Antonio Landeros Valencia

Expediente 829/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 9 actuaciones registradas, la última del 11 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
829/2018
Año
2018
Actuaciones
9
Última actuación
11/09/2018

Partes del expediente

  • Antonio Landeros Valencia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    MESA III. ESTADO DE AUTOS. Vista la certificación precedente evidencia que la parte quejosa, dentro del plazo estipulado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, no interpuso recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley mencionada, contra el auto de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos procedentes. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1. Este asunto es susceptible de destrucción (términos de los puntos décimo y vigésimo primero, fracciones II y III del Acuerdo General Conjunto referido). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental, y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. TRANSFERENCIA DEL EXPEDIENTE. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, de conformidad con el Decreto por el que se reforman los artículos 11; fracción XIX y 81, fracciones XVIII y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal; y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Finalmente, devuélvanse las copias certificadas del toca 242/2018, el expediente 646, las copias certificadas del expediente 1042/2013 y el sobre cerrado con documentos, a la Primera Sala Civil de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México; solicitándole de la manera más atenta el acuse de recibo de las constancias que se remiten. Notifíquese y personalmente al quejoso.

  2. Principal

    MESA III. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que la parte quejosa en su escrito inicial de demanda señaló como acto reclamado: La resolución de diez de mayo del dos mil dieciocho dictada en los autos del toca de apelación número 242/2018 dictada por la Primer Sala Civil Regional de Toluca en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Al respecto, este juzgador considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 17 y 18 de dicha legislación, ya que el acto reclamado por la parte quejosa se encuentra consentido tácitamente. En efecto, para dar claridad a esa causa de improcedencia, es necesario reproducir el contenido de los artículos antes mencionados -todos de la Ley de Amparo- los cuales rigen en los términos siguientes: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Luego, los artículos anteriormente citados, establecen las reglas generales para la presentación de la demanda de amparo; esto es, en cuanto a la oportunidad en que debe promoverse. Así, el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo, precisa como regla general que el juicio de amparo debe promoverse dentro del plazo de quince días, contados a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación practicada al quejoso, del acto o resolución que se combate, pero atendiendo siempre a la legislación que la rija o bien, al día siguiente en que el peticionario de amparo haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución o, en su caso, al día siguiente en que el solicitante de amparo se hubiese ostentado sabedor de los actos tildados de inconstitucionales. Por su parte, las fracciones I, II, III y IV del precitado artículo 17 de la Ley de Amparo, establecen las excepciones a la regla general ya mencionada; a saber: a) Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o bien, el procedimiento de extradición. b) Cuando se impugne la sentencia definitiva condenatoria, en un proceso penal que imponga pena de prisión. c) Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. d) Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; o bien, en el artículo 15 de la Ley de Amparo. En el caso a estudio, se advierte que el acto consiste en resolución de diez de mayo del dos mil dieciocho dictada en los autos del toca de apelación número 242/2018 dictada por la Primer Sala Civil Regional de Toluca en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, por la cual se ordenó al A quo la inadmisión de las copias certificadas de la inmatriculación administrativa y dejó insubsistente la sentencia definitiva de veintidós de febrero de dos mil dieciocho, dictada por el Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, en el expediente 646/2018 relativo al juicio Ordinario Civil sobre la Acción Reivindicatoria. De donde se desprende que se trata de un acto dictado dentro de un procedimiento judicial (recurso de apelación), por lo cual se estima que sí se encuentra sujeto al plazo genérico de quince días para la promoción del juicio de amparo. Motivo por el cual, resulta incuestionable que el acto reclamado en esta instancia no se ubica en ninguna de las hipótesis establecidas en el artículo 17 de la Ley de Amparo, en razón de que no se está impugnando la vigencia de una ley, tampoco actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, y mucho menos se trata de aquellos actos prohibidos en el artículo 22 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien, por el artículo 15 de la Ley de Amparo; finalmente, con la promoción de este juicio constitucional no se pretende defender o salvaguardar derechos agrarios de los núcleos de población ejidal o comunal. De ahí que, para arribar a esa conclusión, es necesario reiterar que el quejoso acude a esta vía constitucional para reclamar la resolución de diez de mayo del dos mil dieciocho dictada en los autos del toca de apelación número 242/2018 dictada por la Primer Sala Civil Regional de Toluca en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, misma que le fue notificada el once de mayo del año en curso. Circunstancia que queda debidamente acreditada, con las constancias remitidas por la responsable con su informe justificado de las que se advierte que efectivamente el once de mayo del año en curso, se verificó la notificación combatida en la presente instancia a la parte quejosa. Bajo esa tesitura, resulta indiscutible que la parte quejosa contaba con el plazo de quince días para presentar su demanda de amparo, conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, a partir del día siguiente a aquél en que tuvo conocimiento de los actos que tilda de inconstitucionales (que se analizan en el presente apartado), en términos de lo previsto en el artículo 18 del ordenamiento legal en cita. Se arriba a esta determinación, en principio, porque resulta innegable que el acto de autoridad tildado de inconstitucional, como se ha precisado, no se ubica en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo; ya que, se reitera, el peticionario de amparo no está impugnando una norma general autoaplicativa, tampoco actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, y mucho menos se trata de aquellos actos prohibidos, enunciados en el artículo 22 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien, en el artículo 15 de la Ley de Amparo. A su vez, de acuerdo con el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo, concatenado con el diverso artículo 18 del mismo cuerpo normativo, se insiste, que la parte quejosa contaba con el plazo de quince días para presentar su demanda, a partir del día siguiente en que tuvo conocimiento del acto que reclama. Por tanto, es evidente que el plazo para combatir el acto reclamado, transcurrió en exceso, dado que el peticionario de amparo, como quedó precisado en párrafos precedentes, tuvo conocimiento de la resolución de diez de mayo de dos mil dieciocho, el once siguiente, surtiendo efectos la misma, conforme a la ley de la materia, el mismo día, según por lo dispuesto por el artículo 1.149 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México . Es aplicable a lo anterior la tesis II.1o.25 C (10a.) sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 19, junio de 2015, tomo III, página 2316, Materia Civil, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES. CONFORME AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE MÉXICO, VIGENTE A PARTIR DEL PRIMERO DE JULIO DE DOS MIL DOS, LOS PLAZOS DEBEN COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE PRACTICADAS [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 39/2013 (10a.)]. Los artículos 166 y 201 del citado código, abrogado, eran omisos en establecer cuándo surtían efectos las notificaciones, siendo su redacción similar al artículo 117 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco, interpretado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 367/2012, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 39/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXII, Tomo 1, julio de 2013, página 367, de rubro: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN MATERIA CIVIL. SURTEN EFECTOS AL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE PRACTIQUEN, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO PRO PERSONA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO).", sin embargo, esta jurisprudencia no es aplicable, ni por analogía, al nuevo Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, porque con motivo de las reformas y el cambio de método de ordenamiento del referido código procesal civil, los capítulos VIII, denominado "De los plazos judiciales" y IX, intitulado "De las notificaciones y citaciones", ambos del título séptimo del libro primero, se eliminó la expresión "surtir efectos", provocando que la legislación actual sea clara al establecer que los plazos que deben computarse conforme a dicho ordenamiento empezarían a correr el día siguiente de practicada la notificación, lo cual puede corroborarse, incluso, de la consulta de la exposición de motivos respectiva, en la que se estableció que con el propósito de modernizar el marco jurídico, se ordenó que las notificaciones surtirían efectos el día en que se practicaran y que los plazos legales se computarían a partir del día siguiente de la notificación, con el propósito de agilizar los procedimientos civiles, entre otras cuestiones, quedando generalizado en el artículo 1.149 del referido código, que dice: "Los plazos empezarán a correr al día siguiente de practicada la notificación.". En ese sentido, no entraña ninguna inseguridad al momento de computar el plazo para ejercitar los derechos o acciones relacionados con las resoluciones que se notifican, entre otras, la promoción del juicio de amparo, dada la claridad de redacción del mencionado artículo 1.149, es decir, aun cuando el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México no señala expresamente cuándo surten efectos las notificaciones, ello queda en evidencia cuando se observa cuál fue el propósito del legislador al redactarlo en los términos en que lo hizo. De ahí que aun ante las reformas al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos humanos que exige que las normas se interpreten de acuerdo con ésta y con los tratados internacionales en los que México es Parte, de manera que se favorezca ampliamente a las personas, acudiendo a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva para no establecer restricciones permanentes; y la tutela del derecho que toda persona tiene a un recurso efectivo, sencillo y rápido, ante los Jueces o tribunales competentes, a fin de defender sus derechos, que son los aspectos que fundamentan la jurisprudencia citada, en el caso es inaplicable que la notificación que de manera personal se haga en los asuntos de naturaleza civil, surta efectos legales el día siguiente al en que se hubiese realizado, corriendo los plazos legales en la forma y términos indicados en la legislación de amparo, dado que la redacción actual de la legislación procesal vigente ni siquiera menciona en su texto que las notificaciones surtirán efectos al día siguiente de su realización, sino que de suyo, establece que los plazos empezarán a correr al día siguiente de practicada la notificación y que cuando fueren varias las partes, el plazo se contará desde el día siguiente a aquel en que todas hayan quedado notificadas, si el mismo fuere común." En esas condiciones, si la demanda de amparo -origen del presente sumario- fue presentada hasta el cuatro de junio de dos mil dieciocho, según se advierte de la papeleta de turno emitida por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en esta Ciudad (foja 01); por ende, resulta irrebatible que se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues aquélla se promovió en forma extemporánea respecto del referido acto reclamado; esto es, fuera del término de quince días a que se refiere el artículo 17 del ordenamiento legal en estudio, pues la referida notificación surtió efectos el once de mayo de dos mil dieciocho, por lo que el plazo de quince días trascurrió del catorce de mayo al uno de junio de dos mil dieciocho, sin contar los días diecinueve, veinte veintiséis y veintisiete de mayo del año en curso, por así contemplarlo los ordinales 18 y 19 de la invocada Ley de Amparo, como se ejemplifica en el siguiente cuadro. ... Es aplicable la Jurisprudencia 14, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, del Tomo VI, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del año mil novecientos noventa y cinco, Quinta Época, materia común, con número de registro 393970, que establece: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil, y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." Aunado a lo anterior, la notificación que le fuera realizada al quejoso el once de mayo de dos mil dieciocho -relativa a la determinación que reclama- adquiere presunción de legalidad, en razón de que aquélla no se combate por vicios propios en este asunto, así como tampoco se desprende que tal diligencia, actualmente, haya sido declarada nula; de ahí que, tal notificación, debe considerarse válida para efectos del cómputo del plazo para la presentación de la demanda de amparo. Ante lo expuesto, con fundamento en el diverso numeral 63, fracción XXI, de la Legislación de la Materia, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA este juicio de garantías, por lo que se deja sin efecto legal alguno la hora y día fijados para la audiencia constitucional, misma que fue señalada para las ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO; así como todas las medidas y determinaciones decretadas, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Cobra aplicación en el presente asunto, la tesis V.2o.45 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en la página 2503, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, Octubre de 2005, de rubro: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO AL ACTUALIZARSE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA." Conforme a la fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo, para que válidamente pueda sobreseerse en el juicio, debe invocarse alguna fracción del artículo 73 de la propia ley; sin embargo, no necesariamente toda causa de improcedencia puede considerarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de garantías que dé lugar a decretar el sobreseimiento, fuera de la audiencia constitucional, pues para ello es menester que la causa se manifieste con tal notoriedad que la haga aplicable sin ulterior comprobación de datos o elementos que la integren, porque éstos surgen a la vista y, además, se tenga la certeza absoluta de que no existe, ni puede sobrevenir, elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación." Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa..

  3. Principal

    MESA III. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso por el cual autoriza a diversas personas. Ahora bien, en atención a la certificación de cuenta, se tiene por autorizado en términos amplios a ************** asimismo, únicamente para oír y recibir notificaciones a ************* por así solicitarlo expresamente el quejoso. Por otra parte, con apoyo en lo dispuesto en el citado arábigo 221 del Código Adjetivo Civil Federal, agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar, el escrito de cuenta, signado por el tercero interesado *********** mediante el cual se apersona a la presente instancia, señala domicilio para oír y recibir notificaciones, y autoriza a diversas personas en términos amplios. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se tiene por apersonado a la presente instancia al citado tercero interesado. Asimismo, con fundamento en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas que se fijan en los estrados de este órgano jurisdiccional, por así solicitarlo expresamente el tercero interesado. En otro contexto, en atención a la certificación de cuenta, se tienen por autorizados, únicamente para oír y recibir notificaciones a ********** hasta en tanto registren su cédula profesional en el "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales". En otro orden de ideas, en aplicación del numeral 221 de la citada codificación civil, agréguense a sus autos los oficios de cuenta, signados por el Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, mediante los cuales por el primero de ellos, informa que no existe el registro de la tramitación de algún juicio de amparo directo o indirecto, en contra del acto reclamado por esta vía; atento a ello, este Juzgado de Distrito toma conocimiento para los efectos legales conducentes; y por el segundo rinde su informe justificado. En ese sentido, de conformidad con lo establecido en el ordinal 117 de la ley de la materia, pónganse su contenido a la vista de las partes por el término de ocho días, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, sin perjuicio de hacer relación de ellos en la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, a fin de dar oportunidad a que suceda lo anterior, la audiencia constitucional señalada para celebrarse en este día se difiere y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, para su verificativo. Notifíquese.

  4. Principal

    MESA III. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el quejoso **********, señaló como autoridad responsable ejecutora al Juzgado Tercero Civil del Distrito Judicial de Lerma, México, sin que de autos se desprenda que haya sido llamada a juicio. En consecuencia, con apoyo a los artículos 117 y 75, de la ley de la materia, solicítese al Juez Tercero Civil del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, su informe justificado, que deberá de rendir dentro de quince días, expresando con precisión si son o no ciertos los actos que se les reclaman; además, deberá señalar las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio en términos del artículo 61 de la referida ley, así como la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; y requiérasele para que remita copia certificada de las constancias que sirvieron de base para emitir el acto que se les atribuye; haciendo la aclaración que dichas copias deben ser legibles, completas, y de forma cronológica, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para analizar el fondo de la cuestión planteada, por lo cual se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar en su caso, el impedimento legal que tengan para hacerlo. En el entendido de que de no existir inconveniente legal alguno, rindan el informe solicitado, vía mensajería acelerada o telegrama, sin perjuicio de que lo hagan por la vía ordinaria. Con el apercibimiento que de no hacerlo, en los términos indicados, se les impondrá multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en los preceptos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, con excepción de los Jueces de Distrito que hayan sido señalados como responsables. Es aplicable, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 351, del Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte-1, enero a junio de 1998, Octava Época, con número de registro 231455, que establece: "INFORME JUSTIFICADO CON COPIAS CERTIFICADAS ILEGIBLES, AMERITA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Es cierto que en términos de lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 149 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables acompañarán como justificante de sus actos, copia certificada de las constancias necesarias; empero, dichas copias tienen que ser legibles, pues en caso contrario debe ordenarse la reposición del procedimiento en el juicio de garantías, pues atendiendo a que en términos de lo dispuesto por los artículos 77 fracción I y 78 del invocado ordenamiento legal, el acto reclamado debe ser apreciado tal como quedó demostrado ante las propias autoridades responsables, es de inferir que cuando las constancias correspondientes no son claras, no es posible analizarlas minuciosamente, y por tanto, no se puede resolver conforme a derecho, pues ante tales circunstancias, se evidencia que el juez de Distrito no tuvo a la vista las pruebas conducentes." Asimismo, con apoyo en lo establecido en el artículo 64, del ordenamiento legal invocado, requiérase a la responsable, para que en el supuesto de que hubiere alguna causa de improcedencia en el presente juicio, sea por haber cesado los efectos del acto reclamado o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo hagan saber así a este juzgado, apercibida que en caso de ser omisas de conformidad con lo dispuesto por el artículo 251 de la ley de la materia, se harán acreedoras a una multa de treinta a trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. De igual forma, se requiere a la autoridad señalada como responsable ejecutora para que dentro del plazo de tres días previsto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, informen a este órgano de control constitucional si en el expediente del cual emana el acto reclamado se han promovido diversos juicios de amparo, por lo que en caso de ser así deberán comunicar ante qué autoridades se radicaron, el número de registro y el estado procesal de los mismos, debiendo remitir copia certificada de las constancias que así lo acrediten. En la inteligencia que de no dar cumplimiento a lo anterior, se les impondrá una multa de cincuenta a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos preceptos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Notifíquese.

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