Antonio López Alonso
Expediente 1042/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 19 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1042/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 14/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Yolanda Alonso Maldonado
- Antonio López Alonso
- Edgar David Cabrera Mata
- YOLANDA ALONSO MALDONADO y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, catorce de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el contenido del proveído en el que se sobreseyó fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Consecuentemente, en virtud de lo anterior, se deja sin efectos la suspensión de plano decretado en el presente asunto. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, y que causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, misma que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años, contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Consecuentemente, toda vez que en el presente asunto se tramitó incidente de suspensión, archívense los cuadernos incidentales por separado; con la indicación de que el duplicado respectivo, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a) del referido Acuerdo, es susceptible de destrucción al transcurrir el plazo de seis meses, contado a partir del dictado del presente proveído; ello, al contar con su original y no existir documentos originales en tal cuaderno, lo que deberá hacerse constar en la carátula respectiva. Por otra parte, con apoyo en lo dispuesto en el diverso numeral 18 del Acuerdo en cita, toda vez que en el incidente de suspensión se concedió la medida cautelar solicitada, el cuaderno original es susceptible de depuración; hágase constar dicha circunstancia en la carátula del expediente, como lo prevé el artículo 35, párrafo segundo, del Acuerdo General en cita. Por tanto, dicho expediente deberá permanecer en este juzgado por un lapso de tres años, transcurrido el cual, dentro del término de noventa días deberá procederse a su depuración, para su posterior transferencia, sin que en éste obre algún documento presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º, fracción II, del citado Acuerdo General. Glósese copia de este proveído en los cuadernos incidentales que derivan del presente asunto, para los efectos legales a que haya lugar. Por último, se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que la constancia de notificación relativa al oficio que deriva de esta determinación, hace las veces de acuse de recibo, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial. Notifíquese.
- Incidental
RESUELVE: ÚNICO: LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A LIZ HAYDEE ESPINOZA GOYTORTUA, contra el acto que reclama de la TERCERA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, y del ACTUARIO JUDICIAL de su adscripción, ambos con sede en esta ciudad capital; precisados en el considerando segundo de esta resolución, por los motivos expresados en el último considerando del presente fallo. Notifíquese personalmente.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Téngase recibido y agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Feminicidios y Homicidios de la Fiscalía General de Estado, con un anexo que acompaña, mediante el cual desahoga el requerimiento que le fue elevado en autos. Por otra parte, glósese a los presentes autos el oficio signado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado; en atención a su contenido, dígasele que deberá estar a lo acordado mediante proveído de ocho de septiembre del presente año, en el cual se autorizó la consulta del expediente electrónico. Sin perjuicio de lo anterior, instrúyase a la analista jurídico (oficial judicial A) de este juzgado, a fin de que corrobore la autorización de mérito. Ahora bien, en la demanda que dio origen a la presente litis, los quejosos señalaron como actos reclamados la orden de detención o retención, incomunicación, malos tratos, golpes e instigación, señalando como autoridades responsables, entre otras, a los Titulares de la Dirección de Métodos de Investigación en el Estado, antes Policía Ministerial del Estado de San Luis Potosí; a la Comandancia de la Guardia Civil Estatal de San Luis Potosí; y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Municipio de San Luis Potosí (Policía Municipal de San Luis Potosí) En esa medida, conviene señalar que el Encargado de la Dirección Jurídica de la Dirección General de Métodos de Investigación, refirió que los aquí quejosos fueron detenidos en flagrante delito por elementos de la Guardia Civil Estatal, en coordinación con personal operativo de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Municipio de San Luis Potosí, derivado del auxilio generado por parte de elementos de la corporación policial de su adscripción, en calidad de víctimas, siendo puestos a disposición del Agente Fiscal Investigador adscrito a la Unidad de Feminicidios y Homicidios de la Fiscalía General de Estado. Por su parte, en el informe justificado rendido por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Municipio de San Luis Potosí, se refirió que los diversos quejosos fueron puestos a disposición del Juez de Control en el Centro de Justicia Penal del Estado de San Luis Potosí e, incluso, posteriormente se les vinculó a proceso. En esa virtud, se requirió al citado juez de control a fin de que remitiera copia certificada del auto de vinculación a proceso respecto de los aquí quejosos Antonio López Alonso, Yolanda Alonso Maldonado y Edgar David Cabrera Mata. En consecuencia, mediante proveído de ocho de septiembre del presente año, se tuvo al Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral adscrito a la Primera Región Judicial del Estado Sala Sede, San Luis Potosí, San Luis Potosí, desahogando el requerimiento formulado, remitiendo copia certificada del audio y video de las audiencias inicial de control de detención y su continuación dentro de la causa penal RI/SLP/CP-464/2022, seguida en contra de los quejosos Antonio López Alonso y David Cabrera Mata. Asimismo, refirió que por lo que hace a la diversa quejosa Yolanda Alonso Maldonado, la misma no se encontraba a disposición de dicho órgano jurisdiccional, ni formaba parte dentro de la referida causa penal. En ese sentido y, por su parte, el Encargado de la Dirección Jurídica de la Dirección General de Métodos de Investigación, informó que la citada quejosa fue puesta a disposición del Agente Fiscal Investigador adscrito a la Unidad de Feminicidios y Homicidios de la Fiscalía General de Estado, habiéndose formado la carpeta de investigación CDI/FGE/I/D01/26532/2022; por ende, se requirió a la citada fiscal, para que informara la situación jurídica de la mencionada quejosa. Así, mediante el oficio de cuenta el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Feminicidios y Homicidios de la Fiscalía General de Estado, informa que el diez de agosto del presente año, se dictó acuerdo libertad a la diversa quejosa Yolanda Alonso Maldonado, acompañado copia del referido acuerdo y de la constancia de notificación de libertad. Documentales todas las anteriores que tienen valor probatorio pleno, de acuerdo con lo previsto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, toda vez que fueron expedidas por un funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones. De ahí que se tenga por cierto el acto reclamado consistente en la orden de detención o retención reclamada a los referidos titulares de las corporaciones policiacas. No obstante, de lo anterior, resulta evidente que, en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo, que dispone: 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) En efecto, pues si se considera que en el caso la parte quejosa reclamó la detención o retención y, a la fecha ha sido decretado en contra Antonio López Alonso y David Cabrera Mata, auto de vinculación a proceso, y por lo que respecta a Yolanda Alonso Maldonado, se dictó auto de libertad; entonces, es claro que se dio un cambio en su situación jurídica que se vería afectada en caso de resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, por lo que es evidente que opera la causal de improcedencia del juicio de amparo, antes invocada. Ciertamente, cabe señalar que la libertad personal puede restringirse por la aprehensión, la detención, la prisión preventiva, entre otras, cada una de las cuales tienen características peculiares; que el conjunto de normas que rigen y condicionan la restricción de la libertad en cada uno de los distintos casos señalados se llama situación jurídica, de modo que, cuando esta situación cambia, cesan los efectos de la anterior, pues cada forma de restricción de la libertad excluye a las otras y, por lo mismo, desaparecen los efectos del acto reclamado, resultando improcedente el amparo contra la situación jurídica anterior. Ahora bien, como actualmente la situación jurídica de los impetrantes del amparo se rige por los autos de vinculación a proceso y de libertad, que les fue decretado, ello determina la improcedencia del presente juicio constitucional, por lo que ve a la orden de detención o retención reclamadas, por haber operado un cambio de la situación jurídica de los mismos. Ello es así, pues se reitera, el juicio de amparo que se promueve en contra de la detención o retención resulta improcedente cuando se emite el auto de vinculación a proceso y de libertad, por haber cambiado la situación jurídica, ya que deben considerarse consumadas irreparablemente las posibles violaciones que se hayan cometido en aquélla, por no poder decidir sobre la misma sin afectar la situación jurídica que se generó al pronunciarse el auto de término constitucional, ya que ahora la libertad de Antonio López Alonso y David Cabrera Mata, se encuentra restringida por la resolución mencionada, mas no por la detención o retención reclamada, pues cada forma de restricción de la libertad excluye a las otras; mientras que, se itera, Yolanda Alonso Maldonado se encuentra en libertad. Corrobora lo expuesto, por las razones que lo informan la tesis de Jurisprudencia II.2º.P.20 P, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, dentro del amparo en revisión 128/2012, que aparece publicada en la página 12897 del Tomo 2, 23 de agosto de 2012, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Decima Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SU EMISIÓN ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES LA ORDEN DE APREHENSIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE MÉXICO). (...) En las relatadas condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XVII, en relación con el numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, el presente juicio de control constitucional resulta improcedente, y procede sobreseer en el mismo. En apoyo de la anterior determinación, se invoca la jurisprudencia I.7o.P. J/3, publicada en la página 1600 del Tomo XX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Septiembre de 2004, bajo la voz: CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUE DA LUGAR A SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Así como la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 386 del Tomo XVII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Marzo de 2003, del rubro siguiente: SOBRESEIMIENTO, PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. Y la diversa tesis de jurisprudencia 1a./J. 17/2008, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Novena Época, visible en la página 270 del Tomo XXVII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Junio de 2008, que señala: SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. (...) Igual sentido debe regir para las restantes autoridades responsables, esto es, Agentes del Ministerio Público del Fuero Común Investigador adscritos a la Unidad de Trámite Común con Detenidos y a la Unidad de Combate al Narcomenudeo, ambos de la Fiscalía General del Estado; y Delegado de la Fiscalía General de la República, Delegación San Luis Potosí, ya que habiendo negado la existencia de las órdenes reclamadas ya señaladas, y sin prueba en contrario aportada por la parte quejosa, incluso de la ejecución que de ellas se atribuye, procede sobreseer en el juicio por las mismas, ante la inexistencia de actos reclamados, como lo establece la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo y Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 170, visible en la página 281 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Volumen Común al Pleno y a las Salas, que dice: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan esa negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. En consecuencia, se dejan sin efecto las ONCE HORAS DEL CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente.
- Incidental
San Luis Potosí, San Luis Potosí, trece de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de dos de septiembre del presente año, se requirió al Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral adscrito a la Primera Región Judicial del Estado Sala Sede, San Luis Potosí, San Luis Potosí, a fin de que remitiera copia certificada del auto de vinculación a proceso respecto de los aquí quejosos Antonio López Alonso, Yolanda Alonso Maldonado y Edgar David Cabrera Mata, sin que a la fecha obre en autos lo solicitado. Sin embargo, mediante el oficio CIJP/RI/SLP5726/2022, recibido en este órgano judicial el veintiséis de agosto del presente año, registrado bajo el consecutivo de correspondencia interna 13280, presentado dentro de los autos del expediente principal 1042/2022-III, del que deriva el incidente en que se actúa, el cual se tiene como un hecho notorio para este juzgado; el referido juez de control remitió copia certificada del audio y video de las audiencias inicial de control de detención y su continuación dentro de la causa penal RI/SLP/CP-464/2022, seguida en contra de los diversos quejosos Antonio López Alonso y David Cabrera Mata. Asimismo, refirió que la diversa quejosa Yolanda Alonso Maldonado, no se encuentra a disposición de dicho órgano jurisdiccional, ni forma parte dentro de la referida causa penal; en ese sentido, de igual forma, dentro de los autos del expediente principal del que deriva el presente incidente, el cual se tiene como un hecho notorio para este juzgado, mediante informe rendido por el Encargado de la Dirección Jurídica de la Dirección General de Métodos de Investigación, recibido ante este juzgado el diez de agosto del presente año, refirió que la citada quejosa fue puesta a disposición del Agente Fiscal Investigador adscrito a la Unidad de Feminicidios y Homicidios de la Fiscalía General de Estado, correspondiéndole la carpeta de investigación CDI/FGE/I/D01/26532/2022. Y, aunado a lo anterior, de las constancias que acompañó se advierte que se asentó que la quejosa Yolanda Alonso Maldonado, refirió llamarse Perla Yolanda Alonso Maldonado. En ese sentido, a fin de emitir una resolución conforme a derecho e integrar debidamente el expediente en que se actúa, con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, requiérase al citado agente fiscal, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que reciba el oficio respectivo, informe la determinación adoptada en relación a la referida quejosa; remitiendo las constancias necesarias para acreditar su dicho; con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta días del valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237, fracción I y 260, fracción II, de la legislación en cita. Consecuentemente, a fin de dar oportunidad a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia incidental señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON SEIS MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese.
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