Antonio Lezama Surroca
Expediente 1752/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de enero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1752/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/01/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Antonio Lezama Surroca
- ANTONIO LEZAMA SURROCA y Otros.
Actuaciones
- Principal
"... AGREGUESE EL ESCRITO DEL QUEJOSO ANTONIO LEZAMA SURROCA...ENTREGUESE LA DOCUMENTAL QUE SOLICITA, PREVIA IDENTIFICACIÓN..." MESA II-B
- Principal
MESA II B Vistos los autos y la certificación que antecede; se advierte que, en la especie, mediante proveído de veinte de noviembre pasado (fojas 110 a 113), se desechó la demanda de garantías promovida por ANTONIO LEZAMA SURROCA, el cual se le notificó el uno de este propio mes de diciembre (foja 115 vuelta); como esa determinación no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de queja y dentro del término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo; con fundamento en el normativo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío del numeral 2° de la Ley citada, se declara que dicho auto ha causado estado. Por tanto, archívese el presente asunto como concluido, el cual se estima carece de relevancia documental; por lo que transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a su destrucción, ello de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Hágase las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
MESA II B Vista la razón actuarial que antecede, suscrita por el Actuario adscrito a este Juzgado, se advierte que no le fue posible notificar el auto de veinte de noviembre pasado, al quejoso ANTONIO LEZAMA SURROCA, toda vez que no habita en el domicilio que señaló para oír y recibir notificaciones en su escrito de demanda, y tampoco sus autorizados. En consecuencia con fundamento en el artículo 27 fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, practíquese la notificación de que se trata, por lista de acuerdos. Vista la demanda de amparo promovida por ANTONIO LEZAMA SURROCA, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia de Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca, presentada el dieciocho de este propio mes de noviembre, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, residente en esta ciudad, y el diecinueve siguiente en este Juzgado y anexo consistente en copia simple del acuse de recibo de la demanda de veinte de agosto pasado, presentada el siete de octubre posterior ante la responsable. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el juicio de amparo indirecto 1752/2015. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede examinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En la especie, la parte quejosa reclama la falta de acuerdo a su demanda de veinte de agosto de dos mil quince, presentada ante el Juez Mixto de Primera Instancia de Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca, el siete de octubre siguiente, donde promovió juicio civil de nulidad de escrituras públicas, cancelación de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y reivindicatorio, contra personas diversas. Previo a determinar la procedencia o no del juicio, cabe puntualizar, que si bien es cierto de conformidad con el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, lo cual tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario; mas cierto es, cuando la solicitud se presenta dentro de un procedimiento jurisdiccional sujeto al cumplimiento de formalidades adjetivas o sustantivas legalmente previstas, no es aplicable la tutela de dicha garantía, pues su naturaleza se rige por los principios de justicia completa, pronta e imparcial a que alude el artículo 17 de la Constitución Federal, que establece los lineamientos de la actividad de los tribunales obligados a administrar justicia en los plazos y términos que fijan las leyes; cuestión que la diferencia de la petición formulada fuera de juicio. Por tanto, tratándose de un procedimiento jurisdiccional la autoridad debe circunscribir su actuación a los términos y plazos que establecen las leyes que lo regulan y no al breve término a que alude el invocado artículo 8º. Sirven de apoyo a las consideraciones anteriores, la jurisprudencia y tesis siguientes: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA). De acuerdo con lo establecido en el artículo 114, fracciones II, III y IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, se desprende que en contra de actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales, como dentro de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, será procedente el amparo indirecto de forma excepcional cuando los actos tengan el carácter de "imposible reparación"; o cuando el quejoso hubiese quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda. En esas condiciones, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación al derecho de petición, cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. En razón de ello, por regla general, el amparo indirecto sería improcedente, pues si se trata exclusivamente de un reclamo dentro de un procedimiento respecto al derecho de petición, el cual no deja sin defensa al quejoso ni puede verse de forma autónoma, debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada". (Jurisprudencia 1a./J. 8/2015 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época). "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA Y DERECHO DE PETICIÓN. SU REGULACIÓN EN LOS ARTÍCULOS 8o. Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA. La garantía consagrada en el artículo 8o. constitucional se refiere, de manera general, al derecho que tienen los gobernados de recibir una respuesta de cualquier autoridad, a una petición que formulen por escrito, de manera pacífica y respetuosa. Por su parte, el segundo párrafo del artículo 17 constitucional establece específicamente la garantía de acceso a la impartición de justicia, según la cual, los particulares deben observar los requisitos, formas y procedimientos que establezcan las leyes, para de esa manera obtener un pronunciamiento de la autoridad jurisdiccional, que resuelva sobre las pretensiones planteadas. Lo anterior lleva a concluir que el derecho a recibir una respuesta de la autoridad judicial, tiene una regulación especial desde el punto de vista constitucional, que se distingue de la regulación general relacionada con el derecho a obtener una respuesta de cualquier autoridad. Por ello, cuando un particular promueve ante una instancia jurisdiccional alguna acción, procedimiento o medio de defensa y no encuentra respuesta, la garantía que pudiera encontrarse en riesgo de ser vulnerada, es la relacionada con el derecho de acceso a la justicia regulada, especialmente, en el artículo 17 constitucional y no la diversa garantía general consagrada en el diverso artículo 8o." (Es aplicable la tesis XXII.2o.10 K, publicada en la página 1343 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Octubre de dos mil nueve, materia común, registro de IUS 166252, Novena Época). En el caso, según se ve, el justiciable se duele de denegación de justicia, no de conculcación al derecho de petición, pues aduce que presentó promoción para entablar juicio civil de nulidad de escrituras públicas, cancelación de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y reivindicatorio; que ésta no ha sido acordada dentro de los términos que dispone la ley. Sin embargo, contra ese acto, el artículo 697 fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, prevé expresamente el recurso queja , el cual debe agotarse previamente al juicio de amparo, de conformidad con el artículo 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo . En efecto, el principio de definitividad encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse el juicio de amparo de un medio extraordinario de defensa, de carácter constitucional, el quejoso debe previamente a su promoción, acudir a las instancias ordinarias, previstas en una ley formal y material, que puedan modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que le ocasiona afectación. Sirve de ilustración, la tesis siguiente: "ACCIÓN PENAL. CONTRA LA ABSTENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE RESOLVER SOBRE SU EJERCICIO, DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 28, PÁRRAFO ÚLTIMO Y 29 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. En términos del artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban revisarse de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan modificarse, revocarse o nulificarse, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos, mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal, sin que exista obligación de agotarlo si el acto reclamado carece de fundamentación. Ahora bien, de los artículos 28, párrafo último y 29 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Quintana Roo, se advierte que contra la abstención del Ministerio Público de resolver sobre el ejercicio de la acción penal en una averiguación previa, procede el recurso de queja ante la Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de esa entidad federativa; de ahí que al preverse ese medio de defensa en una ley formal y material, cuyo efecto sería modificar, revocar o nulificar dicho acto de autoridad, se impone al quejoso agotar dicho medio de defensa antes de acudir al juicio de amparo para cumplir con el principio de definitividad. Lo anterior, aunado a que no se actualiza el supuesto de excepción contenido en el párrafo último de la fracción XV del artículo 73 de la ley de la materia, pues la abstención de la autoridad no constituye un acto que carezca de fundamentación por ser un acto negativo; además, porque la observancia del citado presupuesto de procedencia exige la exclusión de interpretaciones arbitrarias ambiguas, pues de lo contrario se generaría una amplia gama de excepciones ajenas a las establecidas legalmente y contrarias a la excepcionalidad del medio extraordinario de defensa que representa, sumado a que la referida Sala al conocer del recurso de queja no actúa como órgano de control de la constitución local, sino como órgano de carácter administrativo-jurisdiccional." (Jurisprudencia 1a./J. 62/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 526/2012, visible en la página 326 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia(s): Común, Décima Época, Registro: 2004140). En esas condiciones y tomando en cuenta que la parte quejosa tiene el carácter de parte actora en el proceso civil que pretende entablar de donde emana la denegación de justicia reclamada, tiene a su alcance el recurso de queja que hacer valer; no se encuentra en los casos de excepción que prevé el propio numeral 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues los actos reclamados no son de los atención privilegiada o de incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; no se trata de aquellos que afecten la libertad personal, tampoco es tercero extraño, pues es parte en el expediente familiar citado; finalmente, la procedencia de los medios de defensa citados no están sujetos a una interpretación adicional; por tanto, la parte quejosa está obligada a agotarlos, previamente, a solicitar la protección constitucional; de ahí que resulte improcedente el juicio de amparo. En esa tesitura, ante lo fundado de la causa de improcedencia analizada, con apoyo en el diverso 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente, DE PLANO, SE DESECHA, la demanda de garantías. Se tiene como domicilio de la parte peticionaria de amparo, el que indica; y por autorizado en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Carlos Jesús Lledias Lezama, dado que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho; y únicamente para recibirlas a la persona restante, por así solicitarlo expresamente, y ser este asunto en materia civil. De conformidad con el numeral 21 párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Finalmente, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con apoyo en el precepto 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, mismo que entró en vigor el cinco de abril de dos mil cuatro, hágaseles saber el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo; en el entendido de que la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en el artículo 13, fracción IV, de la ley antes citada; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo..."
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