Antonio Joaquin Quintal Palomo
Expediente 630/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 630/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 11/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Antonio Joaquin Quintal Palomo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Mérida, Yucatán, once de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, con en el que contaban las partes para recurrir la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, así como los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada ley de la materia, por disposición de su artículo 2º, se declara que la citada resolución que sobreseyó en el juicio, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo, no se encuentra en alguno de los supuestos de relevancia documental, ni cuenta con documentos determinados como información reservada, es susceptible de destrucción, lo que se podrá realizar una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Por otro lado, atendiendo a que en el incidente derivado del presente juicio, se negó en una parte y en otra se concedió la suspensión definitiva; en tal virtud, de conformidad con lo previsto en el artículo 17, fracción III, inciso b) del Acuerdo antes citado, se determina que el incidente de suspensión derivado del presente expediente, es susceptible de conservación. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán estar digitalizadas de conformidad con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. De conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente, en el sentido de que este asunto es destruible. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
En Mérida, Yucatán, a las DIEZ HORAS CON VEINTITRÉS MINUTOS DEL veintidós de junio de dos mil veintitrés, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 630/2023-VI, promovido por******************** por conducto de su apoderada ********************, estando en audiencia pública Karla Alexandra Domínguez Aguilar Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe, se procede a celebrarla sin la asistencia de las partes. La Jueza declara abierta la audiencia. El Secretario hace relación de la demanda y demás constancias de autos y da cuenta con los informes justificados rendidos por la Jueza Primera Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado y la Actuaría de su adscripción. Acto seguido, la Jueza acuerda: Ténganse por rendidos en tiempo y forma los informes justificados de las autoridades señaladas como responsables, para que sean tomados en consideración como corresponda. Abierto el período de pruebas, se da cuenta con la documental, instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto, legal y humano, ofrecidas por la parte quejosa junto con su demanda de amparo; así como con las documentales ofrecidas por la Jueza responsable en su informe justificado. En mérito de lo anterior, la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas antes citadas, las cuales se tienen por desahogadas en virtud de su naturaleza jurídica. Abierto el período de alegatos, no se da cuenta con promoción alguna, por lo que se declara cerrada la presente etapa. Cierre de la audiencia. A continuación, la Jueza procede a declarar que por virtud de haberse agotado la audiencia en los términos señalados, no habiendo otro asunto pendiente de desahogo, quedan vistos los autos para dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 630/2023-VI; A N T E C E D E N T E S PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el diecinueve de abril de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, turnado el mismo día a este Juzgado Tercero de Distrito,******************** por conducto de su apoderada ********************, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó de la Jueza Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado y la Actuaria de su adscripción, los que hizo consistir en la falta de emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil ********************, promovido por ********************, sociedad anónima de capital variable, así como las subsecuentes actuaciones de él derivadas. La parte quejosa señaló como violados, los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, narró los antecedentes del caso y expuso los conceptos de violación que consideró pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. Mediante auto de veinte de abril de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables; se otorgó a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le compete; y, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A C I O N E S Y F U N D A M E N T O S PRIMERO. Competencia legal. Esta Juzgadora Federal es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, Constitucionales; 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; por tratarse de una demanda de amparo en materia civil, promovida contra actos de autoridades que residen dentro de la circunscripción territorial en que este Juzgador ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que derivan del análisis integral de las constancias de autos, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. En ese sentido, del examen integral de las constancias de autos, se obtiene el siguiente acto reclamado: El emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil ********************, promovido por ********************, sociedad anónima de capital variable, así como las subsecuentes actuaciones de él derivadas. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado y su ejecución atribuidos a la Jueza Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado y la Actuaria de su adscripción, pues así lo aceptaron al rendir sus correspondientes informes de ley. Circunstancia que además se corrobora con las constancias relativas al procedimiento ejecutivo mercantil ********************, que acompañó la Jueza responsable al rendir su informe de ley; documentales que gozan de valor probatorio pleno al haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones, conforme a los artículo 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo deben ser analizadas en forma previa, por tratarse de una cuestión de orden público en el juicio constitucional, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo y con lo establecido en la jurisprudencia 814, que dice: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. Ahora bien, en la especie, debe decirse que este órgano de control constitucional considera que respecto al emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil ********************, promovido por ********************, sociedad anónima de capital variable, así como las subsecuentes actuaciones de él derivadas, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Del numeral transcrito, se colige que existe consentimiento tácito del acto reclamado para efectos del amparo, cuando concurren los siguientes aspectos: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y, e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda en su contra. Con el propósito de evidenciar la actualización de la causa de improcedencia de mérito, es menester tener en consideración el marco legal siguiente. Los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Amparo, disponen: Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Artículo 19. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor. Del texto del artículo 17 de la Ley de Amparo se advierte que el término para la interposición de la demanda será de quince días. Dicho término, según se advierte del diverso numeral 18, se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa, del acto o resolución que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos, salvo el caso de la fracción I, del citado artículo 17, en cuyo caso se computará a partir del día de su entrada en vigor; y siempre y cuando no se actualice alguna de las excepciones previstas en las fracciones l al IV del aludido artículo 17. Así, en la especie, se afirma que la demanda de amparo que dio origen a este juicio no fue promovida dentro de los quince días que establece la invocada Ley. Ello, en un primer término, de lo que puede advertirse de las constancias relativas al juicio ejecutivo mercantil de origen, de donde se advierte la constancia de notificación relativa a la diligencia de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, en donde el Actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado hizo constar que se constituyó en el domicilio ubicado en ********************. Lugar en el que notificó de manera personal a********************, el contenido del auto de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno dictado en el juicio ejecutivo mercantil ********************, donde se declaró que la sentencia definitiva de treinta de octubre de dos mil veinte, causó ejecutoria y se le dio vista con la planilla de liquidación exhibida por la parte actora. En ese sentido, si de las constancias que obran en autos existe constancia fehaciente de que la parte quejosa tenía conocimiento de la existencia del procedimiento mercantil seguido en su contra, en el que incluso ya se había dictado una sentencia condenatoria y se le dio vista con la planilla de liquidación ofrecida por su contraparte, al menos desde el veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, cuando el Actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado le notificó de manera personal el proveído de veintiuno de octubre anterior, resulta evidente que entre esa fecha y el diecinueve de abril de dos mil veintes, cuando presentó su demanda de amparo, habían trascurrido en exceso los quince días a que se refiere el artículo 17 de la ley de la materia, para la interposición del juicio de amparo. Asimismo, debe hacerse constar que en auto de ocho de mayo de dos mil veintitrés, se ordenó notificar de manera personal a la parte quejosa el auto en el que se le puso a la vista el informe justificado rendido por la Jueza Mercantil responsable a efecto de que se impusiera de los autos del juicio de origen. Por lo que al no haber realizado manifestación alguna respecto a la diligencia de notificación a que se ha hecho referencia, debe tenerse por convalidada y otorgarle valor probatorio. Por ende, es inconcuso que, en relación a dicha negativa, operó su consentimiento tácito, surtiéndose de esa manera, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento del juicio, con apoyo en lo dispuesto por la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 395, Tomo IV, correspondiente al mes de noviembre de mil novecientos noventa y seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: ACTO RECLAMADO, FECHA DE CONOCIMIENTO POR EL QUEJOSO. DEBE DEDUCIRSE DE LAS CONSTANCIAS DEL JUICIO AUN CUANDO SE HAYA MANIFESTADO UNA DISTINTA EN LA DEMANDA DE AMPARO. El análisis de las causales de improcedencia en el juicio constitucional, imperativo para los tribunales de amparo de manera previa al examen de los conceptos de violación, debe llevarse a cabo al tenor de las constancias que obren en el juicio de garantías; por lo que, tratándose de la causal prevista en el artículo 73, fracción XII, de la ley de la materia, la fecha de conocimiento por el quejoso del acto reclamado debe establecerse con base en las constancias que obren en dicho juicio y sólo en el caso de que de las mismas no se advierta una fecha distinta a la manifestada por el peticionario de garantías debe tenerse por cierta la señalada en la demanda de amparo; por tanto, cuando de las constancias anexas al informe justificado rendido por una de las autoridades responsables se deduce que el quejoso solicitó copias de documentos que obran en el juicio generador del acto reclamado, es a partir de la fecha de solicitud de tales constancias que debe tenérsele por sabedor del acto reclamado y por ende para declarar si se surte la causal de improcedencia a que se refiere la disposición legal mencionada. Sobreseimiento que debe hacerse extensivo a los actos reclamados como consecuencia del emplazamiento reclamado. Sólo resta decir que, atento al resultado del presente fallo, esta Juzgadora no se ocupará de los argumentos tendientes a demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado; ello, de conformidad con el criterio que contiene la jurisprudencia 509, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por******************** por conducto de su apoderada ******************** contra el acto que reclamó de la Jueza Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado y la Actuaria de su adscripción, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida de Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe de todo lo actuado. Doy Fe.
- Principal
Mérida, Yucatán; veintinueve de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, y toda vez que de ellos se advierte que está transcurriendo el término de quince días concedido a la parte quejosa en acuerdo de ocho de mayo del año en curso, en relación a la vista del informe justificado rendido por la autoridad responsable. En virtud de lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy y se fijan como nuevas hora y fecha para su celebración las DIEZ HORAS CON VEINTITRÉS MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Incidental
Mérida, Yucatán, diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. Visto lo informado por el Secretario en la cuenta que antecede, en el sentido de que ha transcurrido el término de cinco días fijado al quejoso Antonio Joaquín Quintal Palomo para que exhibiera la garantía que le fue impuesta en resolución interlocutoria de veintisiete de abril de dos mil veintitrés, a fin de que continuara surtiendo sus efectos la suspensión definitiva que se les concedió, sin que lo hubieren hecho. Por ende, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 139 de la Ley de Amparo, se declara que ha dejado de surtir efectos la suspensión definitiva concedida a la referida parte quejosa, quedando expedita la jurisdicción de la Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, y Actuario adscrito a dicho Juzgado, ambas con sede en esta ciudad de Mérida, para la ejecución de las consecuencias derivadas del acto reclamado, precisadas en el quinto considerando de la resolución referida. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
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