Antonio Hernandez Gauna
Expediente 1673/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 50 actuaciones registradas, la última del 28 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1673/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 50
- Última actuación
- 28/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Antonio Hernandez Gauna
Actuaciones
Las 4 más recientes de 50.
- Principal
MESA 3-A.- Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos oficio del secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 81/2021, orden 150/2021, del índice de este órgano jurisdiccional, que se envió para notificar a Antonio Hernández Gauna, el proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno. Hágase las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por otra parte, de la comunicación de cuenta se advierte que en el acto de la diligencia practicada por el actuario judicial adscrito al Juzgado señalado en párrafo que antecede, el quejoso Antonio Hernández Gauna, manifestó lo siguiente: Me doy por informado del proveído de fecha 18 de mayo del año en curso, asimismo, solicito copias simples de todo lo actuado dentro del juicio de amparo en cuestión. Ahora bien, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, expídase las copias solicitadas por el quejoso. EXHORTO Ahora bien, en consideración que el quejoso se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social Número Tres, residente en Cadereyta Jiménez, Nuevo León, con fundamento en el artículo 27 fracción II de la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, en Turno, residente en Monterrey, para que en auxilio de la justicia federal, ordene a quien corresponda notifique personalmente al quejoso Antonio Hernández Gauna, el presente proveído y le corra traslado con las documentales que se adjuntan en copias simples, en el lugar donde se encuentra recluido; hecho que sea, lo devuelva a la brevedad posible con las actuaciones practicadas al respecto. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilite a los actuarios judiciales adscritos a ese órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen la diligencia encomendada en forma personal, en horas y días inhábiles.
- Principal
MESA 3-A. Visto el estado procesal de los autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de quince días, que el artículo 202 de la Ley de Amparo, concede para interponer recurso de inconformidad, contra el auto de doce de abril de dos mil veintiuno, mediante el cual, se tuvo por cumplida la sentencia amparadora, sin que la parte interesada lo hubiese hecho valer; en consecuencia, se tiene por consentida dicha determinación. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se ordena: 1. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo disponen los artículos 9 y 27 del referido acuerdo general. 2. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se concedió el amparo, y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del citado numeral. EXHORTO Con fundamento en el artículo 27 fracción II de la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, EN TURNO, RESIDENTE EN MONTERREY, para que en auxilio de las labores de éste órgano jurisdiccional, ordene a quien corresponda notificar personalmente al quejoso Antonio Hernández Gauna, el contenido del presente proveído en el lugar de su reclusión, siendo este el Centro de Reinserción Social Número Tres, residente en Cadereyta Jiménez, Nuevo León. Con fundamento en el artículo 21 párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de lograr la notificación del referido quejoso. Hecho lo anterior, se sirva devolverlo a la brevedad a éste órgano de control constitucional.
- Principal
MESA 3-A. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio del Juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey Nuevo León, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 49/2021, orden 92/2021, del índice de este órgano jurisdiccional, que se envió para notificar a XXXXX, el proveído de doce de abril del año en curso.
- Principal
MESA 3-A. Agréguese a los presentes autos, el oficio del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 31/2021 orden 58/2021. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, este juzgado procede a pronunciarse sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de las autoridades responsables vinculadas para ello, con base en las constancias que obran en el sumario y de conformidad con lo establecido por el artículo 77 de la Ley de Amparo. De acuerdo con el artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución General de la República, la sentencia que conceda el amparo y protección de la Justicia Federal tendrá por objeto restituir a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exige. Para ello, primeramente es menester dejar sentado que derivado del recurso de revisión XXXXX interpuesto por el quejoso, mediante ejecutoria de doce de abril de dos mil dieciocho, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, determinó modificar la resolución recurrida y conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que las autoridades responsables, en esta ciudad, realizaran lo siguiente: "Dentro del ámbito de sus atribuciones, provean que de inmediato se le brinde la alimentación adecuada de acuerdo con los padecimientos que se le diagnosticaron al quejoso, e inmediatamente después, verificar el cumplimiento de esa circunstancia a fin de que aquel tenga una mejor calidad de vida. Concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados al Médico Penitenciario del Centro Federal de Readaptación Social Número 15 "CPS - CHIAPAS", con residencia en Villa comaltitlán, Chiapas; al no haber sido reclamados por vicios propios, sino en vía de consecuencia." En consecuencia, a través de proveído de veintisiete de abril de dos mil dieciocho (157-159), se requirió a las autoridades responsables su acatamiento, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo. Al efecto, mediante oficio de diecinueve de mayo de dos mil dieciocho, el Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 15 "CPS-CHIAPAS", con residencia en Villa Comaltitlán, Chiapas, informó respecto del cumplimiento dado al fallo protector dictado en el presente juicio de amparo y al efecto remitió copia certificada de las constancias relativas a dicho cumplimiento (foja 165). Con ese comunicado y anexos, en proveído de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho (fojas 179 y 180), se dio vista a las partes para que en el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surtiera efectos la notificación del mismo, manifestaran lo que a su interés legal conviniera. En ese contexto, el diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto (fojas 216-220). Sin embargo, a través de la diligencia de notificación de veinticinco de agosto de dos mil dieciocho, el quejoso interpuso recurso de inconformidad en contra del auto precisado en el párrafo que antecede (foja 223). De dicho recurso conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, residente en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, lo registró bajo el número 32/2018, y en sesión de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, lo declaró fundado, revocó el auto recurrido toda vez por considerar que la responsable no especificó si la comida y porción que le sirven como alimentos en el centro penitenciario, es la que el médico le recomendó para mitigar las afecciones que le aquejan, mucho menos que la porción fuera la suficiente. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 193 de la Ley de Amparo, ordenó a éste órgano jurisdiccional para que por única ocasión, requiriera nuevamente a la autoridad responsable dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente de que surta efectos su notificación, cumpla con el fallo protector teniendo en cuenta los defectos establecidos en esa ejecutoria, subsistiendo los apercibimientos contenidos en el proveído de veintisiete de abril de dos mil dieciocho. Atento a lo anterior, en auto de once de diciembre de dos mil dieciocho, se requirió a la autoridad responsable Director General y Titular del Área Médica, ambos del Centro Federal de Readaptación Social Número 15 "CPS-CHIAPAS", con residencia en Villa Comaltitlán, Chiapas, para que dentro del plazo de tres días contado a partir del día siguiente de su notificación, diera cumplimiento a la ejecutoria dictada en el recurso de inconformidad 32/2018, del índice de la superioridad (foja 260). Al efecto, en autos de cuatro, diecisiete y veintinueve de enero de dos mil diecinueve, se tuvo a las autoridades responsables en vías de cumplimiento respecto de los primeros dos autos, y dando vista con el cumplimiento respecto del último en mención, corriéndole traslado a la parte quejosa con las constancias que remitieron para acreditar el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo (fojas 273- 274, 286 -287 y 305-306) Por lo que, del análisis de dichas constancias, por auto de doce de febrero de dos mil diecinueve, se tuvo por no cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto, y se requirió nuevamente su cumplimiento, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo (fojas 308-312). En atención a ello, el Director General del citado centro penitenciario, mediante oficio SSPC/OADPRS/CGCF/CPF15/DG/006448/2019, de catorce de febrero de dos mil diecinueve (fojas 318-324), se pronunció respecto al cumplimiento, por lo que con las constancias remitidas por la citada autoridad para acreditar el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, en auto de dieciocho de febrero de dos mil diecinueve (foja 325-326), se dio vista a la parte quejosa corriéndole traslado con las mismas, para que manifestara lo que en su interés legal convenga. Así, en una nueva determinación de once de marzo de dos mil diecinueve, se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo (foja 328-331). En consecuencia, mediante constancia de notificación de doce siguiente, el quejoso nuevamente interpuso recurso de inconformidad en contra de la resolución precisada en el párrafo que antecede (foja 335), del cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, residente en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, lo registró con el número 12/2019, y el quince de abril de dos mil diecinueve (fojas 363-396), resolvió el citado recurso de inconformidad en el que determinó lo siguiente: "PRIMERO. Es fundado el recurso de inconformidad. SEGUNDO. Se revoca el auto recurrido y se ordena al Juez de Distrito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 193 de la Ley de Amparo, que por única ocasión, requiera nuevamente a la responsable para que dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente de que surta efectos su notificación, cumpla el fallo protector teniendo en cuenta los defectos establecidos en esta ejecutoria, subsistiendo los apercibimientos contenidos en el proveídos de veintiséis de abril de dos mil dieciocho, en términos de los establecido en el artículo 192 del ordenamiento legal invocado." Siendo los efectos de la misma, los que a continuación se transcriben: "(.) no obstante que la autoridad penitenciaria responsable patentizó la entrega adecuada de una dieta terapéutica, acorde con un padecimiento actual del quejoso (lo que podría evidenciar la protección al derecho a la salud de aquél), lo cierto es que ello no se ajusta a la base de la concesión del amparo, pues si bien un plan de tratamiento tiene un atemporalidad cuya vigencia depende del restablecimiento de la salud del paciente, lo cierto es que en el sumario no existe constancia alguna que revele que al quejoso Antonio Hernández Gauna ya no lo aqueja la citada enfermedad ácido péptica, y que por ello, ya no necesita el plan alimenticio relativo, el cual fue elemento fundamental para la concesión del amparo; lo que en cierta medida si justificaría que el derecho a la protección de la salud del impetrante quedaba protegido solamente atendiendo al malestar actual detectado en la persona del reo quejoso, cuya esencia se consigna en las documentales remitidas por la autoridad responsable, en cumplimiento al fallo protector. Por ello, el Juez de Distrito perdió de vista que tales documentales no son suficientes para evidenciar que al quejoso se le están proporcionando alimentos acorde a la dieta que se le prescribió, para mitigar el mencionado, padecimiento (enfermedad ácido péptica), tal como quedó estipulado en la ejecutoria de amparo, sino que con ellas se fundó la entrega de alimentos acordes a otro diagnóstico del quejoso, pero - se reitera sin que se hubiere demostrado que el impetrante ya no necesitara una dieta libre de pescados y mariscos para mitigar la citada enfermedad, que fue materia de la concesión del amparo." Atento a lo anterior, en auto de tres de mayo de dos mil diecinueve, se requirió a la autoridad responsable Director General y Titular del Área Médica, ambos del Centro Federal de Readaptación Social Número 15 "CPS-CHIAPAS", con residencia en Villa Comaltitlán, Chiapas, para que dentro del plazo de tres días contado a partir del día siguiente de su notificación, diera cumplimiento a la ejecutoria dictada en el recurso de inconformidad 12/2019, del índice de la superioridad (foja 397-399). En proveído de cuatro de julio de dos mil diecinueve (fojas 418-420), se tuvo al Director General del Centro Federal de Readaptación Social "CPS CHIAPAS", con residencia en Villacomaltitlán, informando que el quejoso Antonio Hernández Gauna, en tres de junio de dos mil diecinueve, egresó por traslado del citado centro penitenciario al Centro Estatal de Reinserción Social Topo Chico, con sede en Monterrey, Nuevo León, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el numeral 193 y 197 de la Ley de Amparo aplicable al presente asunto, se tuvo al Director del Centro Estatal de Reinserción Social Topo Chico, con sede en Monterrey, Nuevo León, como autoridad vinculada al cumplimiento de la ejecutoria dictada en el presente juicio y se le requirió para efecto de que: "Dentro del ámbito de sus atribuciones, de inmediato se le brindara la alimentación adecuada de acuerdo con los padecimientos que se le diagnosticaron e inmediatamente después, verificar el cumplimiento de esa circunstancia a fin de que aquel tenga una mejor calidad de vida." En atención a ello, el Alcaide del Centro Preventivo de Reinserción Social "Topo Chico", con sede en Monterrey, Nuevo León, remitió el oficio J/3770/2019 de ocho de agosto de dos mil diecinueve (foja 426), y constancias relativas para acreditar el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, mismas que se ordenó glosar a los autos en acuerdo de veintiséis de agosto siguiente (fojas 434-435). Con dichas documentales se dio vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surtiera efectos la notificación del citado proveído, manifestara lo que a su interés legal conviniera, la cual se solicitó practicar vía exhorto sin que realizara manifestación alguna (foja 462). Pese a ello en proveído de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, se consideró que la ejecutoria de amparo no se encontraba debidamente cumplida, toda vez que el Director del referido centro preventivo manifestó que el quejoso no presentaba ningún padecimiento que requiriera una dieta especial, por lo que, se requirió nuevamente el cumplimiento (fojas 466- 471). Toda vez que el impetrante fue trasladado a diverso centro de reinserción social, en auto de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve (fojas 492 y 493), se tuvo al alcaide del Centro de Reinserción Social Número 1, Residente en Apodaca, Nuevo León, informando que el quejoso Antonio Hernández Gauna, fue trasladado al diverso Centro de Reinserción Social de "Cadereyta", con sede Cadereyta Jiménez, Nuevo León, por lo que, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 197 de la Ley de Amparo aplicable al presente asunto, se tuvo al Director del Centro de Reinserción Social de "Cadereyta", con sede Cadereyta Jiménez, Nuevo León, como autoridad vinculada al cumplimiento de la ejecutoria dictada en el presente juicio y se requirió su cumplimiento. Dicha potestad rindió su informe respecto del cumplimiento dado a la sentencia amparadora de la siguiente manera: Mediante oficio SM/583/2019, de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, suscrito por la jefa del Departamento Medico del Centro de Reinserción Social de "Cadereyta", con sede Cadereyta Jiménez, Nuevo León (foja 486), anexó dictamen médico practicado al quejoso Antonio Hernández Gauna, (foja 487) de treinta de octubre de dos mil diecinueve, (foja 487), copia certificada de la solicitud de interconsulta y menú clínico de quejoso. Con esos documentos mediante auto de seis de noviembre de dos mil diecinueve(foja 492), se concedió vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surtiera efectos la notificación del proveído de referencia, para que realizara las manifestaciones pertinentes, sin que lo haya hecho en el acto de notificación (foja 574). Por auto de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, se tuvo por no cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto, y se requirió nuevamente su cumplimiento, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo (fojas 513-519). Consecuentemente, mediante oficio J/9878/L/2019, de seis de diciembre de dos mil diecinueve, la Encargada del Despacho de la Alcaldía del Centro de Reinserción Social Número 3, con sede en Cadereyta Jiménez, del Estado de Nuevo León, se pronunció respecto al cumplimiento, por lo que con las constancias remitidas por la citada autoridad para acreditar el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, en auto de diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, se dio vista a la parte quejosa corriéndole traslado con las mismas, para que manifestara lo que en su interés legal convenga. Por lo que, en acuerdo de ocho de marzo de dos mil veinte, se requirió al Director del Centro de Reinserción Social Número Tres, residente en Cadereyta Jiménez, Nuevo León, para que informara los resultados de la interconsulta proporcionada por el quejoso XXXXX, programada para el seis de enero de dicha anualidad. Mediante oficio J/10767/A/2020, de quince de enero de dos mil veinte, suscrito por el Encargado del Despacho de la Alcaldía del Centro de Reinserción Social Número 3, con sede en Cadereyta Jiménez, del Estado de Nuevo León, anexó el diverso oficio SM/24/2019, firmado por la Jefa de del Departamento Médico del referido Centro Penitenciario, y el pase de valoración hospitalaria con número de folio 19953, de dichas documentales el médico especialista sugirió integrar al quejoso a protocolo de estudio para gastropatía, por referir dolor retro esternal agravado con el consumo de alimentos y tabaco, así como meteorismo. Asimismo, solicitó estudios de laboratorio que constan de BH, QS, EGO y prueba de ureas en aliento, para próxima cita prescribiéndole un plan de tratamiento consistente en omeprazol veinte miligramos, una cada veinticuatro horas en ayuno por treinta días y metoclopramida de diez miligramos, una cada ocho horas por treinta días, por lo que en veintitrés de enero del año próximo pasado, se solicitó a la autoridad señala en el párrafo que antecede para que remitiera copia certificada de las documentales que acrediten la entrega de los medicamentos prescritos al quejoso, así como los resultados de los estudios de laboratorio indicados por el médico especialista. Mediante el cual en atención al requerimiento formulado en proveído de veintitrés de enero de dos mil veinte, el Alcaide del Centro de Reinserción Social Número Tres, residente en Cadereyta Jiménez, Nuevo León, remitió copias certificadas de las constancias médicas que acreditan las gestiones realizada a fin de dar cumplimiento a la sentencia. El cinco de marzo de dos mil veinte, se tuvo por recibido el oficio J/11837/B/2020, firmado por el Alcaide del Centro Penitenciario, con el que remitió copias certificadas de las constancias realizadas a fin de dar cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, de dichos anexos se advirtió que no se realizaron los estudios de laboratorio y prueba de ureasa en aliento, indicados al quejoso, por el médico familiar en el pase de valoración hospitalaria 19953, de diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve. En proveídos de veinticinco de septiembre, veintiséis de noviembre del año próximo pasado y uno de marzo del año en curso, se requirió el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Por acuerdo de once de marzo del presente año, se agregó a los autos el oficio del Titular del Centro de Reinserción Social Número Tres Oriente, residente en Cadereyta Jiménez, Nuevo León, mediante el cual se pronunció respecto al cumplimiento, por lo que con las constancias remitidas por la citada autoridad para acreditar el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, se dio vista a la parte quejosa corriéndole traslado con las mismas, para que manifestara lo que en su interés legal convenga. Bajo esas consideraciones, procede que el suscrito juzgador federal realice el pronunciamiento relativo, a fin de determinar si se encuentra cumplido o no el fallo protector. Ahora bien, del análisis de las constancias remitidas por la autoridad responsable las cuales están provistas de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los dispositivos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa en su ordinal 2, se obtiene que el fallo amparatorio se encuentra debidamente cumplido. Lo anterior es así, toda vez que de las documentales que remitió el Titular del Centro de Reinserción Social Número Tres Oriente, residente en Cadereyta Jiménez, Nuevo León, se advierte que el quejoso Antonio Hernández Gauna, manifestó que se encuentra estable, sin complicaciones consciente y que ya no es su deseo acudir al hospital, por sentirse bien y por temor a infectarse de covid-19, asimismo, se le extendió la receta por omeprazol y cisapida para la acidez gástrica. Por lo tanto, es evidente que la autoridad responsable ha cumplido con el fallo protector; en consecuencia, se declara cumplida la sentencia pronunciada en el juicio constitucional en que se actúa, conforme a los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, ello es así, pues se le extendió la receta por omeprazol y cisapida para la acidez gástrica, máxime que mediante escrito de ocho de marzo de dos mil veintiuno, el quejoso solicitó que se tuviera por cumplida la ejecutoria de amparo. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registrada bajo el número 197252, de la Novena Época, Materias(s): Común, Tesis: 1a./J. 44/97, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VI, Diciembre de 1997, página 286, Tipo: Jurisprudencia. "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA CUANDO EXISTE ESCRITO DE LA QUEJOSA, DEBIDAMENTE RATIFICADO, POR EL QUE MANIFIESTA SU CONFORMIDAD CON EL CUMPLIMIENTO DADO POR LAS RESPONSABLES A LA EJECUTORIA DE AMPARO. Si la quejosa manifiesta ante el Juez de Distrito su conformidad con el cumplimiento dado por las responsables a la ejecutoria que le concede el amparo, mediante escrito debidamente ratificado, y el Juez remite esos elementos a la Suprema Corte de Justicia para su conocimiento, es evidente que ya no subsiste la manifestación inicial de dicho Juez, en el sentido de que el fallo no se había acatado, y en esas circunstancias el incidente respectivo debe declararse sin materia. Incidente de inejecución 4/48. José de Loera, representante del menor Alfredo de Loera Medina. 18 de septiembre de 1989. Cinco votos. Ponente: Jorge Carpizo Mac Gregor. Secretaria: Alma Leal Treviño. Incidente de inejecución 153/95. Restaurantes la Zarzuela, S.A. de C.V. 26 de enero de 1996. Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Antonio Espinosa Rangel. Incidente de inejecución 141/95. Hotel Condesa del Mar, S.A. de C.V. 18 de septiembre de 1996. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva Meza, previo aviso a la Presidencia. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Incidente de inejecución 171/95. Arturo Arellano Cervantes. 18 de septiembre de 1996. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva Meza, previo aviso a la Presidencia. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Incidente de inejecución 28/97. Inversiones Raf, S.A. 1o. de octubre de 1997. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Miguel A. Cruz Hernández. Tesis de jurisprudencia 44/97. Aprobada por la Primera Sala de este alto Tribunal, en sesión de cinco de noviembre de mil novecientos noventa y siete, por unanimidad de cuatro votos de los Ministros presidente Juventino V. Castro y Castro, Humberto Román Palacios, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo, previo aviso a la Presidencia." De igual manera, Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 414, tomo IV, octubre 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Con fundamento en el artículo 202 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa por el término de quince días, para que manifieste lo que a su derecho convenga y hecho lo anterior se acordará lo procedente. EXHORTO En esa tesitura, con fundamento en el artículo 27 fracción II de la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, EN TURNO, RESIDENTE EN MONTERREY, para que en auxilio de las labores de éste órgano jurisdiccional, ordene a quien corresponda notificar personalmente al quejoso XXXXX, el contenido del presente proveído en el lugar de su reclusión, siendo este el Centro de Reinserción Social Número Tres, residente en Cadereyta Jiménez, Nuevo León. Con fundamento en el artículo 21 párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de lograr la notificación del referido quejoso. Hecho lo anterior, se sirva devolverlo a la brevedad a éste órgano de control constitucional. Hágase lo anterior del conocimiento de las autoridades responsables, previas las anotaciones correspondiente en el libro de gobierno respectivo.
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