información que reproduzca por la utilización de los medios electrónicos autorizados, se procederá de conformidad con lo establecido en las disposiciones aplicables de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que dicho deber se incorporará a la esfera jurídica, tanto de la parte respectiva, como de la o de las personas que en su nombre tengan acceso a la información contenida en este expediente y sus constancias afectas, a través de los medios electrónicos cuyo uso se autoriza, aun cuando hubieran sido aportadas al medio de control de constitucionalidad sin indicar su naturaleza confidencial o reservada. Esto, de conformidad con los artículos 5 y 12 de la Ley de Amparo, así como 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En otro contexto, con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. PROTECCIÓN DATOS PERSONALES Con fundamento en los artículos 68, 110, y 113 y demás relativos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los diversos artículos 6 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley citada, hágase del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, lo cual podrán hacer en cualquier momento del juicio y, que en caso de allegar constancias que consideren reservadas o confidenciales, aporten los elementos con los que demuestren tales circunstancias.
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