Antonio Hernández Pérez
Expediente 299/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 299/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/11/2022
Partes del expediente
- Antonio Hernández Pérez
Actuaciones
- Principal
Ciudad del Carmen, Campeche, siete de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la quejosa interpusiera recurso de revisión en contra del auto de siete de junio de dos mil veintidós, que decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, transcurrió del quince al veintiocho de junio de dos mil veintidós, con 27/04/24 20:00:02 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7f.77 Joel Moisés Estañol González 2 exclusión de los días dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de junio de dos mil veintidós, por haber sido inhábiles, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo, sin que dentro de dicho plazo interpusiera el aludido medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que el auto de siete de junio de dos mil veintidós, que decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por otro lado, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta, se desprende que en este juicio de amparo no obran documentos originales exhibidos por las partes, por tanto, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. DESTINO DEL EXPEDIENTE (SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN) En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este juicio de amparo no es considerado de relevancia documental. Asimismo, transcurrido el plazo de tres años contados a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21, inciso a) y 24 del referido Acuerdo General. Por consiguiente efectúense las anotaciones correspondientes en el libro uno: de juicios de amparo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). En consecuencia, hágase constar su valoración en la 27/04/24 20:00:02 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7f.77 Joel Moisés Estañol González Juicio de amparo 299/2022-II 3 carátula del expediente principal, mediante la leyenda "destruible" de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo General. Notifíquese por lista a las partes y por oficio a la autoridad responsable
- Principal
Ciudad del Carmen, Campeche, siete de junio de dos mil veintidós. Vistos los oficios 938/21-2022/JL-II y 946/21-2022/JL-II, de la Jueza y la Actuaria interina del Juzgado Laboral del Poder Judicial del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, respectivamente, mediante el cual, rinden sus informes justificados, en el sentido de que no son ciertos los actos reclamados. Como justificación de su informe remitieron copia certificada de diversas actuaciones deducidas del juicio laboral 104/21-2022/JL-II. En consecuencia, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene a las autoridades responsables rindiendo sus informes justificados y por exhibidas las constancias que adjuntaron a sus oficios de cuenta. Ahora bien, el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Por su parte, el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que procede el sobreseimiento en el juicio de amparo, cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de ese mismo ordenamiento. Asimismo, el artículo 64, de la propia ley, constriñe a las partes a comunicar de inmediato al órgano jurisdiccional, cuando tengan conocimiento de una causal de sobreseimiento y en su caso, acompañar las constancias conducentes. A partir de lo anterior, se concluye que si durante el trámite del juicio de amparo, el juez de distrito tiene conocimiento que sobrevino una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, debe analizarla oficiosamente y al tenerla acreditada, decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional. Estimar lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que iría contra el espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En el caso que nos ocupa, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, a saber: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El precepto transcrito establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 3387/97, 393/98, 363/98, 2685/98 y 348/99, sostuvo que para exista cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ejecutorias que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, junio de 1999, página 38, Novena Época, intitulada: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso que nos ocupa, el quejoso Antonio Hernández Pérez, promovió demanda de amparo contra las autoridades y actos siguientes: I. De la Jueza del Juzgado laboral del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, se reclamó la omisión de continuar la secuela procesal del procedimiento ordinario laboral en los tiempos que señala la ley federal del trabajo, dentro del expediente laboral 104/21-2022/JL-II. II. De la Actuaria interina del Juzgado laboral del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, se reclamó la omisión de emplazar a los demandados dentro del expediente laboral 104/21-2022/JL-II. Ahora bien, en razón de que la Jueza del Juzgado Laboral del Poder Judicial Federal del Estado de Campeche con sede en Ciudad del Carmen, en su informe justificado mencionó que si bien es cierto que existe un retraso injustificado, esto se debe al incremento de personal contagiado por Covid-19, sin embargo, no se ha omitido dar continuidad al procedimiento, ya que dentro de las constancias que exhibe en su informe justificado se advierten los proveídos dictados así como las diligencias de emplazamiento. Por su parte, la Actuaria interina del Juzgado Laboral del Poder Judicial Federal del Estado de Campeche con sede en Ciudad del Carmen, en su informe justificado mencionó que en el juicio laboral 104/21-2022/JL-II, no se ha omitido dar continuidad al procedimiento y para demostrar su dicho exhibe copia certificada del asunto laboral de origen donde se advierten las respectivas notificaciones de emplazamiento. Para corroborar su dicho las autoridades responsables remitieron copia certificada de diversas actuaciones deducidas del juicio laboral 104/21-2022/JL-II, con valor probatorio pleno, en su calidad de instrumental de actuaciones judiciales acorde a lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte lo siguiente: 1. A las quince horas con veinticinco minutos del veinticinco de mayo de dos mil veintidós, la actuaria interina adscrita se constituyó en el domicilio señalado en autos para notificar al demandado Mario Abreu Esquivel, los autos de siete de diciembre de dos mil veintiuno y cuatro de enero de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral 104/21-2022/JL-II, teniéndose en ese acto por notificado y emplazado (foja 34). 2. A las quince horas con treinta y cinco minutos del veinticinco de mayo de dos mil veintidós, la actuaria interina adscrita se constituyó en el domicilio señalado en autos para notificar al demandado Fernando Cuentas Callado, los auto de siete de diciembre de dos mil veintiuno y cuatro de enero de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral 104/21-2022/JL-II, teniéndose en ese acto por notificado y emplazado (foja 34). 3. A las quince horas con treinta y cinco minutos del veinticinco de mayo de dos mil veintidós, la actuaria interina adscrita se constituyó en el domicilio señalado en autos para notificar al demandado Hornbeck Offshore Services de México, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, a través de su representante legal, los autos de siete de diciembre de dos mil veintiuno y cuatro de enero de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral 104/21-2022/JL-II, teniéndose en ese acto por notificada y emplazada (foja 34 vuelta). 4. Razón actuarial de veinticinco de mayo de dos mil veintidós, de cuya lectura se advierte que la actuaria responsable, hizo constar la imposibilidad jurídica para lograr la notificación y emplazamiento de las demandadas Hornbeck Offshore Operators de México y T.N. Percheron, ambas Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, a través de quien legalmente las represente; toda vez que al constituirse en el domicilio señalado en autos para tales efectos, le fue informado que no corresponde al de las citadas personas jurídicas (foja 34 vuelta). Bajo ese contexto, al haberse notificado y emplazado a los demandados en el juicio de origen Mario Abreu Esquivel, Fernando Cuentas Callado y Hornbeck Offshore Services de México, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, mientras que por lo que ve a Hornbeck Offshore Operators de México y T.N. Percheron, ambas Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, levantarse la razón correspondiente de su imposibilidad jurídica para su emplazamiento; resulta evidente que han cesado los efectos de los actos reclamados, pues desapareció el motivo que concreta y específicamente originó la solicitud del amparo y protección de la justicia federal, porque las cosas volvieron a constituirse en una situación idéntica a la que imperaba antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos reclamados no hubieran invadido la esfera jurídica del particular, ya que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es así, dado que si bien es cierto, también se atribuye al juzgado laboral responsable, la inactividad procesal; sin embargo, ello atendió a la omisión del actuario responsable de diligenciar en sus términos la orden de emplazamiento de los demandados; pues mientras esto no ocurriera, la autoridad responsable se encontraba imposibilitada de dictar el acuerdo correspondiente. Máxime que la litis constitucional se delimita en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dentro del procedimiento laboral, sin comprender los actos subsecuentes, lo anterior, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. En apoyo de lo anterior, se cita el siguiente criterio: "Décima Época Registro: 2005150 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 2a. CV/2013 (10a.) Página: 732 CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. Por las razones expuestas, por haber sobrevenido causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 63, fracción V, de ese mismo ordenamiento legal, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. Derivado de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la constitucional, programada para las diez horas del diez de junio de dos mil veintidós. Hágase las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de este Juzgado de Distrito. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; así como a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, TODA VEZ QUE NO ACUDIÓ A ESTE JUZGADO DE DISTRITO DENTRO DE LOS DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL CITATORIO ENTREGADO EL TRECE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, PARA NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL PROVEÍDO DE SIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, EN ESTE JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EL CUAL SE TRANSCRIBE. Ciudad del Carmen, Campeche, siete de junio de dos mil veintidós. Vistos los oficios 938/21-2022/JL-II y 946/21-2022/JL-II, de la Jueza y la Actuaria interina del Juzgado Laboral del Poder Judicial del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, respectivamente, mediante el cual, rinden sus informes justificados, en el sentido de que no son ciertos los actos reclamados. Como justificación de su informe remitieron copia certificada de diversas actuaciones deducidas del juicio laboral 104/21-2022/JL-II. En consecuencia, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene a las autoridades responsables rindiendo sus informes justificados y por exhibidas las constancias que adjuntaron a sus oficios de cuenta. Ahora bien, el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Por su parte, el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que procede el sobreseimiento en el juicio de amparo, cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de ese mismo ordenamiento. Asimismo, el artículo 64, de la propia ley, constriñe a las partes a comunicar de inmediato al órgano jurisdiccional, cuando tengan conocimiento de una causal de sobreseimiento y en su caso, acompañar las constancias conducentes. A partir de lo anterior, se concluye que si durante el trámite del juicio de amparo, el juez de distrito tiene conocimiento que sobrevino una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, debe analizarla oficiosamente y al tenerla acreditada, decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional. Estimar lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que iría contra el espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En el caso que nos ocupa, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, a saber: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El precepto transcrito establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 3387/97, 393/98, 363/98, 2685/98 y 348/99, sostuvo que para exista cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ejecutorias que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, junio de 1999, página 38, Novena Época, intitulada: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso que nos ocupa, el quejoso Antonio Hernández Pérez, promovió demanda de amparo contra las autoridades y actos siguientes: I. De la Jueza del Juzgado laboral del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, se reclamó la omisión de continuar la secuela procesal del procedimiento ordinario laboral en los tiempos que señala la ley federal del trabajo, dentro del expediente laboral 104/21-2022/JL-II. II. De la Actuaria interina del Juzgado laboral del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, se reclamó la omisión de emplazar a los demandados dentro del expediente laboral 104/21-2022/JL-II. Ahora bien, en razón de que la Jueza del Juzgado Laboral del Poder Judicial Federal del Estado de Campeche con sede en Ciudad del Carmen, en su informe justificado mencionó que si bien es cierto que existe un retraso injustificado, esto se debe al incremento de personal contagiado por Covid-19, sin embargo, no se ha omitido dar continuidad al procedimiento, ya que dentro de las constancias que exhibe en su informe justificado se advierten los proveídos dictados así como las diligencias de emplazamiento. Por su parte, la Actuaria interina del Juzgado Laboral del Poder Judicial Federal del Estado de Campeche con sede en Ciudad del Carmen, en su informe justificado mencionó que en el juicio laboral 104/21-2022/JL-II, no se ha omitido dar continuidad al procedimiento y para demostrar su dicho exhibe copia certificada del asunto laboral de origen donde se advierten las respectivas notificaciones de emplazamiento. Para corroborar su dicho las autoridades responsables remitieron copia certificada de diversas actuaciones deducidas del juicio laboral 104/21-2022/JL-II, con valor probatorio pleno, en su calidad de instrumental de actuaciones judiciales acorde a lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte lo siguiente: 1. A las quince horas con veinticinco minutos del veinticinco de mayo de dos mil veintidós, la actuaria interina adscrita se constituyó en el domicilio señalado en autos para notificar al demandado Mario Abreu Esquivel, los autos de siete de diciembre de dos mil veintiuno y cuatro de enero de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral 104/21-2022/JL-II, teniéndose en ese acto por notificado y emplazado (foja 34). 2. A las quince horas con treinta y cinco minutos del veinticinco de mayo de dos mil veintidós, la actuaria interina adscrita se constituyó en el domicilio señalado en autos para notificar al demandado Fernando Cuentas Callado, los auto de siete de diciembre de dos mil veintiuno y cuatro de enero de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral 104/21-2022/JL-II, teniéndose en ese acto por notificado y emplazado (foja 34). 3. A las quince horas con treinta y cinco minutos del veinticinco de mayo de dos mil veintidós, la actuaria interina adscrita se constituyó en el domicilio señalado en autos para notificar al demandado Hornbeck Offshore Services de México, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, a través de su representante legal, los autos de siete de diciembre de dos mil veintiuno y cuatro de enero de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral 104/21-2022/JL-II, teniéndose en ese acto por notificada y emplazada (foja 34 vuelta). 4. Razón actuarial de veinticinco de mayo de dos mil veintidós, de cuya lectura se advierte que la actuaria responsable, hizo constar la imposibilidad jurídica para lograr la notificación y emplazamiento de las demandadas Hornbeck Offshore Operators de México y T.N. Percheron, ambas Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, a través de quien legalmente las represente; toda vez que al constituirse en el domicilio señalado en autos para tales efectos, le fue informado que no corresponde al de las citadas personas jurídicas (foja 34 vuelta). Bajo ese contexto, al haberse notificado y emplazado a los demandados en el juicio de origen Mario Abreu Esquivel, Fernando Cuentas Callado y Hornbeck Offshore Services de México, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, mientras que por lo que ve a Hornbeck Offshore Operators de México y T.N. Percheron, ambas Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, levantarse la razón correspondiente de su imposibilidad jurídica para su emplazamiento; resulta evidente que han cesado los efectos de los actos reclamados, pues desapareció el motivo que concreta y específicamente originó la solicitud del amparo y protección de la justicia federal, porque las cosas volvieron a constituirse en una situación idéntica a la que imperaba antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos reclamados no hubieran invadido la esfera jurídica del particular, ya que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es así, dado que si bien es cierto, también se atribuye al juzgado laboral responsable, la inactividad procesal; sin embargo, ello atendió a la omisión del actuario responsable de diligenciar en sus términos la orden de emplazamiento de los demandados; pues mientras esto no ocurriera, la autoridad responsable se encontraba imposibilitada de dictar el acuerdo correspondiente. Máxime que la litis constitucional se delimita en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dentro del procedimiento laboral, sin comprender los actos subsecuentes, lo anterior, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. En apoyo de lo anterior, se cita el siguiente criterio: "Décima Época Registro: 2005150 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 2a. CV/2013 (10a.) Página: 732 CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. Por las razones expuestas, por haber sobrevenido causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 63, fracción V, de ese mismo ordenamiento legal, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. Derivado de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la constitucional, programada para las diez horas del diez de junio de dos mil veintidós. Hágase las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de este Juzgado de Distrito. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; así como a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, TODA VEZ QUE NO ACUDIÓ A ESTE JUZGADO DE DISTRITO DENTRO DE LOS DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL CITATORIO ENTREGADO EL DIECISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, PARA NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL PROVEÍDO DE TRECE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, Y DARLE LA INTERVENCIÓN QUE LE CORRESPONDE EN ESTE JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EL PROVEÍDO A NOTIFICAR ES DEL TENOR SIGUIENTE: Ciudad del Carmen, Campeche, trece de mayo de dos mil veintidós. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por Jairo Alberto Calcáneo Dorantes, en su carácter de apoderado legal de Antonio Hernández Pérez, contra actos del Juzgado Laboral del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, Campeche y otra, radíquese con el número de expediente 299/2022-II, intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y efectúense las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. PERSONALIDAD DEL PROMOVENTE. Con fundamento en el artículo 11 de la Ley de Amparo, se le reconoce al promovente el carácter con el que se ostenta, pues acredita tal carácter con el auto de siete de diciembre de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 104/21-2021/JL-II, del Juzgado Laboral del Poder Judicial del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, del que se advierte que se le reconoció su personalidad jurídica, de conformidad con lo previsto en las fracciones I y II del artículo 692 de la Ley Federal del trabajo en vigor. ADMISIÓN. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I y VII de la Constitución Federal, 1, fracción I, 2, 3, 6, 10, 20, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por Jairo Alberto Calcáneo Dorantes, en su carácter de apoderado legal de Antonio Hernández Pérez. INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en los artículos 115 y 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe justificado, que deberán rendir por escrito dentro plazo de quince días contados a partir del siguiente al en que reciban el oficio en el que se pide dicho informe. En el entendido que los actos reclamados son los siguientes: 1. Al Juzgado Laboral del Poder Judicial Federal del Estado, con residencia en Ciudad del Carmen, Campeche, se le reclama la omisión de continuar con la secuela procesal del procedimiento ordinario laboral 104/21-2022/JL-II en los tiempos que señala la Ley Federal del Trabajo. 2. Al Actuario adscrito al Juzgado Laboral del Poder Judicial Federal del Estado, con residencia en Ciudad del Carmen, Campeche, se le reclama la omisión de emplazar al juicio laboral 104/21-2022/JL-II, a los demandados. Por tanto, las autoridades responsables deberán informar expresamente si son ciertos o no los actos reclamados que de manera específica les atribuye el quejoso, en su caso, hacer las aclaraciones o precisiones que consideren pertinentes, pues el silencio sobre algún punto de los actos reclamados, equivale a una omisión, lo que dará lugar, salvo prueba en contrario, a presumir cierto el acto reclamado de conformidad con el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo. Informe justificado en el que con fundamento en el artículo 117, párrafo quinto, de la Ley de Amparo, expondrá las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de los actos reclamados y acompañarán, en su caso, copias certificadas de las constancias necesarias para apoyarlo. Se apercibe a las autoridades responsables que de no rendir su informe justificado dentro del plazo concedido en los términos indicados, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, a la omisa, se le impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalentes a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, moneda nacional), que resulta de multiplicar por cien el valor diario de dicha unidad de medida, esto es, $96.22 (noventa y seis pesos, veintidós centavos, moneda nacional) determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el diez de enero de dos mil veintidós, en términos de los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en ese medio de difusión el treinta de diciembre de dos mil dieciséis. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Con fundamento en el artículo 115, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se señalan las DIEZ HORAS DEL DIEZ DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para la celebración de la audiencia constitucional. INTERVENCIÓN A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA. Con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que le corresponde. EMPLAZAMIENTO A LOS TERCEROS INTERESADOS. No ha lugar a tener como terceros interesados a T. N. Percheron, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable; Hornbeck Offshore Operatprs de México, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable; Hornbeck Offshore Services de México, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable; Fernando Cuentas Collado; y Mario Abreu Esquivel, puesto que cuando el promovente del amparo es el actor en el juicio natural, sólo el demandado emplazado, tiene el carácter de tercero interesado, toda vez que con el llamamiento a juicio se ha constituido la relación procesal. Así, del análisis integro de la demanda, se advierte que el quejoso se duele de la falta de emplazamiento a la parte demandada en el juicio de origen; de ahí que no se le reconozca el carácter de tercero interesado. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 67/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXIX, Mayo de 2009, página 265, Novena Época, que dice: "TERCERO PERJUDICADO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR EL ACTOR EN UN JUICIO CIVIL, ADMINISTRATIVO O LABORAL. NO TIENE TAL CARÁCTER EL DEMANDADO NO EMPLAZADO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 78/2003). Conforme al artículo 5o., fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, la contraparte del agraviado tiene derecho a intervenir en el juicio de garantías como tercero perjudicado cuando el acto reclamado emane de juicios del orden civil, administrativo o del trabajo. Ahora bien, esa disposición debe interpretarse en el sentido de que cuando el promovente del amparo es el actor en el juicio natural, sólo el demandado emplazado, tiene el carácter de tercero perjudicado, toda vez que con el llamamiento a juicio se ha constituido la relación procesal. Lo anterior es congruente con el artículo 167 de la Ley de Amparo, ya que el tercero perjudicado debe comparecer ante el Tribunal Colegiado de Circuito a defender sus derechos, pues quien todavía no es emplazado en el juicio de origen no ha resentido afectación alguna a su esfera jurídica y, en consecuencia, no tiene derechos que defender." SUSPENSIÓN. No se tramita incidente de suspensión de los actos reclamados, por no haberlo solicitado expresamente el quejoso. PRUEBAS. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como prueba de la parte quejosa, la consistente en el acuerdo de siete de diciembre de dos mil veintiuno. Prueba que se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional. En cuanto al informe justificado que rinda la autoridad responsable, una vez que obre en autos se acordará lo conducente. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales el ubicado en calle 55, esquina con calle 26-C, número 42, colonia Electricistas, código postal 24120, Ciudad del Carmen, Campeche. AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. Se tiene por autorizados con las amplias facultades del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Omar Alejandro Valladares Ortega, Jesús Eduardo Arellanes Valdivia, Yesica de la cruz Aguilar, José Aurelio Arcos Martínez, Tila del Jesús Martínez Rodríguez, Marisela Soriano Castillo, pues de la certificación de cuenta, se advierte que el secretario proyectista del juzgado realizó consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, de la que se desprende que los autorizados de la parte quejosa cuentan con cédula profesional de licenciado en derecho. En cambio, no ha lugar a tener autorizado con las amplias facultades del artículo 12 de la Ley de Amparo a David Díaz Sánchez, pues de la certificación de cuenta, se advierte que el secretario proyectista de juzgado realizó consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, de la que se desprende que encontró cuatro registros con ese nombre, sin que se proporcionara cédula profesional para corroborar si alguno de esos registros corresponde a David Díaz Sánchez. De igual forma, no ha lugar a tener autorizado con las amplias facultades del artículo 12 de la Ley de Amparo a Guadalupe Trinidad García Soriano, Amairani del Rosario Silva Mex, Daniela Nohemí Cruz Hernández, Indra Viridiana Gutiérrez Canepa, Emmanuel del Jesús López Pérez, Jazmín Flores Domínguez, Amelia Margarita Barrera Cauichs, Diana Guadalupe López Arias, Erika Cristel Cruz Hernández y José Guadalupe Zamudio Tejero, pues de la certificación de cuenta, se advierte que el fedatario judicial no encontró registro de cedula profesional de licenciado en derecho, a nombre de las personas referidas. Por tanto, a David Díaz Sánchez, Guadalupe Trinidad García Soriano, Amairani del Rosario Silva Mex, Daniela Nohemí Cruz Hernández, Indra Viridiana Gutiérrez Canepa, Emmanuel del Jesús López Pérez, Jazmín Flores Domínguez, Amelia Margarita Barrera Cauichs, Diana Guadalupe López Arias, Erika Cristel Cruz Hernández y José Guadalupe Zamudio Tejero, con fundamento en el artículo 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se le tiene por autorizado únicamente para oír notificaciones e imponerse de autos, quien no gozará de las demás facultades, previstas en el artículo 12 del mencionado ordenamiento legal. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada 2a. VIII/2020 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo V, página 4456, Décima Época, de la voz: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO. El artículo 12 de la Ley de Amparo establece la posibilidad de que el quejoso o el tercero interesado designen autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo, los que tratándose de las materias civil, mercantil, laboral (en el caso del patrón), administrativa y penal, deben acreditar encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Para lo cual, sólo se requiere que en el escrito en el que se otorga la autorización se señalen los datos con los que el autorizado acredite tal carácter. En ese tenor, si el agraviado designa autorizado delegándole las facultades que prevé la indicada disposición y éste no tiene reconocida personalidad ante la autoridad responsable (conforme a lo previsto en el artículo 11 de la ley de la materia) o ante el órgano jurisdiccional de amparo, pero señala el número de su cédula profesional, ello es suficiente para que se le tenga reconocido tal carácter ante este Alto Tribunal, pudiendo confirmar la información proporcionada mediante consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública." COMUNICACIONES NO PROCESALES. Con fundamento en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se tiene como forma especial y expedita de contacto para entablar "comunicaciones no procesales" con los autorizados la dirección de correo electrónico juiciosjuridicos@outlook.com y números de teléfono 981 175 4780, 938 146 1368, 99 93 45 5020 y 99 34 62 28 47. ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en los artículos 6, 9, 10, 14, 16 y 21 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza al promovente con el nombre de usuario "juiciosjuridicoscarmen", consultar el expediente electrónico formado con motivo del presente asunto. Por consiguiente, se instruye que sea ingresado el nombre de usuario "juiciosjuridicoscarmen" al módulo de autorizados del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para que el referido autorizado, tenga acceso al expediente electrónico y pueda consultarlo. AUTORIZACIÓN DE USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizado el uso de medios electrónicos para la obtención de las constancias que obren en este sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que, por su naturaleza, sean de carácter confidencial o reservada, debiéndose asentar la razón de recibo respectivo; en el entendido de que el uso de las mismas es responsabilidad de la parte que las obtenga. EXHORTO A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA". Con fundamento en el artículo 28, párrafo segundo, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021, 1/2022 y 7/2022, de dicho órgano colegiado, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, esto es, mediante el esquema de "juicio en línea". PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Notifíquese personalmente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, por lista a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables.
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