Antonio Labastida Díaz

Expediente 477/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 20 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
477/2021
Año
2021
Actuaciones
20
Última actuación
20/12/2021

Partes del expediente

  • Antonio Labastida Díaz
  • Juez Tercero de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, en la cual se hacer constar que al día de la fecha la parte quejosa no interpuso recurso de revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento.

  2. Incidental

    Vista la certificación que antecede, en la cual se hacer constar que al día de la fecha la parte quejosa no interpuso recurso de revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. .

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; a las once horas con cuarenta minutos del uno de diciembre de dos mil veintiuno, día y hora señalados para la audiencia constitucional en el juicio de amparo indirecto 477/2021, promovido por Antonio Labastida Díaz, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se procede a celebrarla ante la presencia de Tania Rosalinda Méndez López, Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, quien actúa con Carolina Denysee Villagrán Salinas, secretaria que autoriza y da fe, sin la asistencia de las partes. I) Relación de constancias judiciales y de videograbaciones analizadas íntegramente, si en el caso estas últimas se encuentran relacionadas en autos. Abierta la audiencia de ley, se procede a hacer un análisis de todas las constancias que integran el expediente en que se actúa, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una, de conformidad con el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, en la tesis1 del rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", en cuanto a que establece que es suficiente que en el acta de audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en el acto. Acto continuo y con fundamento en el artículo 119 de la Ley de la Materia, se abre el periodo probatorio y la secretaria da cuenta con las pruebas ofrecidas por las partes. La Jueza acuerda: Se tienen por ofrecidas, admitidas y 1 Con número de registro 206494, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1989; página 185, Octava Época, Materia Común. desahogadas las pruebas ofertadas por las partes, en razón de su propia y especial naturaleza. Al no existir prueba pendiente de acordar, se cierra el período probatorio y se declara abierto el de alegato. Enseguida, se apertura el periodo de alegatos y la secretaria da cuenta que el quejoso no formuló alegatos; y hace constar que el agente del Ministerio Público Federal adscrito no presentó su pedimento. La jueza acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de la promovente y del agente del Ministerio Público Federal adscrito para presentar su alegatos y pedimento, respectivamente. Sin existir diligencias pendientes por desahogar, se levanta esta acta y se procede a dictar la resolución que conforme a derecho corresponda. Visto, para resolver, el juicio de amparo indirecto 477/2021- I, promovido por Antonio Labastida Díaz contra el acto reclamado al Juez de Tercero de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México y otra autoridad; y R E S U L T A N D O ÚNICO. Mediante escrito presentado el uno de junio de dos mil veintiuno en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, turnado al día siguiente hábil a este órgano jurisdiccional; Antonio Labastida Díaz, por propio derecho solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal. Admitida la demanda y luego de las formalidades de ley, se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, abrogada pero aplicable, y el punto cuarto, fracción II, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud que el presente juicio se promueve contra un acto relacionado con la materia civil que tiene ejecución en la demarcación territorial en la que este juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe precisarse que del análisis íntegro de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama: ? Del Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México: ? Todo lo actuado en el expediente 282/2019, del índice de lo responsable, relativo al juicio especial de desahucio donde figuran como actora Marcía Téllez Gómez y como demandado Adolfo Ortega Jiménez, así como todo orden y acto tendiente a ejecutar la sentencia en cuanto al lanzamiento del demandando y puesta en posición de la actora. ? Del Ejecutor adscrito al Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México: ? La ejecución del acto reclamado. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Juez y Ejecutor del Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México aceptaron la existencia del acto reclamado al rendir su informe justificado, respectivamente. Lo que se corrobora con las copias certificadas del expediente 282/2019, del índice de la autoridad responsable, las cuales por ser documentos públicos se les otorga valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria acorde con el numeral 2 de la Ley de Amparo. CUARTO. Oportunidad de la demanda. La demanda fue promovida con oportunidad, pues el quejoso se ostentó sabedor del acto reclamado el veintiocho de mayo dos mil veintiuno, por ello, el termino empezó a correr a partir del treinta y uno del citado mes al dieciocho de junio de dos mil veintiuno. Entonces, si el quejoso presentó su demanda el uno de junio del año en comento, es inconcuso que se interpuso a tiempo la demanda de amparo. QUINTO. Causas de improcedencia. Previamente al estudio de los conceptos de violación debe analizarse las causales de improcedencia, cuyo estudio es preferente conforme a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el presente caso, esta Juzgadora de Distrito considera de oficio que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, como se verá a continuación: El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, señala que: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran un acto de aplicación posterior al inicio de vigencia." De dicha disposición, interpretada a contrario sensu, se desprende que para que el juicio de amparo sea procedente, además de otras cuestiones, es menester que el acto reclamado afecte los intereses jurídicos del promovente. En este sentido, para que la acción constitucional proceda, no basta que sea impulsada por un interés cualquiera, sino que éste debe fundarse en un derecho derivado de la ley, a exigir del gobernante determinada conducta, positiva o negativa. En efecto, la figura del interés jurídico se encuentra íntimamente relacionada con el principio de instancia de parte agraviada establecido por el artículo 6º de la Ley de Amparo, según el cual el acto que se reclama de la autoridad responsable debe causar un perjuicio a la persona que se estime afectada. Apoya lo antes considerado, la jurisprudencia I. 1o. A. J/17, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que aparece en la página 35, tomo 60, diciembre de 1992, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales, especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia." Lo anterior, a fin de que, si así lo estima fundado el órgano de control constitucional, esté en posibilidad de conceder la protección de la Justicia Federal respecto de personas determinadas, en forma particularizada, pues de otra forma se correría el riesgo de otorgar el amparo por una ley o un acto que, en principio, no les causen ningún perjuicio en sus derechos, por no estar dirigidos a ellos y, en ese caso, los efectos restitutorios del amparo serían en contra de los establecidos por los invocados preceptos de la Ley de Amparo. Cobra aplicación, por los motivos que refiere, la jurisprudencia 3a./J. 45/90, de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 199, tomo VI, Primera Parte, julio a diciembre de 1990, Materia Común, Octava Época, que expresa: "INTERÉS JURÍDICO. EXAMINAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY SIN HABERLO ACREDITADO, VULNERA LOS PRINCIPIOS DE "INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA" Y DE "RELATIVIDAD DE LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA". Los artículos 107, fracciones I y II de la Constitución Federal y 4o., 76 y 80 de la Ley de Amparo, respectivamente, establecen el principio de instancia de parte agraviada y el de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo, que prohíben hacer una declaración general de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley o acto reclamado y los efectos que debe tener la sentencia dictada en un juicio de garantías que conceda el amparo, en cuanto que encierra una declaración de restitución para el quejoso. En consecuencia, legalmente debe exigirse para la procedencia del juicio constitucional que los promoventes acrediten plenamente su interés jurídico, para el efecto de que si así lo estima fundado la autoridad que conozca del juicio de garantías, esté en posibilidad de conceder la protección de la justicia federal respecto de personas determinadas, en forma particularizada por su interés, y a la vez conceda la protección en el efecto procedente, lo cual no se podría satisfacer si el interés de los promoventes del amparo no se acredita plenamente, toda vez que existiría la posibilidad de conceder el amparo por una ley o un acto que no les cause ningún perjuicio en sus derechos, por no estar dirigidos a ellos y, en ese caso, los efectos restitutorios del amparo serían en contra de lo establecido por los preceptos citados." Ahora, en el presente juicio de amparo, el quejoso promueve con el carácter de tercero extraño, en el expediente 282/2019, del índice de lo responsable, relativo al juicio especial de desahucio, pues manifiesta que no se le emplazó a juicio a defender sus derechos, pues refiere que es poseedor de tres espacios de estacionamiento y una fracción del área de oficinas en el inmueble que se combate en el citado juicio. Para acreditar su posesión -interés jurídico-, el promovente exhibe diversos documentos: *Tres recibos de pago de arrendamiento de los meses de marzo, abril y mayo del año en curso; y *El contrato de arrendamiento celebrado entre él y Adolfo Ortega Jiménez del uno de julio de dos mil diecinueve. Sin embargo, con los documentos en comento no acredita su interés jurídico. Para que un derecho real sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, es necesario: a) la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica; o, b) precepto legal que genere el derecho a poseer; de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. Lo anterior tiene sustento, en la jurisprudencia P./J. 1/20022 del Pleno del Máximo Tribunal del País, consultable en la página 5, tomo XV, febrero de 2002, materia civil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto: 2 Consultable en la página 5, tomo XV, febrero de 2002, materia civil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época. "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común.". Además, para demostrar un derecho sobre un bien inmueble, no cualquier documento privado lo acredita, salvo que tenga como característica ser de fecha cierta. La fecha cierta de un documento privado se adquiere a partir del día en que tal documento se inscribe en el Registro Público de la Propiedad, desde la data en que se presenta ante un funcionario público en razón de su oficio, o a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. La exigencia de la fecha cierta de un documento privado que contenga un acto traslativo o constitutivo de derechos es razonable, pues con ello se pretende evitar que se defrauden derechos de terceros al manipular la fecha en que se celebra un acto jurídico, ya que de otra manera sería muy sencillo asentar actos entre particulares que no correspondan a la verdad histórica. Cobra aplicación la Tesis de Jurisprudencia dictada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 63 del Semanario Judicial de la Federación, Volumen LXVI, Cuarta Parte, Sexta Época, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS. La certeza de fecha de un documento privado, depende de su presentación a un registro público, o ante un funcionario público en razón de su oficio, o de la muerte de cualquiera de los firmantes." Ahora bien, en el caso, el examen de los documentos aportados por la amparista, no le otorgan la causa generadora de posesión o propiedad. Esto es así, pues el contrato que anexo, no es de fecha cierta, ya que no se aprecia que este inscrito en el Registro Público de la Propiedad ni que se haya presentado ante un funcionario público en razón de su oficio, menos aún la acreditación de la muerte de cualquiera de los firmantes. En cuanto a los recibos que anexa de pago, solo acredita que realizó desembolsos, pero no le otorgan la causa generada de poseer un bien inmueble, pues no son traslativos de dominio. Por tanto, los documentos en comento no son aptos para demostrar el interés jurídico del promovente, en virtud de que el primero no tiene fecha cierta y los segundos no son títulos que le otorguen la causa generadora de posesión. Sustenta lo anterior, la jurisprudencial 2a. /J. 66/20083, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 3 Localizable la página 592, Tomo XXVII, Abril de 2008, materia civil, del localizable la página 592, Tomo XXVII, Abril de 2008, materia civil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO. SE ACREDITA CON EL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE UN BIEN INMUEBLE RATIFICADO ANTE NOTARIO PÚBLICO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SINALOA) El indicado documento es apto para acreditar el interés jurídico en el amparo promovido por el tercero extraño al juicio de origen, donde reclama el embargo llevado a cabo sobre el inmueble en cuestión y sus consecuencias, pues al pasar dicho documento ante la fe del Notario Público adquiere valor probatorio pleno, y demuestra que, por lo menos en la fecha en que se ratificó, ya se había llevado a cabo la transacción, dotando así de seguridad a los acreedores de determinada relación jurídica y garantizando que los documentos que se presenten en oposición de sus pretensiones no fueron realizados con posterioridad al inicio de un juicio y se dataron en una fecha anterior. De acuerdo con ello, mientras no se declare judicialmente su falsedad, la certificación del notario es suficiente para acreditar que las firmas que obran son las de los contratantes y demostrar ante los Jueces de amparo que la transmisión de la propiedad del inmueble motivo del embargo que se reclame, se dio antes de éste, lo que prueba la existencia de un agravio contra el comprador ante la posible afectación a su propiedad." Énfasis añadido. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, en términos del numeral 63, fracción V, de la propia Ley. Así las cosas, al decretarse el sobreseimiento, resulta innecesario el estudio de los conceptos de violación planteados en la demanda de amparo en este juicio constitucional, tal como lo sostiene la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación Volumen 24, Tercera Parte, página 49, Séptima Época, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época. Finalmente, no pasa inadvertido que no fue emplazada a juicio la tercera interesada Marcía Téllez Gómez; sin embargo, la presente determinación no le causa un perjuicio, en virtud de que se sobreseyó en el juicio en que se actúa, por tanto, no es aplicable la jurisprudencia de rubro: "TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO. SI NO FUE EMPLAZADO DEBE ORDENARSE LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO, SIN QUE OBSTEN LAS CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES Y MODALIDADES QUE SE IMPONGAN EN LA SENTENCIA QUE CONCEDA EL AMPARO"4. Por lo expuesto, fundado y motivado, con apoyo, además, en los artículos 73 y 74 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *****, contra el acto y autoridades señaladas en el considerando segundo y por los motivos descritos en el último apartado de este fallo. Notifíquese por lista y por oficio a las autoridades responsables.

  4. Principal

    L. Visto lo de cuenta, con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, intégrese la razón actuarial de cuenta, a través de la cual el actuario judicial adscrito a este juzgado manifiesta su imposibilidad para emplazar a la tercera interesada Marcía Téllez Gómez, por las razones que expone. Ahora, como hecho notorio, se advierte que el diverso juicio de amparo 1317/2019 del índice de este órgano jurisdiccional, guarda relación con el presente sumario. En dicho juicio la tercera interesada Marcía Téllez Gómez, señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en la calle Natalia Carrasco, número 302 B, esquina con la calle 23 de septiembre, colonia Federal (Adolfo López Mateos), en esta localidad. Por tanto en obvio de mayores dilaciones procesales, se comisiona a uno de los actuarios para que se constituya en el domicilio descrito y emplace a dicha tercera interesada al presente juicio de amparo indirecto. Al realizar el emplazamiento deberá: 1) Correrle traslado con copia simple de la demanda, del acuerdo admisorio y del presente auto, para que si conviene a sus intereses comparezca a juicio. 2) Informarle la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. 3) Requerirle para que en el acto del emplazamiento, o bien, dentro del término de tres días hábiles, contado a partir del siguiente al en que ese surta efectos, ante este juzgado señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Toluca, Estado de México; con el apercibimiento que, de no hacerlo, las subsecuentes, aun de carácter personal, se le harán por medio de lista que se fija en el local de este juzgado, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Amparo, hasta en tanto señalen domicilio para tales efectos.

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