Antonio Jaramillo Pérez

Expediente 973/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 14 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
973/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
22/03/2023

Partes del expediente

  • Antonio Jaramillo Pérez
  • Héctor Roberto Hernández Treviño, en su carácter de apoderado y presentante de Petróleos Mexicanos, empresa productiva del Estado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Es un hecho notorio para el suscrito que en los del juicio de amparo 973/2022, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: ". Boca del Río, Veracruz, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de dicha ley, se declara que la sentencia de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, en la que se SOBRESEYÓ el presente asunto promovido por Héctor Roberto Hernández Treviño, en su carácter de apoderado y representante de "PETRÓLEOS MEXICANOS" empresa productiva del Estado y Antonio Jaramillo Pérez, por su propio derecho y en su carácter de Jefe del Departamento de Personal Marina GLRG de Petróleos Mexicanos, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, en virtud que por una parte se concedió la medida cautelar solicitada (definitiva), tal y como se aprecia de la resolución interlocutoria de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Por otro lado, el suscrito estima innecesario que continúen las constancias remitidas por la autoridad responsable 1. Juez Segundo de Primera Instancia con sede en Veracruz, Veracruz, con las cuales se ordenó formar un tomo de pruebas; en consecuencia, devuélvase a su lugar de origen, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, se advierte que obran documentos que exhibió la parte quejosa como pruebas con las cuales se ordenó formar un tomo de pruebas; por ende, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 primer y segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se instruye a cualesquiera de las actuarias y/o actuarios adscritos a este Juzgado Federal, que realicen a la parte quejosa la notificación contenida en el primer párrafo del Acuerdo General referido, esto es, se le notifique personalmente que deberá acudir a este órgano jurisdiccional, dentro del plazo de noventa días, a recoger los citados documentos. Apercibido que de no hacer lo anterior, dentro del citado plazo, una vez concluido el mismo, en su oportunidad se procederá a la destrucción de dichos documentos, junto con las actuaciones del presente expediente." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Con esta fecha se notifica electrónicamente a la parte quejosa el proveído de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, mismo que a la letra dice: En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de dicha ley, se declara que la sentencia de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, en la que se SOBRESEYÓ el presente asunto promovido por Héctor Roberto Hernández Treviño, en su carácter de apoderado y representante de "PETRÓLEOS MEXICANOS" empresa productiva del Estado y Antonio Jaramillo Pérez, por su propio derecho y en su carácter de Jefe del Departamento de Personal Marina GLRG de Petróleos Mexicanos, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, en virtud que por una parte se concedió la medida cautelar solicitada (definitiva), tal y como se aprecia de la resolución interlocutoria de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Por otro lado, el suscrito estima innecesario que continúen las constancias remitidas por la autoridad responsable 1. Juez Segundo de Primera Instancia con sede en Veracruz, Veracruz, con las cuales se ordenó formar un tomo de pruebas; en consecuencia, devuélvase a su lugar de origen, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, se advierte que obran documentos que exhibió la parte quejosa como pruebas con las cuales se ordenó formar un tomo de pruebas; por ende, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 primer y segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se instruye a cualesquiera de las actuarias y/o actuarios adscritos a este Juzgado Federal, que realicen a la parte quejosa la notificación contenida en el primer párrafo del Acuerdo General referido, esto es, se le notifique personalmente que deberá acudir a este órgano jurisdiccional, dentro del plazo de noventa días, a recoger los citados documentos. Apercibido que de no hacer lo anterior, dentro del citado plazo, una vez concluido el mismo, en su oportunidad se procederá a la destrucción de dichos documentos, junto con las actuaciones del presente expediente. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Con esta fecha se notifica electrónicamente a la parte quejosa, y por lista de acuerdos a la parte tercero interesada, la sentencia engrosada el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, misma que a la letra dice: Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 973/2022 y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el veintiséis de octubre de dos mil veintidós, en el buzón judicial de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, turnado a este órgano jurisdiccional al día siguiente, Héctor Roberto Hernández Treviño, en su carácter de apoderado y representante de "PETRÓLEOS MEXICANOS" empresa productiva del Estado y Antonio Jaramillo Pérez, por su propio derecho y en su carácter de Jefe del Departamento de Personal Marina GLRG de Petróleos Mexicanos, promovieron demanda de amparo contra actos que más adelante se precisarán, que atribuyen al 1. Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en Veracruz, Veracruz; 2. Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, Veracruz y 3. Jefe de la Oficina de Hacienda del Estado, en Boca del Río, Veracruz, todos en su denominación correcta (fojas 3 a 13). SEGUNDO. Admisión. Previo cumplimiento a la prevención de la que fueron objeto (fojas 14 a 18) mediante acuerdo de quince de noviembre del año próximo pasado, se acordó: admitir a trámite la citada demanda; dar la intervención que compete al agente del Ministerio Público de la Federación; se fijó data y hora para celebrar audiencia constitucional; solicitar el informe justificado a las autoridades responsables; formar por separado incidente de suspensión; se reservó proveer respecto a la existencia de terceros interesados (fojas 25 a 28). TERCERO. Trámite. Por auto de siete y trece de diciembre de dos mil veintidós, se tuvo con el carácter de tercera interesada a Andrea Muro Vega y emplazada a juicio (fojas 37 y 41). CUARTO. Audiencia Constitucional. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, en la medida que obra en autos el informe justificado de las autoridades responsables, quienes no hicieron valer causales de improcedencia (fojas 33 y 35, cuaderno de pruebas) la audiencia constitucional tuvo verificativo el treinta de diciembre de dos mil veintidós (fojas 43 a 44). Hasta hoy no consta que las partes hayan dado su consentimiento para la publicación de sus datos personales, quedando el expediente en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción IV, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 3/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado mediante el diverso Acuerdo General 4/2022, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de marzo de dos mil veintidós. Por la vía, en virtud de que la parte quejosa reclama la trasgresión directa a sus derechos fundamentales, previstos en los artículos 1º, 14, 16 y 17 constitucionales, impugnable en amparo indirecto. La materia, toda vez que este Juzgado es Mixto, esto es, actúa tanto como Órgano de instrucción en las materias penal, civil y administrativa, así como Órgano de Control Constitucional, al conocer del amparo indirecto en primera instancia en todas las materias. Así también, se es competente por cuestión del territorio, toda vez que se trata de un acto que se atribuye a una autoridad que radica en la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción este Juzgado y que es el lugar en el que se emitió y surte sus efectos dicho acto. SEGUNDO. Fijación clara y precisa de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se fija en forma clara y precisa cuáles son los actos reclamados, antes de verificar su certeza o inexistencia. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido, a través de la jurisprudencia, que el juzgador de amparo al dictar una sentencia debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia dictando sentencias que fijen con claridad y precisión el acto o actos reclamados; además, que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Agrega, que en algunas ocasiones esto es insuficiente, por lo que además se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda en un sentido congruente con todos sus elementos (anexos), e incluso con la totalidad de información del expediente del juicio, atendiendo de manera preferente al pensamiento o intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión y, precisa, debe atenderse a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, para lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Es aplicable la jurisprudencia que se cita a continuación: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Así como la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se cita enseguida: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Bajo ese orden de ideas, al analizar en su integridad la demanda de amparo con su anexo y las constancias de autos principalmente el informe justificado de las autoridades responsables se tiene que, los actos reclamados en el presente juicio son: A la autoridad responsable 1. Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en Veracruz, Veracruz, en su denominación correcta: a) La orden de hacer efectiva la multa equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización (UMA) en proveído de nueve de septiembre de dos mil veintidós, dictada en el expediente del Incidente de Cesación y Cancelación de Pensión Alimenticia 1077/2021, decretada en el diverso expediente 687/2008 del mismo órgano jurisdiccional. De las autoridades ejecutoras 2. Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, Veracruz y 3. Jefe de la Oficina de Hacienda del Estado, en Boca del Río, Veracruz, ambas en su denominación correcta, se reclama no por vicios propios, sino como consecuencia del acto reclamado a la autoridad ordenadora: b) El requerimiento de multa con folio BOCA/MJM/10/2022 de doce de septiembre de dos mil veintidós, por la cantidad de $3,059.47 (tres mil cincuenta y nueve pesos con cuarenta y siete centavos moneda nacional). Establecida la fijación clara y precisa del acto reclamado, por cuestión de método, debe analizarse si de acuerdo con las pruebas que obran en autos, su existencia se encuentra o no probada respecto de la autoridad señalada como responsable. TERCERO. Negativa del acto reclamado. No son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable 2. Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, Veracruz, en su denominación correcta, en virtud de que al rendir su informe justificado negó la existencia del acto que se le atribuye (fojas 33). Y como la parte quejosa, no obstante que, se le dio vista mediante proveído de treinta de noviembre dos mil veintidós (fojas 33) no ofreció prueba alguna para desvirtuar su negativa, lo que procede es sobreseer en este juicio, por lo que hace a esas autoridades responsables, conforme al artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Es aplicable en este aspecto la jurisprudencia VI.2o.J/20: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables 1. Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en Veracruz, Veracruz y 3. Jefe de la Oficina de Hacienda del Estado, en Boca del Río, Veracruz, ambos en su denominación correcta, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado (fojas 33 y 35, cuaderno de pruebas). Además, su existencia se corrobora con las copias certificadas del Incidente de Cesación y Cancelación de Pensión Alimenticia 1077/2021, en el que consta el acuerdo de nueve de septiembre de dos mil veintidós, así como también el requerimiento de multa con folio BOCA/MJM/10/2022 de doce de septiembre de dos mil veintidós, que remitieron ambas autoridades responsables como justificación de sus actos, a las cuales se les concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, ya que se trata de documentos públicos consistentes en copias certificadas expedidas por un servidor público en ejercicio de las funciones que les asigna la ley y de las que se advierten los actos reclamados. Al respecto de lo anterior, tienen aplicación al caso las jurisprudencias de los rubros siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." y "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." QUINTO. Improcedencia del juicio. En el juicio de amparo es posible impugnar normas generales, actos u omisiones cuando vulneren derechos reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, inclusive, cuando esa vulneración se origine por la contravención al régimen de distribución de competencias entre la Federación y las entidades federativas. Por ello, es un mecanismo jurisdiccional de control constitucional que tiene la finalidad de restituir el goce de tales derechos. La improcedencia de dicho mecanismo, según lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conlleva la actualización de un impedimento técnico para que el órgano jurisdiccional analice y resuelva la cuestión planteada en la demanda y, por ende, supone algunas circunstancias - de hecho o de derecho - que impiden que la parte quejosa logre la satisfacción de su pretensión mediante la acción de amparo e implica, según el momento procesal, el desechamiento de aquélla o el sobreseimiento en el juicio. Tales circunstancias están previstas como hipótesis en el artículo 61 de la Ley de Amparo; y, según lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deben ser interpretadas restrictivamente para que la salvaguarda de la Constitución y de los derechos humanos mediante el juicio de amparo sea efectiva y no ilusoria. De ahí que siendo las causales de improcedencia cuestiones de orden preferente, éstas deben analizarse previamente a cualquier otro planteamiento, lo aleguen o no las partes, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo que dispone la jurisprudencia número 814, visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Así, como la tesis aislada 2a. CLVII/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Materia Común, Fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, enero de 2010, página 324, con Registro digital 165538 del rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben interpretarse de manera estricta, de manera que la salvaguarda de la Constitución y de las garantías individuales a través de dicho proceso sea efectiva, de lo cual deriva que ante distintas posibles interpretaciones de las fracciones que componen el artículo 73 de la Ley de Amparo, el juez debe acoger únicamente aquella que se haya acreditado fehacientemente, evitando dejar, con base en presunciones, en estado de indefensión al promovente, lo que es acorde al derecho a la tutela judicial efectiva previsto en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, que condicionan la actuación de todos los poderes públicos, incluido el juez de amparo." Previo estudio de las causales de improcedencia, debe decirse que la parte quejosa comparece en su carácter de persona extraña como se verá a continuación. Pues no se advierte le pueda resultar la calidad de parte formal en el procedimiento del que reclama la ilegalidad de acto reclamado, además no se advierte haya comparecido al proceso, por tanto, está en la excepción que establece la norma legal citada. En efecto, de la demanda de amparo se observa que la parte quejosa sostiene bajo protesta de decir verdad que, tuvo conocimiento el cuatro de octubre de dos mil veintidós de los actos reclamados. En la especie, lo narrado por la parte quejosa y no desvirtuado durante la tramitación del presente juicio de amparo, permite concluir que le asiste el carácter de tercero extraño. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 67/2013 (10a.) cuyo contenido es: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso - demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia." PRIMER CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Precisado lo anterior, a juicio del suscrito, el presente juicio de amparo por cuanto hace al acto reclamado a la autoridad responsable 1. Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en Veracruz, Veracruz, en su denominación correcta, consistente en a) La orden de hacer efectiva la multa equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización (UMA) en proveído de nueve de septiembre de dos mil veintidós, dictada en el expediente del Incidente de Cesación y Cancelación de Pensión Alimenticia 1077/2021, decretada en el diverso expediente 687/2008 del mismo órgano jurisdiccional, resulta improcedente al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, porque se considera que la demanda de amparo con que se constituyó este asunto fue presentada fuera del plazo que establece el artículo 17 de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, como consecuencia de ello, ha operado el consentimiento tácito del acto reclamado, como a continuación se verá. MARCO NORMATIVO Para justificar la actualización del aludido motivo de improcedencia, se considera oportuno establecer el siguiente marco legal. Los artículos 17, 18, 19 y 61, fracción XIV, todos de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." "Artículo 19. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, catorce y dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; ." De una interpretación sistemática y teleológica de los preceptos legales citados se pone de manifiesto que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro del término de quince días que prevé el artículo 17, mismos que deberán ser computados de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Amparo vigente. Igualmente, se prevén tres supuestos en los que el peticionario del amparo puede tener conocimiento de los actos reclamados y, que se tomarán como punto de partida para realizar el cómputo de los quince días para la interposición de la demanda de amparo. Esas hipótesis son: a) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución; o, c) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. La hipótesis del inciso a) refiere a la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable mediante la cual, en data precisa, hace saber al agraviado el acto reclamado; como característica adicional, las notificaciones practicadas se consideran legales y, en consecuencia, válidas para efectos del cómputo de los quince días para la promoción del juicio de amparo, en tanto el quejoso no cuestione su nulidad o ilegalidad. La contemplada en el inciso b) establece que, para computar el plazo de quince días, es necesario un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable (distinto a la notificación) de una autoridad diversa o incluso del propio quejoso, que conlleve la certeza de que éste tuvo conocimiento en forma directa, plena y completa del acto reclamado. Y la diversa del inciso c) establece que el plazo de quince días para la promoción del juicio se contará desde el día siguiente al en que el quejoso se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, lo cual implica una expresión exclusiva de éste, quien manifiesta que conoce la actuación reclamada; esa conducta puede considerarse como una confesión expresa por parte del afectado. De lo anterior se concluye que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo -en las vías directa o indirecta- comienza a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis antes señaladas, las cuales son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. ANTECEDENTES Precisado el marco jurídico referencial que precede, el cual representa la premisa mayor del silogismo legal a practicar, conviene hacer referencia a los antecedentes que se desprenden de las copias certificadas del Incidente de Cesación y Cancelación de Pensión Alimenticia 1077/2021, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con residencia en Veracruz, Veracruz y requerimiento de multa con folio BOCA/MJM/10/2022 de doce de septiembre de dos mil veintidós, por la cantidad de $3,059.47 (tres mil cincuenta y nueve pesos con cuarenta y siete centavos moneda nacional) que las autoridades responsables remitieron en justificación de sus actos, que adquieren el carácter de premisa menor, y con la finalidad de contar con la información suficiente para justificar el criterio que aquí se sostiene, conviene hacer referencia a los antecedentes que de ellas se desprenden, a saber: 1. Escrito presentado el cuatro de agosto de dos mil veintiuno, ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia, con residencia en Veracruz, Veracruz, quien lo radicó con el número de expediente 1077/2021; en donde Leopoldo Muro González promovió Incidente de Cesación y Cancelación de Pensión Alimenticia contra Andrea Muro Vega (fojas 1 a 3, cuaderno de pruebas). 2. Auto de admisión de demanda de treinta de agosto de dos mil veintiuno, se ordenó con la copia exhibida correr traslado y emplazar a la demandada Andrea Muro Vega, para que en el terminó de tres días contestara lo que a sus intereses convenga, se citó a las partes a la audiencia incidental para lo cual se fijó data y hora (fojas 5, cuaderno de pruebas). 3. Diligencia de notificación, emplazamiento y citación a Andrea Muro Vega de ocho de septiembre de dos mil veintiuno (fojas 12, cuaderno de pruebas). 4. El veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, tuvo verificativo la audiencia incidental sin la comparecencia de la demandada Andrea Muro Vega, a quien se le tuvo por precluido su derecho a contestar la demanda y ofrecer pruebas dentro del incidente, se tuvo a la parte actora incidental ofreciendo medios de prueba, formulando alegatos (fojas 17, cuaderno de pruebas). 5. Resolución incidental de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, cuyos resolutivos son: ". PRIMERO. La parte actora Leopoldo Muro González, probó su acción incidental, y la demandada Andrea Muro Vega, no dio contestación a la demanda incidental, en consecuencia: SEGUNDO. Se declara procedente el incidente planteado por los motivos expresados en esta interlocutoria; se cancela la pensión alimenticia provisional en un 22.5% (veintidós punto cinco por ciento) sobre el salario y demás prestaciones que devenga el actor incidental, respecto de su hija Andrea Muro Vega; quedando cancelada la citada pensión provisional decretada en el expediente número 687/2008/VI del índice de este Juzgado, a favor de sus dos hijos, de la cual únicamente subsistía la de la acreedora alimentaria hoy demandada; consecuentemente queda sin efecto el oficio número 1807 de abril nueve del año dos mil ocho, que se aplica sobre el sueldo y demás prestaciones que percibe el señor Leopoldo Muro González, como trabajador jubilado de la paraestatal Petróleos Mexicanos, por lo tanto, en su oportunidad, gírese el oficio correspondiente para su cumplimiento. TERCERO. No se hace condena en gastos y costas de este incidente. CUARTO. Notifíquese por lista de acuerdo a las partes y dese aviso de estilo al superior, para los efectos legales procedentes, y en su oportunidad archívese como concluido. ." (fojas 30 a 32 vuelta, cuaderno de pruebas). 6. El veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, la anterior determinación causó estado, por lo cual se giró oficio al pagador del departamento jurídico y de recursos humanos de Petróleos Mexicanos o a quien corresponda a efecto de que se dé cumplimiento al resolutivo segundo (fojas 33, cuaderno de pruebas). 7. En proveído de diez de noviembre de dos mil veintiuno, se determinó que toda vez que, se concedió la suspensión provisional dentro del Juicio de Amparo 1111/2021, del índice de este órgano jurisdiccional a Andrea Muro Vega, se giró oficio al pagador del departamento jurídico y de recursos humanos de Petróleos Mexicanos o a quien corresponda a efecto de que deje sin efecto la orden contenida en el oficio 4242 de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, para lo cual debía seguir realizando los descuentos por concepto de pensión alimenticia decretados en el expediente 687/2008 de su índice (fojas 36, cuaderno de pruebas). 8. Certificación de veinticinco de enero de dos mil veintidós, en la que se hizo constar entre otras cuestiones que, se concedió la suspensión definitiva dentro del Juicio de Amparo 1111/2021, del índice de este órgano jurisdiccional a Andrea Muro Vega, por lo que en auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, se reiteró al pagador del departamento jurídico y de recursos humanos de Petróleos Mexicanos que, seguía vigente el contenido del oficio 4342 de diez de noviembre pasado (fojas 40 y 41, cuaderno de pruebas). 9. Auto de veintinueve de junio de dos mil veintidós, se tuvieron por recibidos diversos oficios procedentes de éste órgano jurisdiccional deducidos del Juicio de Amparo 1111/2021, promovido por Andrea Muro Vega, en donde se comunicó que en resolución de veintisiete de junio de dos mil veintidós, se declaró fundado el incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión concedida a la quejosa (fojas 47, cuaderno de pruebas). 10. Mediante proveído de siete de septiembre de dos mil veintidós, se giró oficio al pagador del departamento jurídico y de recursos humanos de Petróleos Mexicanos o a quien corresponda a efecto de que en veinticuatro horas informara lo relativo a los pagos de la pensión alimenticia en favor de Andrea Muro Vega, con el apercibimiento que de no hacerlo se le impondrá una multa de treinta unidades de medida y actualización (UMA) asimismo se le informó que en caso de persistir en la evasiva de cumplir con la suspensión definitiva, equivaldría a la comisión de un delito de conformidad con lo dispuesto por el artículo 53 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, para lo cual se giró el oficio 3583, el cual fue recibido el siete de septiembre de dos mil veintidós (fojas 102 a 103, 104 y 104 vuelta, cuaderno de pruebas). 11. Certificación y acuerdo de nueve de septiembre de dos mil veintidós, en donde se hizo constar que al tener a la vista el libro de registro de promociones y siendo las ocho horas con treinta minutos no se recibió respuesta alguna del oficio 3586 (sic) de siete de septiembre de dos mil veintidós, por parte del pagador del departamento jurídico y de recursos humanos de Petróleos Mexicanos o a quien corresponda, por lo que se hizo efectivo el apercibimiento en auto de esa data y para su cumplimiento se giró oficio al Jefe de la oficina de hacienda del Estado en Boca del Río, Veracruz, a fin de que haga efectiva la multa de treinta unidades de medida y actualización (UMA) asimismo, el juez natural responsable giró oficio al Fiscal Investigador en Turno de la Fiscalía Regional Zona Centro Veracruz, ante la desobediencia del mandato legítimo y de nueva cuenta se le requirió el informe, para lo cual se giraron los oficios 3626, 3627 y 3628, recibidos el nueve de septiembre de dos mil veintidós (fojas 106 a 107, 109 a 110, 112, 117 y 119, cuaderno de pruebas). 12. Proveído de nueve de septiembre de dos mil veintidós, en el que se dio cuenta y se agregó a los autos para que surtiera sus efectos legales, el oficio GRRLRHSUR-SAPVER-DPVM-GLRG-844-2022, signado por Antonio Jaramillo Pérez Jefe del Departamento de Personal Veracruz MARINA GLRG DE PETRÓLEOS MEXICANOS, presentado a las trece horas con cincuenta y un minutos y anexo de la misma data, se ordenó informar a la autoridad federal la imposibilidad que se indica en el mismo (fojas 114 y 115, cuaderno de pruebas). 13. El requerimiento de multa con folio BOCA/MJM/10/2022 de doce de septiembre de dos mil veintidós, por la cantidad de $3,059.47 (tres mil cincuenta y nueve pesos con cuarenta y siete centavos moneda nacional) (anexo seis, cuaderno de pruebas y fojas 33). 14. Certificación de veintitrés de septiembre y doce de octubre de dos mil veintidós, en la que se hizo constar que el Juicio de Amparo 1111/2021, promovido por Andrea Muro Vega, se sobreseyó y que la quejosa interpuso recurso de revisión (fojas 120 y 121, cuaderno de pruebas). 15. Auto de veinte de octubre de dos mil veintidós, en el que se dio cuenta y se agregó a los autos para que surtiera sus efectos legales, el oficio SCH-CRLRH-GRRLRHSUR-SAPVER-721-2022, procedente de Pemex, presentado el nueve de septiembre de esa anualidad (fojas 122 y 125 a 145, cuaderno de pruebas). 16. Certificación de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, se tuvieron por recibidos los oficios procedentes de éste órgano jurisdiccional deducido del Juicio de Amparo 973/2022, promovido por Antonio Jaramillo Pérez, en donde se comunicó que se concedió la suspensión provisional y definitiva respecto de la multa impuesta y su ejecución (fojas 146 y 147, cuaderno de pruebas). SUBSUNCIÓN. En el contexto normativo y fáctico anterior, se puede concluir que, en el asunto a estudio, se concreta el primero de los supuestos precisados, del artículo 18, de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional a inconformarse contra el acto reclamado que atribuye a la autoridad responsable 1. Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en Veracruz, Veracruz, consistente en a) La orden de hacer efectiva la multa equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización (UMA) en proveído de nueve de septiembre de dos mil veintidós, dictada en el expediente del Incidente de Cesación y Cancelación de Pensión Alimenticia 1077/2021, decretada en el diverso expediente 687/2008 del mismo órgano jurisdiccional, no obstante que de ello tuvo conocimiento mediante el oficio 3626, recibido el nueve de septiembre de dos mil veintidós (fojas 117 a 118, cuaderno de pruebas) sin que haya presentado su demanda de amparo dentro de los quince días siguientes a esa actuación. Debe resaltarse que, la parte quejosa no combate y menos desvirtúa lo asentado en el acuse de recibido, en donde aparecen sus sellos con data nueve de septiembre de dos mil veintidos. Y no como señaló bajo protesta de decir verdad que, tuvo conocimiento el cuatro de octubre de dos mil veintidós. Circunstancia que pone en evidencia que, a partir del día siguiente al en que le surtió efecto la notificación por oficio doce de septiembre de dos mil veintidós, tuvo conocimiento, empezó a transcurrir el término de quince días con que contaba la parte quejosa para presentar su demanda de amparo, el cual inició el trece de septiembre de dos mil veintidós y feneció el seis de octubre del año citado, con descuento de los días inhábiles (catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, veinticuatro, veinticinco de septiembre, uno y dos de octubre de dos mil veintidós) por ser inhábiles y sábados y domingos. Luego, se colige que el plazo de quince días con que contaba la parte quejosa para presentar la demanda de amparo ya había fenecido, conforme lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, ya que de conformidad con el transcrito artículo 17 de la Ley de Amparo, el término para la interposición del juicio de amparo, en este caso, es de quince días, pues el acto reclamado en este asunto no lo constituye una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición, en que el plazo de presentación de la demanda es de treinta días. Tampoco se está ante una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, donde el plazo para presentarse es hasta de ocho años. Mucho menos se promovió el presente asunto contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, donde el plazo para promoverla será de siete años. Además, el acto reclamado no constituye un acto que ataque la libertad personal fuera de procedimiento judicial. Tampoco se advierte que, exista en perjuicio de la quejosa, peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional o incorporación forzosa al servicio del Ejército o Armada Nacionales. Por lo que se evidencia que no se está en presencia de alguna de las hipótesis de excepción establecidas por el citado precepto legal. Y si en la especie, se tiene como fecha cierta a partir del día siguiente en que surtió efectos la notificación mediante oficio de nueve de septiembre de dos mil veintidós, es decir, el trece de septiembre de dos mil veintidós, entonces es evidente que la presentación de la demanda que originó el presente juicio es extemporánea y, por ende, los destacados actos reclamados deben considerarse tácitamente consentidos. Lo anterior es así, se insiste, en razón del sello de recibido de la demanda, se desprende que fue presentada a las diecisiete horas con siete minutos del veintiséis de octubre de dos mil veintidós, en el buzón judicial de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, turnado a este órgano jurisdiccional al día siguiente, por lo que ya había fenecido el plazo legal de quince días con que contaba la parte quejosa para promover el juicio de amparo contra los actos antes destacados, previo descuento de los días inhábiles ya mencionados. CONCLUSIÓN En consecuencia, al tener el acto reclamado la calidad de consentido tácitamente, pues no se promovió en su contra el juicio de amparo en el término que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, resulta indudable que en el presente juicio se actualiza la causal de improcedencia de mérito, entonces debe sobreseerse el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Por otra parte, en el presente juicio de amparo se tiene como segundo acto reclamado b) El requerimiento de multa con folio BOCA/MJM/10/2022 de doce de septiembre de dos mil veintidós, por la cantidad de $3,059.47 (tres mil cincuenta y nueve pesos con cuarenta y siete centavos moneda nacional) que se atribuye al 3. Jefe de la Oficina de Hacienda del Estado, en Boca del Río, Veracruz, en su denominación correcta. Respecto del cual se estima que, no es reclamado por vicios propios, sino como consecuencia del acto reclamado a la autoridad ordenadora, el juicio de amparo también resulta improcedente al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que el acto reclamado deriva de uno consentido, como a continuación se verá. MARCO NORMATIVO A efecto de analizar la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo, debe acudirse a su contenido, los cuales señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." De una interpretación jurídica sustancial de los preceptos legales transcritos, se establece que el juicio de garantías es improcedente cuando en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley; por su parte, el artículo 217 de la Ley de Amparo dispone que la jurisprudencia que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas, será obligatoria, entre otros, para los Juzgados de Distrito. En ese contexto, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, Materia Común, Fuente Semanario Judicial de la Federación, Volumen 217-228, Primera Parte, página 9, con registro digital 232011, establece: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. SUPUESTOS PARA QUE OPERE ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. De acuerdo con la jurisprudencia número 19 contenida en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, los supuestos para que opere la causal de improcedencia cuando el amparo se endereza contra actos derivados de otros consentidos son, la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél." Así como la diversa tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, Materia Común, Fuente Semanario Judicial de la Federación, Tomo VIII, página 329, con registro digital 287571, refiere: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. Es improcedente el amparo, contra actos que no son sino la consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos." Por su parte, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sexta Época, Materia Común, Fuente Semanario Judicial de la Federación. Volumen CXXXI, Tercera Parte, página 11, con registro digital 265101 del tenor literal siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. Las causas que determinan la improcedencia del juicio de amparo deben estudiarse previamente, por ser de orden público, y no importa que en el caso haya necesidad de fijar los alcances del acto que se estima consentido a fin de determinar si los actos reclamados son o no consecuencia del mismo, pues la causal de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo, supone la existencia de una relación necesaria de causa a efecto entre dos o más actos de autoridad, y lógico es que siempre que se plantee en un juicio de garantías, deban analizarse dichos actos en cuanto a su contenido y alcance jurídico, para estar en posibilidad de determinar si los reclamados son o no consecuencia de los que se estiman consentidos. De lo contrario, nunca operaría la referida causal de improcedencia." De las jurisprudencias transcritas se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando se interponga contra actos que son consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos. El Pleno y Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han establecido como requisitos que deben cubrirse para actualizar la causa de improcedencia de actos derivados de consentidos en estudio, los siguientes: 1. La existencia de un acto anterior consentido. 2. La existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél, que no fue combatido en la vía de amparo o bien fue consentido expresamente, salvo que se reclame por vicios propios. Lo anterior encuentra sustento en la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, Materia Común, Fuente Semanario Judicial de la Federación, Tomo CXIV, página 44, con registro digital 318825 del rubro y texto: "ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS. El sobreseimiento en el amparo sólo debe decretarse cuando se trata de repetición del mismo acto reclamado, o de actos que son consecuencia necesaria y legal del que debe considerarse como consentido, y cuando el acto de que es consecuencia el segundo, lleva implícito o comprendido a este último." SUBSUNCIÓN. En ese tenor, debe resaltarse que la parte quejosa, en su demanda, y de las constancias remitidas por las autoridades responsables en su informe justificado, se advierte que reclama b) El requerimiento de multa con folio BOCA/MJM/10/2022 de doce de septiembre de dos mil veintidós, por la cantidad de $3,059.47 (tres mil cincuenta y nueve pesos con cuarenta y siete centavos moneda nacional) en vía de consecuencia que deriva de a) La orden de hacer efectiva la multa equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización (UMA) en proveído de nueve de septiembre de dos mil veintidós, dictada en el expediente del Incidente de Cesación y Cancelación de Pensión Alimenticia 1077/2021, decretada en el diverso expediente 687/2008 del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con residencia en Veracruz, Veracruz, por el que se sobreseyó en apartados anteriores. El acto indicado con el inciso b) consistente en el oficio de requerimiento, permite advertir que es sólo la consecuencia lógica y natural del auto que determinó la multa en contra de la parte quejosa, pues su naturaleza es la de ejecutar la orden que dio el juez natural. Sobre estas bases, se advierte que, al consentir el acto que determina la multa, el subsecuente deriva de otro consentido, lo que no permite estudiar la constitucionalidad de los actos reclamados. Por identidad de razón son aplicables los criterios siguientes: La tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Séptima Época, Materia Común, Fuente Semanario Judicial de la Federación, Volumen 145-150, Sexta Parte, página 134, con registro digital 250874, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACION DE LA FRACCION XVIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, EN EL SENTIDO DE QUE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO QUE EN FORMA ENUNCIATIVA PREVE, DEBE DERIVAR DE CUALQUIER MANDAMIENTO DE LA PROPIA LEY DE AMPARO O DE LA CONSTITUCION. Conforme a la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente en los demás casos a los referidos en las fracciones anteriores, en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley. Esta fracción debe de interpretarse en el sentido de que la causa de improcedencia del juicio de amparo que en forma enunciativa prevé, debe derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución. Tal sucede en el caso en que la improcedencia del juicio de amparo, tratándose de actos derivados de consentidos, se establece en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto de una causa diversa de las contempladas en las diecisiete fracciones del artículo 73, pues conforme a lo dispuesto por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, debe aplicarse esa jurisprudencia, atendiendo a su obligatoriedad." Asimismo, la tesis III.1o.A.11 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, Novena Época, Materia Común, Fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo III, mayo de 1996, página 582, con registro digital 202345, que dispone: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS, RAZON DE SU IMPROCEDENCIA. El artículo 73 de la Ley de Amparo, señala: "El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." Ahora bien, las fracciones XI y XII del dispositivo en comento, previenen que el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos expresa o tácitamente; por ello, lógica y jurídicamente, debe estimarse improcedente la acción constitucional contra actos que sean consecuencia de otros consentidos, siendo indudable, por tanto, que la causa de mérito emerge de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales." CONCLUSIÓN En tales condiciones, es evidente que consintió tácitamente el mismo, y por ende, no ha lugar a estudiar la constitucionalidad de actos derivados del proveído de nueve de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el expediente del Incidente de Cesación y Cancelación de Pensión Alimenticia 1077/2021, decretada en el diverso expediente 687/2008 por el Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en Veracruz, Veracruz, como es, en el caso particular b) El requerimiento de multa con folio BOCA/MJM/10/2022 de doce de septiembre de dos mil veintidós, por la cantidad de $3,059.47 (tres mil cincuenta y nueve pesos con cuarenta y siete centavos moneda nacional). En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 217, ambos de la Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en el diverso artículo 63, fracción V, de la propia ley, se sobresee en el presente juicio de garantías. No es óbice a la anterior determinación, el hecho de que se haya admitido a trámite la demanda de amparo, puesto que con la sola presentación no era posible para este Órgano de Control Constitucional advertir su manifiesta e indudable improcedencia. Lo cual sí se derivó como consecuencia del análisis de las constancias que integran el sumario y que fueron aportadas por las partes. De tal suerte que la simple admisión de la demanda de amparo, en su caso, en modo alguno constituía un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia si ésta se advierte del análisis de las constancias de autos, puesto que este juzgado está obligado a ello, de acuerdo a la propia ley y la jurisprudencia. Ilustra lo anteriormente señalado, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito de datos de localización, publicada en el Semanario Judicial de la Federación XIV, Julio de 1994 página 544, Octava Época, de rubro: "DEMANDA. LA ADMISIÓN DE LA, NO IMPIDE EL ANÁLISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA." Sin que dicho pronunciamiento implique la inobservancia de los principios contenidos en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a la protección más amplia de la persona, habida cuenta que si bien es cierto, de acuerdo con dicho numeral, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a respetar, promover, proteger y garantizar no sólo los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también los que se prevean en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona; lo cierto es que los órganos de control constitucional, sólo en el marco de sus competencias deben efectuar dicho control respecto de las normas jurídicas que analizan, siempre y cuando no se soslayen las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de protección de derechos fundamentales. Lo anterior es así, ya que ese control opera sólo respecto a cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio en amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en amparo directo, salvo que la causal de improcedencia fuere inconstitucional o inconvencional, pues sería absurdo pretender que por la circunstancia de que el acto reclamado se funde en una norma inconstitucional tuviera que aceptarse la procedencia del juicio de amparo en cualquier demanda, esto es, en todos los casos; lo cual se asemejaría a suprimir las causales de improcedencia del juicio de amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en el juicio de amparo directo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, mayo de 2014, Tomo II, página 772, registro 2006485, de rubro y texto: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función." Así como, por su contenido y alcance, la tesis 1a. CCLXXV/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 1, página 525, registro 2002286, de rubro y texto: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano." Asimismo, la tesis 1a. CCLXXVI/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 1, página 530, registro 2002359, de rubro y texto: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo." Ahora bien, conforme a los términos antes expuestos, no es óbice el dejar de analizar los argumentos alegados por el peticionario de amparo, pues al actualizarse de manera indudable la causa de sobreseimiento invocada, ello impide entrar al estudio de las cuestiones de fondo. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." En el entendido de que el sobreseimiento no prejuzga sobre la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, ni sobre la responsabilidad de la autoridad responsable al ordenarlo o ejecutarlo. Ello de conformidad con el numeral 65 de la ley de la materia. SEXTO. Supresión de datos sensibles. En otro contexto, tomando en consideración que las partes en este asunto no realizaron manifestación alguna, dentro del término concedido, en relación con su oposición para que se publiquen o den a conocer sus datos personales; en consecuencia, acorde con lo establecido en los artículos 23, 24, fracción VI; 73, fracciones II y V; 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V; 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, la presente sentencia se pondrá a disposición del público en la versión respectiva con supresión de tales datos, de conformidad con los artículos 118, 119 y 120 de la Ley mencionada en segundo término. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 61, fracción XIV, XXIII, 63, fracción V, 73, 74, 77 y 217 de la Ley de Amparo en vigor, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Héctor Roberto Hernández Treviño, en su carácter de apoderado y representante de "PETRÓLEOS MEXICANOS" empresa productiva del Estado y Antonio Jaramillo Pérez, por su propio derecho y en su carácter de Jefe del Departamento de Personal Marina GLRG de Petróleos Mexicanos, en contra de los actos y autoridades señalados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando tercero y quinto de la presente sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles en la presente sentencia, de acuerdo con lo señalado en el considerando sexto de esta resolución. Notifíquese en términos de Ley.

  4. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, veintisiete de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos la pieza postal que fue devuelta por el Servicio Postal Mexicano, con residencia en esta ciudad, del que se advierte la imposibilidad de entregar el siguiente oficio: OFICIO AUTORIDAD RESPONSABLE RAZÓN DE IMPOSIBILIDAD DE ENTREGA 35082 3. Jefe de la Oficina de Hacienda del Estado. DOM: AV. XALAPA NÚMERO 301, 4º PISO, ESQUINA CON BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES, COL. UNIDAD DEL BOSQUE. "Domicilio erroneo." Ahora, toda vez que constituye un hecho notorio para el suscrito juzgador que en el presente cuaderno incidental, el licenciado Jesús Fernández Gutierrez Palet, Subprocurador de Asuntos Contenciosos de la Secretaria de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, Veracruz, rindió su informe previo, por las autoridades responsables 1. Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz y 3. Jefe de la Oficina de Hacienda del Estado, señaló domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en avenida Xalapa número trescientos uno (301), cuarto (4) piso esquina con Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, colonia Unidad del Bosque, en Xalapa, Veracruz. En ese contexto, en aras de una pronta y expedita administración de la justicia de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 Constitucional, SE ORDENA REEXPEDIR el oficio 35082 a nombre del Subprocurador de Asuntos Contenciosos de la Secretaria de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, Veracruz, a fin de que imponga de su contenido. Asimismo, dígasele a la mencionada responsable, que en caso de rehusarse a recibir el oficio en el domicilio que señaló para ese fin su conducta detrimentan el derecho de los justiciables al acceso a una justicia pronta y expedita, y además desperdician recursos humanos y materiales de los órganos de impartición de justicia, por lo que se le conmina a que se abstenga de persistir en tal conducta, pues de hacerlo, se le impondrá una sanción acorde con los perjuicios que ocasione al trámite de este asunto y se le dará vista a su superior jerárquico para que tome conocimiento de su comportamiento. Notifíquese en términos de ley.

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