Antonio Guillermo Basich Leija y Otros.

Expediente 681/2015 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 1 actuación registrada, la última del 19 de noviembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
681/2015
Año
2015
Actuaciones
1
Última actuación
19/11/2015

Partes del expediente

  • Antonio Guillermo Basich Leija y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la demanda de amparo que presenta KORA EVANGELINA BASICH PERALTA, en su carácter de albacea a bienes de ANTONIO GUILLERMO BASICH LEIJA, calidad que acredita con la copia certificada del auto de diecisiete de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, relativo al juicio sucesorio intestamentario a bienes 317/1996, del índice del Juzgado Tercero de lo Civil, con residencia en esta ciudad, contra actos de la autoridad responsable DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO SCT EN BAJA CALIFORNIA, con residencia en esta ciudad; por lo tanto, fórmese el expediente respectivo, previo su registro en el libro de Gobierno bajo el número de orden 681/2015. Ahora, previo a proveer lo conducente respecto a la admisión de la demanda de amparo promovida por KORA EVANGELINA BASICH PERALTA, en su carácter de albacea a bienes de ANTONIO GUILLERMO BASICH LEIJA, es oportuno verificar la competencia objetiva del órgano jurisdiccional que conoce del juicio de amparo, en tanto ello constituye un presupuesto procesal de orden público. Apoya lo anterior la Jurisprudencia I.2o.P. J/40, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y seis de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número cincuenta y seis, Agosto de mil novecientos noventa y dos, Materia Penal, Octava Época, cuyo contenido y rubro es el siguiente: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo". En ese tenor, del análisis de la demanda de amparo esta autoridad concluye que carece de competencia legal para conocer del presente asunto por razón de jurisdicción territorial. A fin de sustentar esa determinación, resulta oportuno transcribir el artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "ARTÍCULO 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". El citado precepto legal, prevé tres reglas para fijar la competencia de los jueces de distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, que son las siguientes: 1) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. 2) Si el acto de reclamo puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, 3) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De la lectura de tales hipótesis, se obtiene que la competencia territorial de los jueces de distrito depende directamente de la ejecución de los actos de reclamo. Así, tendría competencia para conocer de un juicio de amparo, aquél que resida en el lugar en que trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto de reclamo, mientras que si éste carece de ejecución, se estará en presencia de la última regla. Lo anterior, encuentra sustento en la tesis aislada sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1265 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XX, Quinta Época, Materia común, cuyo rubro y texto literalmente se señalan: "COMPETENCIA EN AMPARO. De acuerdo con la fracción IX del artículo 107 constitucional, es competente para conocer del amparo, el Juez de Distrito de la jurisdicción donde actúa la autoridad que ejecuta el acto que se reclama, sin que deba tomarse en cuenta el lugar de la ubicación de la cosa sobre la cual deba recaer la acción de la autoridad ejecutora, porque el acto declarativo que da lugar a la ejecución, es distinto de las consecuencias mediatas que puedan producirse". Ahora, conviene establecer que la parte quejosa señala como acto de reclamo lo siguiente: De la anterior trascripción, se advierte, en los sustancial, que la quejosa reclama la omisión o falta de acción en cumplir la responsable con la obligación de pagar el importe de la indemnización, con motivo de la expropiación de 90,012.868 metros cuadrados de terreno, propiedad que aduce la impetrante de la sucesión que representa, ubicados entre los kilómetros 62+814.06 al 64+370.70 de la Carretera Cuota Mexicali- Tijuana, Tramo Rumorosa, Tecate, entronque la Rumorosa I. En este orden de ideas, se colige que en el caso a estudio cobra aplicación la regla estatuida en el primer párrafo del referido artículo 37 de la Ley de Amparo, en cuanto indica que será competente para conocer del juicio de amparo, el Juez de Distrito en cuya jurisdicción trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto de reclamo; toda vez que al derivar dicho acto de una expropiación de un predio ubicado en la Rumorosa I, Municipio de Tecate, del cual reclama en el presente juicio la falta de pago o de indemnización con motivo de dicha expropiación, en caso de ser favorable su pretensión, en términos del artículo 27 Constitucional y de lo Previsto en la Ley de Expropiación, se debe o se debió fijar como indemnización a la cosa expropiada, la cantidad basada como valor fiscal el que figure en las oficinas catastrales o recaudadoras -cuya inscripción del bien, se advierte se encuentra inscrito ante la Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Tecate, Baja California- ya sea que este valor haya sido manifestado por el propitario o simplemente aceptado por él de un modo tácito por haber pagado sus contribuciones con esta base. De igual forma. se señala que el exceso de valor o el demérito que haya tenido la propiedad particular por las mejoras o deterioros ocurridos con posterioridad a la fecha de la asignación del valor fiscal, será lo único que deberá quedar sujeto a juicio pericial y a resolución judicial. Que esto mismo se observará cuando se trate de objetos cuyo valor no esté fijado en las oficinas rentísticas. De lo que se colige, que para el pago que aquí reclama, la Ley tiene contemplado un procedimiento, tal como se desprende del citado numeral y de lo previsto en la Ley de Expropiación, que deberá ventilarse ante las autoridades que ejerzan jurisdicción en el Municipio donde se ubique el bien, en este caso, la Rumorosa, perteneciente a Tecate, Jurisdicción de Tijuana, Baja California. Por tanto, dado que se reclaman actos omisivos de naturaleza administrativa al Director General del Centro de la Secretaría de Comunicación y Transporte del Estado de Baja California, como órgano auxiliar del Poder Ejecutivo Federal que emitió el decreto expropiatorio, de quien, en específico se reclama la falta de cumplimiento de pago o indemnización respecto de un inmueble que se aduce es propiedad del de cujus, representado por el Albacea de la sucesión, cuyos actos reclamados aun cuando son de carácter negativo, dado que implica una omisión, tiene efectos positivos, pues en caso de obtener un fallo favorable, el efecto será el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trata y a cumplir, lo que la ley le exija, cuya ejecución tendrá verificativo en la Rumorosa I, Municipio de Tecate, con motivo de la expropiación, se continuará ejecutando en dicha ciudad, en caso de que se ordene el pago o indemnización de dicha expropiación como quedó asentado en el párrafo que precede. En consecuencia, se declina la competencia legal a favor del Juez de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales, en Turno, con sede en Tijuana, Baja California, en los términos del numeral antes citada y de conformidad al Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Bajo esa tesitura, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la ley de la materia, remítase los autos originales del presente juicio, al Juez de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales, en Turno, con sede en Tijuana, Baja California, previo cuaderno de antecedentes que se forme, a efecto de que decida si acepta o no el conocimiento del asunto; solicítese que, de no tener inconveniente alguno, una vez que se pronuncie respecto a la competencia que se declina a su favor, lo haga del conocimiento de esta autoridad, para los efectos legales procedentes. Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo vigente, SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES, para que en su caso, EL ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO, realice las notificaciones derivadas. Se autoriza a los Secretarios del juzgado a firmar los oficios que se giren en este juicio de amparo. Y en virtud de que el promovente señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Calafia 631-3 Altos, arriba de farmacia Los Pinos, del Centro Cívico de esta ciudad; notifíquesele el presente proveído en el domicilio antes indicado para su conocimiento y efectos legales correspondientes.

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