Antonio Lopez Cantu
Expediente 200/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 200/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Antonio Lopez Cantu
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, diez de noviembre de dos mil veinte. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente interpusiera queja contra el auto mediante el cual se desechó la demanda que dio origen al expediente en que se actúa; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto ha causado estado. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.ERR
- Principal
Morelia, Michoacán, veintisiete de octubre de dos mil veinte. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio suscrito por la secretaria del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal, con residencia en Zapopan, Jalisco, mediante el cual informa que no acepta la competencia planteada por este juzgado y remite los autos originales del juicio de amparo 652/2020, de su índice. Acúsese recibo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional reasume la competencia. Ahora bien, la parte quejosa señala como actos reclamados en la presente instancia lo siguiente: - La incomunicación vía telefónica, ya que sólo se le permite realizar una sola llamada cada ocho días por diez minutos. Por lo anterior, de los motivos expresados por la autoridad en cita, para no aceptar la competencia respecto de la demanda que dio origen al juicio en que se actúa, se manifestó que aun y cuando el quejoso se encontraba privado de su libertad en el Centro Federal de Readaptación Social No.2, Occidente, con residencia en Puente Grande, municipio de El Salto, Jalisco, lo cierto es que, ante la desincorporación del Sistema Penitenciario Federal , de dicho centro y los reos del mismo, dejó de surtir el motivo de la incompetencia planteada por este juzgado, esto ante la imposibilidad material de ejecutar el acto reclamado al ser trasladado el quejoso a diverso Centro de Readaptación Social del País, donde el órgano jurisdiccional con residencia en Zapopan, Jalisco, ya no tiene jurisdicción. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, faculta al órgano jurisdiccional para examinar el escrito de demanda y si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia desechar de plano. En tal virtud, por ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia del juicio de amparo, pues de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia previstas en el aludido precepto podrán analizarse aun de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda. Al respecto el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.).". De lo anterior, resulta claro que el juicio de amparo resulta improcedente contra los actos que al momento de promover la demanda existían; sin embargo, durante la substanciación del mismo, cesaron de manera total e incondicional, como resulta evidente en el presente juicio, toda vez que en el Centro Penitenciario en donde se originaron los actos reclamados se determinó realizar las gestiones necesarias para el cierre del mismo, así como el traslado de los reos a diversos Centros Penitenciarios del País. De lo anterior, se advierte que se ha dejado de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos del acto reclamado han desaparecido totalmente, sin que hayan dejado huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Apoya a lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 59/99 consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En consecuencia, dado que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que dio origen al expediente en que se actúa por su notoria e indudable improcedencia. Finalmente, toda vez que el quejoso no señaló domicilio en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones, en términos del citado artículo 27, fracción III, inciso a) y 29 de la Ley de Amparo, se ordena notificarle por lista el presente proveído que se publica en lugar visible de este juzgado, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad respectiva. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
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