Antonio Juventino Olliver Garduño
Expediente 728/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 30 actuaciones registradas, la última del 6 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 728/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 30
- Última actuación
- 06/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- ANTONIO JUVENTINO OLLIVER GARDUÑO y Otros.
- Antonio Juventino Olliver Garduño
- Delfino Trujillo Espinosa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 30.
- Principal
Visto el estado de autos así como la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 202, primer párrafo, de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes promoviera recurso de inconformidad en contra del auto de uno de abril del año en curso, que declaró cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, se declara que ha causado estado el mencionado proveído para todos los efectos legales consiguientes. Asimismo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción IV, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se concedió el amparo solicitado; que en su momento sólo quedará para su conservación la demanda y la sentencia, y se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tienen relevancia documental para su conservación. Toda vez que en el presente se formó por duplicado y separado incidente de suspensión, provéase lo conducente en el cuaderno original, y procédase a la destrucción del duplicado del incidente una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en los puntos Vigésimo, fracción III, y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.
- Incidental
Visto el estado que guardan los autos y de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena el archivo de este expediente y se determina que es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción IV del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho Acuerdo, pues se concedió la suspensión provisional y la definitiva, por lo que en su momento únicamente se dejarán para su conservación las actuaciones relativas al otorgamiento de dicha suspensión, y se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tienen relevancia documental para su conservación. Asimismo, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero, y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del Acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y una vez que transcurran tres años deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. Por otra parte, se advierte que los quejosos exhibieron los billetes de depósito N 585601, N 585602, N 585603 y N 585604, expedidos por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, que amparan, cada uno, la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos), a fin de dar cumplimiento a una de las medidas de aseguramiento decretadas con el objeto de que siguiera surtiendo efecto la suspensión definitiva concedida en interlocutoria de ocho de agosto de dos mil dieciocho, los cuales quedaron registrados respectivamente como 62/2018, 63/2018, 64/2018 y 65/2018; en consecuencia, dése vista a los quejosos para que dentro del término de dos años acudan al local de este juzgado de Distrito a recoger los billetes de depósito de referencia, con el apercibimiento que de ser omisos, de conformidad con el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación, en su oportunidad dichas garantías prescribirán a favor de la Federación.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa, mediante auto de quince de marzo de dos mil diecinueve, para que manifestara lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, sin que hubiese realizado manifestación alguna; por tanto, este órgano de control constitucional procede al análisis oficioso de dicho cumplimiento con base en los elementos obrantes en el juicio atendiendo a los lineamientos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. [...] Por tanto, si la protección constitucional se concedió para que el juez responsable dejara sin efecto el auto reclamado de veintinueve de julio de dos mil dieciocho, dictado en el proceso XXXXX/2018, y en su lugar emitiera otro en el que determinara que no están acreditados los elementos del cuerpo del delito de falsedad en declaraciones judiciales e informes dados a una autoridad, precisados en la ejecutoria de amparo, así como la probable responsabilidad de los quejosos, lo que a la data aconteció, este órgano de control constitucional considera que con las constancias remitidas por la responsable, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada, al haberse restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos humanos violados, con lo que se concluye que el fallo protector ha quedado cumplido, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. No pasa desapercibido para el suscrito, las manifestaciones que realizó la tercera interesada Elsa Marina Ollivier Palacios en el escrito con registro interno 5505, en el cual en síntesis expresó: I. Que la resolución de trece de marzo pasado, dictada en el proceso natural carece de fundamentación y motivación, al no entrar al estudio de cada uno de los datos de prueba tomados en consideración en el auto de formal prisión en reclamo. II. No precisó la deficiencia del auto que se dejó insubsistente. III. Tampoco mencionó los lineamientos que dice el aquo cumplir en acato a la ejecutoria de amparo. IV. También hizo mención que el juez responsable señaló en la resolución en estudio, que los imputados aquí quejosos declararon con falsedad ante la Secretaria de acuerdos del Juzgado Municipal de San Pedro Cholula, Puebla, y no ante el Juez Quinto de lo Familiar de Puebla Capital, puesto que ante éste último no tuvo efectos ante la sociedad. Al respecto, por cuanto hace al punto uno y dos, dígasele que tanto en la ejecutoria emitida por el Tribunal de alzada, así como en la sentencia de primera instancia, no se ordenó el estudio de cada uno de los datos de prueba tomados en consideración en el auto de formal prisión de veintinueve de julio de dos mil dieciocho, asimismo, el aquo no estaba obligado a precisar la deficiencia del auto de formal prisión que dejó sin efecto; por lo que hace al punto tres, si bien el juez responsable no indicó los lineamientos de la sentencia a cumplir, también lo es que como se advierte ello ocurrió conforme a lo narrado en el párrafo que antecede; de igual forma, el aquo no estaba obligado a precisar la deficiencia del auto de formal prisión que dejó sin efecto; respecto al punto cuatro, sus manifestaciones no son materia de la ejecutoria emitida en el presente asunto, y por ende no son analizables. Hágase del conocimiento a las partes este proveído para los efectos establecidos en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, y previas las anotaciones en el libro de gobierno, quedan a salvo los derechos de la peticionaria para que los haga valer en la vía y forma que considere convenientes.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa, mediante auto de quince de marzo de dos mil diecinueve, para que manifestara lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, sin que hubiese realizado manifestación alguna; por tanto, este órgano de control constitucional procede al análisis oficioso de dicho cumplimiento con base en los elementos obrantes en el juicio atendiendo a los lineamientos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. [...] Por tanto, si la protección constitucional se concedió para que el juez responsable dejara sin efecto el auto reclamado de veintinueve de julio de dos mil dieciocho, dictado en el proceso XXXXX/2018, y en su lugar emitiera otro en el que determinara que no están acreditados los elementos del cuerpo del delito de falsedad en declaraciones judiciales e informes dados a una autoridad, precisados en la ejecutoria de amparo, así como la probable responsabilidad de los quejosos, lo que a la data aconteció, este órgano de control constitucional considera que con las constancias remitidas por la responsable, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada, al haberse restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos humanos violados, con lo que se concluye que el fallo protector ha quedado cumplido, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. No pasa desapercibido para el suscrito, las manifestaciones que realizó la tercera interesada Elsa Marina Ollivier Palacios en el escrito con registro interno 5505, en el cual en síntesis expresó: I. Que la resolución de trece de marzo pasado, dictada en el proceso natural carece de fundamentación y motivación, al no entrar al estudio de cada uno de los datos de prueba tomados en consideración en el auto de formal prisión en reclamo. II. No precisó la deficiencia del auto que se dejó insubsistente. III. Tampoco mencionó los lineamientos que dice el aquo cumplir en acato a la ejecutoria de amparo. IV. También hizo mención que el juez responsable señaló en la resolución en estudio, que los imputados aquí quejosos declararon con falsedad ante la Secretaria de acuerdos del Juzgado Municipal de San Pedro Cholula, Puebla, y no ante el Juez Quinto de lo Familiar de Puebla Capital, puesto que ante éste último no tuvo efectos ante la sociedad. Al respecto, por cuanto hace al punto uno y dos, dígasele que tanto en la ejecutoria emitida por el Tribunal de alzada, así como en la sentencia de primera instancia, no se ordenó el estudio de cada uno de los datos de prueba tomados en consideración en el auto de formal prisión de veintinueve de julio de dos mil dieciocho, asimismo, el aquo no estaba obligado a precisar la deficiencia del auto de formal prisión que dejó sin efecto; por lo que hace al punto tres, si bien el juez responsable no indicó los lineamientos de la sentencia a cumplir, también lo es que como se advierte ello ocurrió conforme a lo narrado en el párrafo que antecede; de igual forma, el aquo no estaba obligado a precisar la deficiencia del auto de formal prisión que dejó sin efecto; respecto al punto cuatro, sus manifestaciones no son materia de la ejecutoria emitida en el presente asunto, y por ende no son analizables. Hágase del conocimiento a las partes este proveído para los efectos establecidos en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, y previas las anotaciones en el libro de gobierno, quedan a salvo los derechos de la peticionaria para que los haga valer en la vía y forma que considere convenientes.
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