Antonio Gutiérrez Rodríguez
Expediente 441/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 11 actuaciones registradas, la última del 25 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 441/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 25/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Antonio Gutiérrez Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa haya recurrido la sentencia dictada con fecha seis de agosto del año en curso, por la que se sobreseyó en el juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, para los efectos legales correspondientes se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina la valoración respectiva en términos del artículo 21, inciso a) (juicios de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; b) Es susceptible de destrucción; c) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los treinta días siguientes se deberá destruir este expediente; y d) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. Finalmente, devuélvase a la responsable delegada de Programas para el Desarrollo en el Estado de Oaxaca de la Secretaría de Bienestar, con sede en San Agustín Yatareni, Oaxaca, el tomo de pruebas formado con copias certificadas deducidas del expediente administrativo a nombre del quejoso, el cual remitió como justificación a su informe, y que en auto de trece de julio del año en curso, se ordenó manejar como tomo anexo al presente asunto. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado de los autos advierte, con esta fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo al que pertenece este incidente de suspensión; en consecuencia, al advertirse que se negó a la parte quejosa la medida cautelar solicitada, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente, archívese el presente asunto como concluido. De igual forma, con apoyo en el artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina su valoración respectiva en términos del artículo 21, inciso c) (incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado. b) Procédase a la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria (artículo 20, fracción II, inciso a). c) En cuanto al original de este incidente, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los treinta días siguientes deberá procederse a su destrucción; y d) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 441/2020; R E S U L T A N D O : PRIMERO. ANTONIO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, por su propio derecho, mediante escrito presentado el dieciocho de agosto de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, y que por razón de turno correspondió conocer a este Tribunal, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados a la Delegada de Bienestar en el Estado de Oaxaca de la Secretaría de Bienestar del Poder Ejecutivo Federal, consistentes en lo siguiente: "ACTO RECLAMADO. La orden de que se me diera de baja para prestar mis servicios profesionales por honorarios: Nivel 01 Promotor UVA, Programa: Pensión para el Bienestar de las personas adultas mayores; cuya unidad responsable es: 140. Delegación Oaxaca, cuya titular es la C. Nancy Cecilia Ortiz Cabrera, y en consecuencia se me dejara de pagar mis honorarios de los meses de julio, agosto, septiembre, octubre y el tiempo que dure la contingencia sanitaria con motivo de la pandemia provocada por el virus SARS-CoV2 que provoca la enfermedad infecciosa Covid-19. El acto de discriminación que se hace a mi persona por ser una persona indígena y un adulto mayor de 66 años de edad, y como consecuencia se me da de baja para prestar mis servicios profesionales por honorarios; Nivel 01 Promotor UVA, Programa: Pensión para el Bienestar de las personas adultas mayores, cuya unidad responsable es: 140. Delegación Oaxaca." Los cuales estima violatorios de sus derechos humanos contenidos en los artículos 1º, 2º, 5º, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. En proveído de veinte de agosto de dos mil veinte, este Tribunal desechó la demanda de amparo (fojas 11 - 17). Inconforme con lo anterior, el quejoso interpuso recurso de queja, que fue resuelto por los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo, mediante resolución dictada el ocho de abril de dos mil veintiuno, en el recurso de queja número 126/2020, quienes declararon fundado el mismo, ordenaron dejar sin efecto el auto recurrido, y proveer lo conducente en relación con la admisión de la demanda de amparo respecto de los actos reclamados (fojas 42 - 55). TERCERO. Con motivo de lo anterior, en proveído de doce de mayo del año en curso, este órgano jurisdiccional admitió la demanda de mérito, solicitó informe justificado a la autoridad responsable, dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, y citó a las partes para la celebración de la audiencia constitucional (fojas 56 - 58). CUARTO. Por acuerdo de ocho de junio del año que transcurre (fojas 75 - 76), en términos del oficio SEPLE./CJD./002/1946/2021, de dos de junio de dos mil veintiuno, del secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se informó a las partes que a partir del dieciséis de junio de citado año, la licenciada Elia Irma Hernández Antonio, secretaria de juzgado, desempeña las funciones de jueza de Distrito de este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con motivo de la licencia prejubilatoria y retiro voluntario, del licenciado Amado Chiñas Fuentes, quien fungió como titular de este órgano jurisdiccional; lo anterior para los efectos a que se refieren los artículos 51 y 52 de la Ley de Amparo, y la audiencia constitucional se celebró al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 6º, 37, 107 y 108, de la Ley de Amparo en vigor; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; así como el Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de residencia y domicilio, de los Juzgados de Distrito Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Octavo; de los Tribunales Colegiados en Materias Civil y Administrativa, en Materias Penal y Administrativa, y en Materias de Trabajo y Administrativa; y de los Tribunales Unitarios Primero y Segundo, todos en el Estado de Oaxaca, así como de las oficinas de correspondencia común que les prestan servicio. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como, a la apreciación de las pruebas para tenerlos o no por demostrados. Lo anterior, con apoyo en el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada número VI/2004, aprobada en sesión privada de veinticinco de marzo del dos mil cuatro, del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Así, del análisis integral del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa reclama de la Delegada de Programas para el Desarrollo en el Estado de Oaxaca, lo siguiente: La orden para que se le diera de baja como prestador de servicios profesionales por honorarios, en la Delegación de Programas para el Desarrollo en el Estado de Oaxaca, nivel 01, promotor UVA, del programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, unidad responsable 140. La falta de pago de sus honorarios. El acto de discriminación por ser una persona indígena y adulta mayor, y como consecuencia su baja como prestador de servicios profesionales por honorarios. TERCERO. El Subdelegado de Desarrollo Social y Humano de la Delegación de Programas para el Desarrollo en el Estado de Oaxaca, en ausencia de la Delgada de Programas para el Desarrollo en el Estado de Oaxaca, al rendir su informe justificado, negó la existencia de los actos reclamados; sin embargo, su negativa se desvirtúa, y se estiman ciertos, pues del referido informe se advierte que el quejoso prestó sus servicios a esa Delegación, conforme a los contratos de prestación de servicios profesionales por honorarios que celebraron, por lo que una vez satisfechos la temporalidad y el objeto del contrato, a partir del mes de julio de dos mil veinte, se dio por terminado el acuerdo de voluntades, y se suspendió el pago de sus honorarios. De ahí la existencia de los actos reclamados. CUARTO. Previo al estudio del fondo del asunto, deben de examinarse las causas de improcedencia que las partes hagan valer o este Tribunal advierta, dado que su estudio es preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo; y con apoyo además, en la jurisprudencia número 158, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja doscientos sesenta y dos, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1985, bajo el rubro y texto: "IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el caso, este resolutor, estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5 fracción II, del mismo ordenamiento, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [...] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Los artículos transcritos revelan que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no provienen de autoridad, verbigracia las relaciones de coordinación que son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que, para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; de este tipo de relaciones, las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Al respecto, se invoca la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, con número de registro 161133, que aparece publicada en la página 1089 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es el siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Luego, los parámetros que deben satisfacerse para considerar que un acto emana de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, son: La existencia de un órgano del Estado que establece una relación de supra a subordinación con un particular; Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al órgano del Estado de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad; Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular; y, Que para emitir esos actos no requiere de acudir a órganos judiciales ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Lo anterior encuentra consonancia con el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, donde se establece que autoridad es la que la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omite el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En el caso, el quejoso reclama la orden para que se le diera de baja como prestador de servicios profesionales por honorarios, en la Delegación de Programas para el Desarrollo en el Estado de Oaxaca, nivel 01, promotor UVA, programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, unidad responsable 140, la falta de pago de sus honorarios, y el acto de discriminación por ser una persona indígena y adulta mayor, que ocasionó su baja como prestador de servicios profesionales por honorarios. De lo expuesto en la demanda de amparo, así como de las documentales que obran en autos, se advierte lo siguiente: 1. El quejoso Antonio Gutiérrez Rodríguez (prestador de los servicios), y el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Bienestar, representada por la Delegada Estatal de Programas para el Desarrollo en el Estado de Oaxaca, celebraron diversos contratos de prestación de servicios profesionales por honorarios, correspondientes a los meses de agosto a diciembre de dos mil diecinueve, así como enero y febrero de dos mil veinte, en términos de lo dispuesto por los artículos 2606 al 2615 del Código Civil Federal, y 69 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 2. Una vez satisfechos la temporalidad y el objeto del contrato, a partir del mes de julio de dos mil veinte, se dio por terminado el acuerdo de voluntades, y se suspendió el pago de sus honorarios. De lo que se sigue, los actos reclamados en la demanda, no pueden ser examinados mediante un juicio de amparo, pues al derivar de un contrato de prestación de servicios profesionales por honorarios, no revisten las características de actos de autoridad, por cuanto a que tales son realizados dentro de un marco contractual creado por las partes. En efecto, los actos reclamados derivan de una relación de coordinación, y no de supra-subordinación, por lo que se debe someter la contienda al escrutinio de las autoridades ordinarias, para que decidan de conformidad con las leyes que rigen el contrato de prestación de servicios profesionales por honorarios. En este contexto, es claro que el quejoso reclama actos que no provienen de autoridad para efectos del juicio de amparo y que tampoco se puede considerar acto de un particular que se conduce como autoridad o equivalente a los de autoridad, pues la Secretaría de Bienestar, representada por la Delegada Estatal de Programas para el Desarrollo en el Estado de Oaxaca, señalada como responsable, no ejerció facultades de imperio, sino que su actuación deriva de una relación contractual. En ese sentido, al actualizarse la mencionada causa de improcedencia, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 76, 77, 78 y 124 de la Ley de Amparo en vigor, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo número 441/2020, promovido por Antonio Gutiérrez Rodríguez, en términos de la presente resolución. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado de los autos, toda vez que en auto de trece de julio de dos mil veintiuno, se tuvo a la responsable delegada de Programas para el Desarrollo en el Estado de Oaxaca de la Secretaría de Bienestar, con sede en San Agustín Yatareni, Oaxaca, remitiendo las constancias solicitadas en auto de veintinueve de junio del año en curso, por tanto con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con las citadas documentales dese vista a las partes por el plazo de ocho días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para esta fecha se difiere, y se señalan las ONCE HORAS DEL SEIS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su verificativo. Finalmente, incorpórese a los autos el escrito signado por el quejoso Antonio Gutiérrez Rodríguez, visto su contenido, con fundamento en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expídanse las copias simples que solicita, teniendo por autorizadas para recibirlas a las personas que indica. NOTIFÍQUESE.
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