Antonio Guerra Jiménez
Expediente 757/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 11 actuaciones registradas, la última del 29 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 757/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 29/07/2022
Partes del expediente
- Antonio Guerra Jiménez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Visto el estado de autos, particularmente la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de inconformidad en contra del auto de once de mayo de dos mil veintiuno que declaró cumplida la ejecutoria de amparo, toda vez que del libro de recibo de correspondencia oficial que se lleva en este juzgado, no obra registrada promoción mediante la cual se interponga dicho recurso; en consecuencia, se declara consentido el acuerdo de referencia. Por otro lado, toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde al artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que el once de mayo de dos mil veintiuno se dictó sentencia en la que se concedió el amparo a la parte quejosa, este expediente es susceptible de DEPURACIÓN, una vez que transcurra el plazo de tres años conforme a lo previsto en el citado punto del Acuerdo General, lo cual deberá realizarse dentro de los noventa días siguientes de haberse actualizado aquél primer plazo, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Hecho lo anterior, se deberá solicitar la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Luego, en virtud de que el presente expediente contiene documentos certificados exhibidos por la parte quejosa, se le requiere para que en un plazo de noventa días naturales, posteriores a la notificación que de manera personal se le practique, acuda a este órgano jurisdiccional a recoger los mismos, apercibido de que en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente. Atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el artículo 15 del mencionado Acuerdo General. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO SE NOTIFICA AL QUEJOSO EL AUTO DE 29 DE JULIO DE 2022 QUE DICE: Visto el estado de autos, particularmente la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de inconformidad en contra del auto de once de mayo de dos mil veintiuno que declaró cumplida la ejecutoria de amparo, toda vez que del libro de recibo de correspondencia oficial que se lleva en este juzgado, no obra registrada promoción mediante la cual se interponga dicho recurso; en consecuencia, se declara consentido el acuerdo de referencia. Por otro lado, toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde al artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que el once de mayo de dos mil veintiuno se dictó sentencia en la que se concedió el amparo a la parte quejosa, este expediente es susceptible de DEPURACIÓN, una vez que transcurra el plazo de tres años conforme a lo previsto en el citado punto del Acuerdo General, lo cual deberá realizarse dentro de los noventa días siguientes de haberse actualizado aquél primer plazo, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Hecho lo anterior, se deberá solicitar la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Luego, en virtud de que el presente expediente contiene documentos certificados exhibidos por la parte quejosa, se le requiere para que en un plazo de noventa días naturales, posteriores a la notificación que de manera personal se le practique, acuda a este órgano jurisdiccional a recoger los mismos, apercibido de que en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente. Atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el artículo 15 del mencionado Acuerdo General. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Vista la certificación que antecede, así como el estado de autos, se advierte que en proveído de treinta de marzo de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio signado por la Directora de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, mediante el cual remitió copia certificada del Acuerdo del Procurador Fiscal del Estado y de las órdenes de pago de las que se advierte que la parte quejosa recibió la cantidad en ellas especificada. Con el citado oficio y anexos, se dio vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, manifestara lo que a su interés legal conviniera, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional de acuerdo a las constancias que obran en autos, procedería a resolver si la sentencia se encuentra o no cumplida. En esas condiciones, en virtud de que a la fecha la parte quejosa no desahogó dicha vista, y el plazo de tres días otorgado feneció, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el citado auto, y por tanto, este órgano jurisdiccional procede a resolver, de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: por sentencia de dos de octubre de dos mil veinte, este Juzgado de Distrito, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Antonio Guerra Jiménez y otros, contra actos del Congreso del Estado de Jalisco, cuyos efectos consistieron esencialmente, en los siguientes: "Una vez que quede firme el presente fallo, la autoridad Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, en términos de lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, realice las siguientes acciones: a) Desincorpore de la esfera jurídica de los quejosos la aplicación del artículo 16, fracción I, inciso h), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil veinte, siendo lo correcto que se les aplique la cuota mínima que establece el dispositivo legal referido en su inciso j), por concepto de registro de actos, contratos o resoluciones judiciales, a saber: la cantidad de $160.00 (ciento sesenta pesos 00/100 moneda nacional), ya que esa suma es igual para todos los contribuyentes, sin considerar la procedencia del documento a registrar; lo anterior, toda vez que el objeto de la concesión no tiene por efecto exentar a la parte quejosa del pago de los derechos correspondientes a tales servicios en su totalidad, sino sólo el de desincorporar de su esfera jurídica la obligación tributaria en la parte declarada contraria a la Constitución General; estimar lo contrario, implicaría poner al promovente en un estado privilegiado y, además, se desatendería el mandato constitucional previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna, respecto a la obligación de contribuir al gasto público en forma proporcional y equitativa. b) En la inteligencia que la concesión otorgada implica que se dejen insubsistentes los pagos realizados bajo los recibos oficiales A 46656529, A 46656528, A 45656527 y A 46656565, de diecinueve y veintidós de junio de dos mil veinte respectivamente, emitidos por la Oficina Recaudadora de Encarnación de Díaz, Jalisco, de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, debiendo únicamente cobrarles la cuota mínima que establece el precepto impugnado, por concepto de registro de actos, contratos o resoluciones judiciales, a saber: la cantidad de $160.00 (ciento sesenta pesos 00/100 moneda nacional); reintegrando el numerario que exceda de la tarifa que se indica por concepto de la contribución analizada en este asunto, y en su lugar se emita otro recibo por el pago de derechos por el mismo concepto, pero absteniéndose de aplicar la tarifa que establece el artículo declarado inconstitucional -16, fracción I, inciso h), de la ley reclamada". Por acuerdo de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, causó ejecutoria la sentencia de amparo y se requirió a la autoridad responsable por el cumplimiento del fallo protector. En este contexto, el cumplimiento otorgado por la autoridad responsable fue el siguiente: - Mediante auto de treinta de marzo de dos mil veintiuno, la Directora de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, remitió a este Juzgado copias certificadas del Acuerdo del Procurador Fiscal del Estado de nueve de marzo pasado, en el que se desincorpora de la esfera jurídica de la quejosa la aplicación del artículo 16, fracción I, inciso h) de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil veinte, así como las órdenes de pago números 1983238 valiosa por la cantidad de $5,420.95 (Cinco mil cuatrocientos veinte pesos, noventa y cinco centavos moneda nacional), 1983243 valiosa por la cantidad de $5,420.95 (Cinco mil cuatrocientos veinte pesos, noventa y cinco centavos moneda nacional), 1983245 valiosa por la cantidad de $5,420.95 (Cinco mil cuatrocientos veinte pesos, noventa y cinco centavos moneda nacional) y 1983249 valiosa por la cantidad de $5,420.95 (Cinco mil cuatrocientos veinte pesos, noventa y cinco centavos moneda nacional), de las que se advierte que el veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, los quejosos recibieron dichas cantidades. En consecuencia, debe decirse que la autoridad responsable, cumplió con los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; por tanto, se declara cumplida de conformidad con lo dispuesto en los artículos 196, párrafos segundo, tercero y cuarto y 214 de la Ley de Amparo. En el entendido de que este órgano jurisdiccional no advierte que exista exceso o defecto en el cumplimiento llevado a cabo por la autoridad responsable. Orienta lo anterior, la tesis: 2a. XCVI/2013 (10a.), de epígrafe y contenido: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD. Acorde al nuevo sistema de materia de cumplimiento de sentencias de amparo, establecido por el legislador en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, dicho cumplimiento, debe ser total, sin excesos o defectos, por tanto, tratándose del pronunciamiento de sentencias o laudos, deben contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto conforme a los principios de congruencia y de exhaustividad, que obligan a dirimir todas las cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran tanto las que son materia de ejecución de la sentencia de amparo, como las que quedaron definidas o intocadas por la propia ejecutoria; de ahí que la autoridad debe reiterarlas en la sentencia o laudo que cumplimente". Por tanto, en su oportunidad, una vez que transcurra el plazo de quince días al que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de inconformidad en contra del presente auto, se proveerá lo relativo al archivo del presente asunto. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO SE NOTIFICA AL QUEJOSO, EL AUTO DICTADO EL 11 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, QUE DICE: Vista la certificación que antecede, así como el estado de autos, se advierte que en proveído de treinta de marzo de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio signado por la Directora de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, mediante el cual remitió copia certificada del Acuerdo del Procurador Fiscal del Estado y de las órdenes de pago de las que se advierte que la parte quejosa recibió la cantidad en ellas especificada. Con el citado oficio y anexos, se dio vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, manifestara lo que a su interés legal conviniera, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional de acuerdo a las constancias que obran en autos, procedería a resolver si la sentencia se encuentra o no cumplida. En esas condiciones, en virtud de que a la fecha la parte quejosa no desahogó dicha vista, y el plazo de tres días otorgado feneció, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el citado auto, y por tanto, este órgano jurisdiccional procede a resolver, de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: por sentencia de dos de octubre de dos mil veinte, este Juzgado de Distrito, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Antonio Guerra Jiménez y otros, contra actos del Congreso del Estado de Jalisco, cuyos efectos consistieron esencialmente, en los siguientes: "Una vez que quede firme el presente fallo, la autoridad Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, en términos de lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, realice las siguientes acciones: a) Desincorpore de la esfera jurídica de los quejosos la aplicación del artículo 16, fracción I, inciso h), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil veinte, siendo lo correcto que se les aplique la cuota mínima que establece el dispositivo legal referido en su inciso j), por concepto de registro de actos, contratos o resoluciones judiciales, a saber: la cantidad de $160.00 (ciento sesenta pesos 00/100 moneda nacional), ya que esa suma es igual para todos los contribuyentes, sin considerar la procedencia del documento a registrar; lo anterior, toda vez que el objeto de la concesión no tiene por efecto exentar a la parte quejosa del pago de los derechos correspondientes a tales servicios en su totalidad, sino sólo el de desincorporar de su esfera jurídica la obligación tributaria en la parte declarada contraria a la Constitución General; estimar lo contrario, implicaría poner al promovente en un estado privilegiado y, además, se desatendería el mandato constitucional previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna, respecto a la obligación de contribuir al gasto público en forma proporcional y equitativa. b) En la inteligencia que la concesión otorgada implica que se dejen insubsistentes los pagos realizados bajo los recibos oficiales A 46656529, A 46656528, A 45656527 y A 46656565, de diecinueve y veintidós de junio de dos mil veinte respectivamente, emitidos por la Oficina Recaudadora de Encarnación de Díaz, Jalisco, de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, debiendo únicamente cobrarles la cuota mínima que establece el precepto impugnado, por concepto de registro de actos, contratos o resoluciones judiciales, a saber: la cantidad de $160.00 (ciento sesenta pesos 00/100 moneda nacional); reintegrando el numerario que exceda de la tarifa que se indica por concepto de la contribución analizada en este asunto, y en su lugar se emita otro recibo por el pago de derechos por el mismo concepto, pero absteniéndose de aplicar la tarifa que establece el artículo declarado inconstitucional -16, fracción I, inciso h), de la ley reclamada". Por acuerdo de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, causó ejecutoria la sentencia de amparo y se requirió a la autoridad responsable por el cumplimiento del fallo protector. En este contexto, el cumplimiento otorgado por la autoridad responsable fue el siguiente: - Mediante auto de treinta de marzo de dos mil veintiuno, la Directora de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, remitió a este Juzgado copias certificadas del Acuerdo del Procurador Fiscal del Estado de nueve de marzo pasado, en el que se desincorpora de la esfera jurídica de la quejosa la aplicación del artículo 16, fracción I, inciso h) de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil veinte, así como las órdenes de pago números 1983238 valiosa por la cantidad de $5,420.95 (Cinco mil cuatrocientos veinte pesos, noventa y cinco centavos moneda nacional), 1983243 valiosa por la cantidad de $5,420.95 (Cinco mil cuatrocientos veinte pesos, noventa y cinco centavos moneda nacional), 1983245 valiosa por la cantidad de $5,420.95 (Cinco mil cuatrocientos veinte pesos, noventa y cinco centavos moneda nacional) y 1983249 valiosa por la cantidad de $5,420.95 (Cinco mil cuatrocientos veinte pesos, noventa y cinco centavos moneda nacional), de las que se advierte que el veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, los quejosos recibieron dichas cantidades. En consecuencia, debe decirse que la autoridad responsable, cumplió con los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; por tanto, se declara cumplida de conformidad con lo dispuesto en los artículos 196, párrafos segundo, tercero y cuarto y 214 de la Ley de Amparo. En el entendido de que este órgano jurisdiccional no advierte que exista exceso o defecto en el cumplimiento llevado a cabo por la autoridad responsable. Orienta lo anterior, la tesis: 2a. XCVI/2013 (10a.), de epígrafe y contenido: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD. Acorde al nuevo sistema de materia de cumplimiento de sentencias de amparo, establecido por el legislador en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, dicho cumplimiento, debe ser total, sin excesos o defectos, por tanto, tratándose del pronunciamiento de sentencias o laudos, deben contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto conforme a los principios de congruencia y de exhaustividad, que obligan a dirimir todas las cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran tanto las que son materia de ejecución de la sentencia de amparo, como las que quedaron definidas o intocadas por la propia ejecutoria; de ahí que la autoridad debe reiterarlas en la sentencia o laudo que cumplimente". Por tanto, en su oportunidad, una vez que transcurra el plazo de quince días al que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de inconformidad en contra del presente auto, se proveerá lo relativo al archivo del presente asunto. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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