Antonio Jesús Flores Cantú
Expediente 353/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León. 6 actuaciones registradas, la última del 23 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 353/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 23/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León · Nuevo León
Partes del expediente
- Antonio Jesús Flores Cantú
- 1) Juez Segundo de Juicio Oral Mercantil del Primer Distrito Judicial En el Estado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Téngase al Secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materias Civil y de Trabajo en el Estado, con sede en esta ciudad, por instrucciones de su titular, comunicando que aceptó la competencia planteada por este juzgado para conocer del juicio de amparo 353/2018 y se avocó al conocimiento del asunto. Al efecto, este juzgado se da por enterado de lo anterior; por tanto, comuníquese tal circunstancia a las partes para los efectos legales conducentes. Advirtiéndose de autos que no existe trámite pendiente en el presente expediente, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, archívese como asunto concluido, al tenor de lo establecido por el artículo 214 de la expresada ley reglamentaria, aplicado en sentido contrario.
- Principal
se notifica por lista de acuerdos al quejoso el auto de veintitrés de julio del año en curso en el que Téngase al Secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materias Civil y de Trabajo en el Estado, con sede en esta ciudad, por instrucciones de su titular, comunicando que aceptó la competencia planteada por este juzgado para conocer del juicio de amparo 353/2018 y se avocó al conocimiento del asunto. Al efecto, este juzgado se da por enterado de lo anterior; por tanto, comuníquese tal circunstancia a las partes para los efectos legales conducentes. Advirtiéndose de autos que no existe trámite pendiente en el presente expediente, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, archívese como asunto concluido, al tenor de lo establecido por el artículo 214 de la expresada ley reglamentaria, aplicado en sentido contrario.
- Principal
Se tiene a ANTONIO JESÚS FLORES CANTÚ, dando cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de cinco de julio del año en curso; al efecto, manifiesta bajo protesta de decir verdad: Se reclama la inminente orden de privar de la libertad al compareciente mediante orden de arresto dictada dentro del expediente judicial número 336/2017 del Juzgado Segundo de Juicio Oral Mercantil del Primer Distrito Judicial en el Estado, promovido por FRANCISCO GERARDO FLORES RAMOS, como representante legal de ARFINSA, S.A. de C.V., SIFOM, E.N.R, contra COINSA PROMOTORES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE Y EL SUSCRITO QUEJOSO, que si bien el procedimientos no es materia penal, el acto de autoridad que se reclama a la responsable implica la privación ilegal de la libertad del compareciente, y porque así lo advirtió el actuario a adscrito a la Unidad de Medios de Comunicación del Poder Judicial del Estado, ante quien atendió la diligencia de doce de abril del año en curso. El acto de autoridad deviene del juicio oral mercantil que se tramita dentro del expediente judicial número 336/2017 del Juzgado Segundo de Juicio Oral Mercantil del Primer Distrito Judicial en el Estado, que contiene el Juicio Oral Mercantil que promueve FRANCISCO GERARDO FLORES RAMOS como representante legal de ARFINSA, S.A. de C.V., SIFOM, E.N.R. contra de COINSA PROMOTORES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE y el suscrito quejoso. Le resultaría el carácter de tercero interesado a FRANCISCO GERARDO FLORES RAMOS, como representante legal de ARFINSA, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., con domicilio en calle Padre Mier, número 879 poniente en esta ciudad. 2 DECLARACIÓN DE INCOMPETENCIA LEGAL Atento a lo antes narrado, en concepto del suscrito, este órgano jurisdiccional resulta legalmente incompetente para conocer de la demanda planteada, por el promovente y se estima que el conocimiento de la misma corresponde a un Juez de Distrito en Materia Civil y de Trabajo en el Estado, con sede en esta ciudad, en atención a las siguientes consideraciones: La lectura integral de la demanda origen de este procedimiento y de su escrito aclaratorio; pone de relieve que el promovente señala como único acto reclamado la orden de arresto que dice se dictó en su contra por un juez oral mercantil, determinación que indefectiblemente debe considerarse como un medio de apremio que utiliza el juzgador de referencia para hacer cumplir sus determinaciones de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1067 bis del Código de Comercio; lo anterior se estima así, en razón a que, si bien, en el capítulo de ACTO RECLAMADO refiere como tales las órdenes de arresto, aprehensión y detención libradas en su contra, lo cierto es, que la intelección del contenido de su ocurso con el que instó este procedimiento constitucional y su libelo aclaratorio, permite sostener válidamente que la privación de libertad que aduce, es consecuencia del dictado de una orden de arresto que dice emitió en su contra el Juez Segundo de Juicio Oral Mercantil del Primer Distrito Judicial en el Estado, en autos del expediente judicial número 336/2017; afirmación que se corrobora si se toma en cuenta que en su demanda señaló: "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO COMO ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Único. Dentro del Juicio Oral Mercantil, radicado ante la responsable JUEZ SEGUNDO DE JUICIO ORAL MERCANTIL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO, promovido por FRANCISCO GERARDO FLORES RAMOS, como Apoderado General para Pleitos y Cobranzas de "ARFINSA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOFOM, E.N.R"., contra el quejoso ANTONIO JESÚS FLORES CANTÚ, en su calidad de parte demandada.he tenido conocimiento que el juez responsable ha emitido un auto donde ordena a las autoridades responsables ejecutoras, proceder en mi contra, a fin de arrestarme, aprehenderme y detenerme, tratando de privarme de mi libertad personal, sin que el quejoso, haya cometido delito alguno." En ese entorno procesal, es dable colegir y sostener que el acto reclamado en esta instancia extraordinaria, es solamente la orden de arresto ya relatada, sin que para arribar a tal conclusión sea obstáculo que también señale como autoridades responsables al Director General de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, Secretario General de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León y Director de Seguridad Pública y Vialidad de esta ciudad, pues se trata solamente de un señalamiento de posibles autoridades ejecutoras del acto combatido, a quien efectivamente puede encomendárseles materializar el arresto decretado. Así las cosas, resulta evidente que la orden de arresto que aquí se impugna no es un acto de naturaleza penal, del cual el suscrito deba conocer acorde a lo preceptuado en el numeral 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; consecuentemente, este juzgador declara que legalmente no es competente para conocer del mismo, de acuerdo a las siguientes consideraciones: El numeral en comento en lo que aquí importa dispone: "Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Por su parte, el numeral 54 del ordenamiento en cita preceptúa: "Los jueces de distrito de amparo en materia civil conocerán: De los amparos que se promuevan contra resoluciones del orden civil, en los casos a que se refiere la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; . De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia civil, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; . De los asuntos de la competencia de los juzgados de distrito en materia de amparo que no estén enumerados en los artículos 51, 52 y 55 de esta Ley; y . De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia civil, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De lo trascrito se colige, que los jueces de Distrito especializados en materia penal, conocerán de los juicios en los que se reclamen actos dictados dentro de un proceso penal; que afecten la libertad personal, excepto que se trate de correcciones disciplinarias o medidas de apremio impuestas fuera de procedimiento; y, los que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los referidos en el artículo 22 de la Carta Magna; resoluciones emitidas dentro de incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; contra leyes y demás declaraciones de observancia general en materia penal y, de las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales emitidas por Nuestro Más Alto Tribunal. Mientras que, los especializados en materia civil, conocerán de los amparos que se promuevan contra resoluciones del orden civil, en los casos a que se refiere la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia civil, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los asuntos de la competencia de los juzgados de distrito en materia de amparo que no estén enumerados en los artículos 51, 52 y 55 de esta Ley; y de las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia civil, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese contexto, se pude arribar a la conclusión que en los juicios de amparo promovidos contra los actos dictados por la autoridad mercantil conocerá un Juez de Distrito en materia civil y, los jueces de distrito en materia penal, de los actos dictados por la autoridad judicial penal, o de cualquier autoridad que afecte la libertad personal, salvo las correcciones disciplinarias y medidas de apremio impuestas fuera de procedimiento penal. En consecuencia, si en el caso, lo que se pretende combatir es la orden de arresto, antes identificada, es innegable que no actualiza ninguna de las hipótesis contenidas en el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para que el suscrito se declare competente para conocer de la solicitud de protección planteada por Antonio Jesús Flores Cantú; se afirma lo anterior, en virtud de que, si bien es cierto, la fracción I de dicho numeral, establece los supuestos en los cuáles un Juzgado de Distrito en Materia Penal es competente para conocer de determinados actos, tales como los que afecten la libertad personal, los que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no menos verídico es, que también en el dispositivo en examen se prevén dos excepciones a saber; a) cuando que se trate de correcciones disciplinarias o, b) de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal; de modo que, como el arresto dictado contra el aquí quejoso en opinión de quien aquí resuelve se ubica en el segundo de los supuestos aludidos, es claro que, para conocer de su constitucionalidad o inconstitucionalidad, el suscrito carece de competencia legal. Consecuentemente, al no tratarse de actos que afecten la libertad personal, ni de los que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los referidos en el artículo 22 de la Carta Magna, sino que, en el caso, se trata de un medio de apremio impuesto fuera de procedimiento penal, es decir, de una orden de arresto dictada por el Juez Segundo de Juicio Oral Mercantil del Primer Distrito Judicial en el Estado, dentro del expediente judicial número 336/2017, promovido por FRANCISCO GERARDO FLORES RAMOS como representante legal de ARFINSA, S.A. de C.V., SIFOM, E.N.R. contra de COINSA PROMOTORES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, es evidente que, por tratarse de un acto derivado de un juicio mercantil, quien debe conocer de la demanda es un juez de distrito de amparo en materia civil, pues acorde a lo preceptuado en el artículo 54 de la expresada ley orgánica, aquellos conocerán de los asuntos de la competencia de los juzgados de distrito en materia de amparo que no estén enumerados en los artículos 51, 52 y 55 de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, como en este Cuarto Circuito los Jueces de Distrito en Materia Civil, están especializados en materias Civil y del Trabajo, previa copia certificada, remítase el juicio de amparo en que se actúa a la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito en Materias Civil y de Trabajo, a fin de que returne la presente demanda al órgano jurisdiccional que por razón de sorteo corresponda; y, solicítese el acuse de recibo correspondiente. 3 AUTORIZACIÓN PARA FIRMA DE OFICIOS Se autoriza a los Secretarios para que firmen el oficio derivado del presente juicio de garantías. Se instruye al Secretario y a la oficial de trámite respectivo, para que se efectúe y corrobore la remisión inmediata del oficio correspondiente. En la inteligencia que la responsabilidad del envío efectivo del mismo recae en el Actuario de la adscripción.
- Principal
Se requiere al prmovente para que aclare su demanda de amparo, apercibido que de no hacerlo, se tendrá por no presentada la demanda.
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