ANTONIO LIMON SANCHEZ y Otros.

Expediente 905/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
905/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
30/08/2017

Partes del expediente

  • ANTONIO LIMON SANCHEZ y Otros.
  • Antonio Limon Sanchez

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por la SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE HIDALGO; visto su contenido, téngasele informado a este juzgado federal que se avoca al conocimiento del juicio de amparo 905/2017 del índice de este órgano jurisdiccional federal promovido por Antonio Limón Sánchez, radicándolo con el número 976/2017-1 de su índice; lo anterior, se hace constar para los efectos legales a que haya lugar en el presente expediente. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno de este Juzgado y ARCHÍVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, hágase saber a las partes que en su oportunidad SE PROCEDERÁ A LA DESTRUCCIÓN del expediente en que se actúa, en términos de lo dispuesto en los puntos vigésimo y vigésimo primero del citado acuerdo. De igual forma, en mérito a lo ordenado en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo invocado se ordena realizar la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente. Así mismo, debe decirse que el presente asunto CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, en términos de lo dispuesto por el primer y tercer párrafo del invocado punto décimo primero del acuerdo en comento, por lo cual, una vez transcurridos TRES AÑOS a partir de esta fecha deberá transferirse al centro de documentación y análisis, previa la anotación correspondiente en los libros de gobierno tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.

  2. Principal

    RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por ANTONIO LIMÓN SÁNCHEZ, por su propio derecho, fórmese el expediente correspondiente registrándose con el número 905/2017. INCOMPETENCIA Del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que ANTONIO LIMÓN SÁNCHEZ, señala como autoridades responsables y acto reclamado los siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES: 1.- JUEZ DE CONTROL CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO JUDICIAL DE TULA DE ALLENDE, ESTADO DE HIDALGO. 2.- ELEMENTOS DE LA POLICÍA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE HIDALGO. ACTO RECLAMADO: "Del Juez de Control del Distrito Judicial de Tula de Allende, Estado de Hidalgo, las violaciones procesales graves al debido proceso y la falta de formalidades en el procedimiento, en el cumplimiento de la calificación de la detención realizada a mi defenso, de fecha 20 veinte de julio del año 2017 dos mil diecisiete, así como al decretar auto de vinculación a proceso en contra de mi defenso por los delitos de asalto equiparado, robo agravado y lesiones agravadas, esto en fecha 25 veinticinco del mes de julio del año 2017 dos mil diecisiete, pronunciado en la causa en número 93/2017, instruído en contra del hoy imputado ANTONIO LIMÓN SÁNCHEZ, como presunto responsable de los supuestos delitos de ASALTO AQUIPARADO, ROBO AGRAVADO Y LESIONES AGRAVADAS, cometido en agravio de los C.. VICTOR SANDOVAL PÉREZ, GABRIEL VARGAS HERNANDEZ Y LA PERSONA MORAL DENOMINADA EMPRESA PRO-TECH INTERNACIONAL SERVICES, S.A. DE C.V.." Ahora bien, tomando en consideración la naturaleza del acto reclamado anteriormente referido, se advierte que a este Juzgado Federal no le corresponde el conocimiento de la demanda de amparo que se provee, por los motivos que a continuación se exponen. El artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la lectura integral del artículo anteriormente transcrito, se conoce que para que un Juez de Distrito debe conocer un juicio, deberán de actualizarse cualquiera de las hipótesis que contempla dicho artículo, las cuales son: 1.- Aquel que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; 2.- Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, 3.- Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Como se ve, el artículo 37 de la Ley de Amparo determina de manera clara la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio, en base al lugar en el que el acto reclamado surtirá sus efectos, sin importar la naturaleza de éstos. Así mismo, se advierte que en las hipótesis anteriormente mencionadas existe un elemento común entre ellas, dicho elemento lo es la acción de ejecución del acto que por vía de amparo se pretenda impugnar, toda vez que la competencia de un Juez de Distrito para conocer de un juicio está determinada por el lugar en que tendrá verificativo la ejecución del acto reclamado en caso de que ésta exista de manera positiva, o bien (de manera específica), si dicho acto no requiere de ejecución material, tal como lo contempla la última de las hipótesis, lo que en su caso, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda, hipótesis que en el caso, no se actualiza, tal como se expondrá en párrafos siguientes. En el caso concreto, el promovente del amparo refiere que los actos reclamados el auto de vinculación a proceso por los delitos de ASALTO EQUIPARADO, ROBO AGRAVADO Y LESIONES AGRAVADAS, el veinticinco del mes de julio de dos mil diecisiete, pronunciado en la causa en número 93/2017, por el JUEZ DE CONTROL CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO JUDICIAL DE TULA DE ALLENDE, ESTADO DE HIDALGO; así como los diversas las violaciones procesales graves al debido proceso y la falta de formalidades en el procedimiento, en el cumplimiento de la calificación de la detención realizada al mismo de veinte de julio del año dos mil diecisiete, lo que implica que los efectos de dichas determinaciones tendrán lugar en la residencia de dicho órgano jurisdiccional, máxime si el procesado se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social del Distrito Judicial de Tula de Allende, Estado de Hidalgo, por ello, conforme al criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 187/2011, es juez competente para conocer del juicio de amparo en su contra aquél en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal. En el caso, como se aprecia, el acto reclamado le es reclamada a una autoridad que tiene su domicilio fuera de la circunscripción territorial de este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, así como que la ejecución de los mismos se materializa en otra entidad, bajo esa tesitura, se estima que a este Juzgado Federal no le corresponde el conocimiento de la demanda de amparo promovida por ANTONIO LIMÓN SÁNCHEZ, en virtud de que la autoridad responsable de los actos reclamados tienen residencia en TULA DE ALLENDE, ESTADO DE HIDALGO, es decir, fuera de la circunscripción territorial de este órgano jurisdiccional constitucional. En consecuencia, en estricto cumplimiento a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, resulta inconcuso que a este Juzgado Federal no le corresponde el conocimiento de la demanda de amparo promovida por ANTONIO LIMÓN SÁNCHEZ, por las razones anteriores, aunado a que el quejoso no señaló autoridad ejecutora con jurisdicción en el Estado de Puebla. En mérito de lo anterior, es evidente que en el presente caso se actualiza la hipótesis prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia y tesis siguientes: "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad." En tales condiciones, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, DECLARA QUE CARECE DE COMPETENCIA LEGAL PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE AMPARO promovida por ANTONIO LIMÓN SÁNCHEZ. En consecuencia, se ordena remitir al JUEZ DE DISTRITO EN TURNO EN EL ESTADO DE HIDALGO, con residencia en Pachuca, el original de la demanda de amparo de que se trata con sus traslados correspondientes, para que manifieste si acepta o no el conocimiento de la demanda en términos de lo que dispone el artículo 48 de la Ley de Amparo. Fórmese el expedientillo de antecedentes correspondiente y una vez que el Juez de Distrito a quien le corresponda conocer de la incompetencia planteada comunique la resolución recaída al respecto, archívese el presente asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno de este juzgado. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones en el lugar de su reclusión, sita en el Centro de Reinserción Social del Distrito Judicial de Tula de Allende, Estado de Hidalgo, así como autorizados únicamente para tales efectos a los profesionistas que indica, toda vez que no se encuentran inscritos en el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito hasta en tanto acrediten estar legalmente autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Por lo anterior, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Hidalgo, en turno, a fin de que en auxilio de las labores de este juzgado federal, ordene a quien corresponda se constituya en el interior del Centro de Reinserción Social del Distrito Judicial de Tula de Allende, Estado de Hidalgo y una vez teniendo a la vista al quejoso ANTONIO LIMÓN SÁCHEZ, le notifique de manera personal el contenido del presente proveído. Se solicita al aludido Juez que de no tener inconveniente legal alguno con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, habilite al Actuario encargado de practicar la notificación que nos ocupa, para que de ser necesario se pueda constituir en días y horas inhábiles y una vez practicado el mismo, la autoridad requerida deberá devolver dicha comunicación oficial o, en su caso, informar las razones por las que no se llevó a cabo dicha diligencia. PRECISIÓN DE AUTORIDADES RESPONSABLES Luego, con fundamento en el artículo 108, fracción III de la Ley de Amparo, que establece como obligaciones del quejoso, entre otras, la de señalar con precisión las autoridades responsables -tema sobre el que no opera la suplencia de la queja, como se advierte del artículo 79 de la Ley de la Materia-, se apercibe a la parte quejosa que si las autoridades responsables no existen con la denominación que indica en su demanda, sin mayor trámite se tendrán por inexistentes en este juicio, suspendiéndose toda comunicación con las mismas y, en su oportunidad se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o bien, corrija el señalamiento en la denominación de las autoridades responsables, a instancia de la parte quejosa, tomando en consideración que le corresponde a la misma estar al pendiente de la tramitación de su asunto. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO EN SU LUGAR DE RECLUSIÓN.

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