Antonio Huerta Calderon

Expediente 394/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
394/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
10/05/2023

Partes del expediente

  • Antonio Huerta Calderon

Actuaciones

  1. Principal

    1. Declara firme. Visto el cómputo realizado por la Secretaría, se advierte que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de queja contra el auto de veintiséis de abril de esta anualidad, en el que se desechó la demanda de amparo; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. 2. Archivo del asunto. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relativo a los criterios de valoración para los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, esto es, de relevancia documental, conservable, depurable o destruible, decrétese el valor correspondiente del presente expediente y archívese este asunto como concluido. 2.1 Valoración. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3, fracción XVIII, del aludido Acuerdo General, y atendiendo a que se desechó la demanda de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración, encuadra en el supuesto previsto en el inciso d) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Además, se estima que el acto reclamado carece de relevancia documental, ya que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del referido Acuerdo General; asimismo, este Juzgador atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional, no estima que debe ser considerado como tal. 2.2 Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción de este asunto. 2.3 Entrega al archivo. Con fundamento en el artículo 35 del citado acuerdo general, el oficial judicial que corresponda deberá anotar en la carátula de este expediente y en la relación que se integre para efectos de destrucción o transferencia, la leyenda correspondiente. Recibido el expediente por el oficial judicial A, por parte de cada secretaría de trámite, contará con diez días hábiles para hacer las anotaciones en los libros electrónicos de control y remitir físicamente el expediente al archivo judicial.

  2. Principal

    1. Recepción de demanda. Téngase por recibido el escrito presentado por *********************, mediante el cual promueve demanda de amparo, contra el acto que atribuye a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, con residencia en Saltillo. 2. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 394/2023, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 3. Sobre la procedencia de la demanda. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. De esta disposición legal se advierte que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/42. La jurisprudencia invocada indica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. 3.1 Acto reclamado. En el caso, del estudio del escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, con residencia en Saltillo. El acto consistente en la resolución de once de abril de dos mil veintitrés, con negativa de cuantificar en una cantidad líquida la reparación integral del daño como víctima de violación a derechos humanos, que refiere le fue notificada mediante oficio VG-537/2023. 3.2 Improcedencia de la demanda de amparo. En esas condiciones, respecto de los actos reclamados identificados en el punto que antecede, se considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo3 , en relación con los artículos 102, apartado B, y 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos4 . La fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo prevé la improcedencia del juicio constitucional, cuando ello derive de una disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo. Por su parte, del artículo 102, apartado B, de la Carta Magna se advierte que los organismos de derechos humanos se encuentran encargados de conocer de quejas contra cualquier autoridad, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, por presuntas violaciones de derechos humanos; y, en su caso, de emitir recomendaciones públicas al respecto, no vinculatorias. Además, el artículo 103 constitucional, fracción I, establece que los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Bajo esa tesitura, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, al resolver el amparo en revisión 70/2021, con base en lo resuelto en las ejecutorias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación5 , que analizó en su sentencia, consideró que si de la interpretación al artículo 102, apartado B, de la Constitución Federal, la Comisión Nacional de Derecho Humanos tiene a su cargo la tutela de los derechos humanos desde una perspectiva política y cuasi jurisdiccional, entonces las determinaciones finales que emita en ese sentido, no son susceptibles de ser analizadas mediante otro mecanismo de control, como es, el juicio de amparo, porque ello implicaría ejercer un medio de control sobre otro medio de control, en particular un medio jurisdiccional sobre uno no jurisdiccional. Por lo que, si en el caso la parte quejosa reclama a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, con residencia en Saltillo, la resolución de once de abril de dos mil veintitrés, con negativa de cuantificar en una cantidad líquida la reparación integral del daño como víctima de violación a derechos humanos, que refiere le fue notificada mediante oficio VG-537/2023. Invariablemente queda evidenciada de manera manifiesta e indudable la improcedencia de la demanda de amparo instada por el aquí quejoso. Esta consideración se sustenta en la tesis IVIII.1o.P.A.11 A., del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito. Cabe señalar, que en contraste a lo expuesto por el quejoso en su demanda de amparo, como un hecho notorio por tratarse de un expediente de este mismo órgano jurisdiccional, se considera oportuno precisar que en el juicio de amparo 546/2022, no se le otorgó el amparo solicitado, siéndole negado al considerar que lo resuelto en aquel asunto por la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, al declarar improcedente su solicitud de acceso a los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, ya que no se encuentra acreditado que la situación y pérdidas patrimoniales que el quejoso mencionaba, fueran consecuencia directa de la violación a su derecho humano, fue correcta. 4. Se desecha demanda. En consecuencia, se desecha de plano la demanda de amparo por notoriamente improcedente, con fundamento en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia analizada. 5. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Toda vez, que el promovente no precisa domicilio para oír y recibir notificaciones, con fundamento en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, se ordena la notificación de este proveído, así como los subsecuentes de carácter personal, por medio de lista de acuerdos que se fije en los estrados de este Juzgado. 6. Correo electrónico y número telefónico. Se tiene al quejoso proporcionando como correo electrónico y número telefónico, los que señala en su escrito, en el entendido de que se establecerá para comunicaciones no procesales. 7. Habilitación actuarial. En términos del artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. 8. Reproducción electrónica y entrega de copias. Previa solicitud por escrito, se autoriza el uso de medios electrónicos para digitalizar constancias del expediente, así como su entrega en copias simples o certificadas, las que serán expedidas a costa de la parte solicitante, excepto constancias que tengan carácter reservado o confidencial, previa toma de razón que obre en autos. La Secretaría de Juzgado encargada del expediente las gestionará sin mayor proveído. 9. Expediente electrónico. De acuerdo con el artículo 3 de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley. 10. Devolución de documentos. El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. 11. Protección de datos personales. Conforme lo previsto por los artículos 23; 70, fracción XXXVI, y 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27; 31, 34 y 35 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el cual establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que el asunto clasifica como información NO RESERVADA; por consiguiente, se les previene para que expresen si están de acuerdo en que se publiquen sus nombres y datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición implica su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos.

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