Antonio José González López

Expediente 193/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
193/2018
Año
2018
Actuaciones
8
Última actuación
19/04/2018

Partes del expediente

  • Antonio José González López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, diecinueve de abril de dos mil dieciocho. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio el acuerdo de veintitrés de marzo de la presente anualidad, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que el referido proveído, en el cual se decretó el sobreseimiento del presente juicio de amparo fuera de audiencia, ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, debiendo remitir por separado al archivo los cuadernos del incidente de suspensión, agregando a los mismos copia autorizada del presente proveído. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, el mismo es susceptible de destrucción, puesto que se negó la suspensión solicitada, acorde con lo dispuesto en el primer párrafo, de la fracción III, del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. En términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  2. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERO INTERESADO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO... Mérida, Yucatán, veintitrés de marzo de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan estos autos y lo de cuenta, al respecto se acuerda: glósese al presente expediente para que obre como legalmente corresponda el oficio signado por el Consejero Jurídico, en representación del Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por medio del cual rinde informe justificado; asimismo precisa que el uno de marzo actual, se dio contestación a la solicitud efectuada por la parte quejosa mediante escrito de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, recibido el seis de febrero último, para lo cual remite las constancias conducentes; documentales públicas que alcanzan eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. Ahora bien, de las constancias que remitió la autoridad oficiante que hoy se agregan a los autos, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia del juicio en que se actúa, prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado por los motivos que a continuación se exponen. En efecto, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, materia común, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En el caso concreto, la parte quejosa reclama del Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, la omisión de atender la solicitud que le hizo mediante escrito de treinta y uno de enero del año actual. Sin embargo, de las constancias que anexó el Consejero Jurídico del Gobierno del Estado, en representación del Titular del Ejecutivo, se advierte que el uno de los corrientes, se dio contestación al referido de treinta y uno de enero del año en curso, lo cual le fue notificado al amparista el veintiuno de marzo del presente año. De lo anterior se advierte que indudablemente cesaron los efectos del acto reclamado, pues éste se hizo consistir, precisamente, en que la autoridad del conocimiento había omitido dar contestación al escrito presentado por la parte quejosa; ello indudablemente actualiza la causal de improcedencia en comento. Se sostiene lo expuesto, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido al impetrante la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto, que era para que la autoridad señalada como responsable acordara lo conducente respecto al ocurso que presentó el quejoso, lo cual ya aconteció; ante ello resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata, restituyendo de esa forma al peticionario en el pleno goce de los derechos humanos que estimó violados, como si se hubiera otorgado a su favor la protección constitucional con los efectos a que alude el artículo 77, fracción II, de la propia ley. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que se esté resolviendo fuera de audiencia, toda vez que en el caso, no se causa ningún agravio a la parte quejosa ni se le priva de defensa, en virtud de que la causa de improcedencia del juicio de amparo se ha actualizado, como sucede en el presente asunto. Es aplicable a la anterior consideración, por analogía la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 386, con registro 184572, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Importa señalar que en el caso, resulta innecesario prevenir al quejoso para que amplíe su demanda en relación al acuerdo de uno de marzo del año en curso, dictado por la autoridad responsable, en términos de la tesis de jurisprudencia 1a./J. 136/2011 (9a.), de la Décima Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 1 A, página 801,cuyo rubro dice: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA EXISTENCIA DE UN NUEVO ACTO VINCULADO A LA OMISIÓN RECLAMADA POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICAR PERSONALMENTE AL QUEJOSO SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE SI LO ESTIMA CONVENIENTE AMPLÍE SU DEMANDA"; ya que en contra de tal determinación procede el juicio contencioso administrativo previsto en la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán; por lo que, a nada práctico llevaría hacer la prevención en comento, pues resultaría improcedente el juicio de amparo indirecto en su contra, al no agotarse previamente dicho medio de impugnación; máxime, que se advierte no se está ante un caso de excepción al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, puesto que el aludido juicio contencioso administrativo sí prevé la suspensión del acto que en el caso se impugne, la cual no exige mayores requisitos que la suspensión prevista por la Ley de Amparo, ni tampoco carece de fundamentación y motivación dicha resolución, como se advierte de su simple lectura. De tal manera, que quedan expeditos los derechos de la parte quejosa para interponer en contra del acuerdo emitido por la responsable, el medio de defensa que legalmente procede, de conformidad a lo dispuesto en la diversa jurisprudencia número 2a./J. 205/2008, de la Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo XXIX, Enero de 2009 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, p. 605, cuyo rubro y texto dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." En mérito de lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con diez minutos del doce de abril de dos mil dieciocho, para los efectos legales a que haya lugar, por los motivos expuestos con anterioridad. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, nueve de marzo de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a estos autos el alegato ministerial número 138/2018, del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado Federal, reservándose para ser tomado en consideración al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Finalmente, como solicita el representante social, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, expídasele copia certificada de la sentencia que habrá de dictarse en el presente asunto, previo recibo que se otorgue en autos. Notifíquese y cúmplase.

  4. Incidental

    ANTECEDENTES: PRIMERO. En la correspondiente demanda de amparo, Antonio José González López, solicitó la suspensión definitiva de los actos que reclama del Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad. SEGUNDO. Por acuerdo dictado el veintisiete de febrero último, emitido en el juicio principal, se ordenó tramitar por separado y duplicado el incidente de suspensión, y en cumplimiento a ello, se abrieron los presentes autos, se solicitó a la autoridad señalada como responsable su informe previo; mediante proveído de esa propia fecha, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual se llevó a cabo conforme al acta que antecede; y, CONSIDERACIONES: PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 146 de la Ley de Amparo en vigor, se procede a fijar de manera clara y precisa el acto reclamado por la parte quejosa, el cual hizo consistir en: 1) La omisión de autorizar el auxilio de la fuerza pública que le fue solicitado mediante oficio 3740 de veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete por el Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado; y, 2) La omisión de dar respuesta al escrito presentado el seis de febrero actual. SEGUNDO. No es cierto el acto reclamado a la autoridad señalada como responsable, consistente en: la omisión de autorizar el auxilio de la fuerza pública que le fue solicitado mediante oficio 3740 de veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete por el Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado; toda vez que así lo manifestó expresamente al rendir su informe previo, y como la parte quejosa no aportó alguna prueba para desvirtuar dicha negativa, procede negar la suspensión definitiva, por falta de materia sobre la cual pueda ser decretada. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado en la tesis jurisprudencial número 286, publicada en la página 237 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con número de registro 917,820, del IUS Intranet, que dice: "INFORME PREVIO. Debe tenerse por cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión, si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." TERCERO. Respecto al diverso acto reclamado a la autoridad responsable, consistente en: la omisión de dar respuesta al escrito presentado el seis de febrero actual; ya que al rendir su informe de ley, fue omisa en manifestar si era cierto o no, por lo que, para efectos de esta incidencia se tiene que se surte la presunción de certeza de conformidad con lo establecido por el artículo 142 de la Ley de Amparo; pues el efecto jurídico del silencio por parte de la responsable es el mismo a que no lo rindiera. Cabe citar la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, visible en la página 2357 del Tomo CXXI del Semanario Judicial de la Federación, registro 317,630, que indica: "INFORME PREVIO, FALTA DE. La falta de informe previo establece la presunción de ser cierto el acto reclamado, tan sólo para los efectos de la suspensión, según lo previene el artículo 132 de la Ley de Amparo, pero no con respecto al fondo del negocio." CUARTO. Ahora bien, con fundamento en el artículo 128 de la citada Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, por lo que ve a la suspensión definitiva que solicita la parte quejosa, en relación con los referidos actos reclamados, no ha lugar a conceder la medida cautelar que insta, en virtud de que de acuerdo con la naturaleza de dicho acto, éste tiene el carácter de omisivo y, por tanto, no requiere de ejecución material alguna. Sirve de criterio orientador al respecto, la tesis XXI.2o.11 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, publicada en las páginas 214 y 215, Tomo V, Abril de 1997, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 199059 que establece: "ACTOS DE OMISIÓN, IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL SOLICITADA EN CONTRA DE LOS. Si del análisis que de los actos reclamados hace el Juez de Distrito, advierte que se hacen consistir en una abstención u omisión por parte de las autoridades responsables en la realización de dichos actos, debe considerarse que la suspensión provisional solicitada al respecto es improcedente, en virtud de que de acuerdo con su naturaleza, no requieren de ejecución material alguna; por tanto, no pueden ser materia de la medida cautelar solicitada." Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 144 y 146, de la Ley de Amparo en vigor, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se NIEGA a Antonio José González López, la suspensión definitiva en contra de los actos atribuidos a la autoridad responsable señalada en el resultando primero de esta interlocutoria, por los motivos expuestos en los considerandos que anteceden de este fallo incidental. Notifíquese y regístrese.

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