Antonio Juvencio Clemente Guadarrama
Expediente 320/2018 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 8 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 320/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 12/07/2018
Partes del expediente
- Antonio Juvencio Clemente Guadarrama
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Ciudad de México, a doce de julio de dos mil dieciocho. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió la sentencia que sobreseyó en el juicio y negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; en consecuencia, con fundamento en los numerales 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con apoyo en el precepto 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se sobreseyó en el juicio y se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con lo que establecen los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de depuración por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción IV del punto vigésimo primero del referido acuerdo, con excepción de los documentos a que se refiere dicha disposición, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. En otro orden, tomando en consideración que el asunto se encuentra concluido, es innecesaria la retención del anexo que envió la sala responsable, devuélvase a su lugar de origen, sin que sea necesario solicitar acuse de recibo, porque será suficiente con el sello de dicha autoridad que se estampe en la constancia respectiva.
- Principal
Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 320/2018, promovido por Antonio Juvencio Clemente Guadarrama, contra los actos reclamados del reclamados de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y otra autoridad; y R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el veintisiete de abril del año en curso en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado, el quejoso en cita solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos de las autoridades que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. II. El solicitante de amparo narró los antecedentes de los actos reclamados, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes y señaló transgredidos en su perjuicio los derechos públicos subjetivos contenidos en los artículos 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. Una vez desahogada la prevención formulada en autos, el catorce de mayo del presente año se admitió a trámite la demanda registrada bajo el orden 320/2018; se requirió a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, así como a la representación social adscrita a la sala de responsable; asimismo, se fijaron fecha y hora para la audiencia constitucional, que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales; 35, 37 y 107, fracciones II y IV, de la Ley de Amparo; y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en razón de la naturaleza de los actos reclamados. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada bajo el orden 169 en la página 207 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, que enseguida se invoca, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Dicho criterio es del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese orden de ideas, del estudio integral de la demanda y demás constancias de autos, se precisa que se reclama: a) La resolución de veinte de abril de dos mil dieciocho, en el toca penal 82/2018, que se atribuye a la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. b) La omisión de publicar la declaratoria de inicio de vigencia de la Ley Nacional de Ejecución Penal, atribuida al Jefe de Gobierno de esta ciudad. TERCERO. Como cuestión previa, se destaca que aun cuando la autoridad responsable precisada en el inciso b) del considerando anterior, presentó su informe justificado de manera extemporánea y por esta última razón no se tuvo por rendido como se acordó en proveído de veintidós pasado, no ha lugar a presumir cierta dicha omisión, al ser evidente su inexistencia, como se expondrá enseguida. Al respecto, es preciso señalar que conforme al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), en la sección II, se encuentran las facultades y obligaciones del Jefe de Gobierno de esta ciudad, que en su artículo 67, fracción II establece: "II. Promulgar, publicar y ejecutar las leyes y decretos que expida la Asamblea Legislativa.". Como se advierte de lo anterior, entre las obligaciones del Jefe de Gobierno responsable, está la de publicar leyes y decretos que expida la Asamblea Legislativa. Sin embargo, en el caso concreto, como se dijo, la omisión de dicha autoridad responsable no es cierta, en razón que de la consulta que este órgano constitucional realizó en la página de internet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, www.scjn.gob.mx, en su apartado "Normativa Nacional e Internacional", seleccionando el rubro "Búsqueda Global de Normativa Nacional e Internacional", la cual contiene un buscador en que se escribió "declaratoria Ley Nacional de Ejecución Penal", lo que dio como resultado cinco entidades federativas en las cuales se emitió la declaratoria respectiva, sin que entre ellas, se encuentre esta ciudad, por tanto se itera, no es cierta la omisión reclamada. En ese sentido, dada la inexistencia de la omisión reclamada de la autoridad señalada, lo procedente es sobreseer en el juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sin que se soslaye que el quejoso en la demanda de amparo, haya hecho referencia a que la Asamblea Legislativa de esta ciudad en la gaceta parlamentaria de trece de diciembre de dos mil dieciséis, publicó la aprobación del dictamen de la iniciativa de decreto por el que se emite la declaratoria para el inicio de vigencia en esta ciudad de la Ley Nacional de Ejecución Penal; sin embargo, únicamente se trata de un dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto de declaratoria de inicio de la respectiva ley, no así de la declaratoria de vigencia de la legislación señalada. CUARTO. Es cierto el acto reclamado señalado en el inciso a), pues así lo admitió la Segunda Sala Penal al rendir informe justificado, lo que se corrobora con las constancias que adjuntó al mismo, entre las cuales se aprecia la determinación controvertida; documental que tiene valor probatorio pleno, al tenor del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. QUINTO. En atención a que no se advierte que se actualice alguna causal de improcedencia, ni que las partes la hicieran valer, procede el análisis del concepto de violación, el cual se tiene por reproducido como si a la letra se insertara, al no ser necesaria su transcripción. Sirve de apoyo a lo expuesto la jurisprudencia publicada en la página 830 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Materia Común, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". SEXTO. Es inoperante el concepto de violación hecho valer por el quejoso, sin que se advierta materia para suplir la deficiencia de la queja, de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, por lo que es procedente negar la protección de la Justicia Federal solicitada. En efecto, el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Federal establece, en lo conducente, que todo acto de molestia debe ser emitido por escrito, procedente de autoridad competente que funde y motive su forma de proceder. Así, debe entenderse por fundamentación, la cita de las normas legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que se pretendan imponer con el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en la legalidad en su aspecto imperativo consistente en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. Y como motivación, la exposición de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos, en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar, es decir, la autoridad responsable, para colmar tal extremo, debe realizar el correspondiente estudio y exponer con argumentos lógico jurídicos, las causas o razones que lo impulsaron a determinar en la forma en que lo hizo. En ese contexto, para que una autoridad cumpla los extremos del primer párrafo del artículo 16 constitucional, es necesario que en sus determinaciones cite los preceptos legales aplicables que le sirven de apoyo y, además, exprese los razonamientos jurídicos que la condujeron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, encuadra en los supuestos de la norma invocada. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia que bajo el número 266 aparece publicada en la página 1239, del multicitado apéndice, 1917-Septiembre 2011, Tomo I, Materia Constitucional 3, Derechos Fundamentales, Primera Parte, Décima Tercera Sección -Fundamentación y motivación-, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo título es: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN". A fin de evidenciar lo anterior, para mejor comprensión del asunto, es necesario establecer los antecedentes de la resolución reclamada, que son los siguientes: a) Por escrito presentado en el juzgado de Ejecución de Sanciones Penales en esta ciudad, en turno, el siete de febrero de la presente anualidad, el quejoso solicitó el beneficio penitenciario de libertad condicionada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 136 y 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal; de igual forma, entre otras cuestiones, en el petitorio cuarto el amparista solicitó ". En caso de ser desechada la presente del beneficiario aludido, interpongo el recurso de REVOCACIÓN, para no estar en estado de indefensión.". b) Mediante auto de nueve siguiente, la Juez Cuarto de Ejecución de Sanciones Penales en esta ciudad, desechó por notoriamente improcedente la solicitud planteada por amparista, en razón de que no se encontraba vigente el artículo segundo transitorio de la referida ley, en lo que interesa el numeral 136, que establece el beneficio solicitado por el justiciable, asimismo, respecto a la interposición del recurso de revocación, proveyó que no era procedente dicho recurso, ya que dicha determinación era apelable. c) Por escrito presentado por la defensora púbica, el justiciable interpuso recurso apelación contra la anterior determinación, en el que expresó ".señaló como agravio el desechamiento de su petición de beneficio de fecha 09 nueve de Febrero del año en curso." y ".con independencia de que se formulen alegatos aclaratorios de los agravios que pudiera hacer valer el hoy sentenciado, ante el Tribunal de Alzada, de conformidad con lo previsto por el artículo 471 párrafo sexto de la ley adjetiva que nos rige.". d) Recurso del cual correspondió conocer a la Sala responsable, la cual por acuerdo de veinte de abril del año en curso, resolvió, en lo que interesa, lo siguiente: ". A mayor abundamiento, es de advertir que la formulación de agravios está relacionada directamente con los límites del recurso, pues el diverso 461 del código adjetivo, prohíbe la extensión del examen de la decisión recurrida a agravios no planteados por el recurrente, con la excepción de que se advierta una violación de derechos fundamentales, en ese tenor, se estima que los agravios constituyen el marco de actuación del tribunal de alzada, por ello, la ausencia de los mismos deviene en la inadmisibilidad del recurso, ante la ausencia de materia de los mismos. En mérito de lo anterior, en el agravio de la apelante, no se encamina a destruir la legalidad de la resolución impugnada (misma que goza del principio de presunción de estar apegada a derecho), en relación con las disposiciones jurídicas que consideró violentadas ya que, se reitera, sólo realizó manifestaciones carentes de forma lógica, sustento fáctico y fundamento jurídico. En consecuencia, con fundamento en la FRACCIÓN IV del artículo 470 del Código Nacional de Procedimientos Penales SE DECLARA INADMISIBLE EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la defensa pública del sentenciado ejecutoriado ANTONIO JUVENCIO CLEMENTE GUADARRAMA, al carecer el escrito de interposición de fundamentos de agravio y de peticiones concretas." (sic). De dicha determinación, se observa que la autoridad judicial responsable declaró inadmisible el recurso de apelación de referencia, dado que el quejoso no expresó agravios, por lo que concluyó que no existía materia para analizar la legalidad del acuerdo recurrido. En ese contexto, se estima que el acto reclamado está adecuadamente fundado y motivado, pues la sala responsable citó el precepto legal que consideró aplicable y expuso las razones o causas particulares por las que resolvió en el sentido en que lo hizo; además, indicó la adecuación entre los motivos aducidos y la norma aplicada. En efecto, los artículos 470 y 471 del Código Nacional de Procedimientos Penales, disponen lo siguiente: "ARTÍCULO 470. INADMISIBILIDAD DEL RECURSO. El Tribunal de alzada declarará inadmisible el recurso cuando: . IV. El escrito de interposición carezca de fundamentos de agravio o de peticiones concretas. ARTÍCULO 471. TRÁMITE DE LA APELACIÓN. . . Los agravios deberán expresarse en el mismo escrito de interposición del recurso; el recurrente deberá exhibir una copia para el registro y una para cada una de las otras partes. Si faltan total o parcialmente las copias, se le requerirá para que presente las omitidas dentro del término de veinticuatro horas. En caso de que no las exhiba, el Órgano jurisdiccional las tramitará e impondrá al promovente multa de diez a ciento cincuenta días de salario, excepto cuando éste sea el imputado o la víctima u ofendido" (énfasis propio). De la anterior disposición legal se advierte que el tribunal de alzada debe declarar inadmisible el recurso de apelación, cuando se actualice alguno de los supuestos establecidos en el numeral 470 del código mencionado, lo que en caso aconteció, dado que como se advierte del escrito de interposición del recurso, sólo se expuso: ".señaló como agravio el desechamiento de su petición de beneficio de fecha 09 nueve de Febrero del año en curso.", manifestación que evidentemente no se puede considerar como agravio, pues no controvierte los razonamientos y fundamentos legales de la resolución recurrida, sino que sólo reitera el auto que pretende apelar. Por tanto, este juzgado considera que fue correcto el actuar de la Sala responsable, pues legalmente determinó que al carecer de agravios el escrito respectivo, era inadmisible el recurso de apelación, pues no existía materia que cuestionara la legalidad del auto impugnado, por ende, debe prevalecer con sus consecuencias jurídicas. En ese sentido, es inoperante el concepto de violación hecho valer, respecto a que ". la sala penal vulnera el derecho a la legalidad en cuanto a la exacta aplicación de la ley, ya que los párrafos segundo y quinto del artículo segundo transitorio de la ley Nacional de Ejecución Penal dispone.", pues esas cuestiones no forman parte de la litis en este asunto. En ese contexto, toda vez que la resolución reclamada no es violatoria de los derechos fundamentales del quejoso, lo procedente es negar el amparo solicitado. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, 75, 79 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Antonio Juvencio Clemente Guadarrama contra la omisión de publicar la declaratoria de inicio de vigencia de la Ley Nacional de Ejecución Penal reclamada del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. SEGUNDO. Por los motivos expuestos en el último considerando, la justicia de la Unión no ampara ni protege a Antonio Juvencio Clemente Guadarrama, contra el acto reclamado de la Segunda Sala Penal de esta ciudad, consistente en la resolución de veinte de abril de dos mil dieciocho, emitida en el toca 82/2018, en que se declaró inadmisible el recurso de apelación hecho valer por el quejoso.
- Principal
Ciudad de México, a veintidós de junio de dos mil dieciocho. Agréguense a los autos únicamente como constancia el oficio y anexo de cuenta, en razón de que la autoridad signante rindió su informe justificado de manera extemporánea, pues lo realizó fuera del plazo establecido en el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo. En el entendido que se realizará el pronunciamiento correspondiente en la audiencia constitucional.
- Principal
Ciudad de México, a veintidós de mayo de dos mil dieciocho. Agréguense a los autos el oficio y anexos de cuenta; en atención a sus términos, se tiene por rendido el informe justificado que en él se contiene, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Con fundamento en el numeral 119 de la ley de la materia, se tiene como prueba la documental que se acompaña al comunicado de cuenta, que se desahoga en este acto en virtud de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ella el día que tenga verificativo la audiencia constitucional. Dado el excesivo volumen de la constancia mencionada, fórmense por separado dos anexos, respetando sus rúbricas, sello y folio.
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