Antonio Herrera Hernández

Expediente 702/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 20 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
702/2022
Año
2022
Actuaciones
20
Última actuación
15/02/2023

Partes del expediente

  • Antonio Herrera Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a quince de febrero de dos mil veintitrés. Del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ya transcurrió la vista de tres días concedida a la parte quejosa mediante acuerdo treinta y uno de enero de dos mil veintitrés; y, tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, además que de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, no podrá archivarse ningún juicio concedido sin que se haya cumplido, este Juzgado Federal procede al análisis respectivo. Del estudio de las constancias que integran este juicio, se advierte que por sentencia de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, este juzgado determinó conceder la protección constitucional, para el efecto de que la autoridad responsable: "1. Una vez que cause ejecutoria la presente resolución, inmediatamente deberá dejar insubsistente la resolución de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, relativa a la audiencia de control de detención del imputado quejoso Antonio Herrera Hernández, así como todo lo actuado con posterioridad, incluyendo la formulación de la imputación y la vinculación a proceso, y, 2. Dicte una nueva resolución de calificación de la detención, la cual deberá estar debidamente fundada y motivada, en la que, siguiendo los lineamientos de esta sentencia, determine que no se acredita la figura de flagrancia, de conformidad en lo establecido en la fracción II, inciso b), segundo párrafo, del artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y de ser el caso, continúe con la audiencia inicial y resuelva lo que en derecho corresponda. 3. Deberá dejar sin efecto legal alguno, el auto de vinculación a proceso emitido el diecinueve de mayo de dos mil veintidós, en contra del hoy quejoso, dado que, como ha quedado puntualizado, no se acredita la detención por flagrancia, por lo que se ha declarado la ilegalidad de la calificación de la detención, misma que, como consecuencia de sus efectos, conlleva a dejar sin efecto todo lo actuado con posterioridad, incluido el citado auto de vinculación a proceso, mismo que no ha sido analizado en la presente sentencia, al abandonar el carácter de acto reclamado destacado, tal y como quedó establecido en el último párrafo del considerando que antecede." Asimismo, por auto de veinte de enero de dos mil veintitrés, se declaró que la referida sentencia causó ejecutoria y se requirió el cumplimiento del fallo constitucional. Conforme a lo anterior, mediante oficio 590 signado por el Juez Séptimo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, de cuyo contenido se advierte: Por resolución de veinticinco de enero del año en curso, dictada dentro de la causa judicial 239/2022, dejó insubsistente todo lo actuado dentro de la audiencia de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, consistente en el control de detención y formulación de imputación. En la misma, resolvió que no se acredita la detención por flagrancia por lo que declaró la ilegalidad de la calificación de la detención. Finalmente en la misma resolución, dejó insubsistente el auto de vinculación a proceso de diecinueve de mayo de dos mil veintidós. Por tanto, con dichas constancias se ordenó dar vista a la parte quejosa a efecto que manifestara lo que a su derecho conviniera. Esta Jugadora Federal procede a calificar el cumplimiento dado por la autoridad responsable. Impuesta de las constancias que remitió la autoridad responsable Juez Séptimo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala se advierte que, en efecto, por resolución de veinticinco de enero del año en curso, dejó insubsistente todo lo actuado dentro de la audiencia de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, consistente en el control de detención y formulación de imputación; así como el auto de vinculación a proceso de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, resolviendo que no se acredita la detención por flagrancia por lo que declaró la ilegalidad de la calificación de la detención. De lo anterior es que se considera que se dio cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo que nos ocupa, por tanto, lo que procede es declarar que la sentencia amparadora ha sido cumplida, toda vez que los efectos del amparo quedaron satisfechos de acuerdo a lo resuelto en la sentencia de amparo y se restituyó a la parte quejosa en el goce de la garantía violada en términos del artículo 77, fracción II de Ley de Amparo. Por tanto, toda vez que la sentencia de amparo se declaró cumplida, con fundamento en lo dispuesto por el 196, párrafo cuarto, en relación con el diverso 214, ambos de la Ley de Amparo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); gírese oficio a las responsables que tuvieron el encargo de cumplir la ejecutoria de amparo, para su conocimiento y efectos legales procedentes y archívese este juicio como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General sin Número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, toda vez que en el juicio principal se concedió el amparo y protección de la justicia federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General en cita, este expediente es susceptible de depuración, por lo que transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído, deberá procederse a su depuración, para lo cual solo deberá conservarse, la demanda de amparo, la sentencia que puso fin al juicio y la resolución que le otorgó la autoridad de cosa juzgada. Por otra parte, por cuanto ve al original del incidente de suspensión dado que se concedió la suspensión definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo decimoctavo, fracción I, inciso a), del mismo Acuerdo, por tanto, el cuaderno original es susceptible de depuración, por lo que deberá conservarse la demanda de amparo y la resolución relativa a su otorgamiento y el presente proveído. Una vez que transcurra el plazo de tres años, este órgano jurisdiccional, dentro de los noventa días siguientes, realizará la depuración correspondiente y concluida la misma, solicítese la trasferencia al depósito documental dependiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General de referencia, es susceptible de destrucción, lo cual deberá realizarse por este Juzgado transcurridos seis meses a partir de esta fecha, y deberá remitir el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente; por lo que, agrégueseles copia autógrafa del presente acuerdo y manténganse ambos cuadernos por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. Ahora bien, los secretarios encargados del trámite de los asuntos trabajan con el expediente electrónico, a fin de garantizar la coincidencia entre el expediente físico y electrónico en términos de lo establecido en el quinto párrafo del artículo 3º de la Ley de Amparo, se instruye a cualquiera de los secretarios que trabajan en la integración de los expedientes físicos, que verifique y certifique esta situación, de lo que deberá quedar constancia en autos. En virtud de que en el presente acuerdo se ordena el archivo del presente juicio, se autoriza al Secretario de Juzgado encargado de la integración física de expedientes para que realice el archivo material del mismo y verifique las anotaciones que de tal archivo se realicen en el libro de gobierno correspondiente, para los efectos legales procedentes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; por lista a la tercera interesada ********************, por no haber señalado domicilio para oír y recibir notificaciones; vía electrónica al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, por oficio a la autoridad responsable y tercero interesado ministerio público que intervino en la causa. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante la Secretaria de Juzgado Damayanty Rojas Huerta, que autoriza y da fe.

  2. Incidental

    Apizaco, Tlaxcala, a quince de febrero de dos mil veintitrés. Del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ya transcurrió la vista de tres días concedida a la parte quejosa mediante acuerdo treinta y uno de enero de dos mil veintitrés; y, tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, además que de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, no podrá archivarse ningún juicio concedido sin que se haya cumplido, este Juzgado Federal procede al análisis respectivo. Del estudio de las constancias que integran este juicio, se advierte que por sentencia de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, este juzgado determinó conceder la protección constitucional, para el efecto de que la autoridad responsable: "1. Una vez que cause ejecutoria la presente resolución, inmediatamente deberá dejar insubsistente la resolución de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, relativa a la audiencia de control de detención del imputado quejoso Antonio Herrera Hernández, así como todo lo actuado con posterioridad, incluyendo la formulación de la imputación y la vinculación a proceso, y, 2. Dicte una nueva resolución de calificación de la detención, la cual deberá estar debidamente fundada y motivada, en la que, siguiendo los lineamientos de esta sentencia, determine que no se acredita la figura de flagrancia, de conformidad en lo establecido en la fracción II, inciso b), segundo párrafo, del artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y de ser el caso, continúe con la audiencia inicial y resuelva lo que en derecho corresponda. 3. Deberá dejar sin efecto legal alguno, el auto de vinculación a proceso emitido el diecinueve de mayo de dos mil veintidós, en contra del hoy quejoso, dado que, como ha quedado puntualizado, no se acredita la detención por flagrancia, por lo que se ha declarado la ilegalidad de la calificación de la detención, misma que, como consecuencia de sus efectos, conlleva a dejar sin efecto todo lo actuado con posterioridad, incluido el citado auto de vinculación a proceso, mismo que no ha sido analizado en la presente sentencia, al abandonar el carácter de acto reclamado destacado, tal y como quedó establecido en el último párrafo del considerando que antecede." Asimismo, por auto de veinte de enero de dos mil veintitrés, se declaró que la referida sentencia causó ejecutoria y se requirió el cumplimiento del fallo constitucional. Conforme a lo anterior, mediante oficio 590 signado por el Juez Séptimo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, de cuyo contenido se advierte: Por resolución de veinticinco de enero del año en curso, dictada dentro de la causa penal 239/2022, dejó insubsistente todo lo actuado dentro de la audiencia de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, consistente en el control de detención y formulación de imputación. En la misma, resolvió que no se acredita la detención por flagrancia por lo que declaró la ilegalidad de la calificación de la detención. Finalmente en la misma resolución, dejó insubsistente el auto de vinculación a proceso de diecinueve de mayo de dos mil veintidós. Por tanto, con dichas constancias se ordenó dar vista a las partes a efecto que manifestaran lo que a su derecho conviniera. Esta Jugadora Federal procede a calificar el cumplimiento dado por la autoridad responsable. Impuesta de las constancias que remitió la autoridad responsable Juez Séptimo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala se advierte que, en efecto, por resolución de veinticinco de enero del año en curso, dejó insubsistente todo lo actuado dentro de la audiencia de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, consistente en el control de detención y formulación de imputación; así como el auto de vinculación a proceso de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, resolviendo que no se acredita la detención por flagrancia por lo que declaró la ilegalidad de la calificación de la detención. De lo anterior es que se considera que se dio cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo que nos ocupa, por tanto, lo que procede es declarar que la sentencia amparadora ha sido cumplida, toda vez que los efectos del amparo quedaron satisfechos de acuerdo a lo resuelto en la sentencia de amparo y se restituyó a la parte quejosa en el goce de la garantía violada en términos del artículo 77, fracción II de Ley de Amparo. Por tanto, toda vez que la sentencia de amparo se declaró cumplida, con fundamento en lo dispuesto por el 196, párrafo cuarto, en relación con el diverso 214, ambos de la Ley de Amparo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); gírese oficio a las responsables que tuvieron el encargo de cumplir la ejecutoria de amparo, para su conocimiento y efectos legales procedentes y archívese este juicio como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General sin Número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, toda vez que en el juicio principal se concedió el amparo y protección de la justicia federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General en cita, este expediente es susceptible de depuración, por lo que transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído, deberá procederse a su depuración, para lo cual solo deberá conservarse, la demanda de amparo, la sentencia que puso fin al juicio y la resolución que le otorgó la autoridad de cosa juzgada. Por otra parte, por cuanto ve al original del incidente de suspensión dado que se concedió la suspensión definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo decimoctavo, fracción I, inciso a), del mismo Acuerdo, por tanto, el cuaderno original es susceptible de depuración, por lo que deberá conservarse la demanda de amparo y la resolución relativa a su otorgamiento y el presente proveído. Una vez que transcurra el plazo de tres años, este órgano jurisdiccional, dentro de los noventa días siguientes, realizará la depuración correspondiente y concluida la misma, solicítese la trasferencia al depósito documental dependiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General de referencia, es susceptible de destrucción, lo cual deberá realizarse por este Juzgado transcurridos seis meses a partir de esta fecha, y deberá remitir el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente; por lo que, agrégueseles copia autógrafa del presente acuerdo y manténganse ambos cuadernos por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. Ahora bien, los secretarios encargados del trámite de los asuntos trabajan con el expediente electrónico, a fin de garantizar la coincidencia entre el expediente físico y electrónico en términos de lo establecido en el quinto párrafo del artículo 3º de la Ley de Amparo, se instruye a cualquiera de los secretarios que trabajan en la integración de los expedientes físicos, que verifique y certifique esta situación, de lo que deberá quedar constancia en autos. En virtud de que en el presente acuerdo se ordena el archivo del presente juicio, se autoriza al Secretario de Juzgado encargado de la integración física de expedientes para que realice el archivo material del mismo y verifique las anotaciones que de tal archivo se realicen en el libro de gobierno correspondiente, para los efectos legales procedentes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; por lista a la tercera interesada Sandra Nayeli Sauza Hernández, por no haber señalado domicilio para oír y recibir notificaciones; vía electrónica al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, por oficio a la autoridad responsable y tercero interesado ministerio público que intervino en la causa. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante la Secretaria de Juzgado Damayanty Rojas Huerta, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    ***Apizaco, Tlaxcala, a quince de febrero de dos mil veintitrés. Del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ya transcurrió la vista de tres días concedida a la parte quejosa mediante acuerdo treinta y uno de enero de dos mil veintitrés; y, tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, además que de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, no podrá archivarse ningún juicio concedido sin que se haya cumplido, este Juzgado Federal procede al análisis respectivo. Del estudio de las constancias que integran este juicio, se advierte que por sentencia de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, este juzgado determinó conceder la protección constitucional, para el efecto de que la autoridad responsable: "1. Una vez que cause ejecutoria la presente resolución, inmediatamente deberá dejar insubsistente la resolución de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, relativa a la audiencia de control de detención del imputado quejoso Antonio Herrera Hernández, así como todo lo actuado con posterioridad, incluyendo la formulación de la imputación y la vinculación a proceso, y, 2. Dicte una nueva resolución de calificación de la detención, la cual deberá estar debidamente fundada y motivada, en la que, siguiendo los lineamientos de esta sentencia, determine que no se acredita la figura de flagrancia, de conformidad en lo establecido en la fracción II, inciso b), segundo párrafo, del artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y de ser el caso, continúe con la audiencia inicial y resuelva lo que en derecho corresponda. 3. Deberá dejar sin efecto legal alguno, el auto de vinculación a proceso emitido el diecinueve de mayo de dos mil veintidós, en contra del hoy quejoso, dado que, como ha quedado puntualizado, no se acredita la detención por flagrancia, por lo que se ha declarado la ilegalidad de la calificación de la detención, misma que, como consecuencia de sus efectos, conlleva a dejar sin efecto todo lo actuado con posterioridad, incluido el citado auto de vinculación a proceso, mismo que no ha sido analizado en la presente sentencia, al abandonar el carácter de acto reclamado destacado, tal y como quedó establecido en el último párrafo del considerando que antecede." Asimismo, por auto de veinte de enero de dos mil veintitrés, se declaró que la referida sentencia causó ejecutoria y se requirió el cumplimiento del fallo constitucional. Conforme a lo anterior, mediante oficio 590 signado por el Juez Séptimo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, de cuyo contenido se advierte: Por resolución de veinticinco de enero del año en curso, dictada dentro de la causa judicial 239/2022, dejó insubsistente todo lo actuado dentro de la audiencia de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, consistente en el control de detención y formulación de imputación. En la misma, resolvió que no se acredita la detención por flagrancia por lo que declaró la ilegalidad de la calificación de la detención. Finalmente en la misma resolución, dejó insubsistente el auto de vinculación a proceso de diecinueve de mayo de dos mil veintidós. Por tanto, con dichas constancias se ordenó dar vista a la parte quejosa a efecto que manifestara lo que a su derecho conviniera. Esta Jugadora Federal procede a calificar el cumplimiento dado por la autoridad responsable. Impuesta de las constancias que remitió la autoridad responsable Juez Séptimo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala se advierte que, en efecto, por resolución de veinticinco de enero del año en curso, dejó insubsistente todo lo actuado dentro de la audiencia de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, consistente en el control de detención y formulación de imputación; así como el auto de vinculación a proceso de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, resolviendo que no se acredita la detención por flagrancia por lo que declaró la ilegalidad de la calificación de la detención. De lo anterior es que se considera que se dio cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo que nos ocupa, por tanto, lo que procede es declarar que la sentencia amparadora ha sido cumplida, toda vez que los efectos del amparo quedaron satisfechos de acuerdo a lo resuelto en la sentencia de amparo y se restituyó a la parte quejosa en el goce de la garantía violada en términos del artículo 77, fracción II de Ley de Amparo. Por tanto, toda vez que la sentencia de amparo se declaró cumplida, con fundamento en lo dispuesto por el 196, párrafo cuarto, en relación con el diverso 214, ambos de la Ley de Amparo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); gírese oficio a las responsables que tuvieron el encargo de cumplir la ejecutoria de amparo, para su conocimiento y efectos legales procedentes y archívese este juicio como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General sin Número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, toda vez que en el juicio principal se concedió el amparo y protección de la justicia federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General en cita, este expediente es susceptible de depuración, por lo que transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído, deberá procederse a su depuración, para lo cual solo deberá conservarse, la demanda de amparo, la sentencia que puso fin al juicio y la resolución que le otorgó la autoridad de cosa juzgada. Por otra parte, por cuanto ve al original del incidente de suspensión dado que se concedió la suspensión definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo decimoctavo, fracción I, inciso a), del mismo Acuerdo, por tanto, el cuaderno original es susceptible de depuración, por lo que deberá conservarse la demanda de amparo y la resolución relativa a su otorgamiento y el presente proveído. Una vez que transcurra el plazo de tres años, este órgano jurisdiccional, dentro de los noventa días siguientes, realizará la depuración correspondiente y concluida la misma, solicítese la trasferencia al depósito documental dependiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General de referencia, es susceptible de destrucción, lo cual deberá realizarse por este Juzgado transcurridos seis meses a partir de esta fecha, y deberá remitir el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente; por lo que, agrégueseles copia autógrafa del presente acuerdo y manténganse ambos cuadernos por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. Ahora bien, los secretarios encargados del trámite de los asuntos trabajan con el expediente electrónico, a fin de garantizar la coincidencia entre el expediente físico y electrónico en términos de lo establecido en el quinto párrafo del artículo 3º de la Ley de Amparo, se instruye a cualquiera de los secretarios que trabajan en la integración de los expedientes físicos, que verifique y certifique esta situación, de lo que deberá quedar constancia en autos. En virtud de que en el presente acuerdo se ordena el archivo del presente juicio, se autoriza al Secretario de Juzgado encargado de la integración física de expedientes para que realice el archivo material del mismo y verifique las anotaciones que de tal archivo se realicen en el libro de gobierno correspondiente, para los efectos legales procedentes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; por lista a la tercera interesada ********************, por no haber señalado domicilio para oír y recibir notificaciones; vía electrónica al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, por oficio a la autoridad responsable y tercero interesado ministerio público que intervino en la causa. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante la Secretaria de Juzgado Damayanty Rojas Huerta, que autoriza y da fe.

  4. Incidental

    ***Apizaco, Tlaxcala, a quince de febrero de dos mil veintitrés. Del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ya transcurrió la vista de tres días concedida a la parte quejosa mediante acuerdo treinta y uno de enero de dos mil veintitrés; y, tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, además que de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, no podrá archivarse ningún juicio concedido sin que se haya cumplido, este Juzgado Federal procede al análisis respectivo. Del estudio de las constancias que integran este juicio, se advierte que por sentencia de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, este juzgado determinó conceder la protección constitucional, para el efecto de que la autoridad responsable: "1. Una vez que cause ejecutoria la presente resolución, inmediatamente deberá dejar insubsistente la resolución de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, relativa a la audiencia de control de detención del imputado quejoso Antonio Herrera Hernández, así como todo lo actuado con posterioridad, incluyendo la formulación de la imputación y la vinculación a proceso, y, 2. Dicte una nueva resolución de calificación de la detención, la cual deberá estar debidamente fundada y motivada, en la que, siguiendo los lineamientos de esta sentencia, determine que no se acredita la figura de flagrancia, de conformidad en lo establecido en la fracción II, inciso b), segundo párrafo, del artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y de ser el caso, continúe con la audiencia inicial y resuelva lo que en derecho corresponda. 3. Deberá dejar sin efecto legal alguno, el auto de vinculación a proceso emitido el diecinueve de mayo de dos mil veintidós, en contra del hoy quejoso, dado que, como ha quedado puntualizado, no se acredita la detención por flagrancia, por lo que se ha declarado la ilegalidad de la calificación de la detención, misma que, como consecuencia de sus efectos, conlleva a dejar sin efecto todo lo actuado con posterioridad, incluido el citado auto de vinculación a proceso, mismo que no ha sido analizado en la presente sentencia, al abandonar el carácter de acto reclamado destacado, tal y como quedó establecido en el último párrafo del considerando que antecede." Asimismo, por auto de veinte de enero de dos mil veintitrés, se declaró que la referida sentencia causó ejecutoria y se requirió el cumplimiento del fallo constitucional. Conforme a lo anterior, mediante oficio 590 signado por el Juez Séptimo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, de cuyo contenido se advierte: Por resolución de veinticinco de enero del año en curso, dictada dentro de la causa penal 239/2022, dejó insubsistente todo lo actuado dentro de la audiencia de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, consistente en el control de detención y formulación de imputación. En la misma, resolvió que no se acredita la detención por flagrancia por lo que declaró la ilegalidad de la calificación de la detención. Finalmente en la misma resolución, dejó insubsistente el auto de vinculación a proceso de diecinueve de mayo de dos mil veintidós. Por tanto, con dichas constancias se ordenó dar vista a las partes a efecto que manifestaran lo que a su derecho conviniera. Esta Jugadora Federal procede a calificar el cumplimiento dado por la autoridad responsable. Impuesta de las constancias que remitió la autoridad responsable Juez Séptimo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala se advierte que, en efecto, por resolución de veinticinco de enero del año en curso, dejó insubsistente todo lo actuado dentro de la audiencia de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, consistente en el control de detención y formulación de imputación; así como el auto de vinculación a proceso de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, resolviendo que no se acredita la detención por flagrancia por lo que declaró la ilegalidad de la calificación de la detención. De lo anterior es que se considera que se dio cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo que nos ocupa, por tanto, lo que procede es declarar que la sentencia amparadora ha sido cumplida, toda vez que los efectos del amparo quedaron satisfechos de acuerdo a lo resuelto en la sentencia de amparo y se restituyó a la parte quejosa en el goce de la garantía violada en términos del artículo 77, fracción II de Ley de Amparo. Por tanto, toda vez que la sentencia de amparo se declaró cumplida, con fundamento en lo dispuesto por el 196, párrafo cuarto, en relación con el diverso 214, ambos de la Ley de Amparo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); gírese oficio a las responsables que tuvieron el encargo de cumplir la ejecutoria de amparo, para su conocimiento y efectos legales procedentes y archívese este juicio como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General sin Número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, toda vez que en el juicio principal se concedió el amparo y protección de la justicia federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General en cita, este expediente es susceptible de depuración, por lo que transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído, deberá procederse a su depuración, para lo cual solo deberá conservarse, la demanda de amparo, la sentencia que puso fin al juicio y la resolución que le otorgó la autoridad de cosa juzgada. Por otra parte, por cuanto ve al original del incidente de suspensión dado que se concedió la suspensión definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo decimoctavo, fracción I, inciso a), del mismo Acuerdo, por tanto, el cuaderno original es susceptible de depuración, por lo que deberá conservarse la demanda de amparo y la resolución relativa a su otorgamiento y el presente proveído. Una vez que transcurra el plazo de tres años, este órgano jurisdiccional, dentro de los noventa días siguientes, realizará la depuración correspondiente y concluida la misma, solicítese la trasferencia al depósito documental dependiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General de referencia, es susceptible de destrucción, lo cual deberá realizarse por este Juzgado transcurridos seis meses a partir de esta fecha, y deberá remitir el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente; por lo que, agrégueseles copia autógrafa del presente acuerdo y manténganse ambos cuadernos por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. Ahora bien, los secretarios encargados del trámite de los asuntos trabajan con el expediente electrónico, a fin de garantizar la coincidencia entre el expediente físico y electrónico en términos de lo establecido en el quinto párrafo del artículo 3º de la Ley de Amparo, se instruye a cualquiera de los secretarios que trabajan en la integración de los expedientes físicos, que verifique y certifique esta situación, de lo que deberá quedar constancia en autos. En virtud de que en el presente acuerdo se ordena el archivo del presente juicio, se autoriza al Secretario de Juzgado encargado de la integración física de expedientes para que realice el archivo material del mismo y verifique las anotaciones que de tal archivo se realicen en el libro de gobierno correspondiente, para los efectos legales procedentes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; por lista a la tercera interesada Sandra Nayeli Sauza Hernández, por no haber señalado domicilio para oír y recibir notificaciones; vía electrónica al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, por oficio a la autoridad responsable y tercero interesado ministerio público que intervino en la causa. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante la Secretaria de Juzgado Damayanty Rojas Huerta, que autoriza y da fe.

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