Antonio López Hernández

Expediente 698/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 20 actuaciones registradas, la última del 19 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
698/2021
Año
2021
Actuaciones
20
Última actuación
19/01/2022

Partes del expediente

  • Antonio López Hernández
  • Magistrado de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta, firmado por la Magistrada Propietaria de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, mediante el cual acusa recibo del diverso oficio 31/2022, con el que se le notificó el proveído de cuatro de enero de dos mil veintidós, y se le devolvió cuatro tomos de prueba que se formó con motivo de las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado.

  2. Principal

    Agréguese a sus autos el oficio de cuenta que suscribe la Magistrada Propietaria de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, mediante el cual acusa recibo del diverso 16327/2021 del índice de este Juzgado, que le fue enviado para notificarle la resolución en la que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo.

  3. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, no fue recurrido; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que QUEDA FIRME el proveído de mérito. Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se considera que no es de relevancia documental. El presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por actualizarse la hipótesis previstas en el artículo 21, inciso a) del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que el juicio se sobreseyó; y respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I, inciso a), del artículo 18, del acuerdo precitado, toda vez que se concedió la suspensión provisional, por lo que se deberán conservarse las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; así como, el acuerdo de su archivo; en el entendido de que mientras acontece lo anterior, se ordena glosarlo para mejor resguardo. Ahora bien, atendiendo lo establecido por el artículo 20, la fracción II, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo a que alude dicho acuerdo. Tomando en consideración que resulta innecesaria la retención de los tres tomos de pruebas que remitió la autoridad responsable Magistrado de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado con sede en la ciudad de Guanajuato, al rendir su informe justificado, sí como de dos tomos de prueba que envío el Juez Primero Civil de Partido con sede en Acámbaro, Guanajuato; en consecuencia, devuélvanseles y solicíteseles el acuse de recibo correspondiente. Finalmente, toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  4. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO AL TERCERO INTERESADO: Agréguense a los autos los oficios que suscribe el Juez Primero Civil de Partido con residencia en Acámbaro, Guanajuato. Respecto al primero, no se hace mayor pronunciamiento en cuanto a su contenido, toda vez que en proveído de veintiséis de noviembre del año en curso, se acordó lo conducente. Por otra parte, el Juez oficiante remite copia certificada del escrito firmado por el licenciado *******************, en su carácter de mandatario judicial del demandado *******************, y actor incidental en los autos del juicio ordinario civil C-1043/2018, de donde emana el acto reclamado, así como del acuerdo de doce de noviembre del año en curso, dictado en los autos del referido expediente; documentos que se admiten como prueba y se tiene por desahogada, dada su propia y especial naturaleza. Ahora bien, de las referidas constancias que anexa la autoridad responsable, se advierte que en el presente asunto, sobreviene de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII del numeral 61, de la Ley de Amparo, que textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo." En principio, para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de los derechos humanos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia del Más Alto Tribunal del país ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Por esta razón, entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce de su derecho que se estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. Lo anterior, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél; porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación; o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de amparo. Ahora bien en el caso concreto, de la lectura de la demanda de amparo, así como de las constancias que integran el presente asunto, se advierte que la parte quejosa reclama: La sentencia dictada por la Magistrada de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el treinta y uno de agosto del año en curso, en los autos del toca 0402/2021, que modificó la diversa emitida por el Juez Primero Civil de Partido de Acámbaro, Guanajuato, en los autos del juicio ordinario civil 1043/2018, dentro del incidente de liquidación de gastos y costas interpuesto por ****************, en su carácter de mandatario judicial del actor incidental *******************, así como su ejecución. En ese sentido, de las constancias que adjuntó el Juez Primero Civil de Partido con residencia en Acámbaro, Guanajuato, al oficio de cuenta, se advierte que: A través del escrito recibido en la secretaría de ese órgano jurisdiccional, el licenciado ****************, en su carácter de mandatario judicial de *******************, demandado y actor incidental en el juicio 1043/2018, de origen, manifestó haber sido cubiertas a su entera satisfacción todas y cada una de las prestaciones reclamadas dentro del incidente de gastos y costas, y por ello desistía de la ejecución del incidente. En respuesta a dicha solicitud, el Juez Primero Civil de Partido responsable, emitió el acuerdo de doce de noviembre del año en curso, en los autos del referido controvertido, en el que tuvo al mandatario judicial del aquí tercero interesado ********************, manifestando que ya le fueron cubiertas todas y cada una de las prestaciones derivadas del incidente de pago de gastos y costas judiciales, y por ello, tuvo por extinto el procedimiento de ejecución derivado de dicho incidente, lo anterior, con base en lo dispuesto por el artículo 390-B, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado. Constancias a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de los arábigos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ahora bien, tomando en consideración que la parte quejosa acudió al presente juicio de amparo doliéndose de la determinación emitida por la Magistrada de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el treinta y uno de agosto del año en curso, en los autos del toca 0402/2021, que modificó la diversa emitida por el Juez Primero Civil de Partido de Acámbaro, Guanajuato, en los autos del juicio ordinario civil 1043/2018, dentro del incidente de liquidación de gastos y costas interpuesto por ******************, en su carácter de mandatario judicial del demandado y actor incidental **********************, así como su ejecución, aún y cuando dicho acto sigue subsistiendo, la materia u objeto del presente amparo dejó de existir debido a la circunstancia en comento. En esa tesitura, aún y cuando la determinación emitida por la Magistrada de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el treinta y uno de agosto del año en curso, en los autos del toca 0402/2021, que modificó la diversa emitida por el Juez Primero Civil de Partido de Acámbaro, Guanajuato, en los autos del juicio ordinario civil 1043/2018, dentro del incidente de liquidación de gastos y costas reclamada, subsiste, dado que no ha sido invalidada expresamente por la autoridad responsable, no puede surtir efecto legal ni material, en razón de que dejó de existir el objeto de la misma, (determinar la ilegalidad de la determinación reclamada), pues como ya se explicó, el que el mandatario judicial del actor incidental, aquí tercero interesado haya manifestado que fueron cubiertas a su entera satisfacción todas y cada una de las prestaciones que reclamó dentro del incidente de pago de gastos y costas promovido en el juicio 1043/2018, y en razón de ello, el Juez Civil de Partido responsable, hay declarado extinto el procedimiento de ejecución derivado de dicho incidente, lo anterior, en términos del numeral 390-B fracción II, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, generó que en el presente asunto el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir su materia. Lo anterior es así, pues al haber manifestado el actor incidental que le fueron cubiertas todas y cada una de las prestaciones derivadas del incidente de pago de gastos y costas que instó en el referido controvertido, y por ello, el Juez Civil responsable declaró extinto el procedimiento de ejecución derivado de dicho incidente, es inconcuso que en la especie dejó de existir la materia del acto reclamado, al haber desaparecido el objeto o materia del presente juicio. Bajo esa guisa, resulta incuestionable concluir que en virtud de la modificación del entornó en el cual se materializó la resolución reclamada, la concesión del amparo que en su caso se efectuara ningún efecto jurídico tendría, en atención de que a pesar de que aún subsiste el acto de autoridad, empero, debido a las condiciones y circunstancias que actualmente imperan en el presente asunto, el objeto de análisis constitucional dejó de existir materialmente, dado que se insiste, con el desistimiento efectuado por el actor incidentista en juicio de origen, se declaró extinto el procedimiento de ejecución derivado de dicho incidente. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de la audiencia constitucional. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita previo a la celebración de la audiencia constitucional, en virtud que la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de aquélla para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.

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