Antonio Hernández Soto
Expediente 73/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 73/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 07/02/2019
Partes del expediente
- Antonio Hernández Soto
- Gloria Hernández Soto
- ANTONIO HERNÁNDEZ SOTO y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Copias Agréguese a los autos el escrito signado por la parte quejosa Antonio Hernández Soto por conducto de su apoderada legal Gloria Hernández Soto, a través del cual solicita copias certificadas del informe justificado y sus anexos, rendido por la autoridad responsable Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2°, expídanse a su costa las copias certificadas que solicita, previa razón que por su entrega se asiente en autos de la persona que las reciba; en el entendido que deberá comparecer debidamente identificada con credencial oficial vigente , y dos copias simples de la misma para glosarlas a los autos como constancia. Notifíquese.
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término para interponer recurso de revisión previsto por los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, contra el proveído del siete de diciembre de dos mil dieciocho, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente juicio de amparo; por tanto, al no haber sido impugnado en su oportunidad, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal sobre depuración y destrucción de expedientes, se acuerda lo siguiente: Archívese este asunto como concluido. Destrúyase el presente expediente una vez transcurridos cinco años, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I del citado Acuerdo General. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Háganse las anotaciones relativas en la carátula del expediente. Además, se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las hipótesis del último párrafo del artículo vigésimo primero. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al punto décimo séptimo, del acuerdo invocado, deberá llevarse a cabo la digitalización de la demanda y la sentencia respectiva, así como de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido. ...
- Principal
Informe justificado Agréguese a los autos, el oficio signado por la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla -por conducto de su presidenta-; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su informe justificado. Asimismo, se tiene por ofrecida la prueba documental que anexó a su oficio, consistente copia certificada de la interlocutoria del treinta de noviembre de dos mil dieciocho, de su índice, la cual será relacionada en términos del numeral 119, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo. Sobreseimiento fuera de audiencia Visto el estado procesal de los autos, este Juzgado de Distrito advierte que en relación con el acto reclamado consistente la omisión de dictar resolución interlocutoria dentro del juicio ordinario laboral D-6/369/2017, del índice de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla; se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos sean destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la cual hacer un pronunciamiento de fondo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del tomo IX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 1999, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ÉSTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera resulta aplicable, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 241, del tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a abril de 1998, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Es útil también la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a febrero de 1998, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Igualmente, es aplicable el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del tomo VI, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a noviembre de 1997, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Bajo esa óptica jurídica, conviene señalar que la parte quejosa reclama la omisión de dictar resolución interlocutoria dentro del juicio ordinario laboral D-6/369/2017, del índice de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla; sin embargo, de las constancias enviadas por la propia autoridad responsable al rendir su informe justificado, se advierte que emitió resolución correspondiente tal como se aprecia de la transcripción siguiente: ". Puebla, Puebla, a treinta de noviembre de dos mil dieciocho. VISTO, El estado procesal que guardan los autos, en relación a la reserva de fecha once de diciembre de dos mil diecisiete y estando legalmente integrada la Junta actuante se procede a dictar la resolución interlocutoria respecto al incidente de acumulación planteado por la parte demandada en lo principal dentro del expediente D-3/369/2017, en relación a los expedientes D-6/31/2017 y D-6/32/2017. RESUELVE PRIMERO.- SE DECLARA INFUNDADO el incidente de acumulación planteado por la parte demandada en lo principal y actora incidentista. Lo anterior con base en lo expuesto y fundado en el considerando tercero de la presente resolución interlocutoria. SEGUNDO.- Para la continuación del procedimiento las partes deberán estarse a lo acordado en el considerando cuarto de la presente resolución. TERCERO.-Se ordena remitir copia autógrafa de la presente resolución los diversos D-6/31/2017 y D-6/32/2017, a fin de que acuerde lo que en derecho corresponda. Así lo acordó y firma la junta Especial número Seis de las que integran la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado.- Ante la C. Secretaria que autoriza y da fe. ." Como se advierte de lo anterior, el treinta de noviembre de dos mil dieciocho, la autoridad responsable emitió la resolución interlocutoria correspondiente derivado del juicio laboral D-6/369/2017; en consecuencia, dado que ha cesado la omisión de dictar resolución interlocutoria dentro del expediente citado del índice de la responsable, los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación. En el entendido que no es el caso de otorgar a la parte quejosa la oportunidad de ampliar su demanda inicial de amparo, en virtud de que dicho supuesto solo se actualizo cuando se reclamen violaciones al derecho de petición, pues como lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando un particular se encuentra dentro de un procedimiento jurisdiccional o administrativo seguido en forma de juicio, debe atenderse a lo previsto en las normas constitucionales y legales aplicables -artículos 14 y 17 de la Constitución Federal- que prevén el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento y el derecho de acción, ya que tal procedimiento está sujeto al cumplimiento de formalidades adjetivas o principios de justicia pronta, completa e imparcial. No pasa inadvertido que la autoridad responsable no exhibió la constancia de notificación de la resolución interlocutoria a las partes; sin embargo, esa circunstancia no impide actualizar la causa de improcedencia objeto de estudio, toda vez que con motivo de la tramitación del presente juicio de amparo, la parte quejosa tendrá conocimiento del mismo, pues se le correrá traslado con copia certificada de esa resolución al momento de la notificación de esta determinación. En ese orden de ideas, al sobrevenir y actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia constitucional en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V , de la Ley de Amparo. Sirve de fundamento, la jurisprudencia 2ª/J 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes. "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Se deja sin efectos audiencia constitucional Finalmente, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, programada para las doce horas del doce de diciembre de dos mil dieciocho.
- Principal
... Lista. Con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos a la tercera interesada Comercializadora Ragón, sociedad anónima de capital variable, en vista de que no señaló domicilio procesal; por ende, las subsecuentes notificaciones, incluso las personales, practíquensele por lista.
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