Antonio Hernandez Covarrubias
Expediente 388/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz. 21 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 388/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 19/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Antonio Hernandez Covarrubias
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, diecinueve de junio de dos mil veintitrés. Del estado procesal que guardan los presentes autos y del contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la parte quejosa le ha trascurrido el término de diez días previsto en el artículo 86, en relación con el diverso 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio ha causado estado. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. Por otra parte, de conformidad con el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto se clasifica como destruible, pues se sobreseyó fuera de audiencia. Asimismo, como lo dispone el primer párrafo del numeral en cita, una vez que transcurran tres años, procédase a su destrucción, hecho lo cual deberá remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Como lo dispone el artículo 34 del citado acuerdo, hágase constar la valoración asignada en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Otras consideraciones. Sin que en el caso, alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal, algún documento que prevé el numeral 20, párrafo segundo, del citado acuerdo general, que por sus características amerite ser devuelto.
- Principal
acusa recibo del oficio 7451/2023, con el que se le notificó el auto de nueve de mayo del año en curso; sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento toda vez que por auto de veintinueve de mayo del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo.
- Principal
Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, veintinueve de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, el oficio (con anexo) de cuenta, a través del cual la autoridad oficiante remite diversas documentales en copia certificada, en cumplimiento al requerimiento de nueve de mayo de dos mil veintitrés. Con respecto a las documentales ofrecidas, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se admiten y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. En tal virtud, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, el juzgador de amparo tiene la obligación de analizar en todo momento, las constancias que obran en el presente expediente y, analizar de manera preferente las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 814, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 553, Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte TCC, Octava Época, con registro 394770, de rubro y texto siguientes: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. En ese tenor, es dable precisar que del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado por ********************, por propio derecho, se hace consistir en: La medida de protección decretada en la carpeta de investigación ******************** del índice de la Fiscal Primera Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas de la Unidad de Procuración de Justicia de Ozuluama, Veracruz, consistente en la separación del domicilio. En tales condiciones, toda vez que de la documental recibida se advierte una causa de improcedencia, con fundamento en lo dispuesto en artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al análisis de la prevista en el diverso 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, esto, debido a que el juzgador de amparo tiene la obligación de analizar en todo momento, las constancias que obran en el presente expediente; y estudiar de manera preferente las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. El artículo 63 de la Ley de Amparo determina que debe sobreseerse en el juicio cuando se actualice alguna de las causales previstas en el diverso 61, entre ellas, según lo prevé la fracción XXI, la cesación de efectos. Ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que esta causa de improcedencia se actualiza -en términos generales- cuando resultaría ocioso analizar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá en el futuro, por lo que su estudio no conllevaría a ningún fin práctico al no poder reparar en un beneficio para el quejoso. La improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional; es decir, la restitución al agraviado en el goce del derecho humano violado: restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y constriñendo a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que era constitucionalmente exigible cuando el acto es de carácter negativo. Causal que, trasladada a los casos en que el acto reclamado consista en una omisión; es decir, un acto de carácter negativo, éste deja de tener cualquier tipo de efecto o consecuencia cuando la autoridad responsable realiza el acto omisivo que se le reclama, pues con ello se agota la materia del juicio. Es decir, cesan los efectos del acto omisivo, y por tanto procede el sobreseimiento en el juicio. A mayor abundamiento, la causa de improcedencia en estudio tiene su justificación en el contenido del artículo 77, fracción II de la Ley de Amparo, cuya finalidad de la concesión del amparo es respetar el derecho vulnerado a la parte quejosa y velar por su pleno cumplimiento, por tener -el acto reclamado- naturaleza omisiva. La razón que justifica la improcedencia invocada, como se dijo, sería ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá. En ese sentido, resulta necesario distinguir la naturaleza de los actos reclamados en dos hipótesis: 1. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se ordenará restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y 2. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad oficiante y por la autoridad responsable Fiscal Primera Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas en la Unidad de Procuración de Justicia del Distrito II Judicial de Ozuluama, Veracruz, como complemento a su informe justificado se desprende que dentro de la capeta de investigación ********************, del índice de la Fiscalía responsable, el veinticinco de junio de dos mil veintidós, se dictó como medida de protección la consistente en vigilancia en el domicilio de la víctima de identidad resguardada con iniciales ********************, el auxilio inmediato por parte de las autoridades policiales, a efecto de que en cualquier llamada de auxilio acudieran inmediatamente al lugar que se encuentre la referida víctima, así como realizar rondines en el domicilio de la misma, con una duración de sesenta días naturales a partir de la fecha que fueron decretadas, las cuales vencieron el veintitrés de agosto de ese año, sin que se advierta de constancia alguna que la medida decretada se haya prorrogado. Corrobora lo anterior la jurisprudencia número 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos diez del tomo VII, febrero de mil novecientos noventa y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 196820 cuyo rubro es: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. En consecuencia, lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio, en términos de lo previsto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal.[..]
- Principal
Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, veintiséis de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese únicamente para que obre como corresponda el oficio signado por la Fiscal Primera Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niños, Niñas y Trata de Personas de la Unidad de Procuración de Justicia del II Distrito Judicial en Ozuluama, Veracruz, toda vez que en proveído de nueve de mayo de dos mil veintitrés, se tuvo por recibida similar información y se acordó lo conducente.
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