Antonio Jorge Costanzo Farrera

Expediente 1562/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1562/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
28/11/2022

Partes del expediente

  • Antonio Jorge Costanzo Farrera

Actuaciones

  1. Principal

    Visto; I. El oficio SEADS/692/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, emitido por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, residente en la Ciudad de México; a través del cual comunica la adscripción de la Jueza Ana Luisa Mendoza Álvarez, como titular de este órgano jurisdiccional a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. De igual forma, del estado de autos se advierte que: II. Mediante proveído de dieciséis de agosto del año en curso, se tuvo por recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos de Juzgado en funciones de Juez Primero Especializado en Materia Burocrática del Poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, por medio del cual informó que ordenó girar oficio al Presidente, Sindico y Tesorero, todos del Ayuntamiento Municipal de Villacorzo, Chiapas, para que dentro del término de diez días hábiles, celebraran sin mayores dilaciones y/o evasivas una sesión extraordinaria en la que integraran en el presupuesto del próximo año dos mil veintitrés, la cantidad de ***; sin embargo, a la presente data no ha informado cual fue el resultado de ese requerimiento, o si en su caso, ya dio cabal cumplimento al fallo protector.. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que dentro del término de TRES DÍAS, contado a partir de que se notificada de este acuerdo, informe el cabal cumplimiento del fallo protector dictado en este juicio de amparo. Finalmente, se le hace del conocimiento que SUBSISTE EL APERCIBIMIENTO decretado en auto de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, esto es, que de no informar lo aquí solicitado, o de no manifestar el impedimento legal que tenga para ello, con fundamento en el artículo 258, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contemplada en los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, con fundamento en el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se dará inicio al incidente de inejecución de sentencia ante el Tribunal Colegiado de Circuito, quien de reiterar que existe incumplimiento, remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo del titular de la autoridad responsable y, en su caso, de su superior jerárquico; sin perjuicio de su consignación ante un juez del orden penal. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diez de noviembre de dos mil veintidós. Vista; la demanda de amparo promovida por Antonio Jorge Costanzo Farrera, por propio derecho, contra actos del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, Región Uno para la Atención de Delitos No Graves de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, con residencia en Chiapa de Corzo, Chiapas. I. REGISTRO Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 1562/2022-II, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). II. CAUSA DE IMPROCEDENCIA Antes de proveer sobre la admisión de la demanda, se debe tomar en consideración que el artículo 113, de la Ley de Amparo, impone a este juzgador, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por lo cual, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. Ilustra a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, cuyo rubro y texto se transcriben: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario encontrar motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; e indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia es operante en el caso concreto. Así, debe analizarse si en el caso se surte alguna de las causas de improcedencia reguladas en el artículo 61, de la Ley de Amparo. Ahora, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" antes comentados, no resultan sinónimos pues, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se apoyará para determinar la causa de improcedencia actualizada y le permita desechar de plano la demanda de amparo; en tanto indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual. Al efecto, es aplicable, la tesis del tenor siguiente: DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. Así el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y surgir sin obstáculo a la vista del juzgador y no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba, situación que en este caso acontece, como enseguida se precisará. En armonía con lo anterior, el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, impone al juzgador a realizar la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, lo cual se observa también en la siguiente jurisprudencia: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En ese tenor, de la lectura integral de la demanda se advierte que en esencia la parte quejosa, reclama por esta vía lo siguiente: La determinación de diez de octubre de dos mil veintidós, donde fijó las CATORCE HORAS DEL VEINTE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia de control de la carpeta de investigación 0021-101-3404-2022, emitido por el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, Región Uno para la Atención de Delitos No Graves de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, con residencia en Chiapa de Corzo, Chiapas, dentro del cuadernillo de control judicial 421/2022. En razón de lo anterior, quien ahora resuelve estima que en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo. En efecto, los citados dispositivos establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)" El citado precepto contempla el principio de definitividad que rige al medio de control de constitucionalidad, el cual se traduce en que el juicio de amparo es improcedente, cuando en contra del acto de autoridad que se reclame en el amparo proceda algún recurso o medio de defensa legal que deba ser agotado antes de la promoción de aquél, y que tenga por objeto revocar, modificar o anular tal acto, sin distinción alguna, puesto que la intención del legislador con la creación del juicio de amparo fue que éste se concibiera como un medio de defensa extraordinario y que, por ende, fuese la última instancia a que tiene acceso el gobernado cuando por motivo de un acto de autoridad se vulneren sus derechos fundamentales. De tal modo, no es optativo agotar dicho principio para la procedencia del juicio constitucional, sino que dicha fracción obliga al impetrante a agotar el medio de defensa a su alcance con la finalidad que se revoque, modifique o nulifique el acto reclamado, previo a acudir al juicio constitucional. Sin embargo, se advierte que existen cuatro casos de excepción a la causal de improcedencia de que se trata, esto es: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado sea una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento; y, d) Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional, o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, en este caso, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Establecido lo anterior, cabe señalar que el acto reclamado por la parte amparista se hace consistir en el acuerdo emitido por la autoridad responsable donde fijó las CATORCE HORAS DEL VEINTE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia de control de la carpeta de investigación 0021-101-3404-2022, emitido por el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, Región Uno para la Atención de Delitos No Graves de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, con residencia en Chiapa de Corzo, Chiapas, dentro del cuadernillo de control judicial 421/2022; contra la que procedía el recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual establece: "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación. El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda." De esta manera, al ser el acto reclamado una resolución de mero trámite, la accionante estaba obligada a agotar el recurso procedente contra el acto reclamado, en el caso, el de revocación, pues no se advierte que se encuentre amparado por alguno de los casos de excepción que prevé la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo; esto es, no estamos en presencia de un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ni se trata de una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad del quejoso; además de que el recurso de revocación no se sujeta a interpretación adicional. Así, tomando en consideración que la normatividad secundaria prevé un recurso ordinario mediante el cual se puede modificar, revocar o nulificar el acto que por esta vía se reclama, es que de manera manifiesta e indudable se actualiza la causal de improcedencia invocada, respecto del acto reclamado en esta vía que se hace consistir en la determinación de diez de octubre de dos mil veintidós, donde fijó las CATORCE HORAS DEL VEINTE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia de control de la carpeta de investigación 0021-101-3404-2022, emitido por el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, Región Uno para la Atención de Delitos No Graves de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, con residencia en Chiapa de Corzo, Chiapas, dentro del cuadernillo de control judicial 421/2022. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 487, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, con registro digital 2005717, que reza: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA." Asimismo, por las razones que informa es aplicable el criterio emitido por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 2103, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 68, Julio de 2019, Tomo III, con registro digital 2020293, cuyo rubro dice: "AUDIENCIA PARA LA SUSTANCIACIÓN DEL RECURSO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. CONTRA EL ACUERDO QUE DECLARA IMPROCEDENTE CONVOCAR A SU CELEBRACIÓN DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE REVOCACIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 465 DEL PROPIO ORDENAMIENTO, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." En suma, es dable acotar que el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no debe ser apreciado en forma limitativa, pues de conformidad al nuevo paradigma del orden jurídico nacional, esa garantía o mecanismo no es otra cosa que el derecho de los ofendidos a impugnar ante el Juez de Control las omisiones o determinaciones del Ministerio Público en la investigación de los delitos; esto es, que en la etapa preliminar la víctima u ofendido acuda ante el órgano jurisdiccional cuando se considera que se vulnera una debida impartición de justicia pronta y expedita; por lo que al contar con ese derecho la víctima u ofendido, también debe de acatar los procedimientos que establece el código en comento, como son los recursos procedentes que, en la especie, se traducen en la revocación contenida en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que al existir un recurso en vía horizontal, en principio, es el que debe de agotarse previo a instar esta instancia constitucional. En ese sentido, la parte impetrante del amparo sustancialmente adujo que para la procedencia del juicio de amparo no es necesario el agotamiento del mencionado medio de impugnación -revocación- dispuesto en el ordinal 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que es absurdo que se deba interponer el mismo derivado del diverso recurso innominado estatuido en el ordina 258 del citado cuerpo normativo, en virtud de que dicha cuestión volvería farragosa la administración de justicia contrario a lo previsto en el numeral 17 Constitucional. Asimismo, puntualizó que conforme a lo dispuesto en los artículos 465 y 211, de la codificación aplicable, dicho recurso podrá ser promovido en cualquiera de las etapas del procedimiento en que intervenga la autoridad judicial, por ende, si la controversia de origen se encuentra concluida, ese supuesto no resulta aplicable. En ese tenor, se itera que, que el artículo 465, del Código Nacional de Procedimientos Penales señala que el recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. Asimismo, el diverso 456 de la referida codificación dispone lo siguiente: Artículo 456. Reglas generales Las resoluciones judiciales podrán ser recurridas sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos en este Código, Para efectos de su impugnación, se entenderán como resoluciones judiciales, las emitidas oralmente o por escrito. El derecho de recurrir corresponderá tan sólo a quien le sea expresamente otorgado y pueda resultar afectado por la resolución. En el procedimiento penal sólo se admitirán los recursos de revocación y apelación, según corresponda. Por lo tanto, opuesto a lo esgrimido por la parte inconforme, es irrefutable que mediante el recurso de revocación podía recurrir el acuerdo de diez de octubre de dos mil veintidós, dictado dentro del cuadernillo de control judicial 421/2022, en el que fijó las CATORCE HORAS DEL VEINTE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia de control de la carpeta de investigación 0021-101-3404-2022, emitido por el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, Región Uno para la Atención de Delitos No Graves de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, con residencia en Chiapa de Corzo, Chiapas; ya que fue directamente afectada con esa determinación y de manera expresa el numeral 465 del ordenamiento que nos ocupa, precisa que contra las decisiones de mero trámite, que se resuelvan sin sustanciación, como en la especie acontece, procede el recurso de revocación; de lo que se colige que su naturaleza está plenamente especificado en la legislación ordinaria. Lo anterior es así, ya que la resolución de que se trata no fue analizada de fondo la cuestión planteada, esto es, en el acto reclamado se abordaron cuestiones que no requieren de mayor trámite, por lo que dicha resolución es impugnable en sede horizontal mediante el recurso de revocación previsto por el aludido numeral 465 transcrito; máxime que no encuentra en ninguno de los supuestos de excepción indicados en el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, tal y como se puntualizó supralíneas, de ahí que, devenga de infundados los argumentos vertidos por la parte justiciable. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA En las relatadas consideraciones, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, POR NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la presente demanda de amparo. Al respecto, es aplicable el criterio jurisprudencial cuyo rubro y texto se reproducen a continuación: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145, DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73, de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73, de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17, constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno de amparo y en la estadística del juzgado. III. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con el artículo 21, de la Ley de la Materia, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario o Secretarios adscritos a este juzgado puedan realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto, cumpliendo con ello el imperativo previsto en el artículo 17, Constitucional. IV. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Asimismo, de conformidad con el artículo 26, fracción IV, de la Ley de amparo, se autoriza realizar las notificaciones de manera electrónica a la promovente, con el usuario "jhcv75" por lo que se instruye a los actuarios de la adscripción para que tomen nota. No pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional el hecho de haber señalado como domicilio convencional para oír y recibir notificaciones el que refiere en este ciudad, pues existe manifestación expresa del quejoso que dichas notificaciones se le realicen vía electrónica. Por ello, se ordena al personal encargado de la digitalización de constancias, que realice el escaneo únicamente de las constancias que integran el presente juicio de amparo; y a los actuarios de la adscripción que realicen la digitalización de las notificaciones, a fin de que el expediente electrónico coincida con el expediente físico. Se tienen como autorizado en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, a Jorge Humberto Cuevas Villanueva, toda vez que tiene registrada su cédula profesional que lo acredita como licenciado en derecho. Solamente se toma nota de la dirección de correo electrónico y número telefónico, que proporciona, para que a través del mismo, se puedan entablar comunicaciones no procesales cuyo contenido será registrado y, de estimarse necesario se incorporará al expediente previa certificación correspondiente. XIV. CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. De conformidad con el artículo 3, de la ley de la materia, se le autoriza para consultar electrónicamente el juicio de amparo en que se actúa; por tanto, se ordena al Analista Jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE), darla de alta en el presente juicio, registrada con los usuarios " jhcv75". De igual manera, se instruye al personal comisionado de efectuar la digitalización de constancias, que realice el escaneo de las documentales que integran el presente sumario incluyendo las notificaciones respectivas, a fin de que el expediente electrónico coincida con el expediente físico. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE DE FORMA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en Funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante Brissa Marbel Martínez Díaz, Secretario del Juzgado, quien autoriza y da fe.

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