Antonio Lara Espinosa

Expediente 485/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
485/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
26/01/2021

Partes del expediente

  • Antonio Lara Espinosa

Actuaciones

  1. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, veintiséis de enero de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, con apoyo en las disposiciones contenidas en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, que recobró vigencia respecto de los asuntos del conocimiento de los órganos jurisdiccionales distintos a los pertenecientes a los del Primero, Segundo, Decimoctavo, Decimosexto y Decimoquinto, Circuitos, a partir del doce de enero de dos mil veintiuno, según lo dispone la circular SECNO/1/2021, emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, el ocho de enero anterior, este juzgado determina el levantamiento de la suspensión decretada, lo que implica la continuación del trámite del presente asunto -desde el punto en que quedó pausado, pero no su reinicio-, de conformidad con la normatividad aplicable y sin restricción alguna, pero con los debidos ajustes derivados del citado Acuerdo. Con fundamento en el artículo sexto del enunciado normativo 3 de la Ley de Amparo, procédase en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido, excepción hecha de las constancias que debido a su voluminosidad, dificulten su manejo en los sistemas electrónicos de captura con que cuenta este tribunal. Lo anterior, a efecto de cumplir con la obligación impuesta por el mencionado precepto, en lo relativo a vigilancia de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema. Ahora bien, vista la certificación secretarial de cuenta, y tomando en consideración que las partes no recurrieron el acuerdo de veinte de octubre del año en curso, que SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, dentro del término de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su ordinal 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales a que haya lugar. Comuníquese lo anterior a las responsables; háganse las anotaciones en el libro respectivo, y como ya no existe cuestión pendiente en este asunto, se declara como concluido y se ordena su archivo, en los siguientes términos: 1. Al haberse concedido en su momento la suspensión de plano, procede calificar este expediente, según lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relacionado con el Capítulo 7, punto 7.4, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, como susceptible de DEPURACIÓN. Máxime que no tiene relevancia documental, ni se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General. 2. Este expediente, al ser depurable, se conservará por el término de tres años en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 del citado Acuerdo General, contados a partir de que se ordenó el archivo como asunto concluido, y una vez transcurrido dicho plazo, dentro de los siguientes noventa días deberá procederse a su depuración, conservando las resoluciones relativas a la demanda, el decreto de la suspensión de plano, la sentencia que puso fin al juicio, así como la resolución que le otorgó autoridad de cosa juzgada y el proveído en que se acuerda el archivo como asunto concluido; y terminado el proceso de depuración, deberá solicitarse la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo establece el penúltimo y último párrafo del artículo 18 del referido Acuerdo General. Hágase constar su valoración en la carátula del expediente principal, mediante la leyenda "DEPURABLE", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo archivístico, así como en la relación que se integre. Notifíquese.

  2. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, veinte de octubre de dos mil veinte. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que la demanda de amparo fue promovida por *********, en contra de los actos y las autoridades que a continuación se especifican: ACTOS RECLAMADOS:  La omisión de las autoridades responsables de aplicar el decreto presidencial de fecha veinticuatro de marzo del año en curso, que establece que los ciudadanos mexicanos con padecimientos crónico degenerativos, quedan exentos de acudir a laborar en sus centros de trabajo en razón de la pandemia que aqueja al país SARSCOV2 (COVID-19), así como de tomar medidas preventivas para exentarlo de acudir a sus labores, en términos de la referida cláusula, al encontrarse en un grupo vulnerable. AUTORIDADES RESPONSABLES: 1. Director General de Petróleos Mexicanos, con residencia en la Ciudad de México, y 2. Jefe del Departamento de Personal Marina Perforación de Pemex Exploración y Producción, con sede en Ciudad del Carmen, Campeche. En consecuencia, con apoyo en el artículo 62 de la Ley de Amparo, esta juzgadora estima necesario analizar si durante la sustanciación de este juicio ha sobrevenido, o no, alguna causa de improcedencia. Lo anterior, porque de existir alguna causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional, con el ímpetu de privilegiar el principio de acceso efectivo a la justicia establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 1 I. Actualización de una causa de improcedencia. Al respecto, cabe señalar que este juzgado advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Para justificar lo anterior, se acude al contenido del citado ordenamiento legal que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo". Es así, porque de lo expuesto por el quejoso en su demanda, se aprecia, que impugna básicamente de las autoridades responsables la omisión de otorgarle resguardo domiciliario y como 1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XVII, marzo de 2003, página 386, del texto siguiente: ".De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." consecuencia de ello, la ejecución presencial de sus labores en centro de trabajo, esto es, a bordo de las instalaciones marinas jornada 19, plataforma ****** centro de trabajo 215 unidad operativa de perforación, de Ciudad del Carmen, Campeche, no obstante que pertenece a un grupo de riesgo, y ser susceptible al contagio del virus COVID-19, dado que se trata de una persona que padece de diabetes mellitus; circunstancias que aunque se actualicen y pervivan hoy en día, no pueden surtir efecto material alguno, ya que, como hecho notorio, se invoca que de conformidad con el sistema de alerta sanitaria previsto por el Gobierno Federal, la Entidad se encuentra en alerta verde, lo que acorde con el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de Actividades Económicas, publicado el veintinueve de mayo de dos mil veinte, en su punto 4.2, permite, ante un nivel de riesgo bajo, como es el semáforo verde, la presencia de todo el personal en el centro de trabajo, mas no exime, según lo precisado en el punto 7, del invocado Acuerdo, al personal operario de presentarse a laborar, aun siendo persona en situación de vulnerabilidad, dado que eso sólo se encuentra previsto para localidades en alerta máxima, ya que en casos de alerta baja, como en la especie, no será necesario implementar medidas especiales. En consecuencia, aunque existan las omisiones alegadas, no pueden tener efecto alguno, ya que el resguardo domiciliario y exención de labores con motivo de la pandemia, no es operante y carece de objeto en localidades de riesgo bajo (semáforo verde), aun tratándose de personal con alguna vulnerabilidad, ya que el regreso a las labores es completo. Por otro lado, tales actos reclamados también actualizan la diversa causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;". Lo anterior es así, toda vez que el quejoso señala que le agravia esencialmente la omisión de resguardo domiciliario y como consecuencia de ello la ejecución presencial de sus labores en su centro de trabajo, esto es, a bordo de las instalaciones marinas jornada 19, plataforma ***** centro de trabajo 215 unidad operativa de perforación, de Ciudad del Carmen, Campeche, no obstante que pertenece a un grupo de riesgo, y ser susceptible al contagio del virus COVID-19, dado que padece de diabetes mellitus. Sin embargo, cabe señalar, que la Secretaría de Salud, estableció las etapas para regresar a las actividades normales durante la pandemia generada por el virus SARCOV2 (COVID-19), que denominó como: ? Semáforo de riesgo epidemiológico para transitar hacia una nueva normalidad, es un sistema de monitoreo para la regulación del uso del espacio público de acuerdo con el riesgo de contagio de COVID-19. ? Este semáforo será estatal y está compuesto por cuatro colores: Rojo Se permitirán únicamente las actividades económicas esenciales, asimismo se permitirá también que las personas puedan salir a caminar alrededor de sus domicilios durante el día. Naranja Además de las actividades económicas esenciales, se permitirá que las empresas de las actividades económicas no esenciales trabajen con el 30% del personal para su funcionamiento, siempre tomando en cuenta las medidas de cuidado máximo para las personas con mayor riesgo de presentar un cuadro grave de COVID, se abrirán los espacios públicos abiertos con un aforo (cantidad de personas) reducido. Amarillo Todas las actividades laborales están permitidas, cuidando a las personas con mayor riesgo de presentar un cuadro grave de COVID-19. El espacio público abierto se abre de forma regular, y los espacios públicos cerrados se pueden abrir con aforo reducido. Como en otros colores del semáforo, estas actividades deben realizarse con medidas básicas de prevención y máximo cuidado a las personas con mayor riesgo de presentar un cuadro grave de COVID-19. Verde Se permiten todas las actividades, incluidas las escolares. Asimismo, dicha institución de salud pública, determinó que a partir del veintiocho de septiembre de dos mil veinte, el Estado de Campeche, pasaría del semáforo amarillo al verde, lo cual implica la reactivación de todas las actividades, incluidas las escolares, por lo que es indiscutible que las actividades que dice ejecutar el ahora quejoso no están exentas de llevarlas a cabo; además, la etapa de semáforo verde permite, sin excepción, que toda persona (vulnerable o no) desarrolle las actividades que tenga encomendadas, ya que como se estableció con antelación, el regreso es completo; de ahí que el inconforme no goza de beneficio alguno para dejar de acudir a sus labores en su centro de trabajo, esto es, a bordo de las instalaciones marinas jornada 19, plataforma ******** centro de trabajo 215 unidad operativa de perforación, de Ciudad del Carmen, Campeche, incluso alegando de que se trata de una persona que padece de diabetes mellitus, y que tiene riesgo de contagio de COVID-19. Apoya lo anterior, por analogía la jurisprudencia VI. 3o. J/26, visible en la página 117, del Tomo VIII, Diciembre 1991, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, registro 220965, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO. De acuerdo con el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías." Por tanto, el hecho de que las autoridades incurran en la omisión atribuida, no genera al quejoso una afectación real, personal y directa, ya que dadas las circunstancias epidemiológicas imperantes en esta Entidad (semáforo verde), no existe base legal para que pueda concedérsele la exención de labores y resguardo domiciliario. En consecuencia, al actualizarse las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XII y XXII, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la propia legislación, SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE ESTE JUICIO, FUERA DE AUDIENCIA, y por ende, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cuarenta minutos del veintiocho de octubre de dos mil veinte. Se comunica lo anterior a las partes para los efectos legales correspondientes. Asimismo, se ordena al secretario judicial encargado del libro uno de juzgado, relativo al registro de juicios de amparo, proceda a realizar la anotación correspondiente. De conformidad con el Acuerdo General 29/20072 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, captúrese el día de su publicación la presente determinación, con la certificación secretarial respectiva, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Finalmente, con apoyo en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, se agrega a los autos el oficio remitido por la Jueza Primero Auxiliar Familiar (Exhortos) y de Cuantía Menor Civil de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en Ciudad del Carmen, Campeche, con el que en atención a lo solicitado en autos informa que al hacer una búsqueda en su sistema no encontró registro alguno del despacho con número de origen orden 336/2020; sin que haya lugar a hacer mayor pronunciamiento, en virtud de lo acordado en los párrafos que anteceden. Notifíquese personalmente.

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