Antonio Lamorú Mejías y Otros.
Expediente 983/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 983/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/06/2023
Partes del expediente
- Gabriel Fergusón Hunter
- Antonio Lamorú Mejías y Otros.
Actuaciones
- Principal
Visto, el estado que guardan los presentes autos...; ninguna de las partes se inconformó contra el proveído de veinte de junio de dos mil veintitrés, que desechó la demanda de amparo intentada. se declara que la misma HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales a que haya lugar. se ordena el archivo definitivo de este expediente; este expediente es susceptible de destrucción...
- Principal
con esta fecha notifico por lista a la parte quejosa, el contenido del proveído de diecinueve de junio del presente año, que dice: "agréguese a los autos el escrito de expresión de agravios signado por la Directora de Amparos en la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con residencia en la ciudad de México, se tiene por presentado el recurso de revisión que hace valer en contra de la sentencia de ocho de mayo de dos mil veintitrés. En consecuencia, distribúyase entre las partes las copias que anexa, con excepción de la propia recurrente, y una vez que obren las constancias de notificación practicadas a las mismas, remítanse los autos originales del juicio de amparo número . original y copia del escrito de expresión de agravios, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, para la debida substanciación del medio de impugnación."
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinte de junio de dos mil veintitrés. En cumplimiento al eje rector inmerso en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós; se hace del conocimiento a las partes que conforme al Acuerdo General antes citado, el juicio en que se actúa, se integrará de manera electrónica, y de manera tradicional (física) únicamente de manera referencialmente con las constancias conducentes para el dictado de la sentencia definitiva. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 983/2023-V-C. Considerando que la presente demanda fue recibida vía electrónica, al encontrarse de guardia este juzgado; gírese oficio compensatorio a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez y de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Chiapas, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas. CONSIDERACIONES PREVIAS. En principio es necesario señalar que Ley de Amparo, en sus numerales 3 y 15 en relación con el 109, faculta a cualquier persona a promover demanda de amparo en nombre de otra que, por sus condiciones, está imposibilitada para suscribir una demanda de amparo; incluso, para el caso de que la demanda se presente vía electrónica, es factible tramitarla a pesar de que no esté firmada por su remitente. Sin embargo, dichos supuestos de representación extraordinaria están limitados a que los actos reclamados en la demanda estén dentro de aquellos catalogados como urgentes por el propio artículo 15 de la Ley de Amparo, o bien, dentro de los contemplados y prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, penas de muerte, mutilación, infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Ahora bien, en el caso concreto en criterio del suscrito juzgador, no se verifica esa última condición, dado que de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que los quejosos señalan: "Toda vez que el día 01 de junio del año 2023, entre a territorio Mexicano, toda vez que me encuentro en total estado de indefensión y temo por mi integridad física, ya que Agentes del Instituto Nacional de Migración, nos han amenazado, diciéndonos que nos van deportar si nos vuelven a encontrar, dicen que debemos regresar a nuestro país ya que aquí somos un problema para los mexicanos, es por eso que solicitó a esta honorable autoridad LA PROTECCIÓN Y EL AMPARO DE LA JUSTICIA FEDERAL." De ello se advierte que los actos reclamados no encuadran con los artículos antes señalados, a pesar de que, de manera subjetiva, se mencione que se encuentran en total restado de indefensión y que temen por su integridad física. Por lo anterior, a criterio de este Juzgado, el acto reclamado no requiere la suspensión de plano y no es urgente, porque se estima que la presente demanda no se trata de un acto de los señalados en el artículo 22 Constitucional, es decir que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, penas de muerte, mutilación, infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales, pues claramente se advierte que los quejosos aducen que se encuentran en libertad. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, textualmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior se deduce que los motivos de improcedencia que afecten la demanda de amparo deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto" significa claro o evidente, mientras que "indubitable", cierto, seguro, que no puede dudarse. Tiene aplicación al caso, por su sentido jurídico, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 448, Tomo XVI, Julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." En el caso particular se advierte de manera oficiosa, la actualización de la causa de improcedencia prevista por el numeral 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 5º y 6º , todos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley". "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley". Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita" "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo o individual siempre que alegue que el acto reclamado viola derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." En primer término, es necesario señalar que la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia que ahí se contemplan, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna. En esa medida, conforme a lo dispuesto por el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, así como por el artículo 6 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo procede siempre a instancia de parte agraviada, debiendo entenderse por perjuicio para los efectos del amparo, la lesión directa en los intereses jurídicos de una persona, o bien, una ofensa, un daño, una afectación indebida derivada de una ley o de un acto de autoridad, que se hace a los derechos o intereses de un particular. En efecto, en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 de la Ley de Amparo, se encuentra previsto el principio de instancia de parte agraviada que consiste en que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante o apoderado, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de cualquier persona en los casos en que la ley lo permita. Por su parte, el numeral 5, fracción I, párrafo primero, de la propia ley de Amparo, dispone que tiene el carácter del quejoso, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por otra parte, el numeral 3 de la ley de la materia, dispone que las promociones se deberán presentar por escrito y que siempre deberán de contar con firma autógrafa o electrónica; disposición de la que se obtiene que la firma resulta indispensable para acreditar la existencia de la manifestación de voluntad del quejoso para instar la acción constitucional, porque a través de ella se exterioriza su propósito de promoverla; de tal manera que la ausencia de la misma, convierte a la promoción de que se trate, en un documento anónimo o privado de autenticidad. Así, de los preceptos normativos invocados, queda evidenciado que la falta de firma se traduce en la falta de exteriorización de la promoción de la demanda, lo que al mismo tiempo, evidencia su falta de interés jurídico o legítimo para promover el juicio, pues no queda demostrada la existencia de un titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por consiguiente, al recibir una promoción en un órgano jurisdiccional, el juzgador respectivo tiene la obligación de pronunciarse al respecto en el sentido que en derecho proceda; en el entendido de que, no cualquier escrito o documento puede considerarse como una promoción, sino sólo aquel que revele la voluntad del interesado de promover o intervenir de cualquier modo en un juicio o procedimiento; voluntad externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa o electrónica del interesado o, en ciertos casos, con la impresión de una huella digital con la respectiva firma al ruego. Ahora bien, en el caso concreto, se obtiene la presente demanda de amparo se recibió vía electrónica sin evidencia criptográfica, distintivo que debe contener toda promoción que se presente de manera electrónica, la cual tiene los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. Además, como se asentó en párrafos precedentes no se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Así, ante la falta de evidencia criptográfica de la firma electrónica por parte de los referidos quejosos que muestre el nombre de los titulares, la parte promovente fue omisa en manifestar su voluntad para dar inicio a la presente instancia constitucional, pues se insiste, tratándose de la tramitación electrónica del juicio de amparo el invocado precepto 3°, dispone que la Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, a través del cual, las partes en un procedimiento expresan su voluntad de realizar el acto procesal correspondiente, y con ello se acredita la autenticidad del documento que se suscribe y se logra la eficacia prevista en la ley. Lo que, en el caso, no se cumple; y, por ende, existe ausencia de voluntad para dar inicio a la presente instancia constitucional. Así las cosas, que no se puede dar valor probatorio alguno a la demanda de cuenta por haber sido presentada sin firma electrónica de quien la promueve (evidencia criptográfica); por ende, carece de validez para tener por demostrada la manifestación de voluntad de para acudir al juicio de amparo. Sirven de apoyo las Jurisprudencias por contradicción./J.32/2018 (10a.) registro 2018943, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Libro 62, Enero de 2019, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del tenor: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano." Asimismo, el criterio contenido en la diversa jurisprudencia por contradicción P/J.8/2019, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 79, Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del tenor: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." En ese sentido, con fundamento en los artículos 113, con relación al numeral 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5º y 6º , todos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, al no existir petición de la parte quejosa que figura como afectada por los actos de autoridad. También es aplicable la tesis que versa: "DEMANDA DE AMPARO NO FIRMADA POR QUIEN LA FORMULA." Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Atendiendo a la certificación secretarial en la que se hizo constar que, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), sí obran los nombres de usuarios "idaliaavalosfeliciano" y "nimrodortiz", de conformidad con lo establecido en los artículos 55, 57, 58 y 60 del Acuerdo General conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se habilita la consulta y las notificaciones del presente expediente vía electrónica por así haberlo solicitado. Asimismo, como lo solicita se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Idalia Avalos Feliciano y Nimrod Marcelino Ortiz Sánchez, toda vez que si tienen registrada su cedula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Sin perjuicio de lo anterior, tómese nota del número telefónico y correo electrónico que proporcionan para establecer contacto con la parte quejosa, en caso de ser necesario. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. EXHORTO Y REQUERIMIENTO A LAS PARTES. Se exhorta a las partes a que a) de ser posible continúen la tramitación del presente juicio, mediante el esquema de "juicio en línea"; y b) proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo. PRESENTACIÓN DE PROMOCIONES POR LA PARTE QUEJOSA. Se le hace saber a la parte quejosa, que dada la contingencia que se mantiene y al esquema de trabajo de este órgano jurisdiccional, en cumplimiento a los acuerdos emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, podrá presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: a) Enviando la promoción u oficio a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e.firma), en cualquier tipo de asunto. b) Enviando la promoción u oficio, debidamente firmado en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), por medio del referido portal, aunque no se cuente con firma electrónica, siempre que el acto reclamado en el juicio se contemple en el artículo 15 de la Ley de Amparo, o se equipare a estos supuestos a juicio del órgano jurisdiccional. c) Presentando directamente la promoción u oficio ante la Oficina de Correspondencia de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, y los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales y Amparo en Materia Penal, con sede en Cintalapa de Figueroa. La presentación directa es obligatoria tratándose de promociones u oficios en los que se haga valer algún recurso o cumplimiento de prevención, salvo que se realice con firma electrónica. INSTRUCCIÓN AL ACTUARIO Y SECRETARIO De conformidad en el Acuerdo General de Comité Coordinador para Homologar Criterios en Materia Administrativa e Interinstitucional del Poder Judicial de la Federación (PJF), que establece las medidas de racionalidad, austeridad, disciplina presupuestal y modernización de la gestión del PJF para el ejercicio fiscal dos mil veinte; se instruye al actuario de esta adscripción, que realice la notificación ordenada vía correo electrónico; para lo cual deberá consultar el directorio de dependencias federales actualizado, que se visualiza en el SISE (tratándose de dependencias federales), o bien en el correo electrónico que corresponda de las autoridades locales; de la misma manera, el envío de despachos privilegiando el mismo medio electrónico, debiendo dejar constancia de ello. De la misma forma, se instruye al secretario a cargo de este expediente, para que recabe los acuses que correspondan; ambos bajo su más estricta responsabilidad, debiendo dar cuenta de inmediato. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a las partes que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a las partes al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Notifíquese y personalmente (vía electrónica) a la parte quejosa.
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