Antonio Hernández Vargas

Expediente 607/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
607/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
20/06/2018

Partes del expediente

  • Antonio Hernández Vargas

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el escrito presentado por Antonio Hernández Vargas quejoso en el presente juicio de amparo, mediante el cual solicita la devolución del oficio número DGDH/STySS/175/2018 de ocho de mayo de dos mil dieciocho, signado por la Directora General de Desarrollo Humano de la Secretaría de Seguridad Pública, que anexó a su escrito de demanda, dado que refiere que le es de utilidad para realizar diversos trámites. Atento a su contenido, hágase la devolución del citado oficio que anexó con su escrito de demanda, dejándose copia del mismo; asimismo, se tiene por autorizados a las personas que indica en su ocurso de cuenta para recibirlo, previa razón de su recibo que se deje asentada en autos.

  2. Principal

    Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de la que se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el proveído de treinta de mayo de dos mil dieciocho (fojas 20 a 27); en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo promovida por Antonio Hernández Vargas por propio derecho ha causado estado. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo, con el supuesto que prevé el punto vigésimo primero, fracción I del citado acuerdo, el cuaderno de antecedentes transcurridos cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será DESTRUIDO, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal concluyó el presente asunto. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del señalado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, jurídica ni histórica, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio, tampoco obran documentos originales que devolver a las partes, de acuerdo con la certificación que antecede. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Visto el escrito de demanda promovida por ******, por propio derecho, contra actos del Gobernador del Estado de Guerrero y otras autoridades. Regístrese en el libro de gobierno con el número 607/2018 y fórmese expediente. Ahora bien, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar el escrito inicial de demanda, a fin de determinar la procedencia o improcedencia del juicio. Del análisis de la demanda de amparo de trato se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables: ". la ilegal e injustificada negativa por parte de los hoy responsables de no quererme pagar el seguro de invalidez Total y Permanente, en vista de que dicha invalidez la adquirí en mi cumplimiento de mi deber como oficial Comandante de la Policía Estatal del Gobierno del estado de Guerrero, el Gobernador del estado de Guerrero, el Secretario de Seguridad Pública y la Directora General de Desarrollo Humano, todos del estado de Guerrero, se han negado rotundamente a cubrirme el pago al cual hago referencia, como se aprecia claramente del oficio número DGDH/STySS/175/2018, de fecha ocho de mayo del presente año, ya que tengo el legítimo derecho de solicitar el pago de invalidez total y permanente, toda vez que el riesgo lo sufrí en mi trabajo en el cumplimiento de mi deber, es decir fuimos emboscados tanto el suscrito como los demás compañeros elementos policiacos, como más adelante lo expresaré de manera detallada." En ese orden, se advierte que la demanda resulta improcedente al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que indica: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." De la transcripción del precepto se aprecia que consagra la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto. En ese orden de ideas, se aprecia que el principio de definitividad que rige al juicio de amparo en materia administrativa, como se ha señalado, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos en la ley y la jurisprudencia que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bajo esa óptica, siguiendo los lineamientos establecidos por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 106/2006-SS (ejecutoria publicada en la página 676, del Tomo XXIV, noviembre de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época), conviene señalar que del análisis de la causa de improcedencia en estudio, se obtiene: 1. Que el juicio de amparo resulta improcedente en contra de los actos que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio conforme a las leyes que los rigen, o proceda en su contra algún recurso o medio de defensa en virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados; 2. Que el recurso deberá interponerse, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos del acto reclamado con la presentación del recurso o medio de defensa legal; y 3. Que no se exijan mayores requisitos que los señalados por la Ley de Amparo, para que proceda la suspensión del acto reclamado, independientemente de que el acto sea o no suspendible. Luego, es necesario citar el artículo 1 del Código de Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado de Guerrero y el diverso 4 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero número 467, que establecen lo siguiente: "Articulo 1.- El presente Código es de orden público e interés social y tiene como finalidad substanciar y resolver las controversias en materia administrativa y fiscal que se planteen entre los particulares y las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, Municipales, de los Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad del Estado de Guerrero, así como las resoluciones que se dicten por autoridades competentes en aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos." "Artículo 4º. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero tiene competencia para: I. Conocer y resolver de las controversias que se susciten entre la administración pública estatal centralizada y paraestatal, municipal y paramunicipal, órganos autónomos o con autonomía técnica y los particulares; II. Conocer y resolver de las resoluciones que se dicten por las autoridades competentes en la aplicación de la ley general o estatal de responsabilidades administrativas aplicables y provenientes de autoridades fiscales; III. Conocer de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos y particulares vinculados con faltas graves promovidas por la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental y los órganos internos de control de los entes públicos estatales o municipales, o por la Auditoría Superior del Estado, para la imposición de sanciones en términos de lo dispuesto por las Leyes General y Estatal de Responsabilidades Administrativas. Así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública estatal, municipal o al patrimonio de los entes públicos. Bajo ninguna circunstancia se entenderá que la atribución del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero para imponer sanciones a particulares por actos u omisiones vinculadas con faltas administrativas graves se contrapone o menoscaba la facultad que cualquier ente público posea para imponer sanciones a particulares en los términos de la legislación aplicable; IV. Conocer y resolver de los juicios que se originen por fallos en licitaciones públicas, interpretación y el cumplimiento de contratos de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y entidades de la administración pública estatal centralizada y paraestatal, municipal y paramunicipal, órganos autónomos, con autonomía técnica, y las empresas productivas del Estado; así como, las que estén bajo responsabilidad de los entes públicos estatales cuando las leyes señalen expresamente la competencia del Tribunal; V. Conocer y resolver de las controversias que surjan con motivo al pago de garantías a favor del Estado, o los municipios, así como de sus entidades paraestatales y las empresas productivas del Estado; VI. Conocer y resolver de las controversias que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este artículo, por el transcurso del plazo que señalen el Código de Procedimiento de Justicia Administrativa o las disposiciones aplicables; VII. Conocer y resolver de las controversias que surjan con motivo de la negativa de la expedición de la constancia de haberse configurado la resolución positiva ficta, cuando ésta se encuentre prevista por la ley que rija a dichas materias; VIII. Conocer y resolver de los juicios de lesividad en el que se pida la nulidad o modificación de un acto favorable a un particular; IX. Conocer y resolver de las resoluciones que imponga el Órgano Interno de Control del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado, que impongan sanciones administrativas no graves a sus servidores públicos; X. Conocer y resolver los recursos de revocación, reclamación, apelación y revisión que establece la Ley de Responsabilidades Administrativas; XI. Conocer y resolver de las sanciones y demás resoluciones emitidas por la Auditoría Superior del Estado, en términos de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado; XII. Imponer en los términos que disponga la ley de responsabilidades administrativas aplicable, las sanciones a los servidores públicos estatales y paraestatales, municipales y paramunicipales, de órganos autónomos o con autonomía técnica, por responsabilidad administrativa grave, y a los particulares que estén vinculados con dichas faltas; XIII. Fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública o el patrimonio de los entes públicos estatales y paraestatales, municipales y paramunicipales, órganos autónomos o con autonomía técnica; XIV. Sancionar a las personas morales cuando los actos vinculados con faltas administrativas graves sean realizados por personas físicas que actúen a nombre o representación de una persona moral y en beneficio de ella; así como resolver sobre la suspensión de actividades, disolución o intervención de la sociedad respectiva cuando se trate de faltas administrativas graves que causen perjuicio a la hacienda pública o al patrimonio de los entes públicos estatales y paraestatales, municipales y paramunicipales, órganos autónomos o con autonomía técnica, siempre que la persona moral respectiva, obtenga un beneficio económico y se acredite participación de sus órganos de administración, de vigilancia o de sus socios, o en aquellos casos que se advierta que la sociedad es utilizada para vincularse con faltas administrativas graves; y XV. Conocer y resolver las controversias señaladas en esta y otras leyes como competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero. En concatenación con lo anterior, el artículo 3, del Código de Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado de Guerrero, señala: "Artículo 3. Las Salas Regionales conocerán de los asuntos que les señale la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. La competencia por razón del territorio será fijada por la Sala Superior del Tribunal." Del contenido del artículo anterior se advierte lo siguiente: Que las Salas Regionales conocen de los asuntos que le señale la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado (ahora Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero número 467), la cual en su artículo 4º, entre otras fracciones dispone que aquéllas tienen competencia para conocer y resolver de los procedimientos contenciosos promovidos contra actos administrativos, fiscales y de resoluciones que se dicten en aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero; así como de aquellas que ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los Municipios, de los organismos públicos descentralizados con funciones administrativas de autoridad de carácter estatal o municipal. Establecido lo anterior, se colige que contra lo reclamado en esta vía constitucional, evidentemente procede el juicio ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, por tratarse de un acto administrativo atribuido a las autoridades estatales y al no haberlo hecho valer el quejoso previo a comparecer a esta instancia, el juicio de amparo por el promovido se torna improcedente, en términos del numeral XX, fracción 61, de la Ley de Amparo. Así, se considera que si el quejoso reclama en la presente instancia constitucional el pago del seguro de invalidez total y permanente qua aduce tener derecho en virtud que refiere se desempeñaba como comandante de la policía estatal del Gobierno del Estado de Guerrero; en consecuencia, al ser actos estatales deben ser impugnados mediante el juicio ordinario contencioso administrativo. Lo anterior implica, como ya se dijo, que previo a acudir a la justicia Federal para solicitar la protección de amparo, el quejoso debió agotar lo establecido en el artículos 1 del Código de Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado de Guerrero y 4º de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero número 467, que dan origen al juicio contencioso administrativo como ya se señaló en líneas precedentes, por lo que en el caso que nos ocupa no se hizo; por ello, el presente juicio deviene improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XXI.1o.6 A, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, marzo de 1996, a página: 255, que dice: "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICIÓN DEL AMPARO. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO). De una correcta interpretación del artículo 1o. de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo es un órgano de control, que tiene a su cargo substanciar y resolver las controversias que se susciten entre las autoridades del Estado, los ayuntamientos y organismos públicos descentralizados con funciones de autoridad y los particulares. Ahora bien, si un particular se considera afectado por cualquiera de los aludidos actos de autoridad, queda obligado a agotar el procedimiento contencioso administrativo previsto en la citada Ley, previamente al juicio constitucional, dado que, por otra parte, dicho ordenamiento establece en sus artículos del 36 al 41 la posibilidad de obtener la suspensión del acto impugnado, sin exigir para ello mayores requisitos que la Ley de Amparo, pues de la lectura de ambos preceptos se puede advertir que son substancialmente los mismos; por lo que, si un gobernado pretende impugnar en la vía constitucional un acto de autoridad como los antes precisados, sin acudir previamente a aquel procedimiento en el que puede revocarse, modificarse o nulificarse, es claro, que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, al no cumplirse con el principio de definitividad que rige en el juicio de garantías." Máxime que, los miembros de las instituciones policiales se rigen por sus propias leyes y su relación con el Estado no es de naturaleza laboral, sino administrativa. Asimismo, el artículo 116, fracción VI, constitucional, faculta a las Legislaturas Locales para regular las relaciones de trabajo entre los Estados y sus trabajadores, pero sobre las bases determinadas en el propio artículo 123 y sus disposiciones reglamentarias. Por su parte, el artículos 42 del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Estado de Guerrero, establece que entre esa dependencia y sus servidores públicos existe una relación laboral regida por la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero Número 248, de cuyo artículo 113 se desprende que su aplicación corresponde al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, infiriéndose que dicho Tribunal, en principio, sería competente para conocer y dirimir las controversias entre los miembros de las instituciones policiales y la dependencia citada. Sin embargo, tales disposiciones no son acordes con los preceptos constitucionales citados, conforme a los cuales esa relación no es de naturaleza laboral sino administrativa y, en consecuencia, sus diferencias deben someterse a la jurisdicción concerniente a esta última materia, por lo que en atención al principio de supremacía establecido en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe prevalecer ésta sobre las disposiciones referidas. En congruencia con lo anterior, si los artículos 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Número 433, 1 del Código de Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado de Guerrero y 4 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero número 467 todas del Estado de Guerrero, instituyen la competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo para conocer los procedimientos contenciosos de ese orden, suscitados entre las autoridades y los particulares, por afinidad, en observancia de la garantía prevista en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Federal, relativa a que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia, ese órgano jurisdiccional debe conocer de los conflictos entre los miembros de una institución policial y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, pues el vínculo administrativo en aquéllos los asimila a las contiendas en las cuales interviene y en razón de su especialidad, dicha jurisdicción es la más pertinente para conocer y resolver dichas controversias. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 91/2007, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, mayo de 2007, a página: 1178, que dice: "SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE SUS CONFLICTOS CON LOS MIEMBROS DE UNA INSTITUCIÓN POLICIAL CORRESPONDE AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA ENTIDAD. Del proceso legislativo que dio origen al decreto de reformas y adiciones al artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución General de la República (Diario Oficial de la Federación del 8 de marzo de 1999), se advierte que el Constituyente precisó que los miembros de las instituciones policiales se rigen por sus propias leyes y su relación con el Estado no es de naturaleza laboral, sino administrativa. Asimismo, el artículo 116, fracción VI, constitucional, faculta a las Legislaturas Locales para regular las relaciones de trabajo entre los Estados y sus trabajadores, pero sobre las bases determinadas en el propio artículo 123 y sus disposiciones reglamentarias. Por su parte, los artículos 42 y 44 del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Estado de Guerrero, establecen que entre esa dependencia y sus servidores públicos existe una relación laboral regida por la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero Número 248, de cuyo artículo 113 se desprende que su aplicación corresponde al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, infiriéndose que dicho Tribunal, en principio, sería competente para conocer y dirimir las controversias entre los miembros de las instituciones policiales y la dependencia citada. Sin embargo, tales disposiciones no son acordes con los preceptos constitucionales citados, conforme a los cuales esa relación no es de naturaleza laboral sino administrativa y, en consecuencia, sus diferencias deben someterse a la jurisdicción concerniente a esta última materia, por lo que en atención al principio de supremacía establecido en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe prevalecer ésta sobre las disposiciones referidas. En congruencia con lo anterior, si los artículos 118 de la Constitución Política; 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Número 433 y 4 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Número 194, todas del Estado de Guerrero, instituyen la competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo para conocer los procedimientos contenciosos de ese orden, suscitados entre las autoridades y los particulares, por afinidad, en observancia de la garantía prevista en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Federal, relativa a que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia, ese órgano jurisdiccional debe conocer de los conflictos entre los miembros de una institución policial y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, pues el vínculo administrativo en aquéllos los asimila a las contiendas en las cuales interviene y en razón de su especialidad, dicha jurisdicción es la más pertinente para conocer y resolver dichas controversias, resultando aplicables por analogía las tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicadas con los números 2a./J. 77/2004, 2a./J. 51/2001, 2a./J. 35/99, 2a./J. 82/98, 2a./J. 10/97, 2a./J. 32/96, 2a./J. 23/96, 2a./J. 77/95 y P./J. 24/95." Lo anterior, toda vez que no se reclama la inconstitucionalidad de una norma, sino la negativa de realizar el pago correspondiente al seguro por incapacidad total y permanente a Antonio Hernández Vargas, quien se desempeñó como Comandante de la Policía Estatal del Gobierno del Estado de Guerrero, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Guerrero. En mérito de lo expuesto, se desecha la demanda, con apoyo en el numeral 113, de la Ley de Amparo. DOMICILIO. Téngase como domicilio el que la parte quejosa señala en su ocurso de cuenta. AUTORIZADOS. Se tiene únicamente como sus autorizados para oír y recibir notificaciones a Víctor Silva Sánchez y Oliver Delgado Peralta, toda vez en el escrito de cuenta donde les otorga dicha autorización, la parte quejosa no proporcionó los datos correspondientes o documentos que acrediten que están legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados, como lo prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo que dice: "ARTÍCULO 12. El quejoso y el tercero interesado podrán autorizar para oír y recibir notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para interponer los recursos que proceda, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá sustituir o delegar dichas facultades a un tercero. En las materias civil, mercantil, laboral, tratándose del patrón, administrativa y penal, la persona autorizada, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado y deberán proporcionarse los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización. Sin embargo, las partes podrán designar personas solamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, a cualquier persona con capacidad legal quien no gozara de las demás facultades a que se refiere el párrafo anterior". En consecuencia, téngaseles únicamente como autorizados para oír notificaciones e imponerse de los autos, a Víctor Silva Sánchez y Oliver Delgado Peralta, sin gozar de las demás facultades que prevé el numeral antes citado; de igual forma a Julio Cesar Alarcón Memije por así haberlo solicitado expresamente. Notifíquese; y personalmente al quejoso.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · 12,048 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano