Antonio Guerrero Solis
Expediente 455/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 455/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Antonio Guerrero Solis
Actuaciones
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de octubre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta, se desprende que en términos de los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, primer párrafo, de la Ley de Amparo, ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído de seis de septiembre de dos mil veinte, a través del cual se desechó su demanda de amparo, sin que se haya presentado promoción al respecto; por tanto, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro respectivo, y en su oportunidad archívese este expediente como asunto concluido. Luego, atento a la certificación de cuenta, el presente expediente es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Tal como se estableció en la cuenta, quien resuelve califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, en funciones de Juez de Distrito, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintiséis de octubre de dos mil veinte, con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
VISTA LA RAZÓN ACTUARIAL, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, POR MEDIO DE LISTA, LOS PROVEÍDOS DE DOS DE OCTUBRE Y VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, QUE A LA LETRA DICEN: Ciudad Juárez, Chihuahua; dos de octubre de dos mil veinte. Vista la constancia de notificación levantada por la Actuaria Judicial adscrita, de la cual se advierte su imposibilidad para notificar a la parte quejosa el proveído de veintiuno de los actuales, por los motivos ahí expuestos; por tanto, con apoyo en el artículo 26, fracción I, inciso k), de la Ley de Amparo, se ordena se practique la notificación del presente proveído y el de veintiuno del mes y año en curso, de forma personal en el domicilio señalado en autos para tal efecto, para los fines legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma el licenciado **, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **. Doy fe. Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiuno de septiembre de dos mil veinte. Registro de la demanda de amparo Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por *******, en la que solicita el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Congreso del Estado de Chihuahua y otras autoridades. Consecuentemente, fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado, la cual quedó registrada bajo el consecutivo 455/2020-II. Demanda de amparo improcedente por actos consentidos Para estar en condiciones de proveer respecto a la admisión o no de la demanda de mérito, se debe considerar que el normativo 113 de la Ley de Amparo, estatuye: 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda; y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. Esencialmente, la tesis en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En la especie, del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa narró lo siguiente en el capítulo de acto reclamado: Del H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA reclamo: La totalidad de la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, por ser de carácter privativa y retroactiva, al regular aspectos de concesiones otorgadas con anterioridad a su entrada en vigor en perjuicio de los concesionarios del transporte OMITIENDO un régimen transitorio de aplicación de la Ley Abrogada, conforme a lo señalado en el decreto LXVl/EXLEY/0708/2020 II P.O el cual se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua número 24 el 21 de marzo de 2020. Artículo Quinto Transitorio de la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua aprobada mediante el decreto LXVl/EXLEY/0708/2020 P.O el cual se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua número 24 el 21 de marzo de 2020 DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, reclamo lo siguiente:La PROMULGACION del Decreto LXVl/EXLEY/0708/2020 II P.O el cual se en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua número 24 el 21 de marzo de 2020, relativo Ley de Transporte del Estado de Chihuahua y su aplicación. DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO Se reclama la inconstitucionalidad de las disposiciones legales aludidas en el proemio de esta demanda, en cuanto hace al refrendo y firma de la Ley de transporte, respecto, de los preceptos reclamado. DEL DIRECTOR DEL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. Se reclama las publicaciones en el medio de difusión oficial. Atento a lo anterior, se advierte que, en el asunto en estudio, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la ley de la materia, en relación con los numerales 17, fracción I, y 18 del mismo ordenamiento legal, que disponen lo siguiente: 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I.Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. En relación con el tema de los plazos para promover la demanda de garantías, existe jurisprudencia la cual no contraviene lo dispuesto en la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, y conforme a lo dispuesto en su artículo sexto transitorio, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar (Número P./J. 115/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, del tomo XXXIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, enero 2011, novena época, materia común; con número de registro 163172). Los artículos y jurisprudencia transcritos revelan que el juicio de amparo es improcedente, cuando no se promueva dentro del término de quince días (regla general) o en el plazo de treinta días (regla especial). En el primer caso, el plazo de quince días debe computarse a partir del día siguiente: 1) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; 2) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución; y, 3) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. En cambio, tratándose del juicio de amparo contra normas autoaplicativas, el legislador federal estableció que la demanda deberá promoverse dentro del plazo de treinta días, contado a partir de las cero horas del día en que entre en vigor la disposición reclamada. Ahora, cuando se reclame una norma general con motivo del primer acto de aplicación, ello deberá ocurrir dentro del plazo de quince días, a partir de que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo en que se le haya individualizado, o al en que haya tenido conocimiento de ellos o se ostente sabedor. En ese aspecto, es importante destacar que la diferencia que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, de las leyes o disposiciones generales desde el punto de vista de sus efectos, de individualización condicionada o incondicionada, en leyes heteroaplicativas y autoaplicativas, explica el momento en que cada una de ellas causa un perjuicio a su destinatario y, por consiguiente, determina el momento oportuno para promover el juicio de control constitucional. En este orden de ideas, son autoaplicativas las disposiciones que por su sola entrada en vigor causan un perjuicio a la esfera jurídica de derechos del gobernado; por otro lado, son heteroaplicativas las normas que para actualizar el perjuicio requieren de un acto posterior de aplicación. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada. Así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada; pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento. La distinción apuntada se explica jurisprudencialmente en la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, julio de mil novecientos noventa y siete, página cinco que es del tenor siguiente: LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento. Por tanto, de lo anterior, se desprende que las normas de carácter general pueden ser impugnadas mediante el juicio de amparo en distintos momentos, atendiendo a la naturaleza de la propia norma; es decir, las autoaplicativas o bien, si requieren de alguna actuación que concrete la aplicación al particular de la norma en cuestión, o sea, las heteroaplicativas. En el primer caso, basta con que el particular se encuentre ubicado en los supuestos que se establecen en un determinado ordenamiento legal que afecta su interés jurídico, para que esté en aptitud de ejercitar la acción de amparo dentro del plazo de treinta días a partir de la entrada en vigor de la disposición de que se trate, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17, fracción I de la Ley de Amparo. En el segundo caso, se requiere de un acto de aplicación para que se produzca la actualización de la hipótesis normativa y, entonces, el término con que cuenta el agraviado para promover el juicio de amparo es de quince días, según las reglas establecidas en el mencionado artículo 17, primer párrafo de la legislación en cita. En el caso que se analiza, de la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte lo siguiente: El quejoso ocurre al juicio de amparo para impugnar la ley que tilda de inconstitucional, con motivo de su sola entrada en vigor; por ello, promueve su demanda de amparo reclamando, como norma autoaplicativa, la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, el veintiuno de marzo de dos mil veinte, y que entró en vigor al día siguiente de su publicación, esto es, el veintidós de marzo de dos mil veinte. En ese sentido, es oportuno hacer referencia a lo siguiente: a) El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el diecisiete de marzo de dos mil veinte, emitió el Acuerdo General 4/2020, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV-2, para lo cual, decretó la suspensión de funciones jurisdiccionales en los órganos del Poder Judicial de la Federación del miércoles dieciocho de marzo al domingo diecinueve de abril de dos mil veinte; en tal Acuerdo se asumió la prestación del servicio público de impartición de justicia como una actividad esencial y, consecuentemente, se mantuvo la operatividad de los órganos jurisdiccionales para la atención de casos urgentes, bajo un esquema estricto de distanciamiento social y trabajo a distancia como elementos centrales. La Comisión Especial instruyó la emisión de dos circulares, SECNO/4/2020 y SECNO/5/2020 del diecinueve y veinticinco de marzo, precisando algunos alcances del Acuerdo en cita. b) El trece de abril de dos mil veinte, el Pleno emitió el Acuerdo General 6/2020, mediante el cual se reformó y adicionó el diverso 4/2020, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS CoV 2, para extender el periodo de suspensión de labores hasta el cinco de mayo de dos mil veinte, en el cual se ajustó la descripción del concepto de casos urgentes. c) El veintisiete de abril de dos mil veinte, el citado Pleno emitió el Acuerdo 8/2020, por el que prolongó la suspensión de labores y de términos judiciales hasta el treinta y uno de mayo de dos mil veinte, y; con respaldo en recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos, tanto del Sistema Interamericano como del Sistema Universal, se estableció un nuevo esquema de operación en el ámbito jurisdiccional, a la vez que se inició una primera etapa del restablecimiento de la actividad jurisdiccional a mayor escala. d) El veinticinco de mayo de dos mil veinte, el referido Pleno emitió el Acuerdo General 10/2020, mediante el cual se prorrogó la vigencia del diverso 8/2020 hasta el quince de junio de dos mil veinte. e) El ocho de junio del presente año, el Pleno del Consejo emitió el Acuerdo General 13/2020, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del mencionado virus, con una vigencia del dieciséis al treinta de junio, mediante el cual se inició una segunda etapa en la regularización de actividades jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, retomando los elementos introducidos en el Acuerdo General 8/2020 y agregando una apertura total a la tramitación de nuevos asuntos a través de la modalidad de juicio en línea. f) El veinticinco de junio y el diez de julio, ambos de dos mil veinte, el Pleno del Consejo emitió los Acuerdos Generales 15/2020 y 18/2020, que reforman el similar 13/2020, en relación con el periodo de vigencia, el primero de los cuales amplió la vigencia del dieciséis de junio al quince de julio y el segundo la extendió al treinta y uno de julio de dos mil veinte. g) El veintiocho de julio pasado, el Pleno del Consejo expidió el Acuerdo General 21/2020, mediante el cual se levantó la suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio, publicado en el Diario Oficial de la Federación del citado treinta y uno de julio, ambos del año en curso. Por lo en el presente caso, tomando en consideración que para la presentación de la demanda de amparo debe excluirse el periodo de contingencia, la parte quejosa estuvo en aptitud de promover su demanda de amparo a partir del tres de agosto de dos mil veinte, ya que en esa data se reanudaron los plazos para la promoción y prosecución de los juicios de amparo. Así, en términos del artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo vigente, el juicio de amparo es improcedente si no se promueve dentro de los plazos previstos en la propia Ley. En esa tesitura, de la lectura integral del ocurso de demanda se advierte que la parte quejosa reclama: la totalidad de la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, conforme a lo señalado en el decreto LXVl/EXLEY/0708/2020 II P.O el cual se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua número 24 el 21 de marzo de 2020, el Artículo Quinto Transitorio de la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua aprobada mediante el decreto LXVl/EXLEY/0708/2020 P.O el cual se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua número 24 el 21 de marzo de 2020, la promulgación del Decreto LXVl/EXLEY/0708/2020 II P.O el cual se (sic) en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua número 24 el 21 de marzo de 2020", relativo Ley de Transporte del Estado de Chihuahua y su aplicación, la inconstitucionalidad de las disposiciones legales aludidas en el proemio de la demanda, en cuanto hace al refrendo y firma de la Ley de transporte, respecto, de los preceptos reclamados y las publicaciones en el medio de difusión oficial. Asimismo, en el apartado de la demanda denominado como interés jurídico, el quejoso puntualizó lo siguiente: Ahora bien, la oportunidad legal de promover el amparo y el término para hacerlo de conformidad con la fracción I, del artículo 17 de la Ley de Amparo, es de treinta días, por lo que la demanda se promueve en tiempo, ya que la FECHA DE NOTIFICACION DEL ACTO RECLAMADO. 21 de marzo de 2020, fecha en que fue publicado el decreto LXVI/EXLEY/0708/2020 II P.O, el cual se (sic) en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua. De este modo, se tiene por cierto que la parte quejosa reconoció que el ordenamiento impugnado fue publicado el veintiuno de marzo de dos mil veinte, pues así los manifestó bajo protesta de decir verdad; lo que aunado a su publicación en el Periódico Oficial del Estado, es suficiente para tener por cierta esa fecha. Por lo anterior, se estima que si la norma reclamada se publicó el veintiuno de marzo del año en curso y su artículo primero transitorio establece que: ...El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Las disposiciones aplicables respecto a las nuevas atribuciones otorgadas a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología en materia de transporte, así como el Artículo Segundo del presente Decreto, entrarán en vigor a los noventa días naturales posteriores al día de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.. Lo anterior es suficiente para realizar el cómputo a partir del primer día hábil para efectos del juicio de amparo- en que entró en vigor la norma reclamada (respecto de sus dos hipótesis contenidas en el artículo primero transitorio), que, como se analizó, fue el tres de agosto último. Ahora, toda vez que el directamente agraviado señala que la ley que tilda de inconstitucional es de carácter autoaplicativo; a causa de esto, la parte quejosa quedó sujeta al plazo de treinta días aquí analizado para instar la acción constitucional, el cual corrió a partir del tres de agosto de dos mil veinte, esto es, día siguiente hábil de la entrada en vigor de la Ley reclamada Se cita por orientadora la jurisprudencia que emitió la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Mayo de 1998, página 461, con registro 196391, establece el siguiente contenido: LEYES AUTOAPLICATIVAS. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS PARA PROMOVER EL AMPARO INICIA DESDE LAS CERO HORAS DEL MISMO DÍA EN QUE ENTRAN EN VIGOR. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció jurisprudencia en el sentido de que el juicio de garantías contra una ley autoaplicativa puede interponerse en dos oportunidades: dentro de los treinta días hábiles contados desde que entra en vigor, y dentro de los quince días a partir del siguiente en que tiene lugar el primer acto de aplicación, según se advierte de la tesis de jurisprudencia 209, visible en la página 201, Tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, con el rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS. EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE SI LA DEMANDA SE INTERPONE EXTEMPORÁNEAMENTE EN RELACIÓN CON EL TÉRMINO DE 30 DÍAS SIGUIENTES A SU VIGENCIA, Y NO SE DEMUESTRA LA EXISTENCIA DE ACTOS DE APLICACIÓN.". Ahora bien, tratándose de la primera hipótesis, el cómputo del plazo señalado inicia desde el día de su vigencia a las cero horas, porque resultaría incongruente que si la ley de esta naturaleza causa un perjuicio desde la misma fecha en que su observancia es obligatoria, el plazo para promover el juicio empezara a contar hasta el día siguiente, es decir, el segundo día; de ahí que el legislador estableciera en el artículo 22, fracción I, una regla diferente a la prevista por el artículo 21 de la ley de la materia para los casos en que sean reclamables las leyes autoaplicativas en la vía de amparo, pues debe promoverse en el plazo de treinta días a partir de que producen efectos jurídicos. La circunstancia de que en algunos de los textos de las tesis emitidas por el Pleno y Sala de este Alto Tribunal se precise que una ley sólo puede ser impugnada de inconstitucional como tal, esto es, dentro del término de 30 días siguientes al de su entrada en vigor, a que se refiere el artículo 22, fracción I, de la Ley de Amparo, no significa que el cómputo se inicie al día siguiente de aquel en que comenzó su vigencia, sino a partir del día en que entró en vigor, pues el término siguientes, que se refiere a los días posteriores a aquellos en que se inició la vigencia de la ley, debe entenderse que se utilizó considerando que normalmente se precisa en los ordenamientos normativos que entrará en vigor al día siguiente de su publicación. Bajo ese contexto, el plazo de treinta días comentado concluyó el once de septiembre de dos mil veinte, descontándose sábados y domingos, por ser inhábiles, en términos de los artículos 19 de la Ley de Amparo, 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 10/2006 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de los días inhábiles y los de descanso. De ahí que, si la presente demanda se presentó el diecisiete de septiembre de dos mil veinte -según se aprecia de la papeleta de turno de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua-, es claro que su promoción fue extemporánea, ya que la acción de amparo se ejerció fuera del plazo de treinta días previsto en el numeral 17, fracción I, de la Ley de Amparo; de ahí que, esa presentación fuera de término, trae la consecuencia de que el acto de que se trata, sea considerado como consentido tácitamente. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, lo procedente es desechar de plano, la demanda de garantías de cuenta, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. Medidas relativas a la etapa de contingencia El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes. Por otra parte, el artículo 6°, tercer párrafo y apartado B, fracción I, de la Constitución, reconoce que el Estado mexicano está obligado a garantizar el derecho de acceso universal, equitativo, asequible y oportuno a las tecnologías de la información y comunicación. La indisociable vinculación entre ambos derechos se materializa a través del concepto de e Justicia. Al respecto, el Consejo de la Judicatura Federal reconoce que el avance y desarrollo de la infraestructura y servicios de las tecnologías de la información y la comunicación son herramientas transversales para el fortalecimiento de la impartición de justicia y la protección de los derechos humanos. Dado lo anotado, se exhorta a las partes para que continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). En esa medida, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, 30, fracción I, y 35 de la Ley de Amparo, así como de conformidad con el capítulo sexto del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las notificaciones que este juzgado realice a las partes quejosa y/o autoridad, en las que se precise tengan pleno conocimiento, se efectuaran por cualquier medio electrónico que resulte eficaz. Así, primeramente, se privilegiará la comunicación a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, de modo que los quejosos o terceros deberán indicar el nombre de usuario con que cuenten ellos mismos o sus autorizados, a fin de que se autorice su notificación y acceso al expediente electrónico; mientras que, a las autoridades se les hará la notificación por intercomunicación o interconexión, siempre que exista el convenio que así lo establezca. De no ser posible esa comunicación electrónica que genera acuses automáticos de la recepción de las determinaciones que este juzgado envía, entonces, la notificación se realizará por medio del correo y/o teléfono de las partes, para lo cual, se requiere a las partes en este juicio para que en la primera promoción que dirijan a este juzgado manifiesten tanto el correo en el cual recibirán las notificaciones que este juzgado les dirija, así como el número telefónico, incluyendo en su caso la extensión en el que se les podrá contactar, ello de conformidad con la fracción XIX del artículo 2, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID 19. Dado que este tipo de notificación no genera acuses en automático, las partes deberán confirmar la recepción del correo, especificando los archivos que se les enviaron, lo cual será certificado por la fedataria judicial, contarán con un plazo máximo de dos días a partir del envío de la determinación para indicar que quedaron notificados; apercibidos que, transcurrido ese términos este órgano jurisdiccional tendrá por hecha la notificación y será a partir del tercer día en que sus términos comenzarán a correr; lo cual encuentra sustento, por analogía, en el contenido de los artículos 27, fracción I, incisos b) y c), así como 30, fracciones I y II, ambos de la Ley de Amparo. Se hace saber a las partes que todos los acuerdos y oficios en los que consten las evidencias criptográficas correspondientes, es innecesario agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa, y que, para el caso que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, el fedatario correspondiente queda facultado para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Habilitación de días y horas. De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrita realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo (por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Autorizados y domicilios Se tiene a la parte quejosa, autorizando en amplios términos del artículo 12, párrafo primero de la Ley de Amparo, a los licenciados *******, ******* y *******, por encontrarse inscritos en el Registro Nacional de Cédulas Profesionales de la Secretaría de Educación Pública. Resulta aplicable la tesis aislada VIII/2020 (10a.), con número de registro 2021840, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el viernes siete de agosto de dos mil veinte, Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del tenor siguiente: AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO. El artículo 12 de la Ley de Amparo establece la posibilidad de que el quejoso o el tercero interesado designen autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo, los que tratándose de las materias civil, mercantil, laboral (en el caso del patrón), administrativa y penal, deben acreditar encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Para lo cual, sólo se requiere que en el escrito en el que se otorga la autorización se señalen los datos con los que el autorizado acredite tal carácter. En ese tenor, si el agraviado designa autorizado delegándole las facultades que prevé la indicada disposición y éste no tiene reconocida personalidad ante la autoridad responsable (conforme a lo previsto en el artículo 11 de la ley de la materia) o ante el órgano jurisdiccional de amparo, pero señala el número de su cédula profesional, ello es suficiente para que se le tenga reconocido tal carácter ante este Alto Tribunal, pudiendo confirmar la información proporcionada mediante consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. Además, en términos de los numerales 24, segundo párrafo y 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene al peticionario de amparo señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en *******, en esta ciudad, con correos electrónicos ******* y ******* y como autorizado sólo para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a *******, toda vez que no se encontró inscrito en el Registro Nacional de Profesiones. Forma en que se llevarán a cabo las notificaciones En términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, dada la contingencia que actualmente se vive a nivel mundial, siendo ésta la pandemia denominada virus SARS CoV2 (COVID 19), notifíquese el contenido del presente acuerdo a la parte quejosa vía electrónica: Partes del juicio de amparo Correo electrónico ******* (por conducto de sus autorizados) ******* y ******* Expedición de copias y acceso al expediente. En términos del artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las personas autorizadas para consultar el expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en el sumario y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, lo mismo ocurrirá con las determinaciones que con esa evidencia se les remita a su correo por parte de este juzgado, de modo que resultará innecesario su cotejo con el expediente físico o cualquier otra certificación posterior. Con fundamento en el artículo 3º, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos. Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia del personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve. Para tal efecto, el quejoso o sus autorizados deberán agendar una cita en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, en la liga https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales/citas, a fin de contar con autorización para ingresar a las instalaciones de este Juzgado Federal, en el entendido que el servicio de fotocopiado no lo proporciona este Juzgado y está supeditado a que, en el día correspondiente, exista habilitado ese servicio en las instalaciones del Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación en esta ciudad. Modalidad de acceso para la consulta del expediente Por otra parte, infórmese a las partes que el numeral 3 del referido Acuerdo General 21/2020, indica que a partir del tres de agosto de dos mil veinte, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea, en la página https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales, el micrositio denominado Servicios jurisdiccionales, dentro del cual los justiciables encontrarán la Agenda OJ, en la que podrán generar citas para consultar expedientes, así como para el desahogo de comparecencias o requerimientos, a través de un proceso automatizado que otorga al solicitante un Código QR que, a su vez, permitirá que, la persona que pide la cita y, en su caso, un acompañante (siempre y cuando esté autorizado en el expediente respectivo), ingresen al órgano jurisdiccional. El acceso estará condicionado a que al menos una de las personas que acuda a la cita se identifique como aquella a cuyo nombre se generó, sin que la otra esté exenta de registrarse. El acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. No se omite informarles que, cuando a la cita pretenda acudir una persona vulnerable frente a la enfermedad Covid-19 o una persona con discapacidad, así lo deberá manifestar al generarla, de modo que su atención se realice en los espacios accesibles que para tal efecto establezca la administración del edificio sede en que se ubica este Juzgado. Dado que el número de espacios de mayor accesibilidad es limitado, el sistema indicará si en el horario seleccionado no existen lugares disponibles con estas características, de modo que pueda buscarse otra cita; ello conforme lo previsto en el numeral 4 del Acuerdo General en cita. Asimismo, encontrarán videos tutoriales y el Manual para personas usuarias del Portal de Servicios en Línea en los siguientes enlaces https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda y https://w3.cjf.gob.mx/pslvideos/. En el entendido, que el artículo 15 del citado Acuerdo General 21/2020, que establece los turnos y horarios escalonados para el trabajo presencial en todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, determina que las jornadas presenciales serán de cinco horas; por tanto, el horario de labores de este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, comprende de las siete horas con cuarenta y cinco minutos hasta las doce horas con treinta minutos, de lunes a viernes (horario matutino), sin posibilidad de ser extendido por causa alguna. Coincidencia del expediente físico y electrónico. En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo vigente, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. Uso del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes Dese cumplimiento al capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que se publicó el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. Por lo que, se instruye al Analista Jurídico adscrito dé puntual seguimiento y trámite a los asuntos electrónicos recibidos por medio del Portal de Servicios en Línea, lo que implica la captura completa y oportuna de la información en los Sistemas Electrónicos del Consejo, específicamente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Consulta pública del asunto. Con fundamento en los artículos 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, infórmese a las partes que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Notifíquese vía electrónica y cúmplase. Lo proveyó y firma el licenciado *******, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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