Antonio Lopez Damian
Expediente 142/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 142/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro · Guerrero
Partes del expediente
- Antonio Lopez Damian
Actuaciones
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a ocho de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de diecisiete de febrero del año en curso; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la ley de la materia, se declara que dicho proveído que desechó la demanda, ha causado estado. Hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y con apoyo en el diverso artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. Entonces, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente en el artículo 21, inciso d), relativo a la destrucción de expedientes judiciales, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos tres años a partir del presente proveído, dado que carece de relevancia documental conforme al artículo 15 del Acuerdo General citado. Notifíquese.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE PROVEÍDO, QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE... Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a diecisiete de febrero de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por Antonio López Damián, por propio derecho, contra actos del Presidente del Comité Técnico de la Caja de Previsión del Estado de Guerrero, y otras autoridades, residentes en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 142/2022; fórmese expediente impreso y electrónico. Dígase al oficial judicial C, encargado de la mesa a la que le corresponde el expediente, que queda a su cargo la digitalización diaria de todas las promociones, documentos y acuerdos que se elaboren, así como información relacionada con éste, misma que deberá de ingresar en el sistema respectivo; en cuanto a los actuarios, deberán digitalizar diariamente todas las actas citatorios y razones de notificación que elaboren; en tanto que al secretario le corresponderá cerciorarse de que el expediente electrónico coincida con el impreso en su totalidad. Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda de garantías, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que es como sigue: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En tal sentido, se tiene que la parte quejosa reclama a través de esta instancia constitucional la negativa de la autoridad responsable de dar respuesta a su escrito recibido por la autoridad responsable el diecinueve de enero de dos mil veintidós. Sin embargo, este órgano de control constitucional estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracciones XII y XXIII, en relación con los numerales 1, 5 fracciones I y II de la Ley de Amparo, por las consideraciones que a continuación se exponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". Ahora bien, atendiendo a lo dispuesto por el diverso artículo 8, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que impone a los funcionarios y empleados públicos a que respeten el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; petición a la que deberá recaer un acuerdo por escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en BREVE TÉRMINO al solicitante. De lo anterior, se puede advertir que si bien el gobernado tiene la plena facultad de ejercer el derecho de petición de manera pacífica y respetuosa ante cualquier autoridad y/o funcionario público, lo cierto también es que esos empleados o funcionarios públicos tienen la obligación de dar contestación por escrito en breve término a quien elevó su petición. Bajo ese tenor, es preciso establecer a qué se refiere al dispositivo antes invocado cuando se refiere al breve término, pues éste debe entenderse como aquel en que racionalmente la autoridad pueda estudiar y acordar la petición respectiva, pues deben tomarse en cuenta los trámites a que están sujetos los funcionarios para imponerse de la solicitud del justiciable. Para ello, esta juzgadora federal toma en consideración los precedentes que ha tenido a bien determinar la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver diversos asuntos de similares actos, como más adelante se citará, en los cuales ha considerado como breve término el plazo de cuarenta y cinco días. Precisado lo anterior, debe decirse que si la parte quejosa elevó su petición ante la autoridad responsable, cuya instancia fue recepcionada el diecinueve de enero del año en curso; en tanto que, la demanda de amparo fue recibida el quince de febrero del mismo año, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, esto es, menos de un mes después de la presentación del escrito ante la autoridad responsable; por ende, es inconcuso que no ha transcurrido el plazo aludido, a afecto de que la responsable dé contestación a su escrito de petición, de ahí que se considere que el acto reclamado al momento de la presentación de la demanda no causa perjuicio a la parte quejosa, pues se encuentra dentro del lapso de cuarenta y cinco días ya indicado para dar respuesta a la ahora solicitante de amparo. Tiene aplicación a lo anterior por las razones que la sustentan la jurisprudencia P./J. 5/2019 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 2019191, visible en la página 9 del tomo I, Febrero de 2019, de la Décima Época localizable en el Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "PETICIÓN. LA EMISIÓN DEL ARTÍCULO 7 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, QUE FIJA EL PLAZO MÁXIMO DE 45 DÍAS HÁBILES PARA QUE LAS AUTORIDADES DE ESE ESTADO, SUS MUNICIPIOS Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEN RESPUESTA ESCRITA** Por lo anterior, resulta clara la causa de improcedencia aludida y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de garantías, contra la infracción que se demanda al numeral 8 de la Ley Fundamental, por los motivos manifiestos e indudables de improcedencia referidos y autoridad citada. Así también cabe apuntar, que el fondo de lo solicitado a las autoridades reclamadas en la petición que reclama en esta instancia constitucional es relativo al otorgamiento de una pensión con motivo de la prestación de sus servicios ante la dependencia estatal que refiere, ello no es un acto reclamable mediante el juicio de amparo indirecto, sino más bien ante otras instancias que revisarán y analizarán si resulta procedente o no se le conceda la pensión en los términos que la solicita, lo anterior para no crear una falsa expectativa al justiciable atendiendo al principio de acceso efectivo a la impartición de justicia que tutela el artículo 17 Constitucional. Por las razones que la sustenta se cita en apoyo la jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Materias(s): Común, registro digital: 2011948, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 31, Junio de 2016, Tomo II, página 898, de rubro y texto siguientes: Por tanto, si no ha transcurrido el breve término, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 61, fracciones XII y XXIII, en relación con los diversos 1°, 5 fracciones I y II de la Ley de Amparo, en concordancia con el diverso 113 del propio ordenamiento, se desecha de plano la demanda de amparo propuesta por notoriamente improcedente, con apoyo en el ordinal 113 de la citada ley. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda y como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Manuel García Guatemala, toda vez que cuenta con registro de cedula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Celestino Juárez Atocha, por así solicitarlo expresamente. Asimismo, téngasele señalando como datos de contacto los siguientes: 19372790@uagro.mx y whatsapp: 75 41 07 72 64.****
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